Ricardo Alemán
No queda claro el carácter público, sobre todo político, del reclamo de un canal de tv del gobernante Ebrard
N o tendría nada de extraño que el gobernador de una entidad federativa, como el Distrito Federal, reclamara del gobierno federal el permiso de un canal de televisión y una frecuencia de radio. Tampoco debiera sorprender a nadie que ese mismo gobierno pida la restitución de una frecuencia modulada que, supuestamente, le perteneció en el pasado.
Marcelo Ebrard tiene todo el derecho de promover, a nombre del gobierno que representa, que esa entidad del país cuente con un canal de televisión y una frecuencia de radio para establecer comunicación entre gobierno y gobernados. En rigor, el reclamo del nuevo jefe de Gobierno del DF es legítimo. Más aún, estados como el de México e Hidalgo -por citar sólo dos que colindan con el DF- cuentan con exitosos sistemas de radio y televisión en los que sus habitantes encuentran una oferta alternativa a los grandes monopolios de medios electrónicos.
Lo que no queda claro, en todo caso, es el carácter público, sobre todo político, del reclamo mediático del gobernador Ebrard. Es muy probable que, en efecto, los habitantes del Distrito Federal aplaudan el hecho de que exista un nuevo canal de televisión y una frecuencia de radio mediante la cual el gobierno capitalino se comunique con sus gobernados. También es cierto que en el espectro radioeléctrico existe el espacio para esas nuevas señales. Pero si se cumple con esas premisas, ¿entonces cuál sería el problema? El fondo del asunto es político, tanto en la demanda que plantea Marcelo Ebrard como en la respuesta que se tiene prevista desde el gobierno federal.
En primer lugar, nadie se traga el cuento de que Ebrard responde a una preocupación real de los ciudadanos. La verdad es que el jefe de Gobierno requiere un canal de televisión y una frecuencia de radio para fines político-electorales, para apoyar su campaña presidencial rumbo al 2012 -que empezó desde el 5 de diciembre pasado- y para la cual cuenta con uno de los mayores presupuestos del país y uno de los foros mediáticos privilegiados. Pero, además, más allá de que existe o no un canal de televisión y una frecuencia de radio en el DF, un buen demócrata sabría que la mejor promoción de su obra de gobierno es esa, la eficacia. Nada habla mejor de un gobierno que un gobierno eficaz.
Pero en el terreno político existe una contradicción de fondo que pudiera parecer menor, aunque se inserta en el centro del debate. Resulta que en su necesidad política de complacer a su jefe y aliado, el señor Ebrard "compró" el pleito del "legítimo" con el gobierno de Felipe Calderón, al que llamó "ilegítimo" y con el que niega cualquier trato. Al asumir la estrategia de desconocer la legitimidad del gobierno de Calderón, el señor Ebrard asumió, con todos sus costos, una decisión política. Pero resulta que en la "tienda" de enfrente, en el gobierno de Calderón -como en los del PRI y en el de Fox-, los permisos y las concesiones de televisión y radios se otorgan por razones políticas. Polos de un mismo signo se repelen, dice un principio físico. De esa manera, no hay posibilidad alguna de que prospere la demanda de Ebrard.
Por otro lado, especialistas del tema dicen que la frecuencia de radio que reclama Marcelo Ebrard -la 105.7 de FM, en poder del Imer- no puede regresar a una figura de gobierno que no existía cuando esa frecuencia pasó a manos del Imer. Es decir, que cuando se otorgó el permiso de esa frecuencia a la autoridad del DF, la figura de gobierno que la recibió era la regencia del DF, que dependía del gobierno federal. En 1983, se creó el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), que agrupó frecuencias que estaban en manos de distintas entidades del gobierno federal. En 1994, el estatus de la regencia se transforma, y se crea el Gobierno del Distrito Federal, figura jurídica que nace sin tener una frecuencia de radio.
De esa manera, Marcelo Ebrard no puede reclamar que se restituya al gobierno del DF un permiso que se había entregado a la regencia del Distrito Federal, figura administrativa ya desaparecida. Sin duda que el asunto resulta polémico, y que se pueden hace tantas interpretaciones como intereses intervengan en el caso. Pero más allá de que tengan o no la razón las partes, lo cierto es que el señor Ebrard revivió una vieja discusión sobre los medios electrónicos del Estado, sobre el papel de la radio y la televisión públicas -que por su carácter público y de Estado no debieran estar al servicio de los gobiernos en turno, sino de la propia sociedad-, de lo obsoleto de la vigente Ley de Radio y Televisión y de la dispersión de los medios públicos.
El problema de los monopolios privados de la radio y la televisión mexicana pasa, en una de sus vertientes fundamentales, por la actualización de la Ley de Radio y Televisión y por la modernización de las facultades, objetivos y reorganización de la radio y la televisión pública. Ese es el tema de fondo, la discusión que debe promover el jefe de Gobierno. Y no prender el uso de los recursos públicos para fines personales y electorales.
Diciembre 2008
