Fernando Mejía Barquera

La Cámara de Diputados aprobó el 1 de diciembre, de manera súbita y en buena medida subrepticia, reformas a la legislación en materia de radio y TV. Lo que parecía imposible hace apenas unos meses en el Senado, donde se presentaron varios proyectos reformistas que no lograron consenso entre los partidos, se consiguió en San Lázaro con una tersura que llama la atención, como sorprende también el sigilo con que se manejó el proyecto de reformas, mismo que se discutió y negoció al interior de las comisiones de Comunicaciones, y de Radio, Televisión y Cinematografía, dentro de ese órgano legislativo. Las reformas afectan a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la de Telecomunicaciones.

Unidad partidista

El tema de la convergencia tecnológica, el del "órgano regulador", el de las concesiones y el del papel de los medios electrónicos durante los procesos electorales, que habían provocado ásperas discusiones entre senadores de todos los partidos, se transformaron, merced a quién sabe qué milagrosa negociación, en objeto de acuerdo y consenso para los partidos políticos, al grado de que el proyecto de reformas fue presentado nada menos que por la Junta de Coordinación Política, organismo integrado por los jefes de las fracciones parlamentarias con representación ante esa Cámara.

El proyecto de reformas llegó perfectamente amarrado al pleno de la Cámara de Diputados donde se le dispensó la lectura -para qué perder el tiempo leyéndolo si ya iba autorizado por los jefes parlamentarios-, no se le sometió a debate y fue aprobado por 327 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones. Su destino final estará en el Senado, donde deberá ser aprobado para que adquiera vigencia.

Cinco son los elementos que destacan:

1) La Cofetel se convierte en órgano regulador en materia de radio y televisión, ámbito en el que asume varias de las atribuciones que antes ejercía la SCT;

2) Las concesiones para operar medios electrónicos se otorgarán mediante subasta pública y tendrán duración de 20 años;

3) Se amplía el Registro Federal de Telecomunicaciones para que en él se incluya la información relativa a los concesionarios tanto del sector de telecomunicaciones como del de radio y TV;

4) Se trata de estimular el ingreso de "producción independiente" a la radio y la televisión comerciales; a cambio de abrir espacios para esa producción, las empresas concesionarias podrán incrementar el tiempo que dediquen a la emisión de publicidad; el proyecto establece que si una empresa de radio o TV incluye en su programación 20% de producción independiente, tendría derecho a aumentar en 5% el tiempo que dedique a la publicidad.

5) El IFE será el encargado de pagar, con cargo a las prerrogativas de los partidos, la publicidad que éstos inserten en radio y TV en periodos electorales; asimismo, los concesionarios de medios electrónicos deberán informar a la autoridad electoral sobre la cuantía de la propaganda contratada por los partidos y los ingresos que obtengan por ello.

CIRT, gobierno, partidos

Como puede observarse, las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados constituyen un paquete que incluye, por un lado, demandas que habían levantado los industriales de la radio y la TV, otras presentadas por organizaciones de la "sociedad civil" en aquellas "mesas de debate" organizadas por la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Santiago Creel, y algunas planteadas por los partidos políticos. Da la impresión que estas reformas fueron negociadas más allá de las paredes del Congreso de la Unión, aunque ahora, a diferencia de otras épocas en las que cualquier decisión relativa a los medios electrónicos se tomaba exclusivamente entre el gobierno y la CIRT, se habría añadido un nuevo protagonista: los partidos políticos.

Por ejemplo, la reforma que convierte a la Cofetel no sólo en órgano regulador en materia de telecomunicaciones, sino también de radio y televisión, fue expuesta públicamente por la CIRT el 10 de febrero de 2005, en el Senado, cuando la dirigencia de los concesionarios acudió a presentar sus puntos de vista sobre el proyecto de nueva Ley Federal de Radio y Televisión que entonces se debatía. En esa ocasión, Javier Tejado Dondé, a nombre de la CIRT, expuso: "Al hablar del órgano regulador para radio y televisión, la única opción lógica, la única opción que ha tomado el resto de los países del mundo, es converger con el regulador de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones... Desde luego la Cofetel tiene que ser reforzada para evitar contaminación política o de operadores y a efecto de contar con independencia en sus criterios se le pueden dar atributos que bien recomienda la OCDE: primero, es el órgano colegiado, con integrantes nombrados por periodos escalonados y transexenales, contar con un claro mandato de ley y tener facultades de promoción, regulación, supervisión y sanción". La Cofetel, según la reforma aprobada el 1 de diciembre, sería ahora el órgano regulador en telecomunicaciones, radio y TV, tal como lo propusieron los concesionarios, y asume facultades que antes tenía la SCT.

A cambio de este obsequio a la CIRT, el proyecto de reformas aprobado incluye dos guiños a la "sociedad civil". Establece un Registro Federal de Telecomunicaciones para ayudar a la "transparencia en la operación de radio y TV, y propone a la radio y televisión comerciales que admitan en su programación producción independiente". Claro, a cambio de ello les faculta a incrementar, como ya se indicó, el tiempo que dediquen a publicidad.

La decisión de que las concesiones se otorguen mediante licitación pública constituye también cierto coqueteo con las posturas que durante muchos años se manifestaron en contra de la "discrecionalidad" con que el gobierno ha decidido por décadas a quiénes entrega las autorizaciones para operar comercialmente radio y TV. Sin embargo, los criterios que ahora utilizaría la autoridad para determinar al ganador de una licitación, más allá del dinero que se ofrezca en la subasta pública, siguen sin ser claros. De hecho, tendríamos una combinación entre discrecionalidad y dinero, donde lo único claro sería la cantidad pagada al gobierno a cambio de la concesión; además, no se especifica en que se utilizará ese dinero: ¿por qué no emplearlo, por ejemplo, para impulsar el desarrollo de la radio y la televisión culturales? Por cierto, un punto interesante, que seguramente habrá de suscitar debate, es que el poyecto de reformas propone el otorgamiento de permisos para "estaciones oficiales" a dependencias de la "Administración Pública Centralizada". Ojalá no tengamos pronto "La Voz de la Hacienda Pública", "Radio Gobernación" o "Radio Presidencia".

Finalmente, está el tema de la radio y la TV en las campañas electorales. El proyecto retoma una propuesta que los partidos han hecho desde hace algún tiempo y cuya inclusión probablemente llevó a algunos de ellos a firmar el documento: que sea el IFE la instancia encargada de pagar la publicidad que se inserte en radio y TV, con el objeto de ejercer mayor control sobre esos gastos. Por supuesto, no está mal, como tampoco lo está otra de las reformas que obliga a los concesionarios a informar al IFE sobre la cuantía de la propaganda contratada por los partidos y "los ingresos derivados por dicha contratación". Claro, a cambio de ceder en eso, los concesionarios habrían logrado que no se incluyera en las reformas otra vieja propuesta de los partidos que consistía en establecer tarifas especiales para la contratación de propaganda electoral y que éstas fueran menores a las comerciales. Nada de eso, las tarifas por propaganda serán "equivalentes a la publicidad comercial". Y otra cosa que de seguro impusieron los concesionarios: como el negocio electoral para 2006 ya está armado, las reformas relativas al rubro de la propaganda partidista en radio y TV entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2007.

Necesaria explicación

Hace casi un año, vimos en el Canal del Congreso cómo se discutía en el Senado un proyecto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual, finalmente, no fue aprobado. Hoy, en contraste, nos enteramos de la aprobación de un nuevo proyecto negociado en secreto, sin el estorbo de periodistas incómodos y de espalda a la sociedad. Los miembros de la Junta de Coordinación Política, que aparentemente instruyeron a sus respectivas "bancadas" para que simplemente levantaran el dedo y aprobaran las reformas sin debatir nada, deben a la sociedad una explicación sobre su actitud.