Aleida Calleja
Por si no bastara con la triste historia del decretazo del 10 de octubre de 2002, en el que el gobierno federal dio la
espalda a la sociedad para tener una nueva Ley Federal de Radio y televisión digna de una sociedad en transición hacia la
democracia, ahora la Cámara de Diputados en una estrategia silenciosa y sin mayor aviso hacen cambios a dicho ordenamiento como
si de vender cuadros se tratara.
A la añeja demanda de un cambio integral a la Ley Federal de Radio y Televisión siempre se le ha dado la vuelta, y
esta vez lo hizo un poder del Estado que tiene por obligación legislar para favorecer a las mayorías y aminorar los
desequilibrios, pero por el contrario, los cambios que se aprobaron el día de ayer, al más viejo estilo autoritario, fueron sobre las rodillas
y contraviniendo los estándares de libertad de expresión mínimos en materia de derechos humanos a nivel internacional.
Ahora se darán concesiones mediante subasta, al mejor postor, un bien público como es el espectro radioeléctrico
se dejará en manos del que más dinero tenga, de acuerdo a lo que establezca la nueva COFETEL, con ello se deja atrás
de manera sumamente peligrosa el interés público y la responsabilidad social inherentes a las actividad radiodifusora,
la asignación de frecuencias al mejor postor es antidemocrático y contraviene los principios de libertad de expresión y
derecho a la información, tal como se establece en los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que México ha firmado, ratificado y esta obligado a cumplir, o sea que esta vez los diputados lo que han
aprobado es nada más y nada menos que normas que legalizan la asimetría y la exclusión, pues aquellos grupos que menos
capacidad económica tienen quedaran fuera, la regla se cambio para favorecer a los grupos económicos más poderosos, en
pocas palabras, si tienes dinero podrás ejercer tu derecho a la libertad de expresión, sino, como reza la popular frase
"lástima Margarito".
Los responsables de legislar para un Estado de derecho justo y equitativo, de espaldas a la sociedad realizan cambios
a la ley para favorecer a los menos con el criterio más antidemocrático que es el dinero.
En materia de permisos en la nueva versión, se dice que la radiodifusión permisionada será solamente para
dependencias federales, organismos paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a instituciones de educación públicas. De
tajo se imposibilita con este criterio a los grupos ciudadanos a operar radios comunitarias en el país, quienes en los últimos
años demostraron la razón de los argumentos y el derecho que tienen de acceder a las frecuencias radioeléctricas, por ello
el propio gobierno federal tuvo que otorgarles los recientes permisos y porque fueron recomendaciones explícitas de
organismos internacionales de derechos humanos. Los supuestos representantes del pueblo demuestran que son representantes de
sus propios intereses, y omitieron deliberadamente dar cauce a la creciente demanda social para que las
comunidades, especialmente las más vulnerables y empobrecidas puedan contar con medios de comunicación propios para su
desarrollo. Los diputados en su conjunto negaron los derechos a las comunidades, legalizaron la exclusión también con este criterio
y contravienen derechos humanos reconocidos universalmente.
Si se consideraba un avance el otorgamiento de los 11 permisos a las radios comunitarias por parte del gobierno
federal, esta nueva versión de la ley en materia de concesiones y permisos, es, por decir lo menos, un retroceso en lo que
se considera una transición democrática. Un parche ilegítimo y excluyente de las mayorías, una muestra de cómo se sirve
al poder, de arreglos por debajo de la mesa.
Esta iniciativa llegará a la Cámara de Senadores, esperemos que no consumen, ni avalen semejantes parches y
retomen, lo que en amplias consultas con todos los sectores se ha propuesto como aspiración para contar con un nuevo
marco normativo de radiodifusión que tenga como base el bien común, la responsabilidad social y las garantías al ejercicio de
la libertad de expresión y el derecho a la información, bases esenciales de la democracia, y en esas bases estamos de
manera sustancial los ciudadanos, no se les olvide señores legisladores.
Diciembre 2008
