Luis Miguel Carriedo

Luego de 30 años de discusión en torno a una reforma integral y democrática al marco jurídico de los medios de comunicación, en donde la constante ha sido la polarización y el freno a cualquier propuesta que vulnere el poder de los grandes consorcios mediáticos, de forma sorpresiva la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas y adiciones a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones.

Según consigna el texto aprobado por los 327 diputados presentes, las comisiones unidas realizaron "a efecto de contar con elementos que permitieran emitir el presente dictamen (...) diversos análisis jurídicos relativos al tema". Cuáles, con y frente a quién, o cómo los hicieron tan rápido, no se explica en el documento.

Lo más destacado del dictamen es que la Comisión Federal de Telecomunicaciones asumiría las atribuciones que actualmente tiene la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de SCT, además de que sería la instancia responsable de coordinar el otorgamiento de concesiones a través de una licitación en subasta pública.

En este sentido, aunque se integraría una Cofetel como órgano desconcentrado, colegiado y con autonomía en sus resoluciones, la subasta pública, contrario a lo que argumentan los diputados, no resuelve el problema de la competencia y los monopolios, sólo traslada los acuerdos discrecionales con el Presidente a la certeza de que el poder económico será el factor determinante en la asignación de concesiones, mientras que la concentración de frecuencias podría incrementarse sin límite alguno.

El dictamen tampoco resuelve el acceso equitativo a los medios, pues sólo se recomienda (no obliga) a los concesionarios incluir espacios para productores independientes en al menos 20% de su programación a cambio de un incremento de 5% en su tiempo diario de comercialización. Nunca se define qué es un productor independiente, por lo que podría darse el caso en que subsidiarias de los propios consorcios cubrieran el requisito.

Un aspecto aparentemente positivo es que el IFE sería responsable de la contratación publicitaria en medios electrónicos para los partidos políticos durante el proceso electoral, teniendo a su vez la posibilidad de solicitarle directamente a los concesionarios toda la información relacionada con la contratación de esos espacios, aunque no se dedica una sola línea que subsane los vacíos que han impedido la aplicación del Cofipe respecto al plan de medios en tiempos gratuitos y en horarios estelares, debido a que el órgano electoral no ha logrado convencer a la industria para que lo cumpla porque depende para ello de que intervenga una tibia Secretaría de Gobernación que habitualmente ha ignorado el punto.

Es preocupante el sigilo con que se manejó un tema trascendente para la vida democrática del país, más aún si tomamos en cuenta que esas reformas coinciden con los rubros discutidos ampliamente por todos los sectores involucrados en el proceso de construcción de la iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión que aún no ha dictaminado el Senado de la República.

Si este albazo es el cambio, la modernización y la consecuencia de más de tres décadas deliberativas, se queda muy corto y parece responder más que a un análisis profundo, a la urgencia de la industria por catalizar las condiciones de su arribo a la conversión digital y legitimar los monopolios de radio y televisión bajo el argumento de que ahora, ya reformada la ley, el otorgamiento de concesiones no estará supeditado a la voluntad discrecional del Presidente de la República.

Aquellos que conocieron y se reservaron la difusión de este histórico proceso que cual gacela derivo en un dictamen fast track, son también corresponsables de las consecuencias que deriven del mismo.