etcétera

Javier Esteinou Madrid

Debido a las nuevas capacidades tecnológicas que a principios del siglo XXI han conquistado los medios de información colectivos, especialmente los electrónicos, éstos se convirtieron en el centro del poder ideológico y político contemporáneo del país.

En este sentido, de haber sido instrumentos de difusión relevantes en 1960 en México, de transformarse en instituciones importantes de socialización en 1970 y de convertirse en el cuarto poder político a partir de 1980; desde principios de 2000 se transformaron en el vértice del poder actual. Es decir, ya no sólo son simples instituciones importantes de información o el cuarto poder, sino que ahora se han convertido en el "primer poder" ideológico que existe en nuestra sociedad.

Así, surgió el Estado mediático que se caracteriza por ejecutar sus tradicionales funciones de dirección, educación y gobernabilidad, vía los medios de información como brazos o prótesis de expansión de su capacidades de orden, administración, educación y dirección. La revolución tecnológica de los medios los convirtió en las herramientas básicas para construir lo público y actuar sobre la cosa pública.

En este sentido, la casi totalidad de las instituciones tradicionales como son la escuela, la Iglesia, las em presas, los movimientos sociales, las dinámicas comunitarias, los partidos políticos, el Congreso, las secretarías de Estado, etcétera, buscan proyectarse y ampliarse vía los medios de información, asumiendo las reglas que imponen éstos, pues lo que no aparece en los medios muy difícilmente existe en la conciencia colectiva. Así, los medios se convirtieron en el epicentro cultural, ideológico y espiritual de la sociedad mexicana de principios del nuevo milenio, transformándose en la nueva plaza pública y en los grandes cerebros colectivos que dirigen a la sociedad.

En los espacios cotidianos de relación simbólica que permanentemente producen los aparatos cotidianos de comunicación entre emisores y colectividades, es la principal arena social donde diariamente se construye o destruye, mental y afectivamente, a la sociedad mexicana y al Estado. Por consiguiente, en la sociedad mexicana de principios del milenio, cada vez más, las batallas políticas o sociales se ganan o pierden en los medios de comunicación colectivos y no en otras áreas de las contiendas sociales. Con ello, la hegemonía social, es decir el principal trabajo masivo de convencimiento, asentimiento y dirección social, se logra pacíficamente vía los medios y no mediante otros aparatos ideológicos de la gobernabilidad.

Así surgió la telepolítica como una nueva realidad mediática que ha transformado las reglas tradicionales de los procesos electorales y ha introducido otras nuevas realidades que ponen el acento en la forma del quehacer político que sobre el contenido de las propuestas. De esta manera, aparecieron los teledebates, el show político, la construcción de la "plaza pública electrónica", el desarrollo del marketing político, la actuación histriónica de los candidatos, y recientemente los videoescándalos, que han creado nuevas condiciones para determinar el éxito electoral. Con ello, en el terreno político se ha transformado la plaza en videoplaza, el gobierno en telecracia, la política en videopolítica, la denuncia en videodenuncia, la promoción política en videodestape, los mítines en videomítines y la democracia en videodemocracia.

El funcionamiento de los medios atravesó la operación práctica de todas las instituciones sociales básicas para la dirección del país, al grado de sustituir en algunos periodos o reubicar en otros, a los órganos de administración social más débiles o que están en crisis de funcionamiento y legitimación. Por ejemplo, ante la baja de credibilidad de la población en los partidos políticos, los órganos públicos y las iglesias; la capacidad persuasiva y seductora de los medios ha construido nuevas credibilidades y hegemonías basadas en estrategias de seducción de mercado cuyo termómetro de éxito ha sido el rating.

De ésta forma, "los grandes consorcios televisivos, cada vez más, sustituyen a las instituciones tradicionales el papel protagónico en los procesos de socialización y construcción de espacios claves de la política".¹ Incluso en el periodo de transición pacífica a la democracia, donde se han movido las viejas estructuras de orden y control para dar paso a la apertura social, ante el acotamiento del tradicional poder unipersonal del Poder Ejecutivo y la falta del nuevo gobierno de una firme política de conducción nacional eficiente, se ha creado una crisis institucional y de gobernabilidad que ha generado vacíos de poder que gradualmente han ocupado los medios de información para dirigir a la sociedad.² Así, "el poder comunicativo actualmente acompañado por las políticas del gobierno tiende a imponerse no sólo por encima de la voluntad de los demás sino, más grave aún, a imponer a la autoridad legítima una autoridad impune. Condiciona, impone, reglamenta, elimina impuestos, orienta y hasta informa a la sociedad acerca de las políticas de comunicación. Antes negociaban, hoy parecen estar por encima de ello, ya no lo requieren, se impone al poder del gobierno quien parece estar a su disposición. Antes, las televisoras estaban al servicio del Presidente, ahora el Presidente está al servicio de las televisoras".³

Esta realidad se ha confirmado recientemente en México cuando ante la profunda crisis interna y externa que han demostrado todos los partidos políticos, particularmente con su corrupción institucional, se ha creado un vacío de poder, sin liderazgo político claro y firme, que ha producido una aguda falta de credibilidad de los ciudadanos en la política y en sus representantes. Ante ello, los medios electrónicos, especialmente la televisión, amparados en la ideología de la "libertad de información", han ocupado gradualmente ese liderazgo social y se han convertido en los nuevos caudillos electrónicos para dirigir a la sociedad.

Así, en el proceso de transición a la democracia, los medios electrónicos se han erigido en los nuevos barones del poder y han evidenciado a través de los videoescándalos la descomposición que experimentan todos los partidos políticos en México y el tradicional sistema de representatividad burocrático al estar penetrados por una avanzada e incontenible corrupción. Con ello, "los conductores de televisión o los lectores de noticias se han convertido en severos fiscales y jueces ante los cuales es imposible cualquier apelación".⁴

Los escándalos empiezan a agotar la capacidad de asombro de la ciudadanía y cada semana un nuevo hecho de corrupción sustituye al anterior, olvidándonos del pasado. Lo único que queda es el estado anímico mediático de sorpresa, desencanto, frustración, desesperanza y coraje que, cada día, generan los canales de información. El saldo que arroja la creación de esta atmósfera mediática es una fuerte erosión de las instituciones de la República, la crisis del Poder Ejecutivo, una pérdida de credibilidad en los partidos políticos, la desilusión en el sistema establecido, una crisis de obediencia colectiva en sus líderes tradicionales y una gran inclinación al abstencionismo en los próximos periodos electorales.

La culpa no la tienen ni los medios ni la sociedad, sino los políticos corruptos que se han vinculado desde hace décadas con los dueños del dinero para repartirse el botín nacional, a costa del subdesarrollo y la desesperanza de la mayoría de los habitantes. El problema "no es que los políticos mexicanos se hayan vuelto súbitamente corruptos. Los mexicanos siempre hemos sabido que nuestros políticos son corruptos. La diferencia es que ahora vemos sus transacciones con lujo de detalle en las pantallas de televisión".⁵ En otras palabras, para la clase política el conflicto no está en que exista corrupción, pues ésta siempre ha existido, sino en que ahora se sepa públicamente.

Así, en la vida cotidiana el poder de los medios, cada vez más, sustituye a la política y se transforman en los representantes de la voz y la opinión de la sociedad. En este contexto político-tecnológico los medios controlan, cada vez más, al Estado, a los partidos políticos y a la sociedad; la pregunta es ¿quién controla a los medios?

De aquí, la importancia central de efectuar una profunda reforma del Estado en materia de comunicación que permita que el funcionamiento público de las industrias culturales se encuentre ética y responsablemente orientado y supervisado por el Estado y la sociedad civil, y no sólo por las dinámicas que señala la lógica del mercado y del poder.