etcétera

Un caso de manipulación informativa

Jorge E. Navarijo

Este verano, la Audiencia Nacional de España sancionó a la estatal Televisión Española (TVE), al encontrar elementos que prueban que manipuló información y desarrolló una cobertura distorsionada durante la huelga general contra el gobierno del presidente José María Aznar, en junio de 2002.

La condena otorga razón jurídica a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la cual denunció que la información presentada en los telediarios de TVE durante los días del conflicto laboral vulneró las libertades de expresión, información y de libertad sindical. El fallo obliga a la televisora a difundir el contenido completo de la sentencia en todos sus informativos durante un mismo día, algo que hasta ahora TVE no ha cumplido.

Se trata de la primera sentencia de este tipo en España contra un medio público por incurrir en manipulación informativa y que evidencia cómo el ente estatal ha sido puesto al servicio del gobierno y de su partido, faltando a la pluralidad que está obligado a garantizar como entidad pública.

La denuncia

En marzo de 2003, CCOO presentó una "Demanda por tutela de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical" en su vertiente de derecho a la información, publicidad y difusión de los objetivos y contenidos de la misma, al considerar que fueron gravemente lesionados por la "práctica y actividad de desinformación y de manipulación informativa" realizada por TVE.

Nueve meses antes, las dos principales centrales sindicales de España (CCOO y UGT) convocaron a una huelga general para rechazar el decretazo del gobierno en materia laboral: un paquete de medidas de aplicación inmediata que recortaba derechos laborales y sociales y modificaba instituciones del trabajo.

El decreto del 24 de mayo de 2002 no fue consensuado con los sindicatos y el gobierno del Partido Popular se negó a negociarlo. La respuesta fue la movilización y un paro general de trabajadores y empleados públicos, el 20 de junio, un día antes de la Cumbre de Sevilla, a la que asistieron jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea.

Sólo dos semanas después el gobierno de Aznar congeló el paquete. No obstante, los sindicatos denunciaron que durante la movilización el gobierno diseñó y desplegó una campaña de propaganda informativa para desacreditarlos y crear una opinión pública contraria a la huelga.

La cobertura de la televisión estatal en el mes de conflicto sólo dio cobijo a quienes defendían las tesis gubernamentales, minimizó la inconformidad de los sindicatos sin dar voz a sus líderes y sin presentar los argumentos y propuestas de los trabajadores, y a través de sus programas informativos TVE responsabilizó a la oposición de izquierda de estar detrás de una huelga que sólo buscaba "dañar el prestigio de España ante la UE". TVE llegó al extremo de ocultar información de una encuesta del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) con resultados que favorecían a los sindicatos o perjudicaban al Ejecutivo.

Por ejemplo, más de 50% de los encuestados se habían mostrado "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con la convocatoria de huelga general. También se ocultó que la mayor parte de los encuestados consideraba que los sindicatos habían hecho "más esfuerzos" que el gobierno para evitar la huelga, y que 54% creían que había "muchos o bastantes motivos" para convocarla.

No se informó que la mayor parte de los encuestados consideraban "totalmente legítimo" que la huelga se llevara a cabo el 20 de junio, ni se dijo que la encuesta del CIS preguntó si sentían miedo o temor por la convocatoria, con el resultado de que la mayoría manifestó no tener nada de temor (64.3%) o poco temor (22%).

Ante estos hechos, los sindicatos acordaron demandar al ente público Radio y Televisión Española (RTVE) y a TVE, a las que responsabilizan de manipulación informativa. Asimismo, acusan al director de los Servicios Informativos, Alfredo Urdaci también presentador del Telediario2 de ser responsable de la ejecución de estas acciones.

La demanda fue acompañada de videos de distintos noticieros que permiten comparar el tratamiento de la información en varias televisoras durante las semanas del conflicto, y de estudios de investigadores y profesionales de la comunicación que analizan los contenidos y el reparto de tiempos a las distintas fuerzas sociales en las emisiones de TVE.

Según CCOO, el tratamiento informativo que la convocatoria de huelga y las reivindicaciones sindicales recibieron por parte de TVE "se apartó manifiestamente de los principios de veracidad, objetividad, imparcialidad, pluralismo, independencia e igualdad que la Constitución y la ley imponen a quienes tienen la responsabilidad de informar".

Los demandantes señalan que con lo anterior no sólo se vulneraron derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga, sino también el derecho a la información, base de la formación de opinión pública libre, "institución esencial e imprescindible para el funcionamiento de la democracia".

Pluralidad protegida por la ley

La Constitución española protege el respeto al pluralismo político en los medios de comunicación pública. En su artículo 20.3 dispone que: "la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España".

Es decir, que si el medio es público, no puede negarse el acceso a grupos significativos de la sociedad para que expongan sus ideas. "El medio no puede ser utilizado por quien ostenta en cada momento el poder político para la consecución de sus particulares intereses", se indica en la justificación jurídica de la demanda.

"Por el contrario, dichos medios deben contribuir a paliar las disfunciones que en el mercado de la información puedan producirse por la preeminencia del interés privado empresarial y, encontrando su razón de ser en la protección del interés general, deben ser un reflejo del modelo plural de sociedad que consagra y persigue la Constitución."

Pero TVE no sólo habría faltado a la Constitución. El Estatuto de la Radio y Televisión (10 de enero de 1980) enumera en su artículo 4 los principios que deben inspirar la actividad de los medios del Estado, entre los cuales se encuentran:

"a) la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones;

b) la separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución;

c) el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico; y

d) el respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución."

Hasta aquí las principales justificaciones jurídicas de la demanda.

La sentencia y el "no" de TVE

El 23 de julio la Audiencia Nacional emitió su sentencia, en la cual establece que las entidades codemandadas (RTVE y TVE) incurrieron en "violación de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical". Como "reparación de daños", se condenó a las demandadas "a emitir, en todos los telediarios (noticiarios) de Televisión Española correspondientes a un día, una información completa sobre el contenido de la presente sentencia". Asimismo, la AN advirtió que la sentencia podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Esta última ha sido la puerta para que TVE se resista a admitir sus errores y rectificar públicamente, cumpliendo una condena cuyo significado es eminentemente moral.

Todas las cadenas televisivas informaron del fallo el día en que se emitió, excepto TVE, que persiste en ignorarlo. Su director, Juan Menor, ha preferido recurrir la "inesperada" sentencia, que desde su punto de vista "carece de firmeza jurídica", pues no se precisa cuándo debe cumplirse. Menor considera que el medio "tiene posibilidades de ganar el recurso" y rechaza que las acusaciones minen la credibilidad y deterioren la imagen de la cadena pública.

La defensa de los sindicatos no opina igual y el 8 de septiembre presentó ante la AN una solicitud de ejecución de sentencia, pues según las leyes españolas éstas "son ejecutivas desde que se dictan, aun cuando contra las mismas se interponga recurso".

Los sindicatos subrayan que: "al no informar de un hecho de tal trascendencia TVE vuelve a incurrir en prácticas manipuladoras y, al negarse a ejecutar la sentencia sabiendo que debe hacerlo, hace caso omiso de una resolución judicial".

¿Fin del control gubernamental?

Un fallo judicial contra TVE lo ha sido también contra la política de control informativo del gobierno de Aznar, y ha llevado a los partidos a presentar propuestas y buscar acuerdos para cambiar de una vez por todas las reglas de operación en el ente público.

Las acciones denunciadas por los sindicatos sólo forman parte de una larga cadena de desinformación, que por años ha marcado el desempeño de TVE.

Durante los 13 años de gobierno socialista del PSOE, la televisora fue absolutamente parcial con el presidente Felipe González y sus ministros; tiempos en los que el Partido Popular reclamaba "equidad".

Pero con Aznar se han aplicado las mismas recetas, que han dejado de ser excepción para convertirse en regla. No hay espacio para la discrepancia, las declaraciones de los líderes de la oposición se editan, se editorializan, o por cada una se triplican las versiones opuestas.

Las denuncias por manipulación aparecen cada mes en las sesiones de la Comisión de Control de RTVE del Congreso, en voz de los representantes de partidos de la oposición. Las más graves han ocurrido durante el último año, con las coberturas del hundimiento del "Prestige", o el papel de España frente a la guerra en Irak, o durante la campaña electoral de mayo, cuando sólo se privilegiaron las propuestas del PP, las obras de gobierno, y se "cuidó" la imagen de sus candidatos.

No son pocos los trabajadores de TVE que rechazan estas prácticas. Dentro de este medio público, se ha creado un Comité de Automanipulación, que integran más de 500 trabajadores, que ha realizado informes sobre acciones que derivan en desinformación y que han sido remitidos al Consejo de Administración del ente y a la presidencia de la Comisión de Control de RTVE.

Por eso la sentencia de la Audiencia Nacional ha significado un precedente importante. "Ha sido la constatacion jurídica final de que en TVE hay manipulación informativa y de que se vulneran derechos fundamentales", considera Máximo Díaz Cano, portavoz de los socialistas en la comisión parlamentaria.

Juan Menor ha reconocido que los tribunales, con más o menos razón y oportunidad, han puesto el dedo en la herida: "TVE tendría que cambiar el procedimiento de elección del director general y establecer en periodos de cinco años sus mandatos".

Una de las propuestas del PSOE ya apunta en ese sentido: "reformar el Estatuto de la Radio y la Televisión para que el nombramiento y cese del director general de RTVE se realice por mayoría cualificada del Congreso como en la mayoría de las televisoras públicas europeas, en lugar de ser elegido por el gobierno, como hasta ahora". El objetivo de cualquier reforma debe ser "reforzar la objetividad y el pluralismo", señalan.

Aznar ha tenido que abrirse a la reforma. En agosto, el vicepresidente Mariano Rajoy hoy candidato del PP al gobierno reconocía que el tema vuelve a estar en la mesa como "un asunto que el gobierno desea que se encauce".

Así, en los próximos meses derecha e izquierda deberán buscar puntos de encuentro para establecer un pacto de Estado en esta materia antes de que acabe esta legislatura. El tiempo es poco, sólo seis meses antes de unas elecciones en las que el PP, con Mariano Rajoy, podría servirse "por última vez" del instrumento que hasta ahora ha representado TVE para quienes tienen el poder, el control de la propaganda y de la información.

* * *

Técnicas de desinformación y manipulación que habría empleado TVE

a) Manipulación por ocultación de datos. Al exponer la información se ocultan los datos u opiniones que permitan contrastar los proporcionados por el gobierno. No se refleja así la realidad constatable. Se afecta a la veracidad y a la objetividad.

b) Manipulación por desvío de la atención. Creando polémicas artificiales para desviar la atención de los ciudadanos sobre lo objetivamente noticiable.

c) Manipulación por falsedad en la información. Se construye y difunde una noticia a sabiendas de que es falsa o se desinforma a los ciudadanos relatando sólo una parte interesada de aquella.

d) Manipulación por intoxicación. Se trata de la imposición de una "idea fuerza", sin tener pruebas concluyentes o sin haber verificado o contrastado la información. Afecta a la veracidad y la objetividad, también a la imparcialidad.

e) Manipulación por reiteración. Afecta tanto a la imparcialidad como a la objetividad. El mensaje "repetido" en todos los casos es en favor del gobierno y en contra de los sindicatos.

El mensaje fue:

· "La ley no recorta derechos."

· "La huelga es política."

· "Dañará el prestigio internacional de España."

· Normalidad (20 de junio): "Prácticamente nula la incidencia de la huelga".

f) Manipulación por reparto de tiempo. Al ser el tiempo del informativo limitado, el reparto del tiempo a cada opción modula cada una de las manipulaciones anteriores.