etcétera

Carlos Peláez

Monopolios, tráfico de influencias, pagos encubiertos a periodistas, compra de favores a través de la adjudicación de publicidad oficial, autocensura, listas negras, forman parte de las aguas bravías por donde navegan muchos periodistas uruguayos tratando de cumplir con el deber profesional.

Una situación de la que, paradójicamente, la mayoría suele hablar mucho pero escribir poco. Casi como si hubiera un periodismo del cual el gran público jamás se enterará.

En realidad, se trata de una de las tantas herencias que Luis Alberto Lacalle, ex presidente blanco, y Julio María Sanguinetti, ex presidente colorado, le dejaron al actual primer mandatario, Jorge Batlle, también del Partido Colorado.

En el fondo, la batalla es ideológica, por más que haya quienes aseguren que las ideologías han muerto. Se trata de impedir el acceso de la izquierda al gobierno. Ni más ni menos.

Nuestro país goza de mucho prestigio internacional y de los temas aquí planteados poco o nada se sabe. Da cierto pudor describir estos asuntos como graves, cuando se sabe que por mucho menos asesinan a periodistas en otras partes del planeta.

Sin embargo, es imprescindible su discusión, si es que queremos ejercer periodismo en el marco de una ética profesional insoslayable. Si es que de una vez por todas los periodistas quieren hacer periodismo y no aprovecharse de su particular posición de privilegio en la sociedad.

Y porque, además, la situación ya fue expuesta con crudeza por el periodista Jorge Gestoso, presentador de CNN, quien sostuvo que "en el mundo el periodismo es el cuarto poder, pero en Uruguay es un poder de cuarta". Por su labor profesional, Gestoso mantuvo un contencioso con el ex presidente Sanguinetti lo que, increíblemente, llevó a que el Canal 4 de televisión censurara a la CNN recortando la emisión del noticiero internacional de la cadena que emitía a las 23 horas para no difundir la imagen del periodista.

Montevideo
Foto: Luis Humberto
González/Silva

Coincidamos con que democracia y libertad van de la mano; tanto como democracia y libertad de prensa. Aunque en nuestros países se tiende a confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa.

Pero el nivel y fortaleza de nuestros sistemas democráticos no se relaciona con la cantidad de empresas que funcionen, que lo harán bajo cualquier régimen, sino con lo educado e informados que estén nuestros ciudadanos.

Es en este punto donde me permitiré poner en duda la calidad de la democracia uruguaya más allá del pregón de nuestros gobernantes.

Es posible editar un periódico, pero no es posible mantenerlo

En Uruguay no existe censura previa y cualquiera puede editar un periódico con sólo registrarse ante una pequeña oficina del Ministerio de Educación y Cultura. El éxito futuro dependerá básicamente del capital que se disponga, independientemente de la calidad profesional de los periodistas.

Pero esa suerte depende básicamente de cómo el Estado adjudique la publicidad oficial, pues el alto costo de los periódicos y la situación económica imperante redujo los tirajes a 10% de lo que vendían hace 30 años.

En un país pequeño como el nuestro, las empresas públicas son el auspicio más importante; ninguna empresa privada, ni siquiera las multinacionales, invierten tanto dinero en publicidad como nuestra empresa telefónica, o la de energía eléctrica o la de combustibles, por mencionar algunas. Ninguna de ellas gasta menos de cinco millones de dólares al año en publicidad. Lo que para un país de tres millones y medio de habitantes hace una media que ni siquiera se da en Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de servicios monopólicos.

Sólo a modo de ejemplo, y con los datos recién recibidos, la Dirección General de Casinos, empresa pública, gastó un millón de dólares en publicidad durante 1999. Algo que parece demasiado en una nación donde el artículo 47 de la Constitución sostiene que "el Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales".

Los casinos tienen clientela fija que no necesita de avisos para jugar, pues entonces, ¿qué se pagó con tanto dinero? Resulta obvio. Por un lado, se "subvencionó" a amigos políticos y, por otro, se trató de evitar que todas las denuncias sobre irregularidades cometidas por las jerarquías tomaran estado público.

Todos los editores uruguayos saben que en los últimos cinco años un importante senador del Partido Colorado es quien se encarga de negociar con los medios. Algunos, incluso, han llegado a publicarlo puntualmente.

Por ejemplo, el director de la revista Posdata, Manuel Flores Silva, escribió el año pasado que el senador Wilson Sanabria intentó impedir que se publicara una nota que implicaba al diputado Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex Presidente, en un presunto caso de cohecho de un millón de dólares conocido como "Cangrejo Rojo".

El presidente Batlle recortó considerablemente la publicidad oficial y ahora se le están viendo las patas a la sota. La crisis golpeó duro a los medios y los primeros afectados son los periodistas. Sólo el año pasado más de 200 colegas perdieron su empleo.

Las sutiles formas

A diferencia de lo que ocurre con la prensa, hacerse de una radioemisora no es tan sencillo. En principio, la Dirección Nacional de Comunicaciones, organismo al que están sujetos todos los medios electrónicos, depende del Ministerio de Defensa Nacional una herencia de la dictadura que asoló al país entre 1973 y 1985 no resuelta hasta ahora y, de hecho, sólo acceden a frecuencias quienes cuenten con el visto bueno del Presidente de la República, el último en firmar las resoluciones.

Entre 1994 y 1999 lo que equivale a decir que entre el ex presidente nacionalista Luis Alberto Lacalle y el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti se adjudicaron algo más de 200 frecuencias de radio y televisión en todo el país; lo que significa más del doble de las adjudicadas desde 1918 hasta ese momento. Todas las emisoras pertenecen a la banda de FM y las señales de televisión se transmiten por cable.

Con estas adjudicaciones se crearon verdaderos monopolios, pues la tv por cable, en su mayoría y a diferencia de lo ocurrido en todos los otros países, se entregó a tres empresas que terminaron asociadas en una que pertenece a los tres canales privados de televisión abierta.

A mediados de marzo de este año se informó que una multinacional aún está en duda de cuál se trata compró la mayoría accionaria del cable en 215 millones de dólares. La inversión más alta jamás realizada por una empresa privada en Uruguay.

Los canales de televisión abierta pagaron los favores recibidos. En las elecciones nacionales de 1999, la izquierda denunció censuras y distribución desigual de los tiempos informativos. Incluso hubo una fuerte campaña nacional contra el presentador estrella del noticiero central, a quien señalaban como un defensor estratégico del Presidente electo.

El periodista acababa de recibir dos frecuencias radiales que, junto al permiso para operar una tercera que compró, le permitió tener una cadena radial a lo largo de casi 200 kilómetros al sur del país, donde se concentra el mayor núcleo de habitantes.

Basta revisar la nómina de adjudicatarios de frecuencias para encontrar los nombres de conocidos caudillos políticos locales, parlamentarios o ex parlamentarios y hasta algún ex ministro de Estado.

En el departamento de Maldonado, donde se ubica el balneario de Punta del Este y lugar de residencia del senador más influyente del sector encabezado por Sanguinetti, hay 18 estaciones de FM; tres de AM, tres canales de televisión, una sola empresa de tv por cable y un solo diario. Todo para 120 mil habitantes anuales que durante enero, plena temporada, ascienden a 400 mil; pero es cuando ingresa la mayor cantidad de dinero en el más corto plazo.

Ese mismo senador, que es quien distribuye la publicidad oficial, está asociado a varios medios. Además, un ex ministro de Turismo, del mismo sector político, es socio mayoritario de otra frecuencia de FM. La mayoría de las otras emisoras está en manos de grupos empresariales estrechamente ligados al poder político y económico.

La izquierda, primera fuerza política nacional y segunda departamental, no tiene influencia en ningún medio de comunicación local y en el ámbito nacional sólo la tiene en una pequeña estación, en el segundo periódico en importancia y en un semanario.

Un sistema que se cae a pedazos

Desde el mismo momento cuando varios periodistas trabajando para algunos de los medios de comunicación independientes que a duras penas subsisten decidieron investigar la corrupción de los políticos las llagas surgieron sin buscar demasiado.

Por primera vez se denunció el presunto enriquecimiento de un ex presidente, fueron presos un ex ministro de Economía y varios ex gobernantes. Las investigaciones, que no cesan, demuestran que la corrupción es una patología que infectó al sistema político.

El Poder Judicial, poco acostumbrado a investigar gobernantes, va detrás de la prensa. La mayoría absoluta de casos llegaron a los jueces después de investigaciones periodísticas muy serias.

Aunque alguna de éstas también ha demostrado que los periodistas no se salvan de la corrupción. Ya sea por recibir un descarado apoyo publicitario o por trabajar para políticos o en el propio Estado, muchos hombres de prensa están severamente cuestionados.

El establishment trata de evitar que esas investigaciones se profundicen, porque el ciudadano descubrió el latrocinio a que ha sido sometido y expresa su descontento diariamente. Situación muy peligrosa para los intereses electorales.

El propio Presidente de la República, que reconoce la existencia del problema, encabeza una campaña muy seria contra el contrabando, aunque sólo caen personajes de poca monta mientras crece la sensación de que los grandes contrabandistas o son políticos o tienen peso en la sociedad.

Por otro lado, las recientes investigaciones sobre lavado de dinero realizadas en Argentina demuestran con claridad meridiana que nuestro país, gracias a sus secretos y leyes fiscales, ha servido para esconder el dinero mal habido por personas vinculadas al ex presidente Carlos Menem o al narcotráfico. Muchas empresas, profesionales y testaferros uruguayos aparecen en las nóminas y de ahí la creciente impresión de que los tiempos se acaban.

La ideología de lo superfluo

El sistema intenta ocultar la realidad. Algunas de las estaciones más importantes del país cesaron a sus periodistas estrellas "porque pretendían algo más light".

El caso de Radio Sarandi una de las de mayor audiencia y propiedad de una multinacional es emblemático. Mientras por una puerta se iban sus periodistas, por otra ingresaba la esposa del actual vicepresidente de la República, del mismo sector que Sanguinetti, quien se desempeñó como colega en esa estación y renunciara cuando su marido se postuló. Se hizo cargo de la dirección de programación. Otros periodistas fueron sustituidos por pastores religiosos o conductores musicales.

La investigación periodística está circunscrita a la prensa. Los medios electrónicos dedican grandes espacios a la música extranjera, emiten telenovelas y programas de entretenimiento grabados en otros países o, simplemente, dedican mucho espacio a recibir llamadas de sus oyentes o espectadores. La televisión, por ejemplo, hoy no tiene ningún programa periodístico.

Tal vez, porque todo indica que en Uruguay el que piensa pierde. Aunque está claro que la existencia de muchos medios no asegura la libertad.