José Ricardo Eliaschev
Argentina no es el único país del mundo donde la discusión sobre los objetivos y alcances de medios de comunicación
en poder del Estado permanece en situación de debate eterno. La reciente polémica por la permanencia en la pantalla
de Canal 7 de algunos ciclos cuya continuidad había sido interrumpida sitúa en la agenda, de nuevo pero ahora con
intensificado interés, algunas preguntas primordiales que resulta acuciante responder, para obrar en consecuencia.
En una sociedad atravesada por una miríada de canales locales y extranjeros que tapizan las ondas
electromagnéticas, ¿para qué se necesita mantener fuera de la órbita privada una señal de televisión, una estación de radio y una agencia
de noticias? ¿Qué misión deben cumplir? ¿A qué costo? ¿Quiénes deben ser los encargados de cumplirla? ¿Cómo deben
ser elegidos? ¿Quién debe supervisarlos? En más de 20 años de gobiernos de raíz democrática, Argentina no supo, no pudo
o no quiso encarar estos temas, siempre postergados y superados por otras urgencias. Tradicionalmente, eso sí, en
materia de medios ha prevalecido en general, y en el mejor de los casos, la improvisación, la incompetencia y el
utilitarismo político más burdo.
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Hubo intenciones y proyectos bien diversos, que marcan fronteras dignas de ser subrayadas. Raúl Alfonsín, por
ejemplo, designó, al comenzar su gestión, a Santiago Kovadloff como uno de los integrantes principales del directorio de la
entonces flamante ATC, que había sido creada por el régimen militar en 1978. Mario Sábato fue gerente de programación de
la primera gestión de la democracia y el propio Alfonsín designó a su secretario de Cultura, Marcos Aguinis, al frente de
ese canal. Pero al no modificarse de manera institucional el marco legal en que operaba el canal, las ideas de mucha
gente talentosa no pudieron plasmarse de manera irreversible. A partir de 1989, Carlos Menem, en el ángulo opuesto,
tomó decisiones de enorme elocuencia. De Gerardo Sofovich a Horacio Frega, el canal fue durante esos años una penosa
mezcla de casino, populismo y populismo ultramontano.
Con el triunfo de la Alianza en 1999, ATC desapareció como sigla y se refundó Canal 7. En la época de Fernando de
la Rúa los nuevos directivos intentaron tibiamente armar una grilla de programación caracterizada por el pluralismo y
la amplitud.
Pero si las insurrecciones militares y el tembladeral permanente del mercado impidieron que en el gobierno de
Alfonsín se lograra encarar en serio la redefinición de los medios en manos del Estado y durante el menemismo prevaleció
un paradigma destructivo de todo lo estatal, en el caso del doctor De la Rúa lo que se hizo fue insuperable por su mezcla
de esterilidad y daño: no bien llegó a la Casa Rosada, ese presidente vetó una ley votada en el Congreso por una clara
mayoría antes de las elecciones de 1999 y que por primera vez, con la creación de Radio Televisión Argentina (RTA), ponía
en manos de la supervisión parlamentaria y el control público a unos medios que hasta ese entonces sólo podían ser
manejados desde el corazón del poder político de turno. Resultado: la gestión de esos dos años fue provisional y reversible.
Luego vino el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, a cuyo final le tocó el turno a la administración actual.
Seguimos sin saber quiénes son, a ciencia cierta, los que manejan la programación. Los funcionarios llegan y se van
sin que sepamos por qué ni cómo ni para qué, y seguimos haciendo funcionar sin marco legal instituciones tan decisivas en
un país que requiere con urgencia maximizar todos los recursos a su alcance para potenciar una tarea de educación, cultura
e información que sea accesible a gruesos sectores.
El problema central es la provisionalidad convertida en institución. Más que autoridades, los medios nacionales,
y sobre todo el Canal 7, tienen interventores sin un mandato temporal fijo ni un régimen claro y previsible de
responsabilidades. ¿A quién reportan? ¿Cuánto duran en sus cargos? ¿Qué se necesita para llegar a manejar esos medios? ¿Cómo inciden
y son tenidos en cuenta los 24 distritos del país, pero sobre todo las 22 provincias alejadas de la megalópolis metropolitana?
En 20 años y medio de democracia, por ejemplo, ATC-Canal 7 debe haber tenido no menos de 30 jefes máximos, en
un abanico que incluye desde ex modelos publicitarias hasta novelistas, pasando por reclutadores de ejecutivos y
clientes predilectos de las ruletas de Las Vegas. Sobre todo, hubo una superficialidad sin límites y una irresponsabilidad pasmosa.
La reciente revalorización de la necesidad y alcances de la función estatal nos proveen de una fantástica
oportunidad para redefinir de manera seria y duradera unas situaciones hoy insostenibles. El presidente Kirchner, que reitera sus preocupaciones por el incremento de la calidad institucional, tiene aquí servida en bandeja la ocasión para aportar
de manera fundacional a un sector de alcances incuestionables.
Los medios en manos del Estado deben pasar a formar parte de un sistema nuevo, discutido y promulgado por
el Congreso, de modo tal que los gobiernos deleguen la gestión de aquéllos en manos del público, a la manera del
esquema de la BBC británica, con los debidos ajustes y actualizaciones, naturalmente. Eso es lo primero: no ya
gubernamentales, sino públicos.
En tal sentido, debe avanzarse con audacia en la "otredad" de estos medios. Canal 7 y Radio Nacional deben ser
"lo otro", respecto de la dieta sempiterna de frivolidad y pasatismo que parece ser la norma de unos medios privados, que
no imaginan otro mundo fuera de la chabacanería, el doble sentido más pedestre y la exaltación de supuestas
"transgresiones", meros negocios de ocasión.
Canal 7 tiene que olvidarse para siempre del fatídico y empobrecedor
rating. Para "entretenimientos" de sainete
ya tenemos la TV privada, que lo hace mejor que nadie. Claro que los gobiernos tienen el derecho y hasta el deber de
acceder al pueblo para difundir sus actos. Podría hacerlo el Presidente, por ejemplo, por radio, mediante 15 minutos diarios o
una hora semanal; o mediante un ciclo de rendición de cuentas por la TV pública. Pero la retirada debe producirse: los
gobiernos deben automarginarse de la pretensión de adueñarse durante sus mandatos electorales de lo que no debería ser otra
cosa que una función pública permanente.
En materia de medios, Argentina vive en el atraso y en la informalidad más destructiva. La ley de radiodifusión
vigente es de 1979, lo que, en la materia, implica la era de las cavernas. El gobierno del presidente Kirchner debería presentar,
a la brevedad, un proyecto de ley ante el Congreso que permita la refundación de los medios estatales en el contexto de
una nueva filosofía, nuevos criterios y nuevos paradigmas. Se necesita una reforma integral y profunda. Un gobierno que
suele darse a las diatribas contra las "corporaciones políticas" no sería muy coherente si mantuviese, en esta materia, la
longeva primacía de la corporación que tradicionalmente ha merodeado alrededor de estos bienes públicos y los ha controlado.
Pero si en el corto plazo tal régimen de gestión de los medios del Estado no es posible de concretar en sede
legislativa, al menos se podría tomar ya, desde el Poder Ejecutivo, una decisión política posible e incuestionable. Hablo de
sincerar las variables, blanquear procedimientos, jugarse a una estrategia de, por lo menos, mediano alcance,
asegurando continuidades y recursos. Tanto Canal 7 como Radio Nacional deben ser dotados con autoridades en un claro marco
legal, asegurando a la vez mecanismos de supervisión pública democráticos y serios que garanticen la más minuciosa
pluralidad ideológica. Esto implica tener ideas claras: estos medios deben estar enderezados de manera resuelta a la producción
de información, educación, cultura y, en general, contenidos visiblemente asociados con el interés general y en
clara diferenciación de los tics y las necesidades que manejan la actividad privada en la materia.
Argentina debe encontrar maneras, aunque sean austeras y sencillas, para que Canal 7 y Radio Nacional dispongan
de recursos genuinos y seguros y no sean obligadas a "ganar" dinero, una vergonzosa prostitución de las razones que dan
vida a un medio de esta naturaleza. Como los hospitales, las escuelas y la justicia, la televisión y la radio en manos del
público deben ser dotadas con ingresos ciertos para informar, formar y educar. Deben hacerlo con una mayoría de recursos
públicos (entre otras razones, porque en nuestro país no existe un sector privado considerable que esté en condiciones y tenga
la decisión de apoyar estos contenidos con sus propios recursos), pero acotados por claros y rotundos criterios de
excelencia, altura y elevación de miras.
Por su lenguaje, por sus imágenes, por su música, por sus preocupaciones, estos medios, hoy manejados por el
Estado, tienen que ser el escenario de nuevos paradigmas, en el contexto de una Argentina en combate contra la mediocridad y
el autoritarismo. No es fácil, pero es posible. Es un lujo que nos podemos dar.
Director general de Radio Municipal de Buenos Aires entre 1989 y 1991. Desde 1999, conduce el programa Esto, transmitido por Radio Nacional. Una versión de este artículo apareció en La Nación el 4 de junio de 2004. Agradecemos al autor su autorización para publicarlo.
Octubre 2008
