3. Un servicio público radicalmente novedoso

En realidad, esta falta de información, concertada en las secciones de noticias y de opinión, sobre el diagnóstico del consejo venía a avalar las grandes conclusiones iniciales del informe. Y a destacar por contraste, el valor para un país democrático de unos medios públicos que garanticen una información veraz y plural, por encima de toda sospecha de intereses particulares. Especialmente mantiene esta opción el prólogo firmado por el presidente Emilio Lledó, seguramente el filósofo vivo más destacado de España, que apela a la trascendencia pedagógica -en la información pero también en la cultura o educación- que posee la radiotelevisión en una sociedad moderna y a la necesaria responsabilidad de la administración pública, tanto en la regulación general del sistema como en la pervivencia estable de unos medios públicos fuertes e influyentes. Pero, tras esta introducción, la mitad del informe se dedica a este aspecto capital y nunca resuelto en España, el de definir y fijar los contenidos del servicio público de comunicación.

Tras un amplio diagnóstico de la evolución histórica de RTVE (y de EFE), y un análisis de la evolución y situación actual de la radiotelevisión pública en los principales países europeos, el informe sitúa el servicio público en la Constitución española y la normativa y jurisprudencia comunitaria para definir en ese marco los principios, objetivos y misiones de la radiotelevisión pública.

Las actividades y misiones del servicio público ocupan así más de 50 páginas de líneas maestras concretas que debe seguir el servicio público para definirse de forma integral -porque no cabe hablar de géneros privativos del servicio público o de la vertiente comercial-, en toda la programación de sus dos canales generalistas y complementarios, como elementos básicos de un acuerdo-marco a medio plazo (nueve años) y de contratos-programa fijados cada tres años. La oferta central del servicio público contempla una programación de calidad, estética y ética, en todos los géneros y para todos los ciudadanos pero con instrucciones concretas de atención especial a las minorías más inermes de la sociedad (infancia y juventud, tercera edad, discapacitados, minorías étnicas, inmigrantes...) y a los problemas sociales más candentes actualmente (Sida, alcoholismo, maltrato a la mujer, accidentes de tráfico).

Además, se limita estrictamente la publicidad en la primera cadena de televisión (nueve minutos por hora y 10% por día frente a los 12 minutos y 15% de la normativa europea general), para impedir que presione a la baja sobre los contenidos del servicio público. Y se deja la segunda cadena de televisión y la radio pública condicionada a la sola práctica del patrocinio.

También se regula, por vez primera en España, la aplicación del derecho de acceso de los grupos sociales significativos mandatado por la Constitución (artículo 20.3) y nunca desarrollado. Y se crean cauces regulares para la participación de la sociedad civil a través de un consejo asesor estatal, nunca puesto en marcha en España, y de consejos educativo-culturales y regionales. Los propios informadores audiovisuales, organizados en consejos de redacción y dotados de un estatuto negociado, se encargarán de proteger la independencia informativa y editorial de los medios públicos.

En materia de producción, se busca potenciar la creación y la productividad interna, potenciando la descentralización territorial de acuerdo con las tradiciones y ventajas comparativas de cada centro regional. Pero se propone conciliar esta actuación con un papel más destacado en el fomento de la producción audiovisual, dedicando 7% de la facturación (5% en la legislación general) y 50% de la programación al cine europeo y español, con 15% del tiempo de emisión encargado a la producción independiente (10% en la normativa común) en la producción de stock (ficción, documentales, dibujos animados). Además, se aconseja la creación de un auténtico Centro de Investigación y Formación Audiovisual y Multimedia, que permita el reciclaje profesional y la transición digital. Así como la creación de una gran fundación cultural de RTVE que potencie la proyección cultural de la radiotelevisión pública, cobijando y reforzando en su seno a la Orquesta de RTVE, mal gestionada y escasamente aprovechada en sus posibilidades hasta ahora.

Un capítulo completo se ocupa en el informe del papel de RTVE en la era digital, del que se predica un rol de liderazgo estratégico, como puerta fundamental para lograr una Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, especialmente en la radio y la televisión digital terrestre que, en ausencia de desarrollo e inversiones privadas, todos los agentes del sistema han caucionado. Para ello se reclaman dos múltiples completos en TDT (DTT) y ocho programas, con declinación de las funciones de servicio público en nuevos programas televisivos como el Canal 24 horas (todo información), el educativo-cultural, el infantil-juvenil o, especialmente, un Canal Ibervisión destinado a una programación hecha de coproducciones europeas y españolas con Latinoamérica, pero también en servicios interactivos y en un gran portal de servicio público en Internet. La dimensión analógica generalista y los canales temáticos digitales deberían ser potenciados en la proyección exterior de las lenguas y las culturas españolas hacia los ámbitos exteriores, tanto hacia Europa (en estrecha cooperación con la UER, Euronews, ARTE) como desde ésta, y en especial desde la Europa mediterránea, hacia América Latina como puente en la articulación entre estos continentes.

4. Modelos societarios y financieros

El informe detalla las bases de un nuevo modelo societario para RTVE, caracterizado por su autonomía respecto del gobierno y por su agilidad organizativa, plenamente responsable sin embargo ante el Consejo Audiovisual y el Parlamento. Así, un holding estratégico ligero sustituiría al elefantiásico ente actual (más de mil personas, en su mayoría directivos), coordinando junto a RNE y a TVE a dos nuevas sociedades, RTVE Digital y Multimedia y RTVE Comercialización y Publicidad, encargadas de potenciar ambos campos.

Los organismos gerenciales de estas sociedades están minuciosamente pensados para impedir el intervencionismo gubernamental y las cuotas partidistas. Para ello, los ocho miembros del Consejo de Administración, elegidos a su vez por diversas instancias para garantizar su pluralismo (Parlamento, Consejo Audiovisual, sindicatos más representativos) deben tener perfiles profesionales incuestionables, y gozar de mandatos irrevocables pero improrrogables que refuercen su independencia. El papel del Parlamento es respetado, como representación genuina de los ciudadanos, pero los consejeros nombrados por ambas cámaras (dos por el Congreso y dos por el Senado) deben ser propuestos por la mitad de los grupos parlamentarios y elegidos por dos tercios de los votos, lo que hará imposibles las cuotas partidistas. Finalmente, los directores generales deben ser nombrados y controlados en sus resultados por esos consejos, tras una convocatoria pública, perdiendo así su actual carácter político.

La arquitectura de contrapesos y controles así diseñada viene complementada esencialmente por la formación de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal, demandado desde hace años pero que todavía no ha sido formado, inexistente hasta ahora en España, como caso insólito y único respecto a todos los otros 14 países de la UE. Este consejo, autoridad plenamente autónoma organizativa y financieramente, deberá controlar cada año el cumplimiento estricto de las misiones de servicio público además de regular y asegurar el funcionamiento armónico del conjunto del sistema audiovisual, incluyendo naturalmente la concesión de las licencias de radiotelevisión privadas y el seguimiento, control y sanción de los incumplimientos de la normativa audiovisual europea y española, dos ámbitos siempre teñidos de sospecha y polémicas políticas en España.⁸

En el campo financiero, y tras la asunción de la deuda histórica de acuerdo con los compromisos gubernamentales con Bruselas, se propone un modelo estable y sostenible, con prohibición estricta de nuevo endeudamiento. Así, y junto a la autolimitación paulatina para captar publicidad y a un esfuerzo predicado de comercialización de programas y productos, se propone la asunción transparente por los presupuestos generales del Estado del costo neto del servicio público. Sin llegar a fijar el monto de tal costo, que debe ser objeto de una evaluación objetiva entre RTVE, el gobierno y el Parlamento, se realizan proyecciones exteriores e internas, con base en la doctrina europea de "una empresa bien gestionada" que muestran la legitimidad de los costos actuales si una contabilidad analítica evidencia permanentemente su proporcionalidad. A título indicativo se señalan límites porcentuales, de entre 10-15% para la venta de programas y productos, de 40% para los ingresos publicitarios, de 45-50% para la aportación estatal. En estos supuestos, y aun manteniendo los costos actuales inalterados, el Estado ahorraría más de 250 millones de euros respecto de la aportación anual actual, compuesta por subvenciones parciales y por endeudamiento sistemático, incluyendo el pago de intereses acumulados, que vienen sumando en total unos 825 millones de euros en cada ejercicio.

El análisis de la experiencia del canon por televisor o por hogar, en los principales países europeos, conduce a desaconsejar su reinstauración actual en España por su carácter fiscalmente regresivo y sus dificultades de recaudación. No obstante, el informe propone que si, en algún momento, algún gobierno español considera que no puede aportar el costo mínimo ineludible de un servicio público de tal trascendencia, debería tener el valor y la sinceridad de anunciar a la sociedad española la imposición de una tasa complementaria en la forma que considere más conveniente.

Las obligaciones enunciadas para el Estado no sólo tienen, en este diagnóstico, contrapartidas estrictas de contenidos de servicio público. Un apartado completo enuncia las líneas básicas de un auténtico plan estratégico empresarial que potencie los recursos propios, acentúe las sinergias entre canales y permita ahorros importantes que puedan ser reinvertidos en la transición digital. En particular se diseña un marco de relaciones laborales transparente y objetivable, según criterios de mérito y capacidad, con revisión de las categorías con base en las necesidades del audiovisual digital y el multimedia. En definitiva, vías para asegurar la eficiencia del gasto público, incluyendo una cooperación sistemática entre RTVE, las cadenas autonómicas y la agencia EFE, todos ellos medios públicos que hoy apenas mantienen vías de coordinación.

5. Trascendencia del servicio público

Aunque el encargo del gobierno al consejo excluía a las cadenas de radio y televisión regionales, sujetas a regulaciones de los parlamentos autonómicos, parecía evidente que aquellas no podrán resistirse mucho tiempo al ejemplo positivo de una reforma democrática en profundidad del servicio público estatal. Ocho empresas, en otras tantas comunidades autónomas españolas, han copiado a escala regional, desde su aparición en 1983, los peores males de RTVE: dependencias gubernamentales insoportables simbolizadas en muchos casos por la presencia en la dirección de ex jefes de prensa de los presidentes; programaciones comercializadas pese a la financiación pública mayoritaria; aportaciones estatales confusas, muchas veces también por la vía del endeudamiento sistemático En algunos casos, como en Canarias, o como en los proyectos del País Valenciano y de Madrid, se ha pretendido privatizar la mayor parte de la programación o la producción, manteniendo naturalmente el control de los informativos en manos gubernamentales. Y el mapa tiende a hacerse más complejo desde que nuevas regiones, como Asturias, Murcia o Baleares inauguran sus radio-televisiones propias en estos meses.

La reacción desde estos medios ha sido generalmente reactiva y defensiva ante el consejo y el informe. Para unas direcciones regionales, la reforma no les afectaba dada la perfección que habían alcanzado; para otras, el informe debía ir en el sentido preconizado de una privatización rampante. Sin embargo, algunas comunidades gobernadas por el partido socialista, como Cataluña o Andalucía, han comenzado a plantearse reformas en profundidad de sus servicios públicos que siguen la estela de las recomendadas para RTVE.

La ferocidad de los ataques de algunos medios periodísticos y políticos durante y después de la elaboración del informe del consejo, iba sin embargo mucho más allá del envite directo confrontado a escala nacional. En la prensa económica sobre todo, se magnificaron en ese periodo en múltiples reportajes las dificultades de la radiotelevisión pública europea, incluyendo los reajustes de la BBC ante la renovación en 2006 de su Carta Real. En particular, el proyecto del gobierno danés de sacar a bolsa 60% de TV-2 fue saludado por cierta prensa como "el derrumbamiento" de la radiotelevisión pública en "los países nórdicos"; y los designios del gobierno italiano de Berlusconi de hacer lo propio con la RAI, proyecto enmendado o agravado por la autoridad de la competencia al recomendar la separación en dos sociedades, fue jaleado como un signo de modernidad sin que se señalara la contradicción flagrante con el control por Berlusconi y su grupo Mediaset de tres cadenas y su casi monopolio del mercado publicitario.