Enrique Bustamante

Radiotelevisión Española (y la agencia de noticias EFE) se enfrentan en los próximos meses al mayor desafío de su historia, tras una trayectoria singular que la ha llevado a una crisis extrema. El informe elaborado por el consejo independiente nombrado por el gobierno español diseña un modelo radicalmente novedoso que deberá ser proyectado a una ley inminente. Pero su repercusión puede ser múltiple: en el ámbito nacional, sería la piedra angular de una reforma completa del sistema audiovisual e impulsaría cambios importantes en las radiotelevisiones regionales públicas españolas. En el contexto internacional, contribuiría a cimentar en la Unión Europea un modelo social de comunicación, y podría expandir su efecto ejemplarizante hacia América Latina, con medios públicos extraviados que demandan una refundación.

1. Hipotecas históricas

El examen de la situación actual de la radiotelevisión pública en España requiere un mínimo recordatorio de los principales antecedentes que explican su situación actual. Y que contextualizan, por tanto, las grandes alternativas que enfrenta hoy la situación española.

Entre 1956 y 1959, la televisión nace en España como "televisión de régimen" de la dictadura franquista y no de Estado, integrada en la administración pública, sin autonomía alguna y en ausencia de toda filosofía de servicio público.En consecuencia, y una vez fracasado el canon -incoherente con esa estructura- la financiación prioritaria va a ser a través de la subvención por los presupuestos generales del Estado y de la captación creciente de inversión publicitaria, sin que el monopolio de programación vaya acompañado de una concepción de producción autóctona o de defensa de la cultura nacional. La historia de la expansión de RTVE coincide así, de forma pionera en Europa, con el despliegue de la publicidad moderna de masas y con la importación temprana de ficción estadounidense.

Sobre la huella influyente de estas hipotecas históricas, pueden identificarse en los 28 años de Constitución democrática nuevos errores acumulativos que nos conducen hasta la bancarrota presente:

· Bajo los gobiernos de UCD (1977-1982), se efectuó tardíamente la transición televisiva, no pactada significativamente hasta dos años después de la Constitución de 1978. Pero el Estatuto de 1980, apoyado inicialmente por todos los partidos, y primera ley española del servicio público, mantuvo el sello de la dependencia política (nombramiento del director general por el gobierno) y de las cuotas partidistas (Consejo de Administración, sin capacidad de control, nombrado por acuerdo de los grupos parlamentarios de entre militantes fieles). Durante esos finales de los años 70 y primeros 80, RTVE se financió casi todos los ejercicios mayoritariamente por la publicidad y limitadamente por subvenciones estatales. El grado de independencia editorial y de pluralismo osciló fuertemente según los directores generales y las coyunturas políticas del partido gubernamental, con extremos de manipulación en los procesos electorales.

· Bajo los gobiernos socialistas (1982-1996), se tomaron graves decisiones añadidas: la financiación exclusivamente publicitaria desde 1983-1987, con exclusión de toda aportación pública que sólo será restaurada muy parcialmente mediante el contrato-programa de 1993 que limitaba las tareas de servicio público a actividades marginales de RTVE, excluyendo la producción y la programación básicas. Pero desde la apertura a la competencia privada en 1990, RTVE fue perdiendo cuotas de audiencia e ingresos publicitarios, con pérdidas agravadas por la crisis publicitaria de esos años. Frente a esa nueva situación, las limitadas subvenciones y condonaciones parciales de deuda en 1993-1995 no dieron solución al déficit creciente generado por la competencia, abriéndose la puerta a una original vía preferente de financiación: el endeudamiento avalado por el Estado, aunque los gobiernos socialistas realizaron esos años y hasta 1996 quitas parciales de la deuda acumulada. En paralelo a ese precario modelo económico, se incrementó una programación competitiva de tintes comerciales y se consolidó un sistema gubernamentalizado, de sospecha permanente sobre la manipulación política y de imposible control o contrapeso por la oposición o por la sociedad.

· Durante los gobiernos del Partido Popular (1996-2004) se han agravado notablemente estas tendencias. Por un lado, las subvenciones oficiales disminuyeron aún más, a porcentajes ridículos (5-6% generalmente sobre los gastos). En consecuencia, el endeudamiento masivo de RTVE, avalado por el Estado, se multiplicó por más de cinco veces, incluyendo los intereses acumulados, hasta alcanzar en 2004 la cifra de seis mil 600 millones de euros, que se suponía artificiosamente fuera del déficit oficial de España. Al mismo tiempo, y ante la crisis económica agudizada, el gobierno puso a RTVE bajo la tutela gerencial de la SEPI,¹ una entidad habituada al saneamiento financiero que impuso orientaciones todavía más comerciales para la estrategia de RTVE sin por ello disminuir seriamente los déficits anuales. Finalmente, en este mismo periodo las acusaciones de manipulación sistemática gubernamental se intensificaron, especialmente con ocasión de acontecimientos nacionales como la huelga general de 2002 (por la que RTVE fue judicialmente condenada por atentar contra la veracidad y el pluralismo), la participación española en la invasión de Irak y, sobre todo, los atentados terroristas del 11-M de 2004 cuya tergiversación informativa sistemática trajo consigo la derrota electoral del Partido Popular.

El resultado de este desarrollo histórico puede ser resumido así: 14 directores generales en 25 años de Estatuto (teóricamente inamovibles por cuatro años) que constituyen todo un récord insoportable para cualquier gestión empresarial pública o privada (cinco sólo en ocho años del PP en el gobierno); ausencia de todo plan estratégico tras el trazado de numerosos proyectos siempre fracasados; un endeudamiento acumulado de dimensiones macroeconómicas, y una programación comercial-competitiva extrema donde las señas de identidad del servicio público se habían difuminado como en ningún otro gran país europeo. De esta forma podemos concluir que, desde la transición, los gobiernos han utilizado políticamente al máximo a RTVE mientras agudizaban simultáneamente su ruina.

2. Una comisión para la reforma

En medio del acuerdo generalizado en los últimos años de que era necesario modificar legalmente el Estatuto, realizado además en ausencia de competencia televisiva, los grandes partidos políticos prometieron en cada campaña electoral una reforma democrática que diera cumplimiento efectivo al servicio público, para olvidar inmediatamente el asunto en cuanto llegaban al poder. Durante 1998 y 1999 llegó incluso a funcionar una subcomisión del Congreso de los Diputados dedicada exclusivamente a esa reforma, con el solo resultado positivo de numerosos estudios y propuestas realizados desde los mayores partidos políticos parlamentarios.² Pese a las coincidencias en el diagnóstico de muchos de estos documentos, el acuerdo se hacía imposible en cuanto la oposición reclamaba una transformación completa del modelo, mientras que el gobierno se limitaba a defender una reforma económica, sin garantías de pluralismo político.

Estas circunstancias son, con seguridad, las que condujeron al líder del PSOE, en plena campaña electoral para la votación general del 14 de marzo de 2004, a garantizar su voluntad de hacer una reforma en profundidad de RTVE y de renunciar por consiguiente a su utilización partidista mediante el nombramiento de un consejo independiente que nada tenía que ver ni con los partidos ni con la gestión directa del medio. Posteriormente, y tras la victoria electoral socialista, el ya presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en el propio discurso de investidura ante el Parlamento a seguir las propuestas que emanaran de esa comisión que fue nombrada oficialmente en pocos días, con un plazo legal de nueve meses para la entrega de un diagnóstico sobre los contenidos del servicio público, la estructura jurídica y el modelo financiero de los medios de comunicación estatales.³ En paralelo, la Comisión Europea comunicaba al gobierno español que la deuda acumulada podía ser considerada como "ayuda existente" y por tanto se permitía su amortización flexible por el Estado español, pero que la financiación por el endeudamiento debía concluir antes de finalizar 2005, para instaurar a partir de entonces un sistema de financiación proporcional al costo neto del servicio público, con la transparencia contable requerida también por la doctrina europea.⁴

Durante ese tiempo, el consejo ha desarrollado sus trabajos con base en una amplia consulta a entidades sociales, con más de 80 propuestas recibidas, a la información actualizada proporcionada por las radiotelevisiones públicas más destacadas de los países de nuestro entorno (sobre todo, BBC, France Télévisions, las alemanas ARD y ZDF, la RAI y la RTP portuguesa), y a una copiosa documentación española y europea, reforzada con consultas y debates con una quincena de investigadores y expertos españoles reconocidos en radio y televisión.⁵ Aun ligado por un pacto de confidencialidad sin el cual no podían desarrollarse estas tareas, el consejo no ha podido evitar sin embargo una nutrida mezcla en los medios de filtraciones, muchas veces interesadas y manipuladas, de especulaciones y críticas a priori que evidenciaban la intensa presencia de intereses en torno a un sector de gran potencia económica.

Finalmente, el 21 de febrero, un día después del referéndum en España sobre la Constitución europea, el consejo entregó oficialmente al gobierno un informe que consta de 202 páginas, más nueve de un voto particular parcial sobre todo a las propuestas financieras, más abundantes anexos de dictámenes financieros y jurídicos y de propuestas sociales (www.presidencia.gov.es).

Inmediatamente, se desató una feroz campaña de ataques por parte de algunos medios de comunicación españoles (especialmente, La Razón, de Planeta, Vocento con ABC, El Mundo del grupo Agnelli), de sus editoriales, tertulianos y columnistas, pero también de sus informaciones concertadas. Inermes ante un calificativo de "sabios" -inventado por la prensa- que los miembros del consejo nunca habían avalado y que soportaron con resignación, era de esperar una crítica razonada, tanto más legítima en un asunto de gran repercusión pública. Sin embargo, en muchos casos, se constató una estrategia de descalificaciones absolutas, no al informe en sí, sino y para mejor destruirlo, al prestigio y hasta al sentido común de los miembros del consejo, pese al incontestable historial de muchos de ellos.

En la curiosa alianza de fuerzas organizada contra el informe, se pudo constatar que junto a la presencia de periodistas y medios de honda raigambre franquista que no soportaban unos medios públicos definitivamente lejos de sus manos, se situaban autores neoliberales extremistas que no ocultaban su burda idea de que "la mejor radiotelevisión pública es la que no existe". En medio, se encontraban grupos multimedia frustrados que esperaban la subasta de los medios públicos y la consiguiente lotería de trozos de éstos. Y hasta intereses contrarios a toda regulación del sector audiovisual, o al lanzamiento de las programaciones digitales que implicarían, inevitablemente, un incremento de la competencia. El lema preferido de esta campaña ha sido negar cualquier aportación del informe, hablar de "continuismo", de "inmovilismo". Y en su ayuda se ha esgrimido profusamente el voto particular del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid⁶ y hasta las discordancias del "asesor financiero" nombrado por Hacienda.⁷ Simultáneamente, se acusaba al consejo de haberse dejado influir por el gobierno y de resistirse a las propuestas del "representante" del ala económica gubernamental; de limitar la publicidad en los medios públicos para favorecer a nuevos grupos privados y de mantener la comercialización del servicio público; de recomendar la eliminación del endeudamiento financiero y de hacer pagar más al gobierno por "lo mismo". Ni los capítulos sobre contenidos estrictos del servicio público ni los de su papel en la era digital y ni siquiera aquellos que garantizaban la independencia política de los gobiernos y los partidos, es decir, las principales preocupaciones evidenciadas por la sociedad civil española, recibieron atención alguna por parte de dichos medios.