etcétera

Marco Lara Klahr

Códigos, moda para legitimarse

La moda de los códigos de ética, en las actuales circunstancias, parece corresponder más a una estrategia de la empresa mediática para lavarse la cara y conjurar la posibilidad de un marco jurídico del derecho a la información, que a un interés legítimo por asumir, de una vez, su responsabilidad social. Esto de ninguna manera descalifica a tal moda, pero permite enfocarla.

Históricamente, en un país con un empresariado incipiente, cuyo desarrollo estuvo determinado siempre por su grado de proximidad con el poder, la empresa periodística nacía, crecía y moría como un apéndice de ese poder.
O sea, a un régimen el postrevolucionario priista corporativizado no tenía por qué no corresponder un sector empresarial corporativizado y, en consecuencia, priista, incluyendo, por supuesto, a los industriales de los medios, que incursionaban en el ramo a instancias de un proyecto político determinado o que cada seis años de acuerdo con el obsesivo ciclo priista del fuego nuevo buscaban la posición más cómoda frente al gobierno, entendiéndose por comodidad el usufructo de una porción del erario público a cambio de tomar la Verdad oficial, procesarla, empaquetarla y venderla como Objetividad a un consumidor indolente, acrítico y poco habituado a asumir su ciudadanía.

Cuando el escenario cambia, cuando se desploma el sistema priista en un proceso de por lo menos dos décadas, la empresa mediática queda fuera de contexto, porque siempre fue refractaria a lo diverso.
Y en vez de la actitud racional de analizar qué caminos se abren en la nueva coyuntura, procede instintivamente: como en un reflejo, sigue buscando acomodo; afina su aptitud para dar con los resquicios que la realidad no ha tenido tiempo de alterar y se mete y medra como siempre, aunque cada vez más acotada. Así está actualmente.

Por más que se festine con la más amplia gama de intereses de por medio el auge de la libertad de expresión. Por más que la empresa mediática celebre a voces su salida del clóset luego de siete décadas. Por más que se reitere que hoy se dice en los medios más de lo que se decía hace, diga mos, un lustro, un asunto sigue pendiente: el derecho a la información.

Es decir, no se pueden medir los alcances de la libertad de expresión en un país donde no está regulado el derecho a la información: ¿cómo saber cuánto puede decirse acerca de un asunto a través de los medios, si no se tienen los elementos informativos suficientes para abordar dicho asunto? O, ¿de qué sirve poseer la información necesaria sobre tal o cual tema, si para difundirla no se tiene garantizado legalmente el acceso a los medios? En la realidad, pues, la libertad de expresión sigue siendo sólo de palabra.

Pero en cuanto se aborda el problema, los industriales de medios velan armas. En general, en la aguerrida defensa de sus intereses coinciden con la llamada autorregulación. Y marchan a dar la pelea con sus códigos de ética en ristre. Parecen convencidos, se alebrestan: "¡Si nosotros, desde dentro, podemos ponernos límites, para qué queremos que vengan otros a ponérnoslos! ¡Horror! ¡Ley Mordaza! ¡Censura! ¡Antidemocracia!".

Como si no se tuviera claro que:
1. Gran parte de esas empresas mediáticas fueron y siguen siendo el soporte superestructural del PRI-gobierno y con él se han ido resquebrajando.
2. El Estado de derecho, del cual se dicen garantes, deriva de mecanismos legales que regulan absolutamente todos los ámbitos de relación del conglomerado social.
3. En consecuencia, nadie puede apelar a un régimen de excepción metalegal. Recientemente, en Colombia y aun en México, pero de manera señalada en Estados Unidos durante los años 30 y 40, una de las estrategias del crimen organizado era pactar y en algunos casos lo logró con el poder; establecer acuerdos de pacífica convivencia gobierno-mafias para crear un virtual Estado siciliano. De hecho, tal ha sido el sueño de los transgresores de todos los tiempos: el imperio de sus propias leyes o, mínimo, que sus leyes sean paralelas y aun complementarias de las leyes formales.

Más allá de mafias metidas en la industria mediática o de que el empresario mediático pueda llegar a ser un capo, la cuestión es que la información constituye básicamente un bien público y por ello su canal para llegar a la sociedad o sea, los medios es una empresa sui géneris, sin importar que sea de carácter público, social o privado. Es sui géneris porque, cuales sean sus fines explícitos, es una empresa de responsabilidad social.

Así pues, toda sociedad democrática debe clarificar los términos de la relación entre los actores que intervienen en los fluidos informativos.
Es inherente al Estado de derecho que se regulen las relaciones en materia de comunicación entre Estado- medios, Estado-medios-sociedad, Estado-sociedad, medios-sociedad, medios-editores-informadores, medios-editores, medios-informadores, editores-informadores... En tales circunstancias, los poderes de la República se circunscriben al papel de garantes del marco jurídico que regula tales relaciones y, por tanto, en garante del derecho a la información; exactamente como ocurre en cualquier otro ámbito.

Entonces, los códigos de ética se convierten una segunda instancia; son optativos: un ciudadano está obligado a cumplir las leyes; pero si, además, profesa voluntariamente una religión, se atiene a un segundo esquema normativo, en ocasiones, pero no necesariamente, complementario del civil.

El que ese ciudadano viole el código moral derivado de su fe no lo convierte automáticamente, a los ojos del Estado, en un transgresor. Del modo contrario, puede ser considerado un transgresor y, a la vez, un buen creyente.

Es importante, pues, que el código de ética expuesto por etcétera invierta buena parte de sus apartados en explicitar este hecho: el ejercicio de informar con una mística de servicio, o sea, la necesidad de una serie de "normas de conducta explícitas, que van algo más allá de la legislación... pero que, sobre todo, definen nuestro compromiso de responsabilidad y servicio".

Por lo demás, éste, como otros códigos de ética, no explicita un aspecto central: la relación medios-editores-informadores, medios-informadores y editores-informadores en casos en los que por incompetencia o corrupción se omite o manipula información.

¿Cómo debe dirimirse éticamente una disputa profesional-laboral de este tipo? ¿Qué empresario mediático o editor sería capaz de autoimpo-nerse o suscribir un ordenamiento ético que lo obligue a anteponer el interés público, periodístico y profesional a sus propios y, habitualmente, turbios intereses?

Son preguntas que este tipo de códigos no ha podido responder sino de manera parcial y aun evasiva.