etcétera

Cárcel, un riesgo cada vez mayor

Marco Appel

Los periodistas italianos están muy preocupados y molestos. Desde hace unos cuatro años, el riesgo de pisar la cárcel al encontrárseles culpables de difamación, antes una opción inconcebible, es cada vez mayor.

Ilustración: Médias

Las demandas penales contra comunicadores son la moda en Italia, y algunas incluso tienen éxito. Organizaciones europeas que defienden la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras (RSF), han lanzado una fuerte llamada de atención al ministro de Justicia, Roberto Castelli, a quien le han echado en cara que condenar a periodistas a penas de prisión por delitos de prensa es contrario a los estándares de Naciones Unidas y la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, e indigno para una democracia.

Robert Ménard, el secretario general de RSF, ha pedido a las autoridades italianas que supriman la amenaza de cárcel para el gremio, tal como lo ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de la ONU y su relator especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión.

Los dos casos que mejor ilustran la forma en cómo la justicia puede criminalizar el ejercicio periodístico son los de Raffaele Jannuzzi y Stefano Surace.

El día de Navidad de 2001, en el transcurso de un viaje de placer a Italia, Surace fue arrestado y encarcelado por difamar y publicar "obscenidades" hace más de 30 años cuando él era director del diario Le Ore. Sin haberle juzgado nuevamente por hechos ya prescritos, Surace, conocido por sus reportajes sobre el medio carcelario, habría tenido que pasar dos años y medio privado de su libertad si no hubiera aprovechado el cambio de régimen cerrado a vigilancia residencial para "evadirse" a Francia, donde vivía con su familia desde 1977.

A Jannuzzi, antiguo director de Il Giornale di Napoli, le sucedió algo similar. El tribunal de Nápoles lo condenó a dos años y medio tras las rejas por manchar en artículos periodísticos, aparecidos entre 1989 y 1993, la reputación de varios magistrados encargados de combatir a la mafia.

Además de que la justicia desconoció su inmunidad parlamentaria, puesto que Jannuzzi es actualmente senador del partido Forza Italia, se rehusó en noviembre de 2002 a dejarle que cumpliera la pena en casa dada su avanzada edad de 74 años. El ex periodista tuvo que postergar una estancia en Francia hasta que no se le asegurara que en su país sería respetada su investidura de legislador y de miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La Ley Gorella que ampara dichos abusos data de 1963, cuando en Italia quedaron sentados los ordenamientos que rigen hasta la fecha el ejercicio legal y ético de los medios. La Federación Europea de Periodistas enmarca la reciente interpretación represiva de dicha ley al ambiente de control mediático desatado por el gobierno de Silvio Berlusconi, que incluye la destitución y hostigamiento policiaco de los cuadros más críticos en prensa escrita y televisión, principalmente.

"Es una ley arcaica", me dice la encargada de Europa en la matriz de RSF en París. "Por eso estamos pidiendo una reforma de urgencia a la legislación italiana".

Carlo Lania, del diario Il Manifesto, es el primero en apoyar tales esfuerzos, pues sobre él ronda la posibilidad de ir a prisión por ser el autor de un supuesto ataque a la imagen de dos organismos de extrema derecha. Forza Nova y Milicia Christi depositaron tres acusaciones penales y una de orden civil contra Lania, por haberlos involucrado en la realización de tres atentados con bomba ocurridos en diciembre de 2002, uno de ellos en las instalaciones del diario, y en la preparación de una presunta campaña conjunta antijudía.

Lania me cuenta que sus afirmaciones están correctamente documentadas. De cualquier forma, según las leyes, los grupos neonazis debieron exigir en los 15 días siguientes la publicación de una nota aclaratoria por parte de Il Manifesto. No obstante, recurrieron directamente a la acción legal.

El abogado de Lania, Cristiano Bianchini, afirma que la preferencia por la acción penal encima de la civil tiene tres explicaciones. Una psicológica, pues da la sensación de poder al insultado; otra jurídica, al ofrecerle una mayor acción criminal, y finalmente una pragmática, puesto que su duración es de uno a tres años menos.

Pero para Lania el hecho de "sólo" enfrentar una demanda civil no es consuelo alguno. Si la pierde tendrá que pagar 65 mil euros (casi lo mismo en dólares) de su propio bolsillo, dado que en Italia los periódicos se están negando a corresponsabilizarse económicamente. "Ellos dicen que te pagan por decir la verdad, razón por la que no quieren ayudar en juicios por difamación", platica Lania.

El castigo "administrativo", que se percibe a nivel internacional como una salida más digna para el periodista acusado de difamación, tampoco ha dado el resultado esperado en Italia. Muchos colegas lo piensan dos veces antes de escribir cualquier cosa que pudiera pasar por ofensiva, la famosa autocensura. "Lo que están haciendo es demandarnos por sumas millonarias como reparación", comenta un corresponsal italiano en Bruselas.

"La verdad prefiero que me demanden penalmente, y a menos que en México paguen los periódicos la multa, deben estar pensando como yo", concluye Lania.