etcétera

Leonardo Curzio

Patrocinadores y filtraciones

He leído con atención el texto "Un código de ética para los medios mexicanos" y considero que se trata de un documento muy completo que plantea y desglosa temas centrales de la comunicación contemporánea al mismo tiempo que señala los desafíos de los medios en el nuevo contexto que vive el país. Un esfuerzo, pues, encomiable al que me permito agregar dos asuntos que podrían empezar a discutirse. Uno es la relación con los patrocinadores y el otro es el tema de las "filtraciones" a los medios.

Veamos primero el asunto del patrocinio. Uno de los riesgos menos sistemáticos, pero no por ello menos potenciales que afrontan los comunicadores en un contexto dominado por las leyes del mercado, es el de una hipotética censura por parte de los anunciantes. ¿Cómo debe actuar un periodista, por ejemplo, si tiene en sus manos una encuesta sobre adicciones y dos de sus principales anunciantes son empresas tabacaleras? Publicarla debería ser su deber pero, al mismo tiempo, pondría en riesgo la viabilidad económica de su medio o su supervivencia como periodista.

La posibilidad de coartar la libertad de expresión y de información en una economía de mercado no viene solamente del gobierno, el poder de los anunciantes puede ser en potencia excesivo. Los ejemplos del conflicto de intereses entre comunicadores y patrocinadores pueden multiplicarse en la medida en que las investigaciones periodísticas pueden tener como fin desentrañar cosas tan polémicas como si el uso de los teléfonos celulares provoca tumores cerebrales o el consumo de bebidas refrescantes es un riesgo para la salud.

El dilema de un comunicador frente a una censura de los anunciantes no está considerado explícitamente como un riesgo a la libertad de expresión y me parece evidente que todo poder (el del gobierno, el de los medios y, en este caso, también el de los patrocinadores) debe ser reglamentado para evitar abusos.

Un medio debe fijar en su código de ética qué haría en caso de un conflicto de intereses entre una información y un patrocinador. Si decide silenciar la información su autonomía real quedaría en entredicho y si decide publicarla cómo garantizaría su supervivencia y, en última instancia, debería anticipar si denunciaría o no la presión del anunciante. Este es un tema escabroso, incómodo, sobre el que, sin embargo, tendremos que pronunciarnos algún día.

Un segundo tema que me parece relevante es el de las llamadas filtraciones. ¿Qué debe hacer un medio que recibe por la vía de un favor gubernamental información sensible: publicarla protegiendo al informante o denunciarlo por entregar información indebidamente? Pongamos tres casos. Uno: la filtración de una conversación privada entre el Presidente y su vocera. ¿Es ético o no publicar actividades de espionaje cuando visiblemente se grabaron y obtuvieron las cintas de manera ilegal? Dos: ¿publicar filtraciones sobre investigaciones policiacas o de combate a las drogas? ¿Cuál es la frontera entre derecho a la información y la violación de los secretos oficiales, por no hablar de los asuntos que podrían comprometer la seguridad nacional? No podemos perder de vista que un medio puede convertirse también, amparado en el derecho a investigar, en una central de espionaje. Tres: comprar información. ¿Puede o debe un medio pagar, por ejemplo, a un empleado de gobierno por obtener información sensible o escandalosa? Si lo hace lo justo sería dejarlo en claro.

Tengo la convicción de que son estos temas los que con el tiempo deberían introducirse al debate sobre la ética en los medios de comunicación y los límites de nuestra actividad, regida, entre otras cosas edificantes, por dos pasiones desbordantes: el dinero y la notoriedad, que se llevan mal con la prudencia y la mesura.

Pero, en definitiva, quedan éstos como desafíos de una sociedad que está aprendiendo a moderar los abusos de gobierno y ahora debe desarrollar instituciones que limiten el abuso de los poderes privados, entre ellos de los anunciantes, las empresas y los medios, que son el núcleo duro de poder en una sociedad regida por el mercado y la información.