Y participación ciudadana
Ernesto Villanueva
El derecho de acceso a la información pública es un ingrediente de un concepto más amplio
denominado "derecho a la información", que no admite una definición unívoca pero que, de cualquier forma, supone un
amplio conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado, los medios, la sociedad y los periodistas.
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Foto: Gregorio Cortés |
Como puede observarse, su universo es amplio y, por supuesto, un país como México requiere una
actualización en prácticamente todos los aspectos. En algunos casos para introducir derechos; en otros, para definir y
acotar responsabilidades. De igual forma, se necesita también trabajar en el diseño institucional que a imagen y
semejanza de los Estados democráticos de derecho pueda hacer que las normas vigentes se conviertan en
disposiciones efectivas.
El país tiene una enorme tarea en este terreno. Durante 24 años distintos factores impidieron regular
cualquier vertiente de ese universo denominado "derecho a la información". Hoy, gracias en buena medida a una
inédita participación de la sociedad con los medios de comunicación, donde se pudo articular el mínimo común
denominador para impulsar ese largo camino de la transición democrática mexicana, se cuenta con una Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La ley dispone en sus artículos transitorios que la modalidad correspondiente al ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y al de Hábeas Data será dentro de un año a partir del inicio de vigencia de la ley; es
decir, el 12 de junio de 2003. Los estados de Sinaloa y Michoacán han hecho sus propios esfuerzos y cuentan
con legislaciones estatales de acceso a la información, con mejor factura que la federal. También tiene su
propia normativa el estado de Jalisco, cuyas bondades democráticas han sido puestas en duda por tirios y troyanos,
donde incluso sus propios autores jamás han salido a defender públicamente su producto legislativo.
En este entorno, la participación comunitaria se ha convertido en un instrumento de presión social acaso el
más importante de todos para que las leyes funcionen en los tiempos y formas que la propia norma establece.
Parecería lógico que lo anterior fuera un principio democrático de aplicación pero no lo es en un país como México,
donde el Estado de derecho es poco más que una figura testimonial. De ahí, por tanto, que la participación organizada
de la sociedad sea uno de los elementos más preciados para oxigenar ese proceso democrático.
El Grupo Oaxaca fue un movimiento social exitoso. Cumplió con creces su cometido de contribuir en
forma sustantiva a que hoy se cuente con una ley de acceso a la información pública federal aceptable, de mucho
mayor calado que lo que hubiera deseado el gobierno del presidente Vicente Fox. En Querétaro se ha aprobado
también una ley que tiene rasgos de avanzada. Y lo mismo puede decirse de lo que pasa en Morelos, donde el
Congreso estatal tiene una iniciativa de consenso entre las diversas fracciones parlamentarias. El papel de la sociedad
organizada debe ser de escrutinio, vigilancia y cooperación para que la norma jurídica vigente se convierta en una regla
de conducta eficaz, ejercida por los ciudadanos y cumplida por los sujetos obligados a informar. No es fácil llevar a
cabo, sin embargo, una tarea de esta envergadura si no existe un espíritu de cuerpo que adquiera una vertiente
institucional que pueda permanecer y, sobre todo, crecer en el tiempo a lo largo y a lo ancho del país.
En este contexto, diversos académicos, periodistas y organizaciones (prácticamente todos los miembros del
Grupo Oaxaca incluidos) decidieron dar vida a una entidad ciudadana que profundizara en el seguimiento de lo que se
había logrado con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental e introdujera a
la agenda pública algunos otros temas susceptibles de concitar los consensos básicos para traducirse en norma
jurídica vigente. Se pensó llamar a esta institución Libertad de Información-México A.C. o LIMAC (www.limac.org.mx),
la cual fue presentada el 5 de agosto pasado.
La denominación de esta organización no gubernamental no fue gratuita. La libertad de información
representa un círculo más amplio que el que abarca el derecho de acceso a la información pública, pero más reducido que
el que recoge la noción de "derecho a la información", de ahí la importancia de no enviar señales equivocadas
en cualquier sentido: que algunos dijeran que se pretendía subsumir el concepto de "derecho a la información" en
el de libertad de información. O que otros, por su parte, percibieran que el objetivo era, en un solo acto, legislar
todas y cada una de las vertientes de ese concepto.
La apuesta por el método de aproximaciones sucesivas probó con creces sus resultados. Esta estrategia
rompió, por un lado, la percepción estrictamente teórica de que habría que dar un paso amplio para una reforma
integral en el "derecho a la información" y, por otro, aquella que sostiene que la única ley deseable en esta materia es
la que no existe; es decir, el inmovilismo. Ni una ni otra. Desde mi perspectiva es mejor dar uno o dos pasos
con resultados legislativos de por medio, que 250 sin logros concretos.
Se puede observar en México y en buena parte de América Latina que las figuras tradicionales de
representación ciudadana pasan por un momento de grandes dificultades. La credibilidad se ha erosionado de manera
significativa. Lo mismo puede decirse de las instituciones propias del ejercicio del poder público (la abstención electoral es
un indicativo de ello, por citar un ejemplo), pero incluso las organizaciones de la sociedad civil no pasan tampoco
por su mejor momento. El uso de esas organizaciones como mecanismo oculto de posicionamiento político y el
tránsito de ciudadanos libres a servidores públicos ha generado un movimiento social debilitado en forma cíclica. Baste
ver de dónde proviene buena parte del gabinete del presidente Vicente Fox y cómo las entidades ciudadanas de las que surgieron se encuentran en un estado vegetativo, o cumplen apenas un cometido formal en la definición de
la agenda pública. Ante la eventual tentación de caer en algún momento en las viejas (y presentes todavía)
fórmulas de participación ciudadana, LIMAC estableció en sus estatutos tres candados que resultaron fundamentales
para lograr la participación de un amplio número de académicos, periodistas, editores, ONGs del más distinto
signo político e ideológico. Primero: todos sus miembros al momento de serlo renuncian a ocupar un cargo público
en las materias relacionadas con el objeto social de la asociación. El extrañamiento público como mandato al
Consejo Directivo, para quienes pudieran infringir este candado, será la sanción más efectiva para una persona que
pretenda utilizar la asociación para sus fines propios, bajo la bandera de que lo hace como un profundo acto de sacrificio
y amor a México. Y, como consecuencia de lo anterior, la asociación tampoco podrá postular candidato alguno
a cargo público. Segundo: la asociación no será tampoco una fuente de enriquecimiento para nadie. Todos
los asociados participarán de manera honoraria, de suerte que no habrá sueldos para ninguno de ellos. Y tercero:
la organización no tiene fines de lucro, es apartidista, laica y todos sus servicios los prestará de manera gratuita.
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Foto: Antono Nava |
Los objetivos de LIMAC se inscriben en la tarea de proseguir la ruta de la modernización del marco legal en
la materia, en aquellos puntos que alcancen los consensos necesarios, entre los cuales se encuentran: primero,
vigilar el debido cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública en los ámbitos federal y estatal,
con independencia del partido que se encuentre en el poder en cada uno de los casos. Segundo, socializar
conocimiento, capacitar para el ejercicio correcto del derecho de acceso a la información pública. De nada sirve tener una ley
de acceso si los ciudadanos no saben cómo usar esta herramienta legal para mejorar su calidad de vida.
Tercero, promover leyes de acceso a la información pública en aquellos estados donde no haya normas sobre el
particular y en aquellos aspectos relacionados. La aprobación de la ley federal es un punto de partida, pero se requiere
además que cada uno de los estados de la República y el Distrito Federal tengan su propia ley de acceso a la
información. Es necesario, de la misma manera, fomentar otras leyes concernientes, entre ellas de archivos públicos, de
protección de datos personales y de transparencia y equidad de la publicidad gubernamental. Y cuarto, coadyuvar con
las entidades públicas para que en los términos de la ley puedan cumplir en tiempo y forma con el derecho a saber
de los ciudadanos. Es importante señalar que la asociación no tiene fines de confrontación o de generar una
presión ilegítima con gobierno alguno, federal o de los estados. Antes bien, tiene como firme propósito traducir en
acto el mandato de la ley. México no puede seguir tolerando que las instituciones jurídicas en general, y en
particular en materia de libertad de información, queden sólo en un catálogo de buenas intenciones.
Por otra parte, LIMAC tiene también como finalidad brindar cauce a las energías de participación social
que existen en diversas regiones del país, y que la oferta gubernamental o partidista no ha generado atractivos
suficientes para lograr su inclusión. Por esa razón, se concibe como una organización paraguas, que buscará
establecer capítulos en cada estado de la República que observen las mismas fórmulas de participación y suscriban
idénticos candados, con lo que se espera impedir en la esfera de los estados esa especie de trampolín político que tanto
daño ha hecho al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad.
A mediados de septiembre el presidente Vicente Fox envió al Senado de la República los nombres de las
personas ungidas como comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. La noticia pasó con un
bajo perfil mediático tras el protagonismo del muchas veces reabierto Pemexgate y en el contexto del aniversario
patrio del 16 de septiembre. Los nombrados muestran claroscuros. Hay gente que sabe del tema y que tiene un
reconocimiento de pares. Hay otros que los tienen menos. El asunto no habría que verlo en forma maniquea: blanco o negro
porque no lo es. Hay puntos criticables, ni duda cabe: se echa de menos, de entrada, la falta de sensibilidad del
gobierno federal para no promover la diversidad de género ni tampoco la diversidad regional. Recuérdese que el instituto
es federal y no sólo de la ciudad de México. Pero si lo anterior fuera poco, hay comisionados (sujetos a la no
objeción del Senado) a quienes no se les conocen sus habilidades en el tema y hay, en otro caso, gente que viene
directamente de ser funcionario del gobierno federal. Si bien la ley permite esta posibilidad, también debió ponderarse de
mejor manera la autonomía del instituto. Por el contrario, habría que decir que de los males el menor. De los
cinco comisionados, tres al menos gozan de la presunción de reconocimiento del tema de derecho de acceso a
la información pública, en una u otra de sus vertientes, de suerte que se asegura, al menos, un equilibrio
razonable al momento de ejercer las atribuciones que la ley les confiere. A final de cuentas, hay que señalar los errores,
pero no es positivo para el país estigmatizar y desprestigiar de entrada el trabajo de quienes (si el Senado no dice
otra cosa, al menos en el terreno político) tendrán sobre sí la enorme y compleja tarea de instrumentar la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo que merece la pena es no perder de vista
el trabajo del instituto y verificar que el 12 de junio próximo la ley pueda cumplir con su cometido. Y ahí la
sociedad tiene que vigilar a los vigilantes. Es tiempo que México adopte nuevos mecanismos de participación ciudadana que permitan que no haya un activismo circunstancial o de coyuntura política, sino que efectivamente pueda convertirse en un referente con peso para hacer que el gobierno sirva a la sociedad.
Libertad de información
