Dos caminos aún paralelos

Laura Islas Reyes, Arturo González y Nelly Mejía Méndez

La discusión de 25 años sobre los medios y su regulación ha empezado a recorrer un camino de pistas paralelas y unidireccionales. La primera de éstas se relaciona con las coordenadas jurídicas del ejercicio mediático; y la segunda se ubica en la propia evaluación que los medios puedan tener sobre su actividad.

La instalación, el 5 de marzo, de la Mesa del Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de Medios Electrónicos en la Secretaría de Gobernación, dio nombre y forma al primero de esos espacios.

La creación de un Consejo de Autorregulación por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el pasado 6 de marzo, abrió la segunda pista para el debate de los medios y su funcionamiento.

En palabras del presidente de la CIRT, Joaquín Vargas Guajardo, por primera vez de manera institucional los concesionarios reconocen "la necesidad impostergable" de revisar el marco legal de los medios. Paralelas las pistas, con los dichos de los empresarios tomaron la misma dirección: el empate de la reforma legal y la autorregulación.

Fotos: Raúl Ramírez Martínez

En la pista de la autorregulación los industriales de la CIRT aterrizaron una lista de buenas intenciones que, según Vargas Guajardo, "serán un esfuerzo complementario", el cual tiene como fin "construir una regulación ética y cívica, ahí donde la ley no regula".

En la mesa de discusión para la reforma legal de los medios se prometió la búsqueda de consensos y la inclusión de todos los actores involucrados. En ambos casos, no ha habido ­hasta el día que esto se escribe­ mayores precisiones al respecto.

Autorregulación y leyes

El detonante del debate sobre los medios y sus contenidos ­en los ámbitos de la autorregulación y la reforma legal­ fueron los programas denominados talk shows que llevaron a la agenda nacional la necesidad de revisar la Ley Federal de Radio y Televisión.

Los puntos de acuerdo presentados por varios congresos locales, diputados federales de la LVII Legislatura, así como las recomendaciones hechas por algunas organizaciones de la sociedad civil azuzaron la discusión sobre el contenido de los medios (etcétera, marzo 2001).

Durante el anuncio de la XLII Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el pasado 26 de septiembre, los industriales de la CIRT se pronunciaron en favor de la revisión del régimen jurídico de los medios. "Estamos de acuerdo en que se reabra en la Cámara de Diputados la discusión acerca de la iniciativa de ley sobre medios de comunicación... tenemos mucho que aportar, mucho qué decir para que se reforme el marco regulatorio que nos rige".

En aquella ocasión los empresarios pusieron el acento en dos asuntos: revisar lo relacionado con el 12.5% del tiempo oficial y eliminar las leyendas precautorias que aparecen en los anuncios comerciales.

El único límite al ejercicio de los medios que los concesionarios reconocieron entonces, fue el que la propia tecnología impusiera. La pista de las leyes no se asomó más.

Cuatro días después de que Vicente Fox tomara posesión como titular del Ejecutivo, se presentó a los medios y a la opinión pública La política de comunicación del nuevo gobierno.

En el documento que dio a conocer la vocera presidencial, Martha Sahagún, la administración foxista reconoció la necesidad de llevar la discusión de los medios a la pista de la reforma legal. "El nuevo gobierno está consciente de que el marco legal que regula la libertad de expresión y el derecho a la información es insuficiente y estádesfasado".

La política de comunicación social del nuevo gobierno se asomó también al terreno de la autorregulación, con la sugerencia de que cada medio tuviera su propio código de ética.

Así quedaron planteadas las dos vertientes que posteriormente reconocería la IP de manera formal durante la instalación del Consejo de Autorregulación: la revisión al marco legal actual de los medios y el impulso a la propia contención que cada industria mediática pudiera tener sobre sí.

Rutas paralelas

El debate sobre el contenido de los medios y su regulación retornó a la escena pública cuando la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado retomó la discusión que tenía como protagonista a los talk shows.

En un punto de acuerdo de la Comisión sobre estos programas, presentado el 23 de enero de 2001, se exigió el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento.

Referente a esto, Javier Corral Jurado, presidente de esa comisión del Senado, reiteró al subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán, que si en México se empieza a aplicar la ley vigente en la materia, "la primera gran conclusión que vamos a tener enfrente es que es necesario reformarla".

Durante la comparecencia del subsecretario ante la Comisión, celebrada el 19 de febrero de este año, Corral Jurado señaló los tres aspectos fundamentales que obligan al análisis de la ley: "Por la obsolescencia de algunas normas, por los vacíos que contienen y por las enormes diferencias de interpretación de un artículo y otro".

En los primeros días de febrero las dos pistas del camino de los medios y su regulación comenzaron a tomar forma. El día 6 hubo un primer encuentro entre el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el subsecretario, José Luis Durán, con el presidente de la CIRT, Joaquín Vargas. Allí acordaron "sentarse a platicar" sobre los temas de ley.

Un día después, el propio Vargas Guajardo le puso fecha a la pista de la autoevaluación al informar la creación del Consejo de Autorregulación en los primeros días de marzo. Este contaría con la representación de la propia CIRT, así como del Consejo Nacional de la Publicidad, la Asociación a Favor de lo Mejor, la ANUIES, el Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria y el Consejo Coordinador Empresarial.

Sobre la pista jurídica, el gobierno dio un paso cuando el 8 de febrero anunció su intención de cumplir lo dispuesto por la ley con la instalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión contemplado en los artículos 90 al 92 de la ley federal en la materia, el cual entraría en funciones a partir del 12 de febrero.

De acuerdo con lo dicho ese día por el subsecretario Durán Reveles, las funciones de esta instancia serían: "Promover y organizar las emisiones que ordene el Ejecutivo federal, elevar el nivel moral, artístico y social de las transmisiones, así como conocer y dictaminar los asuntos sometidos a su estudio y opinión por las secretarías y departamentos de Estado".

Pero el 12 de febrero ese compromisó no se cumplió. El anunciado Consejo Nacional de Radio y Televisión no fue instalado, y tendrían que pasar diez días para que el subsecretario de Comunicación Social de la SG declarara en entrevista: "Vamos a instalar este Consejo con la oportunidad y los tiempos más adecuados a efecto de que las inquietudes que hoy pudiera haber se vayan disipando" (Proceso, 25 de febrero, 2001).

El martes 13 de febrero, atentos a la ruta que se dibujaba sobre el tema de la regulación a la labor de los medios, los dueños de las dos cadenas televisivas más importantes del país, Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa) dieron a conocer la organización conjunta de un concierto en el Estadio Azteca en aras de la paz en Chiapas.

En marzo, los tiempos del gobierno y los empresarios coincidieron. El día 5 de marzo, el secretario de Gobernación inauguró los trabajos de la Mesa de Diálogo para la Reforma a la Legislación de los Medios Electrónicos de Comunicación.

Los esfuerzos de esta mesa están dirigidos a una revisión integral de toda la normatividad que rige a los medios electrónicos de comunicación de tal forma que los trabajos que en ésta se realicen serán los planteamientos que modernizarán el marco jurídico en la materia.

Certidumbre jurídica, transparencia en el régimen de concesiones y el fortalecimiento de una industria competitiva son los objetivos que Creel delineó sin perder de vista la certeza"de una libertad de expresión plenamente garantizada por esta administración".

El 6 de marzo, Joaquín Vargas concretó el anuncio que hiciera el 7 de febrero: la creación del Consejo de Autorregulación. En su discurso dejó en claro que "este esfuerzo no pretende sustituir a la regulación que, por ley, le corresponde a la autoridad...".

A partir de aquí, las dos pistas están trazadas, cuando menos en el inicio de este camino que comienzan a recorrer los medios y en aras de modernizar su marco legal y hacer efectiva su autorregulación.