Medios para potenciar la reflexión informada
Cuauhtémoc Arista
En política la oportunidad es un recurso indispensable para realizar los proyectos, y cada amanecer abre horizontes para que viejas ambiciones de grupos o particulares resuciten y se presenten como aspiraciones convenientes para toda la sociedad. La asunción del actual gobierno católico despertó muchas de esas aspiraciones, que germinaron en el humus pútrido de los viejos ideales liberales.
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Foto: Edgar Medel |
El reconocimiento público de las creencias es un derecho inalienable del individuo; que un funcionario lo
ejerza no debería ser trascendente, pero lo es cuando una parte sustantiva del grupo en el poder (político y
económico) utiliza la bandera de su fe para marcar sus posiciones en el debate público, pues además de utilizar la
convocatoria del Estado se particulariza la visión ética del acto de gobernar; lo mismo respecto de asuntos de salud pública
que de cine, de leyes indígenas y de educación. No es que esto sea ilegal, pero la validez de proclamar la creencia
y sustentar en ella opiniones de interés general sobre cualquier asunto aun si éste tuviera un origen particular
no tiene por qué exentar a los funcionarios de la crítica; es el derecho de los demás a proclamar su desacuerdo con
el uso público que se le da a las creencias personales.
La filiación católica del gobierno causa por fuerza reacciones casi alérgicas en la superestructura ideológica
del Estado aún definido como laico. Por eso es natural que haya suspicacia de distintos grupos políticos, hacia
la pretensión de algunos jerarcas religiosos, para que se concesionen canales de televisión y estaciones
radiofónicas a su iglesia. Ante ello, no vale como argumento la tradición hipócrita de gobiernos de raigambre liberal que
vedaban el púlpito electrónico al conservadurismo extremo de la Iglesia, pero negociaban su aquiescencia ideológica y
sus indudables poderes propagandísticos. Tampoco se sostiene la especie opuesta, formulada con gesto inocente,
de que las iglesias tienen tanto derecho como cualquier grupo a detentar las concesiones públicas, si es que el
Estado ha de ser plural y democrático; sobre todo cuando la alianza del gobierno y la Iglesia católica en las funciones
de beneficencia y ¡desarrollo social! parecería justificar la propagación de los valores en los que
coinciden excepcionalmente el gobierno federal, algunos gobiernos estatales y municipales, parte de los congresos,
varias cúpulasempresariales y los jefes del clero.
No aspiramos a ser justos de una vez y para siempre, sino conformar nuestro criterio a la circunstancia
histórica: desde un punto de vista temporal y terrenal, un Estado laico no puede fomentar ni coadyuvar al fomento de
las religiones, porque su origen es la trascendencia cívica de ese factor de las más feroces divisiones que registra
la historia. De la misma forma, un Estado democrático no puede favorecer discursos antidemocráticos merced de
una tolerancia o diversidad indefinidas.
Este mismo año, el obispo de Ecatepec respondió así a la queja de unos parroquianos sobre el maltrato que
les infligía el cura asignado: "Deben entender que la Iglesia no es democrática, aquí ustedes no eligen a sus
líderes". Y tiene razón, por supuesto. Pero no es sólo que las iglesias sean "no democráticas"; son antidemocráticas por
su organización feudal, su ética regida por revelaciones y no por la razón, por su activa promoción del
conservadurismo en contra de los cambios que alteren las estructuras sociales, etcétera. Esto no es una acusación, sino el
reconocimiento de que la poca o mucha visión de los jerarcas no determina las posiciones eclesiásticas sobre temas centrales
del desarrollo nacional, pues éstas vienen implícitas en la naturaleza de las creencias institucionalizadas como
un "reino" paralelo al Estado.
Esto es en cuanto se refiere a las iglesias mayoritarias en el país, de filiación cristiana. Privilegiar a una de
ellas por un argumento numérico llevaría a definir como católico al Estado mexicano, lo que sería
abiertamente discriminatorio y me llevaría a Papúa, de donde jamás debí salir. Ya ha ocurrido eso en algún comentario
presidencial soltado al calor de la capa pontificia, pero en vista de la confusión actual entre lo político, lo público y lo
mediático, no deberíamos tomar a la ligera la posibilidad de un mal medido avance clerical.
Mal medido porque la viabilidad de una estación de contenido católico forzaría la viabilidad de otras
similares, lo que en buen cristiano significa que las religiones minoritarias tendrían que obtener las mismas facilidades para la difusión de sus credos, cualesquiera que fuesen sus discursos o contenidos. Aparte de la confrontación
social ya mezclada en conflictos de distinta índole en nuestro país esta exacerbación del componente religioso,
al mezclarse con los intereses mercadológicos revelaría una metamorfosis interesante, pero temible en un país
donde la vocación de las instituciones apenas comienza a explorar posibles direcciones para adaptarse a las
necesidades sociales. En el contexto del mercado espiritual un rubro del ideológico, no habría manera de negarle una
concesión, digamos, a un grupo satanista que cumpliera los requisitos burocráticos para ser considerado "religión".
Sería comparable al supuesto que el IFE, obediente a un inocente principio de pluralidad democrática, financiara
un partido neonazi que propagara principios contradictorios a la Constitución. Reléase antes de linchar: no
comparo a las iglesias con los satánicos ni con los neonazis, sólo marco una contradicción intrínseca de la apertura legal
a su carácter de operadores de medios.
Las iglesias no son democráticas, pero sin duda constituyen una fuerza política. Su injerencia en el ámbito
dista de limitarse a pugnar por las buenas costumbres y por la paz, como lo demuestran la elección de 2000 y, cada
vez con mayor frecuencia, el uso de los púlpitos como
mass media dirigidos a ganar terreno para modificar las
políticas públicas o para ensalzar y vilipendiar a tal o cual figura política. Para carecer de medios de comunicación, las iglesias, en especial la católica, tienen una capacidad más que aceptable para difundir sus posturas específicas y sus
actos relevantes. Su influencia en el poder político y económico hace imposible desligarla del ámbito de los medios,
que suelen convertirse en su tribuna cuando los intereses empresariales, gubernamentales y eclesiásticos coinciden:
la visita del papa, las conmemoraciones del catolicismo local (san Juan Diego, la virgen de Guadalupe, los
mártires, jubileo y demás), las visitas de los políticos mexicanos al Vaticano, los eventos sucesorios de allá mismo,
etcétera. De ahí que la ofensiva contra Juárez sea leve en comparación con el silencio en el que se envuelve a las
figuras incómodas: los curas Hidalgo y Morelos.
En efecto, la lucha de las iglesias por obtener concesiones para operar medios está inscrita en su
misión evangelizadora, que como siempre busca consolidar su poder terrenal. La insistencia de Juan Pablo II y de
la jerarquía católica mexicana en normar las funciones de los medios desde continuos llamados de "conciencia",
la renovación mercadotécnica de sus imágenes corporativas y la cada vez más expuesta escuela jesuita de
intriga política revelan esta voluntad de llevar el debate político al terreno de las creencias individuales que, entre
paréntesis, constituye otro de los obstáculos para la formación continua de ese ente esperanzador y teórico que se ha
dado en llamar "sociedad civil" dentro de las sociedades contemporáneas, fenómeno que ya señalan Manuel Castells
y Peter Sloterdijk. No deja de ser interesante que el nuevo auge de las creencias religiosas se confunda con el de
los saberes apócrifos: el misticismo chatarra, las leyendas urbanas, la psicología popular sobre el éxito y demás
chácharas que, sin poseer el poder simbólico de las religiones, compiten con ella y contaminan sus contenidos para
satisfacer la necesidad de consuelo y de rumbo de nuestras mentes mediatizadas. Pareciera que el libertinaje económico
exige la fabricación de una base ideológica para que valores universales como la justicia, la tolerancia, la
igualdad, adquieran un carácter personal relativo y su aplicación en el campo social sea sólo metafórico. Pero esto es
una suposición.
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Foto: Ariel Gutiérrez/Notimex |
Lo que sí hemos constatado es que la iglesia mayoritaria en México no destaca por su promoción de la
modernidad. Quizá no sea culpa de sus voceros, pero los afanes censores, fundamentalistas y linchadores de buena parte de
la grey no pueden sino inquietar a quienes pretenden transformar ya sea el modelo de comunicación del Estado o
los contenidos, la organización y los fines de los medios en México, para responder a nuestras urgencias
económicas, educativas, de salud y de convivencia. Aun en el supuesto de que el gobierno católico estuviera dispuesto a
fomentar igualitariamente todos los credos, para que éstos convivieran conforme a derecho, el Estado más que nunca
debería fortalecer su laicismo y las instituciones consecuentes, debería dar un formidable impulso a la creación diversa
de la cultura, el arte, la ciencia y la técnica; debería, pero no existe un horizonte para esas intenciones.
¿Por qué se califica al gobierno como católico? El Presidente lo es, varios secretarios de Estado, gobernadores
y subordinados lo son, y norman su conducta y su discurso conforme a valores formales del catolicismo. El
partido en el poder pertenece a una organización internacional que se autodenomina cristiana (para entender el valor
de estos membretes recordemos las vicisitudes del demócrata y cristiano Bettino Craxi). Todo eso es legítimo. Lo
que parece una mala señal es que se aproveche la coyuntura para intentar un cambio en la definición del Estado, no
de contenido moderno y democrático, sino en un sentido que por fuerza contradice los insuficientes avances del
país en la materia. Cuando estemos seguros de que los ánimos inquisitoriales han pasado con los siglos,
entonces podremos creer con una confianza terrena que los valores religiosos no se oponen a la diversidad ni a la
creatividad, aunque seguramente la práctica política seguirá ofreciendo motivos para el desengaño.
Mientras tanto, los medios deberían ser mucho más que canales unidireccionales y doctrinarios. Pues en este ámbito de nuestra vida mental sí se usa la facultad de elegir; nuestra definición de los medios puede ser la de instrumentos para potenciar la reflexión informada y creativa sobre los asuntos de los diversos niveles de realidad, o simples tribunas elevadas para el pastoreo de conciencias.
¿Doctrina o comunicación?
