etcétera

Ante un Estado desertor, el primer sustituto social es la prensa

Fabio Ladetto

A partir de la década del 90 por los cambios políticos y sociales registrados en todo el mundo y en particular en el continente y en Argentina la evolución de la prensa y del periodismo se han visto caracterizadas por varios aspectos, uno de ellos es el social, puntualmente sobre la íntima relación (desproporcionada y hasta irracional) que une a la sociedad de nuestro país con los medios de comunicación.

En Argentina, especialmente en el último lustro, la prensa ocupa el primer o segundo lugar en todas las encuestas de credibilidad sobre las instituciones, principalmente en las realizadas por el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, alternando esos espacios con la Iglesia católica. En el último sondeo, de abril de 2001, esa proyección se mantiene: la Iglesia obtiene 45% de las opiniones positivas, seguida a un punto por la prensa.

Como señala el Centro, conducido por el sociólogo Rosendo Fraga, "la imagen positiva de los medios de comunicación aumenta entre los más jóvenes, y entre las personas de menor nivel educativo y socioeconómico, y el alejamiento de la política y del poder constituyen la hipótesis fundamental de este resultado. Los medios aparecen como una expresión de los reclamos de la sociedad. La opinión pública cree más en las denuncias de los medios como forma de combatir la corrupción que en el accionar de la justicia o las investigaciones del Congreso. No sólo los medios tienen mejor imagen ante la sociedad, sino que son percibidos como más eficaces que las instituciones políticas". Similares puntualizaciones se proyectan sobre el nivel de consenso que tiene la Iglesia.

Desde otro punto de vista ideológico al de Fraga, el periodista Carlos Gabetta¹ se preguntaba hace unos meses, al referirse a la posible aplicación tributaria del Impuesto al Valor Agregado a los medios de comunicación, "si esta medida no tiene asimismo intencionalidad política; si no apunta justamente a silenciar, mediante la quiebra y/o el chantaje económico, a una prensa que en el último cuarto de siglo y particularmente en la última década se ha convertido en el principal refugio de los ciudadanos ante el profundo descrédito y corrupción de los tres poderes del Estado, partidos políticos, sindicatos, corporaciones, fuerzas armadas y de seguridad, etcétera".

Estas conclusiones conllevan una señal de alarma. En Argentina, el gobierno de Carlos Menem (cuya calificación es harina de otro costal) produjo un trascendente cambio en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, como consecuencia de las transformaciones económicas y políticas. Uno de los aspectos más sensibles fue calificado acertadamente como la conformación de un Estado desertor (una inteligentísima definición), donde sólo está presente y con graves falencias en las principales e indelegables obligaciones, y abandonó los restantes roles que abarcaba, histórica y tradicionalmente.

En el imaginario colectivo, los espacios vacíos no existen. Si no son atendidos por el Estado como expresión de la comunidad organizada son necesariamente cubiertos por otros actores de la sociedad, que vienen a sustituir el olvido y las fallas de entes e instituciones públicas. Y en esa dinámica se produjo una transferencia directa de las responsabilidades del Estado a otros sectores. Uno de los destinatarios elegidos prioritariamente es la prensa, por un doble motivo:

1. Es considerada en el plano social como un factor de poder real, que representa el sentir común y defiende los intereses generales de la comunidad, sin estar afectado por intereses espurios.

2. La propia prensa asume con gusto esa responsabilidad, que le permite evolucionar en el consenso social y, por ende, optimizar el negocio periodístico y las ganancias empresariales, y desde esa posición de privilegio, en los últimos tiempos, avanzar sin trabas hacia otros negocios.

En esta instancia, se magnifica el riesgo potencial de una prensa absolutista, volcada a sus propios intereses y sólo sustentada en las reglas del libre comercio, cuyos artículos (en tono de mandatos, y olvidando sus obligaciones y responsabilidades) tengan más poder social que el ordenamiento normativo vigente. Con semejante poder en las manos, las tentaciones son superlativas.

A título de un simple ejemplo de los riesgos inmanentes, como una señal de lo que se repite en la mayoría de los distintos medios de Argentina (con más o menos transparencia), el diario La Gaceta de Tucumán (con 90 años de trayectoria) mantiene desde hace varios años un exitoso eslogan, que lo lleva como marca registrada y lo difunde como consigna irrenunciable: "Sí, es verdad, lo dice La Gaceta". Mostrado en anuncios espectaculares, repetido en publicidades radiales, visto en las pantallas de televisión, esa frase porta en su interior una afirmación temible. La verdad dejó de ser un valor en sí misma, un bien al que se aspira sin renuncias, y quedó limitada a su publicación o difusión en determinado medio de comunicación. Ahora la verdad no es tal si no es dicha por una empresa. Como broma, se afirma que nadie muere en Tucumán si no sale el aviso fúnebre con su nombre en el diario. Los vendedores callejeros son llamados "gaceteros".

Este criterio de la seducción ante un mensaje único e indiscutible se confirma con las mismas encuestas que analizábamos antes. La Iglesia católica, que compite con la prensa por el primer lugar de la consideración pública, mantiene a rajatabla el dogma de la palabra revelada, que no puede ser discutida. No es el espacio ni existe la intención de debatir sobre este concepto. Simplemente, señalar que en uno u otro caso el discurso es dogmatizado, sacralizado, sea religioso o periodístico.

Nadie puede cuestionar el eslogan de La Gaceta en términos de mercado. Pero, ¿qué le pasa a una sociedad que lo asume como propio? Como un simple dato, Tucumán fue gobernada entre 1995 y 1999 por el general retirado Antonio Bussi, acusado por la desaparición de más de tres mil ciudadanos durante la dictadura militar (fue gobernador de facto entre 1976 y 1977) y resultó beneficiado por las leyes de impunidad en Argentina. Bussi fue elegido por una votación democrática. Por supuesto que este militar devenido en político no fue un simple producto periodístico, pero es un mojón más del mismo inconsciente colectivo.

Todo lo que pasa en los medios de comunicación pasa en la sociedad; pero no todo lo que sucede en la sociedad pasa por los medios. Cuando el poder de decisión sobre la realidad, lo que se publica y lo que no, queda limitado a las opciones comerciales, empresariales y políticas de un determinado sector que atiende sus propios intereses en forma prioritaria lo que además es ejercido virtualmente sin contrapesos o controles se debe evaluar qué le ocurre a ese cuerpo social.

Como parte indisoluble de lo que nos pasa, no existen criterios de educación ciudadana para evitar las manipulaciones informativas o las campañas de prensa (políticas, empresariales o de otra índole). Los proyectos pedagógicos de utilización de la prensa, en especial la gráfica, se limitan a la capacitación docente para buscar y aprovechar las noticias publicadas, y tratarlas en el aula con el alumnado, en reemplazo de los libros de enseñanza. Pero no se estudian ni se enseñan masivamente las maneras de decodificar los discursos periodísticos.

En esta búsqueda de alternativas en capacitación y análisis, el trabajo de "educación para los medios" es sumamente esclarecedor. Dicha experiencia está coordinada por especialistas radicados en España, como el argentino Roberto Aparici, que forman parte del Proyecto Educativo Quirón; tienen corresponsales en todo el mundo. "La existencia de una opinión pública informada y expresada acerca de los problemas sociales tendrá una influencia decisiva en el modo como éstos se resuelvan. Constituye nuestra importante tarea ayudar a crear ese público informado. Este es una de las delgadas hebras de las que pende el futuro de la libertad de los medios de comunicación", afirma el pedagogo británico Len Masterman.²

Anular la capacidad de pensar, eliminar la crítica, y simplemente imponer la recepción de un mensaje periodístico como la verdad absoluta supone sumir a una comunidad en el máximo riesgo de inmovilidad y parálisis. Nuestra profesión se basa en la pregunta, en la investigación y en la duda como una constante, y traicionaríamos a nuestro origen si queremos imponer un único mensaje como valedero. Claro que esto puede ser un buen negocio, en términos comerciales, cuando por detrás se obtienen licitaciones de servicios públicos, cargos o candidaturas, beneficios tributarios, multiplicación de negocios y varias otras posibilidades de mejoras sensibles.³

Para consolidar los principios del todo vale y de la palabra sagrada se avanza en la afirmación falaz de que el periodismo es objetivo, una vieja estrategia para diferenciar al periodismo "serio" de la "prensa amarillista", popularizado en la década de los 30. Pero en estos tiempos, la calificación fue apropiada por los sectores más comprometidos desde el punto de vista ideológico para ponerse al margen (marginarse) de lo que ocurre en la sociedad y, desde esa posición de privilegio, emitir opiniones que sean indiscutibles.

"La estrategia de maximización de la audiencia provocó el desarrollo de una de las mayores creaciones literarias de la época: el llamado periodismo objetivo (...). El aspecto central del periodismo objetivo es lo que ha dado en llamarse la sacralización de los hechos: una reformulación brillante de los criterios de verdad científica al contexto del periodismo", afirma el sociólogo argentino Heriberto Muraro.⁴

Nuestro periodismo el único que conocemos y en la única manera de ejercerlo que sabemos es necesariamente subjetivo y personal, porque está imbuido de nuestros conocimientos previos, de nuestras experiencias, de nuestros gustos, de nuestros juicios y prejuicios, y de una innumerable lista de etcétera. Y obligadamente debe ser imparcial, como antónimo de la mentira, para el ejercicio serio, ético y responsable de nuestra labor.

Debe estar basado en los hechos, pero con la interpretación e impronta discutible que cada uno les imponga, y definitivamente alejado del engaño, de la falacia. Incluso, en estos términos, hasta el error humano debe ser permitido, porque está basado en la buena fe.

Este criterio se engarza en el concepto central de la legislación penal vigente en diversos países sobre la responsabilidad de los periodistas en la publicación de noticias equivocadas. El principio de la "real malicia", importado de la jurisprudencia anglosajona, invierte la carga de la prueba al que se siente afectado por calumnias e injurias, y lo obliga a demostrar que el periodista voluntariamente falseó determinada información para perjudicarlo.

Este principio está vigente en la normativa argentina por la incorporación de los tratados internacionales a la legislación de fondo, y su jerarquización a uno de los máximos escalones de la pirámide jurídica a partir de la reforma constitucional de 1994. Específicamente, está consagrado en la declaración de principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos.

De todas las deserciones que tuvo el Estado, la más preocupante es el abandono de la justicia, y su pérdida de respeto y de credibilidad (los más bajos de la historia) en el conjunto social. Abundar en las causas es entrar en otra ponencia, pero no se puede silenciar a la sensación de impunidad como un aspecto clave en el deterioro de imagen del Poder Judicial, desde los hechos históricos más graves como la aplicación sistemática del terrorismo de Estado hasta delitos comunes (aun cuando ciertas situaciones no son producto de acciones u omisiones de la justicia, sino consecuencia de los otros poderes del Estado).

La creación constitucional del Consejo de la Magistratura de la Nación, como una reacción institucional para recuperar el aura de independencia y de transparencia del Poder Judicial, aún no ha dado el resultado esperado.

También conspira para el reverdecimiento de la credibilidad la ausencia de oficinas de prensa en la justicia de las distintas provincias, como áreas que elaboren políticas comunicacionales tendientes a reencontrar a este poder con la ciudadanía.

La prensa jamás puede ocupar el espacio de la administración institucional de la justicia: condenar o absolver. No es una institución formal de la democracia, por más que sea una de sus partes integrantes más sensibles. La ausencia de contrapesos o de controles propios de la dinámica de los poderes lo ubican en un peligroso lugar privilegiado.