Por una nueva relación poder/medios/sociedad
Antonio Pasquali
I
La búsqueda de una menos injusta relación poder/medios/sociedad (con los "medios" ahí en el medio, de mediadores ni inocentes ni libres ni equidistantes) es de verdad crucial para el porvenir de nuestras sociedades llamadas "abiertas", de la democracia misma.
Dejemos las hermenéuticas disculpantes a quien quiera divertirse o distraernos; los medios son la cohetería cibernética de los poderes que los controlan; sus equilibrios o desequilibrios siempre segregan un bonus/malus social, un más o menos de democracia. ¡No exageren!, recomiendan los analistas políticamente correctos, los medios no tienen todo el poder político que les atribuyen. Cierto, no hay que exagerar, pero los poderes se los pelean a matar, nadie suelta ni un miligramo de poder mediático a nadie, y la circulación de los mensajes es libre sólo si fluye del poderoso al débil. La publicidad comercial, añaden, tampoco es omnipotente. También es verdad, pero el gasto publicitario mundial frisa ya la insolente cifra de mil millardos de dólares anuales. Los medios, y los nuevos entramados de relaciones que han creado, son ahora universalmente inherentes a nuestra polis. Luego, la manera fuerte, útil e inteligente de pensar medios se llama política, un aserto que nadie de buena fe pudiera desechar. Enunciemos una profecía fácil: de seguir las cosas por el camino que van, con democracias confiscadas por minorías organizadas cometiendo atropellantes abusos de posición dominante en comunicaciones, llegaremos pronto a un límite de ruptura tras el cual la democracia, violada y desfigurada, comenzará a parir dictaduras plutocráticas soft, nacionales y supranacionales, basadas en manipulaciones científicas del consenso y en controles globales de los medios. Las guerras siempre añaden un turbo a los motores ordinarios de la comunicación, y el modelo de guerra recién inventado está prefigurando ese no deseable porvenir, agravado por un espionaje capilar de la mensajería, otrora impensable, y una autoinmunización de poderes y medios contra las reacciones de la sociedad. Los grandes de la Tierra, en efecto, han aprendido a mentirle a la humanidad con una sinvergüencería sin par, porque sus laboratorios estratégicos los han inmunizado de otros posibles Watergate (aunque la última palabra moral siempre la tienen las sociedades).
No cometo adulación si digo que un Poder Legislativo como el invitante, que busca "reglas para una
relación democrática de los medios, la sociedad y el Estado", merece un aplauso. Otros también deberían hacerlo y
ni lo piensan. El hecho de que una iniciativa así se origine en un país intermedio, con un específico pasado
en comunicaciones, es hasta de buen agüero, porque muchas reformas de peso han venido históricamente de
las periferias. Hace dos mil años, pongamos por caso, un minúsculo movimiento religioso brotado en una
oscura y pobre provincia terminó transfigurando el imperio más grande de la Tierra.
Se nos pide formular reglas para una mejor relación poder/medios/sociedad, un término que me
permito interpretar como norma, regla del juego y a la vez regula, esto es, buena conducción, cartesianamente,
del pensar. Mi breve contribución a esta tarea coral consistirá en añadir una sugerencia metodológica, una
propuesta política y una advertencia presupuestaria.
II
La sugerencia
metodológica. Alrededor de los medios, Internet inclusive, siguen agolpándose
formidables intereses ideológicos, económicos y militares. La llamada "ley de Pareto" (la que afirma que 80% de
las riquezas tiende a acumularse en un 20% de privilegiados) tiene en la infocomunicación de hoy, más
concentrada que nunca, su más exitoso ejemplo. En los 20 años que siguieron al entierro oficial de NOEI y NOMIC,
el pluralismo no ha hecho más que perder terreno.
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Foto: Mario Aldana Pimentel |
Ante esta penumbra de gatos pardos, con ofertas de "más comunicación" que sólo buscan más mercado
y mejor persuasión, es de fundamental importancia disponer de eficientes reflectores: por ejemplo, rescatar
y precisar dos viejas categorías interpretativas del comunicar, objeto de confusiones y manipulaciones a más
no poder, las de acceso y participación.
Limitemos el uso del término acceso a la capacidad de recibir mensajes (con todo lo que ello comporta
de poder de decodificación, apertura a todas las fuentes y libertad de escoger), y el uso del término
participación a la capacidad de producir y emitir mensajes (que incluye básicamente destrezas en codificación y
discurso, control y uso de la tecnología productora y vectora).
Al subdividir la problemática de la comunicación en cuestiones de acceso por un lado y de participación
por el otro, muchos aspectos confusos por mal planteados se aclaran. Analícese con ese criterio la
oferta comunicacional de hoy: en la inmensa mayoría de los casos, es una oferta de más y más a veces con un
make up de interactividad ficticia sin contrapartidas participativas ni nada que tienda al fortalecimiento de
nuestra capacidad de generar y emitir mensajes.
Una de las víctimas más ilustres de tal indefinición terminológica es el derecho a la información del que
tanto se habla, escribe y legisla. Un gran país asiático figura entre los que recientemente aprobaron una Ley
sobre Derecho a la Información en que tal derecho sólo es definido y tipificado como libertad de acceso a las
fuentes informativas, básicamente gubernamentales, sin la más mínima referencia al reverso de la moneda: el
derecho ciudadano de producir y emitir informaciones y contrainformaciones, directamente o por institución
interpuesta.
Si también releemos con esta distinción en la mente el enunciado de nuestra mesa: "Reglas para una
relación democrática de los medios, la sociedad y el Estado", una clara respuesta salta a la vista: genuina
democratización de la relación comunicacional (que como tal es biunívoca y recíproca) no es aquella que se limita
a asegurar más y mejor acceso a fuentes informativas preestablecidas, sino la que tras constatar la
existencia de un importante déficit de participación social en la conducción activa de los sistemas mediáticos tiende
a asegurar a los diferentes estamentos de una sociedad más capacidad de producción y emisión de mensajes.
Formulemos así nuestra sugerencia metodológica: para asegurar a una sociedad una más
democrática relacionalidad comunicacional, se requiere pensar dicha relación en 70% cuando más bajo el ángulo del
acceso, y en 30% cuando menos bajo el ángulo de la participación.
III
La propuesta
política. Nuestra proposición política deriva de la anterior sugerencia metodológica, en
busca de alguna regla o principio para democratizar la relación poder/medios/sociedad.
Su premisa general, como vimos, es que dicha democratización se juega esencialmente en el terreno de
la participación y subsidiariamente en el del acceso, lo que ya es poner cabeza arriba un problema que
lleva demasiado tiempo cabeza abajo por obra de poderosos intereses creados.
Volvamos tozudamente a nuestro enunciado: el problema de una mejor relación democrática entre
poderes, medios y sociedad tiene su principal solución en una mayor participación ciudadana, pero entendiéndola
como habilitación del ciudadano, el grupo y la nación a ejercer, en forma directa o vicarial, algún rol de
productor y emisor de mensajes. A lo cual debe añadirse una precisión: durante el ejercicio práctico de buscar
participación debe pensarse simultáneamente en todos los procesos, métodos y canales comunicativos a nuestra
disposición, y no solamente en televisión.
En las modernas sociedades, obligadas por motivos de racionalidad social y complejidad de los medios
a extremar la subdivisión del trabajo ¿qué puede significar, en lo concreto, garantizar poder de emisión
al ciudadano? Demos un rápido paseo por las principales y más realistas alternativas posibles:
1. Los medios impresos: mucho han hecho ya las sociedades democráticas para que estamentos,
comunidades y minorías dispongan de impresos propios, y mucho más queda por hacer. La batalla a ganar es que
las ayudas al impreso comunitario no se acompañen de servidumbres políticas o económicas;
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Foto: Mario Palacios
Luna |
2. La información noticiosa: recordemos: a) que en un universo comunicacional en que casi todo ha
quedado felizmente desmonopolizado, sobreviven dos feroces manadas de
tyrannosaurius horribilis, devoradoras de todo pluralismo, que son las cuatro grandes agencias de noticias y las tres grandes agencias musicales
del mundo, cuya dictadura global
delenda
est, y b) que somos la única región desprovista de una agencia de
noticias que informe al resto del mundo. México, Brasil, China, India, Egipto ¿no pudieran propiciar la creación
de alguna grande y respetada South News Agency?
3. Las telecomunicaciones: falta un trecho muy largo para asegurar carácter de verdaderos servicios
universales a la telefonía y a Internet, que representan la tecnología más democrática de que disponemos para
facilitar el diálogo y la circulación de una información, espiada, pero aún libre. Algo a no olvidar nunca: teléfono
e Internet son hoy el bastión más eficaz de una democracia realmente participativa son los únicos dos
vectores de alcance universal que nos permiten ser emisores de mensajes y esa batalla por la universalidad del
servicio debe imperativamente ganarse, pese a las enormes rémoras tarifarias no previstas pero impuestas por
un mercado que está recuperando con excesiva rapidez los centenares de millardos perdidos en la burbuja
especulativa de 2000.
4. El cine y demás audiovisuales: son parte esencial de la famosa excepción cultural por la que varios
países luchan. El pluralismo y la participación han perdido aquí demasiado terreno. Hay quienes aseguran que
mientras Hollywood siga produciendo películas a un costo promedio de 58 millones de dólares, y todos los demás a
un costo máximo de cuatro, el audiovisual del resto del mundo seguirá perdiendo mercados. Este es un
capítulo de los más complejos, pero esencial; ninguna sociedad debiera perder la visión eidética de sí misma, para sí
y para los demás, y aceptar ser vista únicamente por otros.
5. La radio y la televisión: son los dos medios que más han facilitado la concentración del poder emisor y
por eso los más antiparticipativos, aquellos que más matrimonios de interés gobiernos/medios han suscrito,
en ocasiones mafiosos, a espalda y contra sus respectivas sociedades, pese a que las frecuencias radioeléctricas
que explotan, ¡cruel paradoja!, son un bien social.
Es pues en radiotelevisión donde nuestras sociedades democráticas deben concentrar sus mejores
esfuerzos participativos. Una transparente declaración de
fair play se impone aquí. Esos esfuerzos participativos
no deberán incluir retaliaciones, hiper reglamentaciones u hostigamientos de ninguna naturaleza contra
la radiotelevisión privada. Ella monopolizó el espectro, ella lo hizo social y culturalmente muy mal, pero ella
debe sobrevivir y hasta prosperar porque sin ella tampoco habría democracia. Con una generosidad que ella no
tuvo con nadie, nosotros hemos de concebir nuestra operación participativa como una añadidura de
espacios democráticos a los ya existenes, como un sumar y no como un restar o un sustituir.
Múltiples sugerencias más o menos realistas sobre cómo lograr un aumento de la participación social
en radiotelevisión han sido formuladas. El listado que sigue, seguramente incompleto y tal vez no del agrado
de todos, condensa casi medio siglo de reflexiones y experiencias de campo:
A. Tras decenios de repetidos, inútiles y frustrados intentos, en Latinoamérica debiéramos abandonar
definitivamente la idea de obtener de los grandes concesionarios privados por vía legal, consensual o
deontológica una programación de mejor calidad, más libre y menos atada a específicos intereses políticos y
económicos, socialmente más útil, menos homogeneizadora, más atenta al hecho cultural, de coberturas totales y
más francamente participativa.
Descartando igualmente otros escenarios sin porvenir, los dos instrumentos-príncipe que nos quedan
para dar paso a una radiotelevisión más democrática y participativa son:
a) la micro-radiotelevisión comunitaria, de proximidad por un lado, y
b) los grandes servicios radiotelevisivos públicos nacionales, SP, radicalmente desgubernamentalizados,
con authority independiente, por el otro.
Los SP, específicamente, son una vieja y nunca saldada deuda de los poderes públicos de la región con
sus respectivas sociedades.
B. La primera, más importante y tangible demostración de que realmente se busca más participación
democrática será una renovada mentalidad del Legislativo en materia de financiamiento de los servicios
comunitarios y públicos, que deje definitivamente atrás su enanismo
actual. Descartado en Latinoamérica, por falta de
hábito, un financiamiento a la europea, por vía de un canon, y una vez convencidos nuestros políticos y
legisladores de la necesidad de añadir uno y hasta dos ceros a sus cálculos tradicionales en la materia, las grandes
sumas requeridas para los SP no podrán sino provenir de fuentes diversas, de las que citaremos:
1) un porcentaje ponderado sobre las ganancias de quienes lucran privadamente con las frecuencias públicas,
2) una tasa aplicable a la publicidad comercial en general,
3) la publicidad emitida por las propias emisoras públicas, limitada por ley para evitar una competencia
desleal con la radiotelevisión privada,
4) un impuesto una
tantum a los aparatos receptores, y
5) aportes minoritarios directos, a fondo perdido, de dependencias públicas.
C. Un voluntarismo participativo no retórico debe manifestar una equivalente voluntad de innovación
jurídico-institucional. A la sociedad civil usuaria, libremente organizada en asociaciones de radiotelevidentes
que expresen los diferentes matices sociales, debe garantizársele:
1) la plena e independiente conducción de la radiotelevisión comunitaria, sin otros límites que los de la ley;
2) voz y voto en todos los organismos decisorios de los servicios públicos nacionales de radiotelevisión, y
3) voz y voto en todos los organismos supervisores públicos de la radiotelevisión en concesión a privados.
D. La voluntad participativa debe simultáneamente expresarse, en los grandes servicios
radiotelevisivos publicos, a nivel programático y de producción. Lo idealóptimo en este campo es que, sin menoscabo de
una libre circulación internacional de mensajes, todos los talentos nacionales de todos los niveles,
científicos, humanísticos, experimentales y populares, participen con carácter prioritario en la producción y emisión
de mensajes del servicio público.
Hay pues caminos realistas, muchos exitosamente recorridos en otras latitudes, al fortalecimiento de
la participación.
Resumamos: fomentar el impreso comunitario; asegurar a telefonía e Internet un carácter de
servicios universales; crear o revivir las industrias nacionales del audiovisual; fortalecer una radiotelevisión de
proximidad sin imposiciones políticas o económicas; crear grandes servicios públicos de radiotelevisión de
cobertura nacional financiados por el uso lucrativo de las frecuencia en concesión, la publicidad, los impuestos y
los aportes públicos; garantizar a la sociedad una presencia decisoria en organismos de supervisión y
conducción de la radiotelevisión; poner a trabajar para la radiotelevisión pública todo el talento nacional sin
discriminaciones, creando sinergias con la industria del audiovisual Cuanto basta y sobra para abordar el diseño
de concretas políticas, planes y programas de democratización de la comunicación.
IV
La advertencia
presupuestaria. De Washington a Buenos Aires, de México a Venezuela, de Brasilia a
San José, numerosos han sido los intentos continentales de crear servicios radio-televisivos públicos, SP o PBS
como quieran llamarse. Ninguno de ellos llegó a adulto, grande, independiente y buen mozo. La gran mayoría
de los nacidos vivos terminó al servicio del gobierno en turno, y a todos se les recortó el oxígeno
presupuestario o se les impidió autofinanciarse con publicidad. Bastaría comparar, país por país, los ingresos del
sistema radiotelevisivo comercial con los del público, cuando lo hay.
Nuestra advertencia final es para legisladores y políticos: asegurar más democracia en comunicaciones, o expandir en ellas la participación social, requiere, como ya dijimos, un importante salto cuantitativo en las rutinas presupuestarias nacionales, cuya magnitud se comienza ahora a ponderar. ¿Se han paseado ustedes, respetados legisladores, por el hecho de que los grandes servicios públicos europeos manejan presupuestos anuales del orden de los cuatro mil millones de dólares? ¿Cuánto creen ustedes que un Estado moderno y éticamente justo debe invertir en ese Ministerio de Educación-bis o de Educación Permanente que son la radiotelevisión, el cine y demás medios? Un análisis comparativo que acabo de publicar en México (etcétera, núm. 43, mayo 2004) muestra por ejemplo que los mejores y más eficientes servicios radiotelevisivos públicos del mundo (los cuales, de paso, han sobrevivido holgadamente a la arremetida de la liberalización) manejan presupuestos anuales equivalentes a más de un tercio del gasto en educación superior del respectivo país (exactamente 36.25%), contra un 0.50% (unas 70 veces menos) en países latinoamericanos, lo que corresponde, pongamos, a un gasto anual de casi 95 dólares por habitante en Inglaterra y de 0.55 dólares en Venezuela. El resultado, aberrante, es que muchos países latinoamericanos seguimos siendo primer mundo por gasto educativo (ya que invertimos en educación una porción del PIB similar a la de las grandes potencias) pero somos la cola del tercer mundo en comunicaciones sociales públicas y participativas. ¿No consideran ustedes que es hora de dar ese paso a la modernidad?
Septiembre 2008
Septiembre 2008
El paso a la modernidad
