(Segunda y última parte)

 Nicola Tranfaglia

Es interesante evidenciar algunos ejemplos de las técnicas utilizadas durante el gobierno Berlusconi para omitir noticias que no le agradan al jefe de la Casa de las Libertades y para presentarlas parcialmente a los lectores, ya sea con el objetivo de ocultar en parte su significado, o resaltar algunos aspectos positivos de quién controla la información.

Estos ejemplos muestran algunas reglas implícitas de las cuales podría surgir un manual para distribuir entre los operadores de los medios con la finalidad de evitar que sean presionados por los propietarios/editores de los medios o por parte de quien controla el poder político en un determinado momento.

Comencemos con la historia del "agujero" presupuestal. El 26 de junio de 2001 el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio (que en los cinco años de gobierno del centro-izquierda se había mantenido en una posición de relativa neutralidad al punto de que alguien, particularmente desconsiderado, lo había propuesto como candidato de la coalición de centro-izquierda para las elecciones políticas), declaró a la televisión y a los periódicos que había un déficit público de aproximadamente cincuenta mil miliardi (miles de millones) de liras. Sin embargo, el 11 de julio, durante el TG1, el ministro de Economía, Gulio Tremonti, en una larga entrevista concedida a la televisión pública, anunció que el déficit llegaba a los 60 mil miliardi (miles de millones) de liras.

Muchos esperamos en vano que ­en algún canal de televisión o alguno de los grandes periódicos­ alguien reclamara los datos públicos reales que habrían permitido aclarar las verdaderas cifras (que, durante la presentación de la Ley de Presupuesto de Egresos, llegarían a estar por debajo de los 20 mil miliardi de liras). La espera fue inútil: ni en ésa ni otras entrevistas al ministro de Economía los periodistas mostraron tener interés por realizar un periodismo de investigación (al estilo anglosajón), tampoco los artículos que se publicaron sobre el tema expresaron la misma mínima duda sobre dichos cálculos.

Lo interesante fue cuando, poco a poco, las cifras del "agujero" se fueron desinflando y, durante la discusión del presupuesto de egresos, ninguno de los cotidianos de mayor difusión y autoridad moral reparó en la ligereza con la que las autoridades públicas más importantes en la materia, el ministro de Economía y el gobernador del Banco de Italia, habían difundido el pánico entre los italianos, anunciando inevitables sacrificios económicos provocados, según se dijo, por el gobierno de centro-izquierda que acababa de dejar el poder. Unicamente recuerdo un editorial de Eugenio Scalfari en La Repubblica en el cual, después de la victoria del centro-derecha, adoptó una posición crítica abierta y sólida en contra de las decisiones del nuevo gobierno. Pero es posible afirmar que Scalfari, ex director de dicho periódico, se quedó prácticamente solo en tan difícil tarea.

Otro ejemplo significativo se refiere a los enfrentamientos entre el 20 y el 22 de julio, durante la reunión del G-8, en Génova. No me refiero a las crónicas periodísticas de aquellos días que, aun cuando ofrecieron numerosos testimonios difundidos por la televisión e, incluso, publicados en libros, también limitaron información y manipularon algunas noticias. Tampoco me detengo en la extraña actitud de la RAI que, en un primer momento, anunció que proyectaría algunos videos de manifestaciones durante el G-8 y, después, anuló su decisión sin dar ninguna explicación. Prefiero centrar mi atención en un episodio preciso, consistente en la denuncia que presentó el ministro del Interior, Scajola, bajo fuertes presiones de la opinión pública y de la oposición, en contra de algunos dirigentes de la policía del Estado presentes en Génova: el 2 de agosto fueron separados de sus cargos el jefe de la lucha antiterrorismo, Arnaldo La Barbera, el subjefe de la policía, Ansoino Andreassi, y el procurador de Génova, Francesco Colucci. Periódicos y televisoras difundieron ampliamente la noticia y comentaron hasta el cansancio la energía con la que el gobierno había enfrentado el tema.

Foto: Newsweek

Meses después, en noviembre del año pasado, La Barbera y Andreassi fueron distinguidos con nuevas responsabilidades de igual prestigio e importancia a los que habían dejado a raíz de los acontecimientos del G-8. En esta ocasión la noticia se difundió, tanto en los periódicos como en la televisión, como si los funcionarios no tuvieran antecedentes y como si no se tratara de las mismas personas que fueron separadas de sus cargos a raíz de lo sucedido en Génova. También en este caso no hubo nadie, ni en la pantalla ni en la prensa escrita, que pusiera en evidencia las contradicciones en la actuación del gobierno que, desde el inicio, mantuvo en sus cargos, no sabemos por cuáles motivos, a algunos de los responsables de los excesos policiales y, entre ellos, al máximo responsable de toda la operación, el prefecto De Gennaro.

El tercer ejemplo es el que se refiere al conflicto de intereses. El 25 de mayo de 2001, Giovanni Sartori escribió un editorial en el Corriere della Sera donde afirmaba que la única solución aceptable era que Berlusconi vendiera sus empresas y, en particular, sus televisoras. En respuesta, el ministro de la Función Pública, Franco Frattini, olvidándose de su calidad de jurista, declaró que Berlusconi fue electo por la mayoría de los italianos por lo que el conflicto de intereses era un problema secundario que, por si fuera poco, el propio Cavaliere (como también se le conoce a Berlusconi) había prometido que, en los primeros cien días de su gobierno, solucionaría con la aprobación de una ley en la materia. Los cien días pasaron, han pasado más, y el conflicto de intereses permanece ahí, con toda su enormidad antidemocrática.