Ocho de cada diez ciudadanos se
informa a través de la televisión
José Woldenberg
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Foto: Memoria gráfica de la democracia/IFE |
Parto de una premisa general sobre el tema: si se revisan con cuidado las asignaturas pendientes de México
en términos del desarrollo político y convivencia civilizada, de las posibilidades y los prerrequisitos para la
consolidación de la democracia, advertiremos la relevancia que hoy tiene la reflexión sobre la cultura política y las
prácticas ciudadanas.
Por supuesto, no hay reflexión ni debate que puedan llegar a ser productivos si no se dan a partir de
diagnósticos precisos, abarcadores, complejos, como los que estoy seguro que han puesto en nuestras manos las dos
encuestas sobre ciudadanía y cultura democrática que han realizado tanto la Dirección Ejecutiva de Capacitación y
Educación Cívica del Instituto Federal Electoral como la Secretaría de
Gobernación.1
La información reunida en las encuestas constituye una valiosa aportación para comprender las fortalezas y
las debilidades de nuestro espacio democrático. Los investigadores, los comunicadores y los políticos, desde
luego, podrán ajustar sus visiones dejando a un lado impresionismos y prejuicios: las encuestas nos ofrecen un
extraordinario material para conocer mejor a los ciudadanos mexicanos, atendiendo a valiosos indicadores y correspondencias
que no se habían registrado con anterioridad.
Conocer con exactitud qué piensan los ciudadanos sobre su entorno político requiere rastrear tan lejos como
sea posible en las concepciones y los valores que los impulsan o no a participar en los asuntos públicos. En
definitiva, el buen funcionamiento del régimen democrático reclama un replanteamiento de "La Política", así con
mayúsculas, y naturalmente la formación de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la sociedad. Dicho de otro
modo, la democracia plantea la centralidad de la política como una actividad eminentemente ciudadana y no como
una responsabilidad exclusiva y excluyente de una minoría que se asume como "representante del pueblo". Eso
significa, en primer lugar, que el ciudadano se reconozca como tal, es decir como el sujeto de la política y no como el
objeto pasivo de los funcionarios gubernamentales. La formación de la ciudadanía que acompaña necesariamente a
las transformaciones democráticas es un proceso complejo que abarca a la sociedad en su conjunto, pues
depende y se retroalimenta de la presencia de ciertos requisitos objetivos y subjetivos que no siempre logran conjuntarse
al mismo tiempo.
La profunda transformación política de México de los últimos años nos informa por sí misma de un
verdadero proceso de renovación de la cultura política y de creación de ciudadanía, no exento sin embargo de
complejidades y contradicciones, pues no hubiera sido posible desmontar las viejas estructuras autoritarias sin vencer al
mismo tiempo la cultura de la desconfianza que acompañaba a los procesos políticos en general y a los electorales
en particular. Combatir el fraude electoral, por ejemplo, o al menos la concepción bastante generalizada de que
no había honestidad ni transparencia en el juego político, y arraigar en cambio la idea de que el voto es el mejor
camino para transformar el mapa de la representación política fue un ejercicio de legalidad, sin duda, así como de
tolerancia entre los distintos actores de la transición. Aceptar los derechos de los que piensan de otro modo es el primer
paso para construir una cultura política democrática. Ciertamente, reivindicar la posibilidad de hacer política a partir
de valores y principios no excluyentes universalmente reconocidos, supuso un esfuerzo para comenzar a
quebrar inercias institucionales, vencer particularismos y conductas que se tenían como inamovibles o idiosincráticas. De
ese modo, las reformas que rigieron los cambios democráticos fueron hallando apoyo en un destacable
esfuerzo intelectual y ético que ha contribuido a cambiar sensibilidades y expectativas, a ir creando un clima de
opinión favorable para renovar la cultura política que había estado profundamente arraigada en el país.
La instalación y consolidación de un sistema democrático parece exigir un aprendizaje permanente de los
valores de la participación y la estabilidad, de la pluralidad y la paz, del ejercicio de los derechos y la legalidad, del
despliegue de los intereses propios y la autolimitación, de la contienda y la cooperación y de la tolerancia. Un aprendizaje
que lleva a reconocer derechos y obligaciones recíprocos, a asumir el valor de la pluralidad y la diversidad, y a
renunciar a dogmas y maniqueismos políticos. Un aprendizaje, además, que conduce a la formación de partidos y
tendencias políticas conscientes de los alcances y las limitaciones de la competencia propiamente democrática, en la que
nadie puede colocarse por encima de la legalidad, en la que nadie puede pretender tener privilegios contra la
mayoría, en la que, incluso, las mayorías eventuales han de asumirse siempre como parte y no como todo, y en la que,
por consiguiente, deben respetarse plenamente los derechos de las minorías, incluido su derecho a volverse
mayoría.2
La paulatina adhesión a los valores del respeto y la tolerancia, hizo posible que las disputas políticas que
parecían más irreconciliables comenzaran a plantearse no ya en la lógica del autoritarismo, en términos de todo o nada,
como una lucha a muerte donde al final subsiste un solo vencedor, sino como una contienda civilizada en la cual cada
una de las partes mantiene y conserva los mismos derechos aun si al final los resultados no le favorecen. Esta
actitud, esta valoración de la contienda política dentro de un marco institucional y pacífico, donde las derrotas y las
victorias son temporales y no definitivas, en la que ninguna fuerza puede ganar todos los espacios de poder y
representación de una vez y para siempre, ha ido extendiéndose de manera paulatina pero sistemática entre el grueso de los
actores políticos en México.
Poco a poco, a medida que se profundizaba la transición, fue ganado terreno la tolerancia,
ejemplarmente expresada por el jurista español Tomás y Valiente al decir: "Así concebida, como respeto recíproco entre
hombres iguales en derechos y libertades, pero que no se gustan, bienvenida sea esta forma de tolerancia". Y en efecto,
los contrarios se reconocieron como tales, aceptando que en materia electoral es tan importante saber ganar
como reconocer las propias derrotas.
Valió la pena seguir ese camino, pues ahora la sociedad mexicana, la ciudadanía que puntualmente acude a
las urnas tiene una mayor conciencia de su propia diversidad y va haciéndose más tolerante y respetuosa de
las diferencias. Me atrevo a decir que una de las mayores adquisiciones de la nueva cultura democrática es la
creciente aceptación del pluralismo más allá de las instituciones políticas, en la ideología y en la moral, como se
demuestra con la emergencia en años recientes de innumerables organizaciones civiles de todo tipo y, de manera
sustantiva, con la apertura de los medios de comunicación a las más diversas voces y opiniones en un ejercicio amplio de
la libertad de prensa.
Como resultado, hoy tenemos mexicanos que ya no encarnan las actitudes pasivas o autoritarias de otras
épocas, que se han vuelto expertos en el uso de su voto, cada vez más familiarizados con su derecho a la elección y
sanción de gobernantes, que cada vez conocen y ejercen de forma más amplia sus derechos civiles y políticos. No se
trata de cien, ni de mil, sino de millones de personas dispuestas a influir en la marcha del país pero que, para
hacerlo, requieren afinar sus capacidades de intervención en la esfera pública.
Para decirlo en breve: la transformación sustancial de las relaciones políticas y el cambio en la naturaleza del
poder descansa ahora en la decisión soberana de decenas de millones de ciudadanos, lo cual implica un cambio
cultural de enormes dimensiones pues representa la paulatina sustitución de la vieja cultura política por otra que ya
empieza a ser democrática, aun cuando en este punto queden importantes cosas por hacer.
No obstante, no podemos quedarnos en la celebración de las tareas políticas que México ha cumplido,
sin reconocer e incorporar a la agenda actual los desafíos que ya se vislumbran. Las encuestas que son el
insumo fundamental de este coloquio, no dejan lugar a dudas ni permiten echar las campanas al vuelo en lo que se
refiere a la necesidad de asentar y en algunos casos de sembrar los valores, los conocimientos y las prácticas de la
cultura política democrática.
Si además pensamos en la democracia como "forma de vida" que se aprende en la familia, en la escuela, en
las organizaciones sociales de toda índole, en los medios o sencillamente por el "efecto demostración" de
quienes, partidos o individuos, asumen responsabilidades públicas, es obligado admitir que sigue abierta, al menos en
las condiciones mexicanas, una extensa agenda relacionada con diferentes aspectos de la formación y el
fortalecimiento de la "cultura cívica", para hacer del respeto a la ley y la tolerancia una suerte de segunda naturaleza de
cada ciudadano.
La primera llamada de atención que arrojan las encuestas es que la política resulta ajena para la mayoría de
los mexicanos. Esto es, siete de cada diez personas, de acuerdo con la encuesta de la Secretaría de Gobernación,
no habló en la semana previa a la entrevista de política con personas que no son de su familia. La misma fuente
señala que 44% de la población no habla de política, y que cuando se conversa de política apenas una de cada
cinco personas generalmente participa y da su opinión, pero también una de cada cinco personas deja de poner
atención cuando comienza una discusión política.
Los datos que nos brinda la encuesta del IFE son complementarios y coincidentes: 70% de los ciudadanos no
tuvo la experiencia de hablar de política en su hogar cuando eran niños y en la actualidad 41%, dos de cada
cinco personas, continúan sin hablar de política en casa. A la pregunta de qué tanto se interesa por la política, 21%,
uno de cada cinco dice que "mucho", 48% que "poco" y 17% declara que "nada".
El asunto se revela como preocupante porque no hay democracia que se sostenga con firmeza sin una
base ciudadana bien enterada de "la cosa pública", entendida ésta como el estado actual de la vida política de
la sociedad, sus instituciones, su funcionamiento, sus actores, los grandes problemas comunes que se presentan,
las discusión de las distintas propuestas y alternativas para enfrentarlos.
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Foto: México en campaña |
Como lo recuerda Norberto Bobbio, desde la antigüedad clásica, la democracia se caracterizó por ser
aquella forma de gobierno en la cual "el poder se ejerce en público", que significa que la toma de las decisiones
colectivas pasa por la discusión entre el conjunto de ciudadanos que integran la comunidad política. No obstante,
esa intervención de los ciudadanos en el proceso de decisión política democrática nunca fue concebido como
un fenómeno meramente pasivo y desinteresado, sino como una participación activa, consciente y comprometida.
Ya Pericles, al definir y defender la democracia ateniense, indicaba que "el cuidado de los intereses públicos
procede para nosotros de manera simultánea con la actividad política, e incluso si cada uno está dedicado a
ocupaciones diversas, logramos mantener un adecuado conocimiento de las cosas públicas".
Más de 20 siglos después, Alexis de Tocqueville, al estudiar el funcionamiento de la democracia
estadounidense, constató el hecho de que la participación política del pueblo en las elecciones podía considerarse como
una verdadera "escuela de la democracia". Que los individuos voten recurrentemente y que con ello participen en
la elección de quienes decidirán por ellos, pensaba Tocqueville, implica que estén continuamente enterados de
los problemas relativos a la vida en común, más allá de sus intereses meramente privados.
Michelangelo Bovero llama "precondiciones de la democracia" a un conjunto de características que si bien
no son definitorias del carácter democrático de un sistema político determinado, sí son elementos indispensables para determinar un óptimo funcionamiento de la democracia. En ese sentido, una adecuada cultura de la
ciudadanía constituye una de las precondiciones de la democracia que para un cabal funcionamiento requiere de actores
que conozcan los problemas y las carencias de su sociedad; que reflexionen y opinen sobre ellas; estén enterados
del funcionamiento y de las atribuciones de sus instituciones; en suma, que participen. Sin estas precondiciones
la democracia corre el riesgo de convertirse en algo vacío, en un mero mecanismo a través del cual los
individuos manifiestan sus preferencias privadas, sin que medie contraste, valoración ni discusión alguna. La cultura
política de un pueblo no determina, en consecuencia, la existencia o no de una democracia, pero sí su calidad.
La distancia de los ciudadanos frente a la política en nuestro caso, lleva de la mano un precario conocimiento
acerca de los derechos de los mexicanos establecidos en la Constitución: 60%, nos dice la encuesta de la Secretaría
de Gobernación, conoce poco acerca de esos derechos y 35% no conoce nada. En total, 95% de las
personas encuestadas dijo conocer poco o nada sus derechos constitucionales. Asimismo, sólo 40% de la población
identificó que es el Congreso de la Unión el que tiene la facultad de reformas a la Carta Magna, pero la segunda
respuesta más frecuente, con 29% de casos, identificó la atribución de cambios constitucionales en el Presidente, quien
no la tiene.
Los ciudadanos que acostumbran seguir noticias sobre política de forma sistemática son 45%, de acuerdo
con la encuesta del IFE, y de ellos 74% lo hace a través de la televisión. Casi lo mismo encontró el estudio de la
Secretaría de Gobernación, donde ocho de cada diez encuestados dijo informarse a través de la televisión y sólo dos de
cada diez declararon hacerlo a través de periódicos.
Sin duda, una vez más constatamos que no hay un sólo fenómeno social ni político relevante que pueda
ser interpretado prescindiendo del papel de los medios de comunicación. Cómo sabemos, los medios son algo más
que el espejo del debate, porque lo modulan: su trabajo diario se ha convertido en la respiración misma de toda la
vida pública. Creo que no exagero si afirmo que en los días que corren el espíritu de la época, el sentido común
del momento, se fija y se construye en y a través de los medios de comunicación. Los
mass media influyen en la agenda de temas y de preocupaciones de la política y los partidos, pero también y quizá en mayor medida en la
educación cívica, en la cultura de la ciudadanía que finalmente encarna o no los valores que hacen posible la
reproducción de la democracia.
Así, los medios condicionan, con su atención, las reglas implícitas y la calidad de la convivencia de las
sociedades: si reproducen un solo discurso totalizador, será más difícil que la sociedad se reconozca en la diversidad y será
más refractaria hacia quienes no le son idénticos; si se premian los códigos guerreros y se ensalzan los hechos
violentos, la tolerancia y el respeto tendrán un terreno menos fértil en el cual asentarse; si los medios resaltan el morbo y
la falta de respeto a la vida privada, se está transmitiendo un código de vulneración de los derechos individuales;
si priman la difusión de filtraciones y especulaciones, restan campo a una impartición imparcial y plenamente
apegada a derecho de la justicia. Si, por otro lado, los medios son permeables en sus contenidos a la coexistencia de
la diversidad, estarán contribuyendo a un clima propicio para el aprendizaje y el ejercicio de la tolerancia; si
promueven la difusión de discusiones respetuosas, documentadas, elevaran la calidad del debate público; si frente a los
problemas del país los medios generan información objetiva, investigación seria, estarán contribuyendo a visualizar
esos problemas y a resolverlos. Con estos ejemplos quiero destacar que la línea editorial, de programación e
informativa de los medios finalmente refleja un compromiso público que en términos latos debe considerarse como
"político" aunque se trate de una posición particular y deliberadamente no partidista.
Por ello, si compartimos que la influencia de la comunicación masiva es determinante en la calidad de la
convivencia política, no puede escapar a nuestros análisis el comportamiento de los medios.
Ahora bien, yendo a la legitimidad de la democracia como sistema político, seis de cada diez mexicanos, nos
dice la encuesta de Gobernación, prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno; tres de cada diez
consideran que da igual un régimen democrático que uno autoritario y 10% llega a preferir en algunas circunstancias
un gobierno autoritario a uno democrático. Asimismo, 32% de la población considera que es preferible
sacrificar algunas libertades como la de expresión, reunión y auto organización a cambio de vivir sin presiones
económicas. Quizá estos resultados hagan patente para todas las instituciones públicas y privadas vinculadas con las tareas
de la educación cívica, la obligación de reforzar las estrategias para que los ciudadanos puedan percibir a la
democracia como un régimen deseable en razón de su superioridad ética y política sobre otros órdenes políticos
alternativos. Esto es, se trata de hacer un sentido común la idea de que la democracia no es sobre todo un proyecto ideal,
una propuesta de políticos o militantes iluminados, ni el preclaro programa de una vanguardia ni una enseñanza
retórica. Al contrario, la democracia como una necesidad de las sociedades complejas y plurales. Como un imperativo de
las condiciones culturales, políticas y también económicas de naciones diversificadas, conectadas con el mundo de
mil maneras, diferenciadas en sus opciones, en sus modos de vida, en sus intereses, visiones y sensibilidades.
La democracia entendida básicamente como una condición de la viabilidad y de la convivencia en un país,
como México, masivo y extraordinariamente diverso.
Ahora bien, sin duda la democracia tiene como uno de sus fines destacados la plena vigencia del Estado
de derecho, esto es, un marco en el cual se puedan manejar y resolver conflictos inherentes a toda sociedad
compleja y diversa de manera pacífica y con apego a la legalidad. En este caso, la intención es que la democracia acredite
que es un orden al mismo tiempo estable y eficaz en la resolución de problemas sociales, porque sólo de esa
manera garantizará las dosis de legitimidad necesarias para sostenerse en el tiempo.
Sobre este asunto, de nueva cuenta encontramos que las encuestas nos indican un frágil compromiso con
la legalidad: seis de cada diez entrevistados está de acuerdo con que el pueblo "puede desobedecer una ley si
ésta es injusta" de acuerdo con la encuesta de Gobernación.
Uno de los valores inherentes al sistema democrático es el de la tolerancia, pero a la vez es preciso reconocer
que la idea de la tolerancia y de la convivencia democrática entre distintos es uno de los valores que se afianzan
y despliegan a contracorriente de las pulsiones connaturales en todas las comunidades.
La tolerancia tiene pertinencia precisamente porque se reconoce una dinámica entre "nosotros" y los
"otros". Si todos tuviésemos la misma ideología, los mismos intereses, el "nosotros" sería omniabarcante y perdería
su sentido precisamente porque los "otros" serían inexistentes. Y ella es quizá la pretensión de todos los
totalitarismos, el ideal perverso de homogeneizar lo que por su propia naturaleza es diferente.
Pero dada la pluralidad religiosa, ideológica, racial, idiomática, política de nuestra sociedad, estamos
obligados a construir un código que permita la recreación de esa diversidad.
En este terreno, las encuestas también revelan cómo el aprendizaje de la tolerancia y el reconocimiento a
la diversidad merecen un esfuerzo permanente, pues hay un déficit más que preocupante en este campo: en el
trabajo del IFE 41.5% consideró que los mexicanos podemos construir una gran nación "sólo si tenemos las mismas
ideas y valores".
Pero más aún, no deja de ser sintomático que 40% de los entrevistados haya declarado que no dejaría que
vivieran en su casa personas de otra raza; que 44.5% no compartiría techo con personas con ideas políticas distintas;
que 48.1% no permitiría que en su casa viviera alguien de otra religión, y la intolerancia crece ante los
homosexuales (que no serían aceptados en 66% de los hogares) y ante los enfermos de Sida (frente a los que 57.5% de
los entrevistados no permitiría que vivieran en su casa).
Como se ve, hay terrenos en los que es evidente la pervivencia mayoritaria de ciertos "antivalores"
democráticos. Es probable que algunas actitudes dependan sobre todo del atraso cívico y cultural que aún subiste en la
sociedad mexicana, pero en general éstas descubren la tensión que todavía existe entre el ideal democrático y las
formas concretas que adquieren ciertos principios y valores, la pugna entre ciertas formas de hacer política
prevalecientes durante muchos años y las que se abren paso con la modernización democrática.
Otro tema que no puede pasar desapercibido se refiere a los resultados acerca de la confianza de la
ciudadanía en distintas instituciones, pues expresan que si bien en términos generales la democracia es preferida como
forma de gobierno, a la vez los sujetos básicos de la democracia tienen una escasa valoración, un bajo
reconocimiento. De 18 opciones en la encuesta de la Secretaría de Gobernación, quienes menos confianza despiertan son las
cámaras de Diputados y Senadores, así como los partidos políticos, detrás de la policía, las secretarías de Estado y
las organizaciones no gubernamentales. En el otro extremo, la mayor confianza la despiertan las iglesias, los
maestros, los hospitales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral.
Mientras que nuestra historia reciente está plagada de elecciones cada vez más competidas y concurridas,
con menos disputas postelectorales, por comicios más certeros y transparentes en los que se expresa y encauza
la pluralidad, por partidos más sólidos y con un comprobado arraigo a lo largo y ancho de la geografía nacional,
ello no implica que mecánicamente los sujetos de la democracia sean favorablemente valorados por el tejido
social mexicano. Esa no deja de ser una de las grandes paradojas de nuestros días, pero sobre todo una de las
asignaturas pendientes de la agenda de comienzo de siglo pues vale la pena preguntarse si la democracia es posible sin
políticos, parlamentarios y partidos que gocen del aprecio popular.
Que la democracia en términos generales tenga una alta estima en la ciudadanía, pero no así sus
instrumentos, indica que no hay una comprensión cabal de qué es la democracia. A la vez, esta disonancia entre el aprecio a
la democracia y la baja estima hacia las figuras que la hacen viable, anticipa una profecía de desencanto hacia
la democracia misma.
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Foto: Memoria gráfica de la democracia/IFE |
Quiero hacer una reflexión particular sobre un asunto que desprendo de la observación anterior. Si bien
es contundente el hecho de que las iglesias resultan la institución más valorada en las encuestas (79% de la
población confía "mucho" o "algo" en ella de acuerdo con el levantamiento estadístico de la Secretaría de
Gobernación), en el cuestionario del IFE 75.7% respondió a pregunta expresa que está en desacuerdo con que los
sacerdotes hablen de política, esto es, indican que la política y la religión deben mantenerse como esferas
separadas, independientes. Se trata de una buena noticia que tres de cada cuatro ciudadanos defiendan la laicidad del
espacio público, pues a mi entender nunca se insistirá demasiado en que el proceso secularizador de la política es uno
de los que permite el asentamiento de relaciones democráticas entre partidos y ciudadanos. Reforzar esa
tendencia, por todos los medios, parece pertinente.
Una conclusión se desprende de las dos encuestas: la cultura cívica, la asimilación de las prácticas y las
actitudes ciudadanas propias de la democracia se fortalecen sobre todo en el espacio escolar, ya que las instituciones
del sistema educativo son el espacio fundamental de la socialización ciudadana. En la escuela, más que en ningún
otro ámbito de la vida social, aprendemos a convivir y a relacionarnos con individuos de orígenes y posiciones
sociales diferentes. En ella se forman y arraigan los valores de la convivencia social y de ella depende, más que de
cualquier otra institución, el aprendizaje y asimilación de las prácticas democráticas. En la experiencia cotidiana de
las instituciones educativas existen las mejores condiciones para asimilar las ventajas de la práctica democrática. En ella adquieren significado vital los valores de reconocimiento a la libertad de los demás, de tolerancia ante las
diferencias y de respeto a la ley.
No es por lo tanto sorprendente que al examinar las opiniones y la disposición de los ciudadanos respecto de
las prescripciones y las conductas que consideramos propias de la cultura democrática, la mayor aceptación de
éstas se dé precisamente entre los ciudadanos que más tiempo han permanecido en el sistema educativo.
Debemos concluir que la atención al sistema educativo es una prioridad, como instrumento por excelencia de
la socialización democrática. Los maestros son, en este sentido, un protagonista privilegiado de la promoción de
la cultura democrática. Habrá que destacar, por otra parte, que el arribo a edad ciudadana de mexicanos con un
nivel cada vez más alto de instrucción permite albergar una confianza razonable en que los valores de la democracia
están en condiciones de continuar expandiéndose.
Para decirlo en otras palabras: el espacio escolar resulta insustituible como generador de los valores ilustrados
que son el cimiento de toda convivencia civilizada.
* * *
No he pretendido hacer un recuento, un análisis extenso de los resultados de las dos encuestas, pero he
querido subrayar algunos de los trazos gruesos que nos informan que las encuestas no sólo son un legítimo y válido
trabajo académico, sino que tienen una enorme utilidad y trascendencia política para nuestro presente, ya que nos
indican la magnitud de la tarea que tenemos por delante.
Pues como señaló hace 20 años, C.B. Macpherson en un libro que de inmediato se convirtió en uno de
los obligados sobre teoría de la democracia: "Lo que cree la gente acerca de un sistema político no es ajeno a él
sino que forma parte de él" y añadía: "Esas creencias, cualquiera que sea la manera en que se formen,
determinan efectivamente los límites y las posibilidades de evolución del sistema, determina lo que la gente puede aceptar y
lo que va a exigir... si la percepción es que los actores democráticos no pueden hacer mejor las cosas, ese será ya
el primer límite del nuevo sistema, y un primer triunfo del
pasado".3
A partir del diagnóstico cuyos insumos fundamentales son estas dos encuestas, podemos afinar los
instrumentos para remover los valores del pasado y
sustituirlos por unos nuevos: para cambiar la unanimidad por la
pluralidad; la discrecionalidad por la legalidad; los códigos de la confrontación o la violencia por la tolerancia y el respeto; la exclusión por la negociación; la vida autoritaria y monocolor por la compleja y variada vida democrática.
Se trata, a mi entender, nada más y nada menos de la edificación de una auténtica cultura que conciba a México como una sociedad plural, no unitaria, sobre la cual, sin embargo, es posible erigir sólidamente un Estado democrático.