Kirchner prorrogó automáticamente las concesiones

Una pareja de periodistas, de retórica formal y vestida como lo haría gente mucho mayor, conduce el noticiario del mediodía y el vespertino en un canal de televisión abierta de Argentina. Otra pareja, casi idéntica aunque más madura, compite en la misma franja horaria en otra señal abierta.

Son los mismos que llenan horas y horas de programación en los canales de cable que durante 24 horas transmiten noticias nacionales. ¿Por qué se repiten esas caras? ¿Por qué reconocemos las mismas voces cuando vamos en el automóvil o en el transporte colectivo escuchando radio? Algunos de estos comunicadores incluso tienen programa propio en las señales de paga, donde repiten las mismas noticias, pero con otro decorado.

En Argentina, si vemos los mismos rostros y escuchamos las mismas voces hasta la exasperación es porque la Ley de Radiodifusión vigente permite que un mismo grupo empresarial obtenga hasta 24 licencias y, en consecuencia, que un puñado de periodistas se convierta en portavoz y envase de todos sus productos.

Por si fuera poco, desde la década del 90 se eliminaron los obstáculos que impedían que un mismo grupo participara en distintos sectores del mercado de medios. Hoy, los dueños de diarios y revistas de circulación nacional son propietarios no sólo de otros medios gráficos, sino también de señales de televisión –abierta, por cable y codificadas–, de frecuencias radiales –AM y FM– y hasta de acciones en las redes de telecomunicaciones.

Mientras los sucesivos gobiernos evitaron discutir la concentración por temor a las consecuencias derivadas de tocar intereses comerciales, intelectuales y organizaciones civiles insisten en denunciar que esa distribución amenaza el derecho de los individuos a acceder a una información plural y sin manipulaciones.

Aunque la Ley de Radiodifusión (22.285) fue sancionada durante la dictadura, en Argentina la regulación de las telecomunicaciones tiene una historia mucho más larga que comienza con la invención del telégrafo en 1879 y que continúa con la incorporación del teléfono.

En 1957 se sanciona una primera ley de telecomunicaciones y, recién en 1972, se aprueba una segunda que incluye por primera vez un capítulo de radiodifusión. Incluso se crea entonces el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), organismo que regula este ámbito.

Luego, en 1980, durante la dictadura militar, se divide la comunicación de las telecomunicaciones y se obtiene la ley que rige hasta ahora. Esa ley permitía cuatro licencias de explotación en manos del mismo licenciatario, pero ya en democracia, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) ese permiso se amplió a 24, que son las permitidas hasta hoy.

“La ley es malísima porque refleja en la radiodifusión la doctrina de seguridad nacional e incorpora a las fuerzas militares en la regulación, pues el COMFER tenía que estar integrado por un comando de cada fuerza (armada)”, explicó a etcétera la diputada Silvana Giudice, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, donde debería discutirse una nueva normativa.

Por su parte, el director de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Damián Loreti, subrayó, al presentar una iniciativa de la sociedad civil frente a la tentativa de concentración y monopolización de los grandes medios, que “una ley de radiodifusión debería generar cultura, identidad y pluralismo” y que la norma vigente en Argentina “es todo lo contrario”.

En 2007, más de mil organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron ante el Poder Ejecutivo la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, que fue trasladada luego al Congreso nacional, donde está pendiente todo este debate.

Desde el retorno al sistema democrático, en 1983, se presentaron 80 proyectos de Ley de Radiodifusión, pero ninguno con resultados. Desde entonces, todos los gobiernos amagaron con abrir una discusión que jamás se concretó.

El mismo escenario se repite ahora. Durante la última Semana Santa, cuando se generó el enfrentamiento entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los productores agropecuarios por el aumento de los impuestos a las exportaciones de granos, el Ejecutivo hizo públicas sus diferencias con algunos medios de comunicación –en especial con el Grupo Clarín–, por la manera de informar sobre el conflicto y anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Radiodifusión.