Aleida Calleja y Daniel Iván García Manríquez
La radio comunitaria es un fenómeno mundial con más de 50 años de existencia. En nuestro país llegó tarde, igual que los procesos democráticos hoy tan frágiles, como se demostró en la reciente aprobación de reformas a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, donde los poderes del Estado se doblegaron ante el poder mediático de una empresa.
Si habíamos afirmado que el reconocimiento explícito del Estado mexicano a los medios comunitarios era un avance a través de los permisos que emitió para que pudieran operar, con las reformas mencionadas esa mejora se vino abajo al no reconocer a los medios comunitarios y mucho menos darles condiciones para existir. Las radios comunitarias son experiencias que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión, y su situación es indicador del grado de respeto de ese derecho, pues al responder a las necesidades de información de poblaciones específicas contribuyen a la pluralidad informativa y a que los
sectores vulnerables accedan a canales de expresión que les son negados. Es la radiodifusión de uso social.
Ubicar a la radiodifusión como asunto técnico o comercial, de ingenieros o de empresarios, nos dejó largo tiempo sin comprender que teníamos más derechos que la simple protesta o cambiar de canal si no nos gustaba lo que veíamos. Se trata de un salto de simples consumidores a ciudadanos, que aún no termina, pero que revoluciona la relación entre medios, Estado y sociedad. Mientras crece la concentración de medios, paralelamente aumenta la comprensión de la sociedad para entender que en la propiedad de los medios se juega la pluralidad y por ende los procesos democráticos.
La radio comunitaria es una propuesta que un colectivo u organización ciudadana ofrece a la sociedad, expone claramente cómo pretende incorporarse y en consecuencia incidir en ese tejido social. Entendida así, es un proyecto político, en el sentido que asume compromisos y toma posición respecto de la problemática social concreta en que se desarrolla. Así, por ejemplo,
tenemos radios de mujeres que reivindican sus derechos y su forma de querer ser vistas y tratadas por la sociedad; radios indígenas que defienden y fortalecen su identidad cultural; radios de jóvenes que proponen su visión, preocupaciones y formas de afrontarlas.
La lista de proyectos específicos es tan amplia y heterogénea como la sociedad misma, sin embargo, queremos dejar claro que una radio comunitaria responde a un proyecto político, que no partidista, de mediano y largo plazo, y las decisiones sobre su función son tomadas por el grupo que sostiene dicho proyecto, es una reivindicación de los sujetos individuales y colectivos frente a los poderes.
Esta reivindicación se expone en forma de ideas, opiniones y lenguajes integrados radiofónicamente en pleno ejercicio de la libertad de expresión, con el fin de aportar a un diálogo colectivo para la construcción de consensos y del debate que lleven a una participación corresponsable. En otras palabras, es aportar a la construcción de ciudadanía. Quizá por ello se les ve como peligro y se trata de evitar por todos los medios su presencia y crecimiento. En un país con gran tradición autoritaria como el nuestro, el derecho a decir se ve como privilegio de unos o peor aún, el derecho al disenso se percibe como subversión, y mucho más si lo hacen comunidades empobrecidas o en situación de vulnerabilidad.
El acceso a frecuencias para operar medios es el ejercicio efectivo de la libertad de pensamiento y expresión, porque entre mayor sea la diversidad de operadores de medios, mayor pluralidad informativa existirá. Otorgar frecuencias a las comunidades campesinas, indígenas y urbano-marginales es una elemental acción de justicia para que accedan a la información y
al conocimiento: "En efecto, los medios de comunicación permiten que los individuos puedan formar su propia opinión política y luego comparar la suya con la de otros. Solamente cuando el individuo es informado podrá evaluar y libremente adherirse a una u otra postura dentro del espectro político. Precisamente, la necesidad de mayor información, junto a la libertad para poder expresar e intercambiar opiniones, tienen una vital importancia en los procesos de toma de decisiones en los que los distintos miembros de la sociedad
participan".1
Por ello la violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión no sólo se configura con el monopolio de medios, o con amenazas y persecuciones a periodistas sino que también se violenta este derecho fundamental a través de la imposición de criterios discrecionales que obstaculizan el acceso a los medios electrónicos a los grupos que no son favorables para el aparato estatal o empresarial, como sucede con las radios comunitarias en las recientes reformas a la ley.
En el caso de las radios ya permisionadas, la ley a través de medios indirectos violenta el ejercicio de la libertad de expresión, pues les pide que cumplan con todas las obligaciones como las emisoras permisionadas de Estado, pero sin posibilidades de obtener recursos financieros. No basta con dar el permiso, también hay que asegurar la equidad de condiciones para que tengan una permanencia digna. Hay condiciones sumamente restrictivas para los medios comunitarios, lo que los pone en una situación totalmente inequitativa, pues su naturaleza las ubica en la figura de permisionadas, que por ley, está diseñada para emisoras de entidades públicas que cuentan con financiamiento del presupuesto, que les permite hacer frente a sus gastos de sostenimiento sin tener fuentes alternas de ingresos como los patrocinios o la venta de espacios. Por el contrario, las comunitarias no tienen ningún techo asegurado, pero deben pagar todos y cada uno de los trámites y cumplir con todos los parámetros técnicos que son los más altos contemplados en la norma, y no se les permite ningún tipo de patrocinio o auspicio.
El problema se acentúa cuando estas emisoras tienen que realizar todos los cambios de equipo y técnicos para hacer la migración tecnológica de análoga a digital, lo cual conlleva un alto costo económico. En su momento los medios privados pidieron el refrendo de sus concesiones hasta 2021 por los altos costos de la convergencia. ¿Cómo se espera que las comunidades indígenas y campesinas puedan hacer frente a esta transición, pues no cuentan con apoyo alguno por parte del Estado, como los medios públicos para poder financiarse? Más aún, se les discrimina y tampoco obtienen recursos por publicidad oficial, pues la visión de la mayor parte de las oficinas de comunicación social de las dependencias federales es que solamente la
televisión privada tiene mayor rating y con ello llegarán a toda la sociedad, cuando en realidad esa televisión no llega a las zonas indígenas y campesinas más remotas del país, que necesitan enterarse urgentemente de la oferta institucional y a las cuales dan servicio muchas de las emisoras comunitarias, y en el caso de las radios indígenas en los idiomas propios de las comunidades, donde todavía existe un alto grado de monolingüismo.
Los medios comunitarios son una tendencia mundial, es el fortalecimiento de la sociedad en un sector estratégico para la democracia, por cuanto son la posibilidad de ejercer los derechos humanos informativos, de fortalecer la pluralidad, de dar mayor competitividad en los contenidos, por favorecer los procesos sociales locales y regionales, por facilitar a las
mayorías empobrecidas su acceso a la información y con ello reivindicar el uso social del espectro radioeléctrico, porque cualquier gobierno democrático sabe que concentrar el poder de informar en unas cuantas manos es hacerse rehén de unos cuantos que
pueden manipular la opinión pública.
Por ello en mucho países en los últimos años se han aprobado marcos normativos que aseguran su existencia, pues su peculiar forma de propiedad y funcionamiento los hace distintos de los medios públicos que son propiedad del Estado, pero nuestro país a contracorriente de los procesos democráticos en el mundo ha optado por desconocerlos y firmar su acta
de defunción con las reformas aprobadas a la ley. Su desaparición es pérdida para la sociedad en su conjunto, pero mucho más para cerca de dos millones de personas a las que actualmente dan servicio las radios en nuestro país. Por ello es obligación histórica de este gobierno determinar las políticas públicas para estos medios; es razón de Estado su permanencia, justicia mínima para los sectores más débiles. Aunque a muchos no les guste, las radios comunitarias existen pese a que ni siquiera quieran nombrarlas.
1 Cfr. Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión, 2004, capítulo V.B.2 "La libertad de expresión como fundamento para la pluralidad en la información", párrafo 15.
