Requiere un presupuesto anual de entre 700 y 900 mdd
Antonio Pasquali
Un episodio-símbolo
Los días 11 y 12 de abril de 2002, los medios venezolanos protagonizaron un episodio tal vez único en la historia de las comunicaciones modernas.
En momentos en que millones de ciudadanos desfilaban por el país pidiendo la renuncia del Presidente
o expresándole solidaridad (hubo más de 50 muertos), el entero sistema mediático de la nación, impreso
y audiovisual, adoptaba beligerantes actitudes de un maniqueismo sin matices, al límite de la caricatura:
radicalmente antigobierno el casi omnímodo sector privado, duramente progobierno los modestos medios
radioeléctricos "públicos" (pero con poder de exigir retransmisión a todos los demás). Una primera exigencia
gubernamental de "pasar a formar
cadena" para dejar en el aire la sola versión oficial de los hechos fue
maliciosamente obedecida por la televisión privada mediante doble imagen en pantalla. El gobierno logró al fin oscurecer
las señales hostiles; la TV comercial las sacó entonces por satélite del país, las reimportó vía México y las volvió
a difundir como programa extranjero. El día siguiente cuando tras aflorar imprevistas componentes
paleoligarcas en la triunfante oposición los militares optaron por devolver el poder al por ellos depuesto Presidente, una
inédita inversión del duopolio mediático veía la luz en el país: la
úbris política de la poderosa TV privada
entraría en irreversible proceso de decadencia; el gobierno decidiría acabar con las penurias y las ficciones de
imparcialidad de los medios "públicos", inyectándoles en poco tiempo más dinero que en los 65 años anteriores
y convirtiéndolos en omnipresente voz comunicacional de un gobierno legalmente electo pero
metamorfoseado en autocracia.
y su lección
También se produjo, y pervive, un hecho nuevo y alentador para la decencia comunicacional y la
democracia: por vez primera, brotaría entre los radiotelevidentes la clara conciencia de haber sido descaradamente
manipulados, durante decenios, por el duopolio mediático empresas/gobiernos sin tercero en discordia y
con tendencia a empeorar, y la intuición de que la sociedad venezolana necesita una suerte de "tercer
polo" informativo, ni empresarial ni gubernamental, capaz de garantizar al país más imparcialidad y credibilidad
tanto en épocas normales como de emergencia.
Dicho de otra manera: la opinión pública venezolana ha comenzado a descubrir, espontánea e
inductivamente, las indubitables virtudes de una radiotelevisión "de servicio público" o SP, razonablemente independiente
de todos los poderes; esto es, la necesidad de una suerte de "BBC a la criolla" que represente una válida
escapatoria al yunque y el martillo de siempre. Un
desideratum igualmente latente en Argentina, México, Brasil, Perú
y otros países de la región que conocieron tanto o más que Venezuela los embates de dictaduras y
oligopolios mediáticos.
Unas relaciones particularmente malsanas entre gobiernos y empresarios de los medios son las
causantes históricas de que el tema de los SP radioeléctricos sea en Latinoamérica un eterno crío siempre ahogado
en su cuna a cuatro manos, las de quienes acumulaban riqueza y poder con las frecuencias y las de sus
cómplices gubernamentales. En los años 80 del pasado siglo, un intento de la Unesco por ayudar al fortalecimiento
de los SP radiotelevisivos regionales mediante un mecanismo de mutua cooperación (con la Unión
Latinoamericana y Caribeña de Radiodifusión, ULCRA) llegó en mal momento, justo a tiempo para ser barrido por el
tsunami privatizador que se aproximaba.
Nuevas realidades históricas, y una ya insuprimible necesidad de transparencia y juego limpio,
devuelven probabilidad a que en los próximos meses y años el tema mayor de una radiotelevisión pública
latinoamericana vuelva al tapete. De ser así, corresponderá entonces a quienes estén capacitados para hacerlo emprender
desde ahora una articulada y dilatada labor de inducción de conceptos, experiencias históricas, criterios y
testimonios que faciliten las discusiones y las tomas de decisiones más apropiadas en los diversos países.
Enmarcado en el ámbito de esa eventual misión, el presente estudio se propone comenzar a llenar una
de las mayores lagunas cognoscitivas en la materia: la que concierne a la
dimensión presupuestaria que han alcanzado los grandes modelos internacionales de SP radiotelevisivos, con el fin de preguntarse,
mutatis mutandis, de qué tamaño pudieran y debieran ser servicios análogos en países latinoamericanos.
Comunicación de servicio público
Un sistema radiotelevisivo de país democrático puede calificarse de genuino "servicio público" cuando:
a) no pertenece a privados; b) es creado por los poderes públicos y eventualmente financiado por ellos en
todo o en parte, pero disfruta de amplias autonomías e independencia ante el poder Ejecutivo; c) aplica criterios
de fair play o de par condicio en el tratamiento de la política interna, bajo supervisión del Legislativo o de una superautoridad ad hoc; d) ejecuta misiones coherentes y planificadas de comunicación que le encomienda y
a menudo financia la sociedad, y asegura la presencia del usuario en la toma de decisiones; e) sus servicios
son diversificados, complementarios y universales (en coberturas territoriales y atención a los diferentes
estratos socioculturales de la población incluyendo minorías); f) es igualmente autónomo ante los poderes
económicos y se autolimita en materia publicitaria, y g) se impone los más elevados estándares cualitativos y de moral social.
Tanto esta definición como el análisis siguiente sólo conciernen a un SP de tipo nacional estructurado, y
no locales y desestructurados, sin que ello implique juicios de valor ni establezca jerarquías.
La ponderosa literatura socio-política latinoamericana que en los últimos decenios ha comentado el
comportamiento regional de los medios, exhibe un interés muy escaso por los componentes económicos del
hecho comunicacional, y prácticamente ninguno por esos marginales del sector que con cierta indulgencia
semántica (tratándose casi siempre de medios gubernamentales) seguimos llamando "servicios públicos". Tampoco
se sabe, salvo error, de alguna de las casi mil facultades o escuelas de comunicación social de Latinoamérica
cuyos pensadores aborden con seriedad la dimensión económica de los medios, ni de facultades y escuelas
de economía o ingeniería que impartan enseñanzas en economía de las comunicaciones, de las
telecomunicaciones y afines.
Este vacío hermenéutico en la docencia y la investigación orientadas a la acción es,
inter alia, el natural reflejo de un crónico desinterés político por la comunicación de servicio público. América es la única región del
mundo con países que nunca conocieron ni el menor intento de radiotelevisión pública, y allí donde tales intentos
se produjeron, sus voluntariosas fuerzas generadoras generalmente de sectores culturales de la sociedad
siempre terminaron encalladas entre las severas limitaciones político-presupuestarias que imponían, por un lado
las muy hostiles presiones de la industria privada de la radiotelevisión contra los SP y, por el otro, la
permanente tentación de los poderes ejecutivos de reducir tales SP a servicios gubernamentales, cuando no de
propaganda del régimen de turno.
Educación/comunicación: disparidad a subsanar
La poca o poquísima significancia real de la radiotelevisión pública latinoamericana, allí donde
sobrevive, tiene el más patente indicador en su inhabilitante enanismo presupuestario, según lo ejemplifica el
caso venezolano aquí analizado. La impuesta pobreza crónica y estructural de los medios radioeléctricos públicos
es una vieja deuda de los políticos latinoamericanos con sus respectivas sociedades; y subsanarla, un acto
debido. A ese respecto, la investigación pudiera comenzar por contrastar, en cada país, la curva de crecimiento del
gasto educativo público con el perfil plano de la inversión pública en servicios radioeléctricos.
Ya desde el siglo XIX, pero más eficazmente desde la segunda mitad del siglo XX, personalidades
relevantes y clarividentes generaciones de educadores en ocasiones impulsadas por un retorno de democracia
lograron elevar, en muchos países de la región, el
desarrollo educativo a niveles de la más alta prioridad nacional
en sentido político como presupuestario, al punto de que aún hoy en medio de demasiados indicadores socioeconómicos francamente desalentadores muchas cifras absolutas y porcentuales del gasto público latinoamericano en educación son cifras de primer mundo, máxime en educación superior.
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Durante los mismos decenios del pasado siglo una época bisagra entre la consolidación de la radio y el advenimiento de la TV las fuerzas del mercado impusieron en Latinoamérica el criterio de un
espectro radioeléctrico "todo comercial", inhibiendo el surgimiento de una concomitante generación de
comunicadores capaces de convencer a los poderes públicos del rol informal pero capital, masivo y casi hegemónico,
que correspondería a lo radioeléctrico en la educación y cultura postescolares, continuas y de reciclaje, la
salvaguarda de las diversidades culturales, la integración regional, las industrias culturales endógenas y sobre todo
como contrapeso a una radiotelevisión preponderantemente crematística y como garante final de pluralismo
democrático. La región perdió así la oportunidad de percatarse con lucidez de la existencia de un
continuum ininterrumpible entre educación pública y comunicación pública, y de los peligros de un esquema "tela
de Penélope" en que los medios podían estragar de noche lo que la escuela edificase de día; todo lo cual
volvía altamente aconsejable sin menoscabo de una general libertad de comunicar respaldar a futuro el muy
ingente esfuerzo público en educación formal con una igualmente relevante radiotelevisión de servicio público un
poco sobre el modelo, si se quiere, de las grandes democracias europeas que otorgan a sus SP presupuestos
congruentes con los del sector educación, según se demuestra
infra.
A las mujeres y hombres que en Latinoamérica siguen impulsando la creación, reforzamiento o
depuración de genuinos y eficientes servicios radiotelevisos públicos no gubernamentales, aún corresponde librar y
ganar la batalla otrora librada y ganada por sus colegas del sector educación.
La dimensión económica
Una de las causas metodológicas de aquella situación a subsanar es que en la región tanto los
poderes públicos como los potenciales impulsores de servicios radiotelevisivos públicos no disponen, en general,
de conocimientos suficientes, oportunos y diversificados para responder a la doble interrogante:
1. Qué dimensión económica ideal-óptima, en términos de eficacia y eficiencia, debiera alcanzar en
mi propio país un SP radio-televisivo, y
2. De dónde puede provenir, dentro de mi propia especificidad, el recurso capaz de financiar dichos servicios.
No es propósito del presente análisis responder a la segunda interrogante (cabe señalar, de paso, la
inexistencia de buenos estudios de la casuística internacional en la materia). En cuanto a la primera, se limita a
aportar unas primeras evidencias que el autor juzga imprescindibles para la construcción de una matriz de
criterios que pueda adaptarse a diferentes entornos.
Para la búsqueda de dichos criterios deben forzosamente cotejarse las experiencias regionales en SP
con aquellas que han resultado históricamente más exitosas, y que salieron reconfirmadas de la reciente
marejada privatizadora.
A tal efecto, se presentan y confrontan aquí algunos parámetros fundamentales de la educación pública y de la comunicación pública en tres países europeos, Francia, Inglaterra e Italia, y en un país
sudamericano, Venezuela. Los tres europeos se seleccionaron en razón de su gran homogeneidead en población,
PTB, gasto educativo público, gasto comunicacional público y por representar, a juicio del autor, modelos
razonablemente bien logrados de la misión social imputable a los SP. El sudamericano se seleccionó no sólo por
la cercanía de las fuentes, sino por representar Venezuela, de alguna manera, una suerte de compendio y
promedio tanto de la posición del gasto educativo dentro del presupuesto público como de las alternas
vicisitudes de los SP latinoamericanos.
Los datos presentados en los cuadros 2, 3 y 4 evidencian que:
1. Venezuela, un país cinco veces menos próspero que los otros aquí analizados, invierte en educación
un porcentaje de su PTB prácticamente igual al de aquéllos, igualándolos cuando no superándolos
demográfica y presupuestariamente hablando también en población docente y estudiantil de universidades
públicas, porcentaje del gasto educativo para educación superior pública y gasto anual
per capita en educación superior pública.
2. El presupuesto de cada uno de los grandes SP radiotelevisivos europeos aquí reseñados supera los
tres mil millones de dólares anuales.
3. Los tres países europeos analizados invierten en comunicación pública una cifra respectivamente
correspondiente a 27.74% (F), a 47.82% (GB) y a 33.04% (I) de su gasto anual en educación superior
pública (promedio 36.20%), pudiendo de allí inferirse un primer criterio general de referencia: un servicio
radiotelevisivo público eficaz y eficiente dispone de presupuestos anuales aproximadamente equivalentes a un tercio del
gasto nacional en educación superior pública.
4. Venezuela invierte en su comunicación pública sumas equivalentes a 0.51% de su gasto en
educación superior pública, 72 veces por debajo del citado criterio de referencia.
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m= millones |
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1 Libra=$1,462 / 1Euro=$1.25 / 1$=Bs. 730 de 2001.
Los datos de Francia son de 2004, los de Gran Bretaña e Italia de 2002, los de Venezuela de 2001.
(1) Los presupuestos sucesivos tienden a reducir tal desproporción; para 2004 este valor es de 34.6%.
(2) La educación superior privada sumaba en 2001 307 mil 947 estudiantes, 43.2% de un gran total
nacional de 712 mil 797. |
La aplicación stricto
sensu de este criterio general de referencia al caso específico de Venezuela arrojaría
el resultado siguiente: $2,583 m. x 0.362 = $935 m. que se obtiene sacando 36.2% del gasto nacional
en educación superior, con un resultado de $935 millones que representaría entonces el presupuesto de
una radiotelevisión de servicio público dotada de fondos alineados sobre el criterio europeo aquí evidenciado.
Una aplicación lato sensu del mismo criterio ubicaría dicho presupuesto en una tijera entre $715.0 m. (27.7%
del gasto público en educación superior, modelo francés) y $1,234.0 (47.8% del gasto público en
educación superior, modelo inglés). En todo caso, el presupuesto 2001 de la radio-televisión pública venezolana (casi
200 veces inferior al gasto en educación pública superior) se ubica entre 55 y 95 veces por debajo de aquel criterio.
Un nuevo SP venezolano con presupuesto anual de gastos de unos 700 a 900 millones de dólares (pero
el discurso vale mutatis mutandis para México o Argentina, para Brasil o Perú) pasaría a figurar entre los
servicios radiotelevisivos públicos mundiales de rango intermedio (casos de Finlandia o Bélgica), con una
ratio educación pública/comunicación pública alineada a la de países con más exitosos SP radiotelevisivos.
Por tratarse además de una suma aproximadamente equivalente a los ingresos anuales de la
radio-televisión comercial por concepto de publicidad (el mercado publicitario venezolano se elevó en 2001 a $1,496 m.,
68% de los cuales, o sea $1,017 m., fueron para radio y TV comerciales; dicho porcentaje subió a 77% en 2003) el establecimiento de un SP radio-televisivo dotado de esa masa presupuestaria daría nacimiento a un
régimen mixto auténtico en el ámbito de la radiotelevisión, esto es, al régimen de uso de frecuencias
indudablemente más sano en términos de democracia, cultura y mercado.
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Conversiones a dólar utilizadas: 1 Libra=$1,462 / 1 Euro=$1.25.
Los datos de Francia son de 2004, los de Gran Bretaña e Italia de 2003, los de Venezuela de 2001.
(3) Incluye un déficit de $594.4 m. Otro gran SP europeo al que el Estado concede aprobar presupuestos deficitarios es el español; en 2004 RTVE ejecuta un presupuesto de $ 2,007 m. que incluye un déficit de 835 millones. Su descubierto acumulado sumaba E. 6,200m. en diciembre 2003 y alcanzará E. 6,800m. a finales de 2004. La Comisión Europea que reconoce la validez de los SP siempre y cuando se autofinancien
mediante canon y otros ingresos propios ha alertado al gobierno español sobre tal irregularidad, y éste ha ofrecido sanearla a partir de 2005.
(4) En 2004 esa cantidad asciende a $18,993,087; sin embargo, esta más reciente y siempre modesta cifra ya no expresa, como de 2001 hacia atrás, el presupuesto real de las emisoras públicas, habida cuenta de la opacidad creciente del gasto público del actual gobierno, empeñado en un costoso esfuerzo propagandístico nacional e internacional. En febrero 2004 el sector público anunció, por ejemplo, la adquisición de nuevos equipos por 80 millones de dólares (58 de los cuales ya estaban comprometidos en noviembre de 2003 con Vislink PLC), la apertura de un nuevo canal ViveTV y de una nueva red radial en FM, con asistencia técnica respectivamente de Irán y España. |
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(5) Promedio de los tres países europeos: 36.2% |
El costo de una radiotelevisión pública
