Roberto Rock Lechón
Durante los últimos 35 años, tiempo en que ha sido conducido por Juan Francisco Ealy Ortiz,
El Universal ha buscado realizar las aportaciones que estén a su alcance para el ensanchamiento del espacio público, donde el debate y la deliberación
ciudadanos arrojen luz sobre los temas fundamentales del país, especialmente aquellos ligados a los problemas de rezago social y desigualdad.
La casa editorial que represento busca ejercer su tarea responsablemente, alentando el acuerdo entre los diferentes
actores políticos y ofreciendo un espacio periodístico en el que se reconozca la importancia del consenso.
Creemos que, de manera implícita o explícita, los medios de comunicación debemos coincidir en el respaldo a una agenda
de cambios institucionales y de comportamientos políticos que den mayor calado a nuestra democracia.
Son múltiples los estudios que en los últimos años han documentado lo que podríamos llamar el desencanto con la
democracia en México. Este desencanto surge porque los cambios políticos no han venido acompañados de una mejoría económica y
social. Pero también, porque la sociedad no se siente representada por sus representantes formales: el gobierno, los partidos
políticos, el Congreso.
Esta crisis de representación es un fenómeno no exclusivo de México, pero creo que debe preocuparnos a todos.
Quisiera ampliar un planteamiento que hemos expuesto en otros foros, en particular nuestra convicción de que la madurez
de la democracia y la gobernabilidad del país caminarán de forma paralela al ensanchamiento de las libertades, especialmente
de la libertad de expresión.
Para consolidar la democracia y la gobernabilidad, el país necesita fortalecer el crecimiento de su economía y enfrentar
con mayor efectividad las desigualdades sociales. Pero antes, necesita asegurar que las instituciones funcionen. Que se recupere
su prestigio. Que con instituciones más fuertes, mejoren la seguridad y el Estado de derecho.
Esta tarea no tendrá instrumento más vigoroso que la opinión pública. Es la opinión pública la que frena los abusos del
poder. Es el instrumento más eficaz que tiene la sociedad para controlar al gobierno. Es el vehículo que ha resultado más efectivo
para señalar actos de corrupción. Por eso, al momento de pensar en las reformas institucionales, lo primero en lo que insistiría es
que no debe hacerse ninguna reforma que debilite la transparencia, la libertad de opinión y la posibilidad de que la opinión
pública sea cada vez más vigorosa.
Hoy el país parece enfrentar una encrucijada marcada por las amenazas de desgarramiento por diferencias entre
personalidades. No podemos aceptar esto.
Debemos reconocer que las reglas y los incentivos para que los actores políticos lleguen a construir consensos son
insuficientes, por lo que la construcción de acuerdos resulta muy complicada, cuando no imposible. La pregunta lógica es entonces: ¿por
qué no cambiamos las reglas? ¿por qué no ajustamos los mecanismos para construir mayorías en el Congreso, elecciones
menos costosas, coaliciones, gobiernos de gabinete o gobiernos de coalición?
El politólogo italiano Giovanni Sartori, inquieto observador de la política mexicana, ha escrito: "Es claro que instituciones
y constituciones no pueden hacer milagros. Pero será difícil que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de
gobierno. Entonces, ¿por qué hemos de prestar tan poca atención a la forma en que funcionan o no funcionan las estructuras políticas, y
si las podemos mejorar?".
Los gobiernos y los funcionarios habitualmente tienen problemas para oír a los ciudadanos. Los oyen mal y, cuando se da
el caso de que los escuchen, atienden mal sus demandas, salvo que éstas se formulen a través de un interlocutor
previamente reconocido, como lo son los medios de comunicación.
Representó un avance histórico que el voto de los ciudadanos sea respetado con mayor rigor. Con votos libres y respetados
se legitiman los poderes públicos y la élite gobernante. Cada tres o seis años, se hace posible la alternancia y el desplazamiento
de gobierno ineficaces. Pero sólo con voces sonantes y disonantes, expresadas todos los días, escuchadas, contrastadas y
discutidas, se consolida el régimen democrático.
A la luz de ello, no podemos evitar preocupación respecto de lo que ocurre en nuestro país. No es difícil encontrar en la
arena pública discursos cargados de anacronismo autoritario. El cambio democrático, cuyos valores fundamentales son la
legalidad, la tolerancia, la rendición de cuentas, la deliberación pública de los asuntos públicos, el derecho a la información, el
pluralismo y el respeto a las libertades públicas, se enfrenta a verdaderas barricadas levantadas por las burocracias. Lo mismo las que
se atrincheran en oficinas gubernamentales de todos los niveles, que aquéllas que se agazapan en los partidos.
De cuando en cuando, incluso surgen pronunciamientos en contra de la libertad de expresión o del uso que de ella hacen
los medios de comunicación, con los que al parecer se busca responsabilizarlos de las malas noticias.
La libertad de información, en su acepción moderna, transporta y contiene la libertad de pensamiento, de expresión y
de prensa. En el campo de las libertades públicas y especialmente en relación con la libertad de información de las personas,
los periodistas y los medios, el imperativo fundamental para los órganos del Estado debe radicar en la omisión de
comportamientos potencialmente transgresores de tal libertad. Antes bien, la actuación de los órganos del Estado debe dirigirse a la creación
de condiciones objetivas, jurídicas, políticas e institucionales, para garantizar que el ejercicio de las libertades no será
violentado ni impedido.
En este punto nadie puede hacer ninguna concesión al poder público. Hablamos del ejercicio de derechos
humanos irrenunciables.
Por lo que toca específicamente a los medios de comunicación, hemos propuesto ya diversas acciones específicas
cuyo avance relacionamos con la profundización de nuestra democracia. Las mismas fueron planteadas por Juan Francisco
Ealy Ortiz en un foro de la Cámara de Diputados efectuado este mismo año.* Las enuncio rápidamente por si ustedes desean
que reflexionemos con mayor profundidad sobre alguna de ellas:
1. Revisar el marco jurídico que rige las concesiones y permisos otorgados por el Estado para la operación de medios
de comunicación electrónica, tanto privados como públicos.
2. Transparentar las relaciones económicas entre partidos y medios de comunicación, especialmente en épocas
electorales. La corrupción exhibida en escandalosos videos sólo disminuirá si son reducidos el costo de la política y los alicientes
para establecer nexos perversos entre actores políticos y medios.
3. La actual ley de acceso permitió avances en la transparencia del Poder Ejecutivo. Ahora se precisan reformas para
incluir con mayor eficacia a los poderes Judicial y Legislativo.
4. Es preciso subrayar la naturaleza especialmente arbitraria y desmesurada que observan aún hoy las disposiciones
jurídicas vigentes que penalizan el ejercicio indebido de la libertad de expresión y de imprenta, considerado más peligroso que
los delitos asociados con la corrupción en el gobierno y el narcotráfico, al persistir la pena privativa de la libertad por
delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Entre esas disposiciones vigentes figuran:
· Sanciones penales contra periodistas por delitos de difamación.
· La Ley de Imprenta, promulgada en 1917, bajo condiciones políticas y sociales superadas hace décadas.
· En una decisión que mostrará ser histórica, el Senado aprobó en días pasados reformas legales para establecer el
secreto profesional del periodista. Pero el camino para su vigencia definitiva es aún largo. El tema llegará en septiembre a la Cámara
de Diputados, donde es deseable que no se empantane o sea motivo de trueque con otros asuntos. Y luego empezará la batalla
para establecer este derecho en el ámbito local de toda la República.
