Las batallas de un observatorio de medios
Rosa María Alfaro Moreno
Para relatar quiénes somos requerimos acreditar desde qué percepción de la realidad partimos, qué es lo que hacemos desde que nacimos y hacia dónde vamos.
Insertos en el Perú, merecemos un país mejor y medios de comunicación que acompañen nuestras esperanzas. Ese es el desafío. La experiencia que estamos viviendo se encadena con otras y en diversos países latinoamericanos que con sus observatorios y veedurías de diferente estilo, están forjando nuevos lugares de conciencia en el continente.1
1. La participación ciudadana en los medios de comunicación
Derechos ciudadanos difíciles de ejercitar
En nuestros países es aún difícil pensar la apropiación y ejercicio de derechos individuales en el campo de la comunicación. La vinculación tan fuerte de los medios audiovisuales con el entretenimiento, esa dependencia excesiva del mercado y la publicidad, la carencia de responsabilidades empresariales mediáticas, el ausentismo del Estado como actor regulador, el que los públicos no paguen por su uso y la carencia de leyes o exigencias competitivas en el otorgamiento de licencias, entre otros factores, crean dispositivos naturales de aceptación indulgente de la oferta mediática en la ciudadanía.
Más que un bien público, para muchos el medio constituye un factor de goce, en calidad de regalo, para compensar la vida cotidiana. Así la demanda desde este marco constitutivo no suele pasar naturalmente por resistencia significativa alguna, menos aún por una exigencia de calidad, especialmente cuando estos medios son asociados al acceso a nuevas tecnologías como si fuesen un boleto de viaje a la modernidad y otros mundos, o como un ensayo permanente de inclusión simbólica desde cada individuo, aunque carezca de bases reales.
Situación ésta que se afianza cuando los públicos no reciben desde su infancia una significativa educación para la comunicación y por lo tanto no conocen sus derechos en este campo. La responsabilidad principal de esta carencia estaría en escuelas y familias. Pero tampoco se hace cargo de ella la sociedad en su conjunto, incluyendo a los medios. Siendo tan importantes en nuestras vidas no hay en ellos pedagogías referidas al procesamiento del placer y la adquisición de información como un desarrollo formativo indispensable, capaz de producir cuestionamientos. No se percibe a los públicos con capacidad de crecer y sensibilizarse hasta en sus gustos.
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Foto: Médias |
Es también significativo que no exista en el país una preocupación analítica y propositiva sobre los medios. Los comentaristas de radio y televisión son escasos y la crítica analítica no es su principal virtud. Desde los medios hay intolerancia respecto de la reprobación, por ello gana la abstención. No existen defensorías del lector ni de televidentes u oyentes, instancias que podrían posibilitar una participación ciudadana formativa y legitimar la crítica como un ejercicio ciudadano natural. Desde otros sectores los medios son mirados como culpables y malignos en sí, sólo asociados al ejercicio de una racionalidad intelectual o de un moralismo excesivo pues no se acepta el entretenimiento y el goce como aspectos positivos del ser humano. Posición que
lamentablemente ayuda a forjar una contradicción ficticiamente irremediable.
Históricamente hemos venido asistiendo en el siglo XX al tránsito de una cultura oral a otra audiovisual sin pasar por la escrita, en la formación de nuestras culturas nacionales populares desde los medios
masivos,2 especialmente a partir de lo televisivo y lo musical, ejerciendo así la imagen y el ritmo una fascinación altamente comunicativa para todos, pero especialmente para aquellos que se sitúan lejos de la lectoescritura, que son muchos. Las audiencias, si bien saben de la mediocridad de los medios y los critican duramente,3 se sienten conectados a ellos culturalmente. Hay inclusive un acumulado implícito de agradecimientos por la diversión otorgada y porque se puede reír o llorar adquiriendo reconocimiento, pues satisface saber de otras historias, sentir e informarse de lo que pasa desde la mirada fácil, en momentos de esparcimiento y hasta de coincidencia con la propia identidad. Entonces, el público se sitúa en una paradoja, pues es un contento y un descontento a la vez respecto de los medios, siendo difícil que sus derechos comunicativos influyan en resolverla, pues no los conocen.
Pero como somos personas de múltiples facetas y solemos asociar simbólicamente ficción y realidad, por ello también establecemos comparaciones entre las ofertas mediáticas que nos satisfacen y los problemas sociales que aparecen y se ocultan desde los medios. Los ciudadanos latinoamericanos, individuales y organizados, reconocen qué está bien y mal en cada país y hasta en el mundo. En nuestros escenarios no sólo existen movimientos sociales de protesta sino que los países mismos ya se están definiendo como sociedades en movimiento, casi impredecibles en sus búsquedas y demandas. En ese sentido social, la agenda cotidiana de los medios es distinta a la ciudadana, aunque por momentos se den encuentros. Si bien los medio spodrían ingresar fácilmente al mundo de las expectativas ciudadanas de cambio social, no es así, pues han optado por el entretenimiento fácil de "lo que le gusta a la gente" sin conocer a sus audiencias más a fondo,4 no midiendo ni valorando sus aspiraciones por lo nuevo y lo útil. Hasta en la información política, la oferta periodística le quitó pasión a lo social a pesar que lo administran desde la descripción de hechos y la presentación de casos sociales. El supuesto es que la pobreza y el trabajo son entendidos como temas aburridos, por lo tanto, no se visibilizan ni se discuten con amplia participación. Muchos reconocen que los medios hacen poco por desarrollar al país y por mejorar la situación de la sociedad, siendo la denuncia una estrategia insuficiente para ese fin.
Es allí donde se ubica la veeduría, inserta en esas aparentes contradicciones entre el gusto y la aspiración de cambios de la ciudadanía, entre las ansias de ser reconocidos de manera visible y el conocimiento de sus derechos a la pluralidad, la verdad y la libertad de expresión. Entendemos que éstos son aspectos complementarios de la demanda y no opuestos. Y es desde esos desasosiegos e insatisfacciones donde tejemos alianzas con los públicos de los medios apostando a una nueva relación entre medios-sociedad-cultura, más allá del escándalo palaciego, en la búsqueda de un futuro poder ciudadano también mediático pero ligado al deseo y la acción de tener algún día una sociedad donde reine la equidad y la colaboración mutua. Así se podría ligar un nuevo proyecto de país altamente comunicativo con otro de cultura cotidiana y popular. El derecho a ser mejores nos asiste a todos, también en el nivel de nuestras sensibilidades y gustos.
La corrupción nos persigue
Estaba en nuestro favor el compromiso de muchos medios con el autogolpe y el fraude electoral del ex presidente Fujimori. Y el develamiento de la corrupción mediática evidenciada por los "vladivideos" hirió hasta las sensibilidades más duras y autoritarias del país. Las imágenes de bodoques de billetes a cambio de violar la tan defendida libertad de expresión hicieron evidente la poca solidez del castillo mediático independiente, estábamos frente a cavernas en descomposición. De esa manera comprobamos cómo la visibilidad del poder era importante para conocer su rostro real. Los medios requerían comportamientos de transparencia que hasta hoy no se demuestran. Punto en favor para el lenguaje audiovisual y su compromiso posible con la democracia porque nos mostró nuestra miseria moral, pero punto en contra para los empresarios de medios y sus proyectos aparentemente comunicativos pues eran falsos. Fuimos así sujetos de indignación, peruanos y ciudadanos del mundo. Nos hicieron sentir su disfraz democrático en el campo del ejercicio de la justicia. Y sin embargo, la memoria de quienes usufructuaron la corrupción hoy trata de vestirse de olvido. La transformación en las conciencias llegó por la puerta falsa, convirtiéndose en un problema público. Habíamos sido engañados y las empresas sí estaban comprometidas con el Estado, eran cómplices y beneficiarias de la corrupción del sistema político. Así, formar la veeduría fue la ocasión que permitía legitimar a los medios como objetos primordiales de vigilancia y fiscalización ciudadanas y al hacerlo también se podía mirar al poder en su conjunto. Es significativo que la nueva Ley de Radio y Televisión recién aprobada no tome una opción severa y sancionadora contra la corrupción.
¿Libertad de expresión o libertad de empresa?
Quizá el derecho más esclarecido es el de la libertad de expresión, pero que al confundirse con el de libertad de empresa, se limita como canon casi exclusivo de propietarios y gerentes, y sólo a veces de periodistas.
La rápida apropiación de este derecho, como si fuese una potestad exclusiva de los empresarios y sus gremios nacionales y continentales o como su principal bandera de defensa del negocio, ha llevado a grandes confusiones, haciéndonos creer que ese es el único o el más importante de los derechos desde el campo mediático. Quizá por temor a opacar su derecho a la "libertad de expresión" han ocultado los demás. Si éste existe como único y solitario valor ético de quienes sí pueden hablar, es insostenible como deontología profesional al no estar asociado a otros que tengan que ver con la convivencia y la solidaridad, tomando de manera incluyente las demandas de los demás, especialmente las de sus públicos. La parcialidad que tal derecho exime es evidente pues sólo sirve para quien puede ejercerlo en el campo público. Quedan por fuera millones de personas que aunque deseen tener derecho a la palabra pública, no tienen acceso a ella y muchísimos otros que por diversas condiciones sociales, culturales, religiosas, de género u otras se sienten incapaces de asumirla o tienen miedo.
Esto nos hace sospechar que los medios son el sector del mercado menos comprometido con la responsabilidad social. Y al mismo tiempo el más conservador y autorreferido del mundo empresarial. Recordemos "que los sujetos sólo se constituyen mediante un reconocimiento recíproco: todos se reconocen por medio del Otro como hombres libres e iguales",5 principio democrático fundamental. Y lamentablemente nuestros medios
aún no han aprendido a verse desde sus públicos entendidos como ciudadanos de derecho.
Por ello reconocemos que el proceso iniciado será lento, como ocurrió con el derecho al trabajo, el salario y horario justos. Estamos iniciando el referido al campo de la comunicación y la información, como un conjunto de derechos ciudadanos. En esa perspectiva se fundó en mi país una gesta educativa cuyo objetivo comunicacional sería una conquista democrática de largo aliento, especialmente hoy cuando los medios empiezan a adquirir un fuerte valor político, social y cultural en las formaciones ciudadanas y la cimentación de poderes económicos o políticos, más allá de los tropiezos que desprestigian su reputación ética.
Crear los derechos ciudadanos a la comunicación es hoy un campo de elaboración más que de normatividad inmediata o fácil. Y no puede circunscribirse sólo al compromiso profesional de algunos sino de todos los públicos que desean ser ciudadanos en relación con los medios. Todos somos poseedores del derecho a la libertad de expresión,6 así como nos percibimos como sujetos que debemos recibir información del Estado.7 Estamos en el tránsito de pasar de los derechos de unos a los de todos.
Partimos de que la comunicación nos debe unir y no separar subrayando privilegios. Para ello requerimos nuevas pedagogías y espacios de comunicación. Fue muy difícil discutir sobre la política del presidente Fujimori con mujeres de organizaciones de base que se resistían a hablar del tema, siendo receptoras de ayuda. Pero cuando implementamos un supuesto juicio al reality show de Laura Bozo, el tema político, los derechos ciudadanos y el autoritarismo pudieron confrontarse, descubriéndonos así que cuando se habla de los medios se habla del país y viceversa, definiéndose como una alternativa educativa interesante para muchos temas. Las innovaciones deben trascender el simple taller de análisis racionales y distantes de los medios como si éstos fueran externos a nosotros.
Ciudadanos invisibles
Al mismo tiempo asistimos a una nueva etapa en que la política se desinstitucionaliza como quehacer partidario sólido y democrático, y sus supuestos dirigentes pierden credibilidad aceleradamente ante la constatación de su ineficiencia, el enredo que mantienen con la corrupción y su carencia de liderazgo frente a la ciudadanía.
Ante tal fracaso nuestros políticos buscaron diferentes estrategias mediáticas para recuperar confianza no siempre con éxito y se frivolizaron en el camino, privatizando y dispersando sus propuestas políticas en medio del espectáculo. El propio Estado no es capaz de transformarse y adecuarse a los nuevos tiempos, no puede ni quiere colocar la agenda pública del país y sostener un debate amplio e incluyente.
Este descentramiento de la política ha tenido como contraparte una ocupación de ese espacio público por los medios, que cada vez más adquieren poder político. Ellos dictan los temas y legitiman protagonistas, destruyen candidatos, marcan los pasos visibles de la corrupción, hasta señalan lo que el Presidente o los ministros deben hacer y lamentablemente éstos les hacen caso. El escenario de conjunto es que "mientras la política se descentra, las comunicaciones es uno de los polos de atracción de la vida social".8
Los medios son ahora los verdaderos políticos del país, han absorbido la representación social de la política. Y por ello han adquirido nuevos poderes en complicidad con congresistas, partidos y funcionarios quienes le han cedido el lugar que ellos no supieron ocupar. Quizá exagero pero esa es la tendencia. Lamentablemente muchos periodistas colaboran con esta anomalía política. En la formulación y discusión de la Ley de Radio y Televisión fue la propia Sociedad Nacional de Radio y Televisión la que actuó de protagonista usurpando una función congresal que no les corresponde. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República lo confirma ingenuamente al resaltar las buenas relaciones entre empresarios de medios y políticos9 y las felicitaciones que los empresarios le otorgan a la propuesta de la comisión en diversos comunicados. En general, congresistas y medios no admiten los conflictos entre comunicación y política, más bien se ocultan o subvaloran, tratando de dar soluciones prácticas de acuerdo con intereses de corto plazo.
Estamos entonces frente a un atolladero difícil de resolver. Y lamentablemente los dueños de medios suelen pecar de intransigentes y discriminadores, sólo capaces de dialogar o dar la palabra a quien concuerda con ellos o cuando media el negocio. La posibilidad del ejercicio crítico de la ciudadanía no tiene lugar, se mantiene como un secreto público, estrategia en sí antidemocrática. Los ciudadanos frente a esta coalición valemos poco o nada. Sólo aparecemos en los medios cuando lucimos como víctimas de la desgracia humana o el destino, protagonistas de sangre, cómplices y autores de tragedias, generadores de desorden y violencia.
Ubicándonos en este espinoso proceso apostamos por una mayor autonomía entre poder político y mediático, es decir, por una libertad de expresión basada en la independencia, pero también pretendemos la transformación democrática y ética de ambos actores. Establecer alianzas con algunos medios es cada vez menos posible, igualmente lo es con periodistas eficientes y honestos a quienes hay que buscarlos a veces con lupa. Pero como veremos hay quienes empiezan a trabajar ese sentido de soberanía.
Tomar conciencia de este fenómeno arrojará nuevas sensibilidades ciudadanas en este rastreo de un nuevo y emancipado equilibrio de poderes entre medios, política y ciudadanía. Pero este mal paso ya dado por los medios puede ayudar en la formación autorreflexiva. Desde ese lugar es posible "repolitizar" a la sociedad en un sentido democratizador.
En esa lógica es evidente que la cultura deliberativa no se promueva ni ejercite, menos aún que se expliciten los conflictos y las diferencias entre unos y otros. Se recurre a entrevistar a políticos, empresarios y expertos, que suelen diferenciarse pero sin debatir. En las noticias gana siempre una sola versión de los hechos.10
Acostumbrados a las peleas y las rupturas, los latinoamericanos no hemos aprendido a argumentar, a identificar y analizar desavenencias, no requerimos información para construir opinión, siguiendo el ejemplo de algunos periodistas. Menos aún se dialoga con la ciudadanía.
En ese sentido las audiencias públicas que organiza el Congreso obedecen a la misma lógica: un conjunto de exposiciones, complementadas con preguntas, pero discusión como tal, nunca, aunque quizá haya excepciones. El modelo legitimado es la enumeración de problemas o pedidos con un poco de ají en el insulto, pero nada más. La opinión pública es sólo una construcción estadística superficial, por lo tanto imaginaria, no es el resultado de un debate amplio y de conjunto. De allí que se haya asumido el lobby negociador "escondido" y bilateral como la única estrategia viable cuyo proceso sólo es visible por sus resultados, sin que sepamos por qué, cómo y a qué costos se construyó.
Esa complicidad entre medios y política no está dando buenos resultados en la transición a la democracia. Ambos comparten el mismo discurso detallista, frívolo y fatalista de un país sin salida, basado en la denuncia menuda que se aleja de los grandes cambios y balances que requerimos hacer todos.
La intervención de la sociedad civil y de la ciudadanía en estos temas era, por lo tanto, indispensable. No podíamos reducirnos al rol de pasivos consumidores. Porque cuando asumimos a los medios no es por ellos mismos sino por la importancia que adquirieron en nuestros países como industrias culturales e informativas emergentes y por su influencia en los procesos de democratización y legitimación del poder político.
2. La creación de la Veeduría Ciudadana y su incidencia
Estamos a cinco años de su nacimiento. Al principio estuvo formada por pocas instituciones y algunos políticos honestos. Empezamos casi desde cero y pronto nos dimos cuenta que para hacer viable e incluyente su funcionamiento había que recurrir a formas organizativas flexibles y livianas, no basadas en representaciones ni en formalidades rígidas. Si queríamos amplia participación debíamos pensar otro modelo de articulación más bien abarcador pero efectivo. Hoy contamos con diez instituciones11 que toman decisiones o dan opiniones varias veces al año, pero es una sola de comunicación la que ejecuta (Calandria) con el apoyo de algunas otras según sus especialidades y el tipo de acciones que se emprenden, lo que facilita su movimiento. A la vez contamos con un consejo asesor de gente honesta que sabe del tema y tiene prestigio, sin ideología ni trabajo predeterminado, quien de manera individual o colectiva nos asesoran y hasta nos dan ánimo, incluso nos brindan información.12 Están los grupos de voluntarios que como veedurías locales en siete ciudades del país (Arequipa, Chimbote, Cuzco, Iquitos, Trujillo, Puno y Lima) se comprometen basados en responsabilidades individuales y de algunas organizaciones sociales de mujeres, con el apoyo de docentes universitarios. Podríamos llamarle una propuesta de organización participativa sin militancia, basada en una voluntad ética por el cambio en los medios con un sentido democrático. Se busca y promueve la participación ciudadana pero no se irroga su representación.
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Este tipo de organización funciona con fluidez, tendiendo a forjar aliados, como si estuviese destinada siempre a crecer. Otras ciudades quieren instalar sus veedurías locales y han planteando solicitudes varias. De la relación con la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) estamos organizando la aplicación del Semáforo Ético en diferentes ciudades del país, metodología creada por la ANDA y hoy ampliada a otros lugares con nuestro apoyo. Del trabajo con voluntarios ha surgido la necesidad, por demanda de ellos mismos, de ingresar al mundo universitario para hacer recomendaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la comunicación desde otros sentidos. La presentación de nuestra experiencia en otros países está generando todo un movimiento de observatorios en Latinoamérica o de asociación con los que ya existían. La conversación con representantes de asociaciones de padres de familia sobre el tema está ya significando un compromiso con escuelas públicas y miles de niños. No deja de ser paradójico que esta propuesta y sus éxitos tenga tan poco apoyo económico. Nuestras principales actividades se fueron definiendo en la práctica así:
Monitoreos y vigilancia de medios. Realizamos monitoreos u observación de medios en momentos electorales o circunstancias políticas difíciles y conflictivas. Pero a la vez y de manera más cualitativa se analiza la oferta televisiva sobre la imagen de la mujer, la pareja y los niños contrastada con la opinión ciudadana.13 En estas dos temáticas se trabaja muy cercanamente a otras instituciones como UNICEF, ONGs dedicadas a la infancia, FEM TV, etcétera.
Consultas ciudadanas.
Recurrimos a consultas ciudadanas permanentes en siete ciudades, recogiendo la opinión y el uso de metodologías novedosas de discusión. Así el ciudadano común y corriente tiene la palabra y discute con los demás. Luego se confronta esta demanda con la oferta ya monitoreada y se dan recomendaciones a los implicados. Los resultados se comparten entregándolos a medios, universidades, sociedad civil, políticos, etcétera. Algunos medios las difunden, a otros les sirve para revisar su trabajo. Hay quienes han introducido cambios en su programación. De esa manera la palabra ciudadana no sólo se enriquece sino
que es conocida y visible.
Actos públicos ciudadanos independientes del monitoreo y la consulta. En la búsqueda de la participación ciudadana, de compartir información y de orientar en la construcción de métodos deliberativos, se utilizan plazas, calles y locales para motivar y generar foros o actos públicos para el debate, cuyos métodos se adaptan a las realidades culturales, siempre con un fin educativo motivador. Igualmente se recurre a foros ciudadanos. Recogimos las caravanas ciudadanas, una modalidad inventada por Calandria y la usamos múltiples veces. La discusión virtual ayuda también en este sentido. De esa manera, los medios están siempre en discusión y se va forjando una conciencia ciudadana propia sobre sus nuevos roles. Hicimos también varias campañas de sensibilización: "Tú tienes el control", "Los niños Te Ven" y "Afirma tus derechos".
Actos de discusión pública entre diferentes sectores de la sociedad como los realizados, a propósito del encuentro "Conversaciones democráticas, ¿regulación o autorregulación?" en febrero de 2003 o el de "Comunicación y política", que contó con la presencia de invitados extranjeros y más de 300 peruanos. Participamos también en los organizados por otros en Lima, provincias y diferentes países.
Capacitaciones o talleres educativos a voluntarios, periodistas, etcétera. Y a quienes las demanden, que son muchos. Nos llegan solicitudes de organizaciones e instituciones del país y del extranjero. Especialmente se viaja a provincia para capacitar a los voluntarios, pero también nos dedicamos a comunicadores o ciudadanos en general, en conferencias abiertas organizadas por cada veeduría local. En alguna oportunidad los propios medios nos invitan a dar conferencias o talleres para sus periodistas sobre temas de ética periodística o tratamiento de la mujer, o nuevos roles del periodismo democrático.
Producción constante de información impresa, sobre lo anunciado anteriormente o a partir de artículos de opinión y análisis acerca del papel de los medios y de cómo éstos se asumen en diferentes países. Dípticos o trípticos nos ayudan en momentos del tratamiento de un tema, sobre todo los vinculados a fomentar la participación ciudadana en medios. Pero también nos valemos de la comunicación virtual. Y la producción de libros en ese sentido ayuda a docentes y estudiantes a mejorar la preparación de los nuevos profesionales en comunicación y periodismo.
Presentación en medios para discutir el tema de comunicación y democracia desde diferentes aspectos. Nos suelen invitar algunos medios más pluralistas tanto en prensa como en radio y televisión, y algunas veces se envían artículos para publicar. Muchos periodistas llaman para obtener información y ser asesorados en el enfoque, nunca hemos dejado de responderles.
Participación ciudadana desde la Web. Algunas veces usamos líneas telefónicas gratuitas, pero no han sido muy útiles. Más participación genera la página: www.veeduria.org y el correo electrónico para hacer preguntas, solicitar información y dar opiniones. Muchas quejas o demandas ciudadanas se procesan hacia los medios e inclusive hacia el ministerio correspondiente, aún sin ningún fruto, antes de la ley.
Conversaciones y asesoría sobre temas legales. Por ejemplo se discute sobre legislación comparada, la propia propuesta de ley de radio y televisión hecha por la veeduría fue producida, discutida y renovada, todo lo cual se reproduce en la página Web y se imprime como material educativo que se reparte a instituciones, a políticos y a ciudadanos que los demanden. Estamos en plan de hacer sugerencias sobre el reglamento futuro de la ley o sobre la operatividad de las decisiones políticas respetando el marco legal. Inclusive queremos abrir una discusión pública sobre los medios de comunicación del Estado.
Apertura a relaciones bilaterales y de confianza con empresarios, expertos, ciudadanos, asociaciones de padres de familia, organizaciones sociales, etcétera. La disponibilidad a trabajar con otros es nuestra línea para articular a la sociedad civil y al Perú en general. En los últimos tiempos estamos iniciando un diálogo con el Consejo de la Prensa, así como lo venimos sosteniendo con la ANDA.
Coordinaciones y motivaciones con las veedurías locales en formación. Las iniciativas vienen unas veces de ellos, otras de nosotros. Realizamos actividades de conjunto y específicas. La institucionalidad no obedece a un modelo preestablecido sino a lo que cada grupo humano puede instalar como funcionamiento viable en su zona. Es decir, se trabaja desde la diversidad. Unas veedurías son más activas que otras, en unas se liga el trabajo académico con el de vigilancia; en otras son más bien las ONGs los motores en la gestación de relaciones entre los estudiantes y la comunidad.
Lobbys y relaciones políticas transparentes. Hemos dejado de lado el lobby entendido como negociación individual y secreta. Practicamos aquel basado en la conversación transparente sin ofrecer nada a cambio, nuestra opción ética es por el país aunque esta metodología sea ineficiente con algunos políticos. Solemos intercambiar ideas con bancadas y grupos, además de la entrega de materiales ad hoc. Y en algunos casos hemos tenido suerte, en otros no.
Evaluaciones de nuestro trabajo. La última trató, por ejemplo, de diferenciar el balance de la Ley de Radio y Televisión ya promulgada, del proceso generado y de los logros conquistados. Con esos insumos pudimos definir nuevas líneas de acción. Aprender de la práctica es una perspectiva fundamental. Con las
veedurías locales se sigue esta tendencia.
3. Una ley de radio y televisión
Lo sucedido en el país nos hizo ver que era necesaria una regulación legal que respetara la libertad de expresión de medios y ciudadanos, compatibilizando derechos de unos y otros. La autorregulación no funcionaba en el país porque le hacía falta una ley que le diera sentido y exigencia. Como formulara Danilo Leonardi, de la Universidad de Oxford, no es posible una sin la otra.14 En esa línea elaboramos una propuesta con el apoyo de abogados especializados en el tema.15 Ésta aparecería como una alternativa a la propuesta zanjada en 2002 por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República que respondía como resultado a una negociación de intereses políticos partidarios.
Nuestra primera propuesta fue publicar un documento sobre políticas nacionales de comunicación, que ofició de texto precedente,16 pensada desde el proyecto país como horizonte democrático y el aporte de las comunicaciones en cuanto a las necesidades de cambio en la sociedad. Ya se tenía en mente la necesidad de una ley de radio y televisión.
Una vez analizado el proyecto de ley emitido por la Comisión del Congreso en 2002, la veeduría preparó un proyecto inicial que significó varias reuniones de discusión entre sus miembros.17 Luego se inició la participación de diferentes actores de manera paralela a la que establecimos con la ciudadanía. Esta proposición significó dos años de trabajo público en discusión abierta. De un lado se otorgó información y se distribuyó el texto inicial, incluso se editó un libro al respecto18 y del otro se inició el debate.
En el primer año, respecto de la ciudadanía, se tuvo que otorgar información pues sobre el campo de los derechos se sabía muy poco, incluso se carecía de información sobre concesiones, régimen de licencias, sentido de una legislación, realidades comunicativas en diversos países del mundo. Para ello practicamos foros ciudadanos en múltiples lugares y escenarios de las siete ciudades del país, acosados por entrevistas mediáticas especialmente locales, con el apoyo de muchas instituciones de la veeduría.
Al mismo tiempo pero de manera más cerrada se presentó la propuesta a empresarios de medios, periodistas, sociedad civil y políticos, recogiendo sugerencias, dentro de un conjunto de eventos pequeños que llamamos "Conversaciones democráticas, ¿regulación o autorregulación?".19 En todos los casos se confrontó la propuesta con las regulaciones que se estaban poniendo en marcha en otros países. De los datos se pasó al debate con ciertas dificultades. Comprobamos que no existe una cultura deliberativa en el país, se enumeran problemas o se pugna porque alguien triunfe rápidamente sobre el otro porque existe el consenso que a menor discusión mejor es la reunión. Se tendía a exponer demandas y era casi imposible pensar en el país de todos. Todavía falta mucho por hacer en este campo. Lamentablemente ni los políticos ni los periodistas ayudan al respecto.
Este proceso nos obligó a elaborar cambios de la propuesta inicial y decidimos apostar a una buena ley porque sabíamos que el Congreso la disminuiría en su tenor e impacto sobre la sociedad. Nuestra propuesta fue muy criticada al inicio, tergiversándola, aunque luego fue más comprendida. Se hizo una edición de 50 mil ejemplares y se distribuyó para dar paso a su discusión pública. La versión definitiva corrió a varios niveles: se presentó a partidos políticos y congresistas, a medios de comunicación, a las veedurías locales, a las instituciones de la sociedad civil, a los ciudadanos y desde la página Web a quien quisiera. Fueron días de un intenso trabajo voluntario.
El siguiente paso fue la movilización ciudadana por las firmas, acompañada de caravanas y ferias públicas locales que propiciaban el debate o el simple uso de la calle, utilizando diversas estrategias de convocatoria. Durante cuatro meses, la conversación sobre los medios y su regulación capturó el escenario callejero, las plazas y mercados locales. La discusión de pequeños grupos que se formaban naturalmente fue nuestro quehacer, el que a la larga se transformó en factor de gran motivación para nosotros y también de aprendizaje. Se obtuvieron 85 mil 674 firmas de las cuales 49 mil 662 fueron consideradas válidas por el Jurado Nacional de Elecciones,20 número suficiente para obtener el rango de Iniciativa Legislativa Ciudadana y ser aceptada por el Congreso de la República para su discusión.
A pesar que era la primera ley completa y sobre comunicaciones presentada por la ciudadanía, no sólo en Perú sino en todo el continente, ingresó al Congreso de manera formal sin que políticos y periodistas le dieran el valor suficiente. Incluso algunos representantes se sintieron lesionados porque era a ellos a quienes les tocaba legislar y no a la ciudadanía, a pesar de la existencia de una ley de participación ciudadana que lo permitía.
Es decir, la representación se colocó contra la participación sin encontrar su complementariedad. Hubo un constante acompañamiento de algunos medios escritos y audiovisuales y nuestra participación pública fue evidente, si bien algunos nos silenciaron o calificaron de estatistas, controlistas y otros insultos, pero sin poder sostenerlo con argumentos. Luego hubo actos organizados por universidades y diversas instituciones en las que estuvimos presentes fomentando siempre el debate.
Ciertamente conversamos varias veces con el congresista presidente de la Comisión, Mario Ochoa, como con sus asesores, obteniendo respuestas evasivas. Nos contaron que habían incluido 36 artículos de nuestra propuesta, para tranquilizarnos, pero evidentemente los incorporados eran los más principistas y no aquellos más políticos que democratizaban el poder y defendían la autonomía mediática. No constituíamos un grupo de presión significativo para ellos en términos de obtención de poder ni de imagen. En cambio para diversos empresarios sí éramos una amenaza a sus intereses por nuestra cercanía a la ciudadanía.
Antes del pleno y durante varios días, la veeduría instaló la muestra fotográfica "Avatares de una historia por concluir" en el propio local del Congreso de la República, donde se mostraba la corrupción de medios y el proceso de respuesta ciudadana frente a esta situación apoyando cambios radicales. Los comentarios iban y venían por los pasillos. Esta primera propuesta de ley fue cuestionada y devuelta por el pleno del Congreso a la comisión bajo la fórmula del cuarto intermedio que duró un par de meses. La gran presión en contra de la propuesta por parte de los medios tuvo su efecto. Realmente se le otorgaba excesivo poder al Ejecutivo y sólo se daban unas cuantas regalías a los empresarios. Para el Congreso nunca estuvo en discusión la creación de un Consejo de Radio y Televisión autónomo y vinculante propuesto por la veeduría, que continuó con esa propuesta por un compromiso ético y siguiendo las tendencias en el mundo a independizar a los políticos de los medios de comunicación. La discusión entre ellos más bien fluía entre quienes decían que no debía
existir un consejo o si se creaba uno sólo consultivo.
Protesta nacional
Nuevamente se presentó el proyecto en el pleno, pero esta vez más influido por los intereses específicos de nuestros empresarios de medios, recogiendo con toda apertura sus demandas económicas y eliminando todas las restricciones posibles en faltas y sanciones, incluyendo la corrupción. Mostraron así que tenían más influencia que el Poder Ejecutivo estatal. Los dos meses de pausa fueron dedicados a la incidencia efectiva de los medios sobre la comisión. Hubo una audiencia pública organizada por el Congreso, poco significativa, pero que evidenciaba la organización de los empresarios para triunfar políticamente.
En esos días se desató una campaña política impresionante en favor de la nueva propuesta por periódicos, televisoras y radios, nunca antes vista en la historia audiovisual del país, tanto que por sus excesos mucha gente empezó a sospechar de sus buenas intenciones. Evidentemente, hicieron uso del lobby y lograron puntos en favor en una primera vuelta del pleno que por mayoría aprobó la propuesta. Durante el debate estuvieron presentes los empresarios como fuerza viva de respaldo a la propuesta de la comisión. El comportamiento de los congresistas no sólo evidenciaba la falta de información sobre el tema sino el interés por aprobarla rápidamente. Estaban como sellando un pacto político o mejor dicho económico. El Estado desde el Poder Legislativo y el empresariado mediático estaban en coalición.
Al día siguiente se desató una ola de protestas democráticas. Reacciones contrarias de diverso tipo circularon por el país. El diario La República cuestionó valientemente la primera aprobación, acompañado de varias emisoras radiales. El Consejo de la Prensa, la Veeduría Ciudadana, la Coordinadora Nacional de Radio y muchos personajes públicos notables manifestaron su descontento en comunicados y entrevistas que configuraron una oposición bastante radical a la ley aprobada. Paralelamente, nuestros voluntarios organizaron una protesta en las siete ciudades donde trabajamos, que se llamó "Juntos limpiemos la radio y la tele contra la corrupción", acciones que fueron complementadas con talleres educativos de recepción crítica sobre medios y con exposiciones fotográficas.
Los temas de conflicto se referían a la entrega de nuestras frecuencias al capital extranjero y la promoción del oligopolio en los medios. Muchos también cuestionamos la complicidad frente a la corrupción. La autonomía de ambos poderes desde un consejo vinculante era el tema principal, pero cobró sólo un segundo lugar de importancia.
Se reabrió, entonces, la discusión en el pleno del Congreso. Esta vez fue más significativa para los logros democráticos, reduciéndose beneficios para las empresas y corrigiendo otros aspectos de carácter ético. Entonces, se aprobó en el Congreso, había que esperar la reacción del Ejecutivo.
A los dos días el ministro de Justicia, Baldo Kresalja, lanza una carta pública muy fundamentada y valiente contra la ley aprobada, solicitando al Consejo de Ministros que ésta sea devuelta al Congreso. La solicitud no tuvo acogida política en el Poder Ejecutivo a pesar del acuerdo de muchos ministros para que ésta no sea aceptada. Nuevo debate que sí tuvo efecto en la conciencia de mucha gente, distanciándose una vez más de las decisiones políticas de nuestras autoridades electas. Se manifestaron apoyos al osado ministro desde la prensa, pero ya no había nada que hacer y tuvo que renunciar con dignidad. Nuestra clase política no había actuado para el mejoramiento del país ni por la ciudadanía. Se sacrificó un excelente ministro por favorecer al empresariado mediático. ¡Qué desbalance! Había entonces que aceptar la postergación de una buena ley, cuando tengamos mejores empresarios y políticos. Hoy estamos ante el reto de definir los usos de la ley tal como está, pero mejorando su aplicación práctica.
Evaluación de nuestra intervención
Ya tenemos una ley de radio y televisión, se venció al periodismo y a los dueños más conservadores que apostaron a que "no había mejor ley que la que no existía" refiriéndose a los medios. La examinamos como un producto en sí mismo pero también valoramos el proceso generado. Podemos afirmar que contiene deficiencias y errores de envergadura tales como: la corrupción no sancionada ni prevenida; la ausencia de un consejo autónomo capaz de generar independencia política; la carencia de normas y sanciones que concreten los principios éticos.
El propio proceso del debate en el Congreso fue pobre y deslucido, con amplia y evidente influencia de empresarios de medios comprometidos con su formulación. Los políticos, salvo excepciones, fueron los que menos valoraron y hasta ignoraron el proyecto de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación. En ese sentido, la ley que tenemos hoy no es tan nueva porque se reitera el poder de los medios frente a la política y la ciudadanía.
Pero también muestra aspectos positivos que debemos resaltar como la presencia de buenos principios especialmente referidos a los derechos de las personas, nunca antes destacados; se avanzó en la obligación de respetar el horario familiar y la protección al menor; se legitimó la cláusula de conciencia para los periodistas aunque no esté clara aún su aplicación; los códigos de ética son obligatorios para cada medio; se logró disminuir la apertura a la inversión extranjera, y se limitó la fusión de empresas. Igualmente, pensamos que si el Consejo Consultivo se constituye adecuadamente con personas capaces y éticamente sólidas, éste podría tener un buen papel público.
Analizando la ley como proceso de incidencia en la generación de cambios, podemos afirmar que ésta ha significado la colocación del tema de los medios como una discusión pública de envergadura, manteniéndose casi dos años en la agenda política. Hoy se puede y debe hablar sobre los medios, son objeto de vigilancia. Alguna prensa escrita dedicó más espacios a esta discusión instalando una columna nueva y creativa, como el diario El Comercio. Se desdibujó la satanización de la regulación, antes asociada a graves impedimentos contra la libertad de expresión. La sociedad civil jugó un papel protagónico importante siendo la gestora de una iniciativa legislativa ciudadana, no asumida antes en el continente, lo que está generando motivaciones en otros países. A la vez, en todo el camino recorrido se produjeron nuevas alianzas con otros actores importantes como el Consejo de la Prensa, ANDA, la CNR, entre otros, que nos otorgan un panorama en favor de futuras intervenciones más integrales.
Y especialmente, por primera vez en la historia del país la participación ciudadana se hizo presente con la crítica y la propuesta, dejando a un lado la pasividad del simple consumidor. Se escucharon entre ellos mismos y fueron oídos por muchos públicos aunque no siempre escuchados. La importancia de la audiencia más allá del rating fue amplia e importante. No fue necesario fraguar firmas ni contratar empresas para la recolección. Nuestros voluntarios fueron rescatándolas y la gente estaba dispuesta a firmar porque desean mejores medios y un país más ético. Se informó, discutió y comprobó el papel engañoso de los medios cuando éstos deformaron la información en su favor. Sus intereses quedaron de manifiesto, lo que permite ver de manera transparente el escenario de la discusión y lo que mueve a cada sector. La duda se instaló públicamente en el país comprometiendo a medios y políticos.
Nuevos compromisos
Si bien la ley aprobada no garantiza una mejor calidad comunicativa y ética de los medios, vale la pena que el Comité Consultivo esté integrado por quienes tienen capacidad y honestidad para exigir su cumplimiento. Por ejemplo podrán vigilar que los códigos de ética sean elaborados y puestos en práctica. Está la posibilidad de aportar a la producción de un buen reglamento de la ley aprobada, con sugerencias
ad hoc para enmendar algunos errores, si fuera posible. Habrá que ver las interferencias entre esta legislación y otras, las competencias institucionales entre Indecopi y el ministerio o entre este último y las programaciones de propaganda electoral. Es decir, se apostaría a ganar nuevas enmiendas desde la práctica bien implementada.
No podemos permitir que la ley promulgada sea un fraude para los ciudadanos. Al mismo tiempo habría que ensayar todos los esfuerzos posibles para que el Consejo Consultivo ayude a generar un movimiento constante de cambios. Si estas transformaciones no fueran posibles estos miembros podrían renunciar probando la necesidad del rol vinculante del Consejo.
En términos ético-políticos, la veeduría optará por dos líneas complementarias de trabajo: orientar la vigilancia de los medios a la fiscalización del Ministerio de Transportes y de los mismos medios en el cumplimiento de la ley; a la vez que mantendría el monitoreo sobre la calidad de la oferta y la promoción de su mejoramiento. Es decir, su rol primordial sería la vigilancia por fuera de la nueva instancia creada. Por lo tanto, la veeduría no participaría como representante de usuarios o consumidores en el Consejo Consultivo. Trataría de ser la conciencia crítica de las normas éticas que cada medio aplique teniendo a su favor toda la autonomía posible. Trataríamos de constatar si la autorregulación funciona o no en nuestro país. Se mantendrían las alianzas conquistadas durante el proceso pero para hacerlas más sólidas, extendiéndolas hacia otros grupos e instituciones de periodistas, padres de familia, empresarios, organizaciones sociales y muchos más.
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Igualmente el tema de los medios debe mantenerse en la agenda pública y todo lo que se produzca como información o reflexión debe publicarse y discutirse. Los medios públicos que administra el Estado son también materia de reforma y de debate público. No pueden ser más administrados o conducidos por los gobiernos de turno. Tendrían que ser medios más ciudadanos desde una concepción de Estado realmente democrática, en los que se exprese la pluralidad social, política y cultural del país. Requerimos una ley específica al respecto. Hay experiencias de avance en el mundo que podemos recuperar.
Finalmente, ésta ha sido una excelente oportunidad para refrendar nuestro compromiso con la ciudadanía. La consulta ciudadana seguiremos trabajándola, promoviendo que se evalúen los avances, retrocesos o estancamientos de los medios y el cumplimiento de la ley. Siguiendo esa línea se debería incrementar la participación de los ciudadanos otorgándoles nuevos espacios e informándoles sobre sus derechos. De esa manera, se permitiría comprobar si la ley está sirviendo o no en mejorar la calidad de la oferta audiovisual y comprobar si es necesario corregirla, desde una sociedad civil fiscalizadora y realmente autónoma. Pero participar también significa educar para mejorar la demanda de los ciudadanos en su rol de públicos de los medios.
4. Lecciones aprendidas y logros a conquistar
· La dificultad más grande para la democratización mediática estaría en la clase política que no está dispuesta a pensar en términos comunicacionales y democráticos el proyecto país. Los intereses particulares priman sobre los nacionales. No valoran la participación ciudadana, reduciendo nuestro rol al de electores ubicados en la temporalidad del momento de votación. Tampoco se preparan y se informan sobre los temas a decidir, y son susceptibles de ser influidos por el poder, especialmente de los medios. La independencia de las comunicaciones y los derechos ciudadanos deben ser parte de la agenda política de los futuros candidatos. No pueden circunscribirse sólo a la libertad de expresión de los empresarios sino a la de todos. Los derechos de los ciudadanos a una comunicación de calidad política y humana siguen clamando su presencia. Tendrá que ser un tema y una interrogante permanente de toda democracia.
· Un tema central es la oposición construida entre democracia representativa y participativa. Se trata de valorar su complementariedad. Es el concepto de democracia el que está en juego pues la mayoría de nuestros políticos sólo manejan viejas y conservadoras comprensiones de la misma, en las que no ingresa la inclusión ciudadana en la tarea de gobernar, a pesar de algunas leyes innovadoras. Hoy no es posible instalarla, por ejemplo, si no se ubica a los medios en su rol político de construir la esfera pública. En el país hay pocos expertos en comunicación política, especialidad que habría que incluir en las ofertas educativas universitarias. Tampoco se sabe sobre la producción de políticas comunicativas para el país y desde el Estado. Sólo se aplican métodos simplistas e instrumentales de propaganda, imagen y campañas, extraídas tal cual de la publicidad comercial, como si la política fuera un escenario y objeto similar a la venta de un shampoo.
· Frente a medios insensibles a los intereses públicos, requerimos volver la mirada sobre la ciudadanía potenciando su poder como públicos ciudadanos que exijan cambios en los medios y avanzar aún más al respecto. La educación ciudadana en derechos comunicativos se hace cada vez más necesaria desde la escuela, el barrio, la organización, las universidades y hasta los medios. La participación debe permitir que aprendamos sobre nuestras propias capacidades como ciudadanos públicos de los medios. Los ombudsman de medios deben instalarse pronto, pero con esa función crítica y dialogante con lectores, televidentes y oyentes, generando aprendizajes en derechos e intercambio entre todos. La capacitación ligada a la acción de intervenir para generar cambios es altamente útil y transformadora, por sí misma se reproduce y genera confianza en el propio poder. Y debe comenzar desde que somos pequeños. En ese sentido, "A más democracia, más
participación (...) Una discriminación positiva que permita a los marginados participar más en el poder político, es la estrategia recomendada para que la democracia sea cada vez más real y compartida".21
· El referente de la sociedad civil como protagonistas de cambios públicos debe ser abierto y abarcador, no reducido a organismos no gubernamentales, o a organizaciones formales. La participación reflexiva de las ciudadanías individuales resulta casi una urgencia y un espacio de renovación desde la conversación entre pares y entre diferentes. A más apertura más poder de influencia, Debemos tomar en cuenta a empresarios y anunciadores con buenas intenciones, a organizaciones sociales, a instituciones de diverso tipo, a ciudadanos agrupados o no, a las universidades, pero siempre con un sentido ético de libertad y tolerancia.
· Trabajar con el periodismo es casi una emergencia. Nos damos cuenta de la inexistencia de un movimiento vigoroso de periodistas independientes con roles públicos constantes. A diferencia de otros países, éstos no se han preguntado qué pasa con el periodismo en Perú, más bien tienden a refrendarse en una reincidente autodefensa. Es muy difícil dialogar con ellos porque según sus propias explicaciones las decisiones vienen de "arriba" y no de ellos, evidenciando así el problema. Otros, en cambio, se someten totalmente a la línea editorial del medio incluyendo el campo de la definición misma de su profesión. Conocer a los medios por dentro es un gran aprendizaje para plantear la reubicación democrática del periodismo, para ello requerimos de más investigaciones que nos expliquen la situación actual del mismo. Pero también necesitamos interpelarlos y preguntarles, ¿con quién están? ¿con los ciudadanos o con el poder de políticos y medios?
· La articulación entre el derecho y la comunicación ha sido altamente productiva en este proceso. Abogados y comunicadores hemos podido pensar juntos y entendernos, confiando en las habilidades profesionales de ambos basadas en compromisos éticos con la democracia. Esta alianza profesional puede ser aún mejor si le encontramos un nuevo sentido común de justicia para generar un Estado de derecho donde las leyes
salvaguarden la ética de un país y aporten a tejer la esperanza perdida de los ciudadanos.
· Aprendimos que no es posible influir en cada país si no se construye una tendencia latinoamericana o mundial que tenga impacto sobre la clase política y el Estado. En ese sentido, la OEA puede ser un actor significativo. Pero llegará el momento en que veedurías y observatorios ciudadanos puedan también dialogar con la SIP. La postura de ninguna manera puede ser radical o intolerante frente a las ideas de otros. Estamos ante una dinámica global para lograr conquistas democráticas y sociales para la ciudadanía del mundo. Los datos de otros países ayudaron, pero si se hubiera contado con más apoyo latinoamericano habríamos obtenido una ley mejor. Las redes virtuales requieren convertirse en alianzas políticas y motores del cambio, no basta la información y el intercambio. Estamos avanzando y sólo esa comprobación radicaliza nuestro compromiso ético con los ciudadanos dialogantes del país y del mundo.
Ardua democratización
