Milagros Guada

Una profesión garante de la libre expresión, la pluralidad y el Estado democrático de nuestro país de los últimos años tiene un ejercicio condicionado, con sanciones impuestas a su actuación y a otras de sus actividades inherentes que tienen que ver directamente con la búsqueda, difusión y denuncia de situaciones irregulares presentes en la nación. El periodismo en Venezuela se ha convertido en parte de las noticias diarias que cada vez menos se atreven a difundir los medios, pero que aun así, esta situación se puede sentir en el pulso del país.

Con más de una decena de escuelas de comunicación en el territorio nacional que gradúan en cada uno de sus periodos a centenares de comunicadores sociales, ser periodista es otra cosa y en nuestro país se ha convertido en un reto.

Nunca se ha dicho que sea fácil la misión de informar, si se toma en cuenta que siempre existirán intereses ajenos y que una carga subjetiva nos es inherente, pero ser periodista en esta zona de tierras calientes, ánimos caldeados y tizones en constante ardor, es similar a jugar con fuego, teniendo como combustible el deseo por parte de los poderes públicos y económicos del Estado, además de una nutrida representación de la delincuencia organizada, de hacer callar a quienes han sido la voz de los que no la tienen.

Asimismo, son muchos los periodistas que han manifestado la constante restricción a las fuentes oficiales; agresiones físicas, verbales y el irrespeto del que son víctimas por parte de algunos voceros, entidades e incluso por los representantes de los distintos cuerpos de seguridad del Estado; la violación al derecho de reservarse la fuente; el sesgo informativo impuesto por los dueños de medios dados sus intereses particulares y que en consecuencia ofrecen una "verdad" completamente deformada; desalojo de sus instalaciones; condena a prisión; exilio, entre otras aberraciones que atentan contra el periodismo objetivo y veraz que se procura.

Algunas de las muestras recientes y más notables que hacen alusión a lo referido, se cuenta el anuncio que hiciera el Presidente de la República el 28 de diciembre de 2006 (día de los Santos Inocentes), durante el saludo de fin de año como comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, y en el que garantizó (anteriormente sólo había advertido) la no renovación de la concesión al canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV).

Inocentemente algunos pensaron que podía retractarse y resultar una de las bromas que se gastan en este día, pero posteriormente el ministro de Comunicación e Información reiteró la medida que se aplicaría al canal de mayor trayectoria de la televisión venezolana (53 años al aire), por lo que dicho medio deberá cesar operaciones el segundo trimestre de este año. Las razones dadas para aplicar tal sanción: "por golpistas y fascistas".

Cabe destacar que la intención de algunos representantes internacionales de intervenir en esta situación, ha recibido duras palabras de menosprecio que los invitan de forma grosera a no inmiscuirse. Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS) manifestó su preocupación por esta decisión, argumentando que las concesiones del espacio radioeléctrico deben basarse en consideraciones técnicas y no políticas, considerando esta medida como un claro intento por silenciar a la prensa de oposición al régimen.

Al respecto, un elevado porcentaje de la sociedad venezolana se ha hecho sentir solidaria con la planta televisiva que considera a RCTV más que un canal de TV, patrimonio venezolano; pero no así de parte de los demás medios televisivos, impresos y radiales que se perciben limitados en su apoyo y muchos de ellos modificaron su pauta informativa con la visible intención de no sufrir las mismas consecuencias.

Por otra parte, un artículo de humor sobre la hija del presidente Chávez, titulado "Querida Rosinés" escrito por Laureano Márquez, como si se tratara de una carta a la niña pidiendo que hable con su padre sobre los temas que demanda la oposición, fue considerado una violación a los derechos de la niña de ocho años. Por esta razón el diario Tal Cual fue multado con la cantidad de 40 millones de bolívares (18 mil 604 dólares).

En principio la multa supuso el cierre del vespertino, pero recientemente su editor Teodoro Petkoff anunció que la sanción (que a su parecer es de índole político) será pagada en forma colectiva, por lo que ya se inició una especie de colecta para saldar la cuenta con el Estado.

Anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia negó la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el editor de Tal Cual contra la censura previa decretada por un juez de control, a solicitud del Fiscal General de la República en enero de 2006, cuando acusó a los medios de una supuesta "obstrucción de la justicia". En otra sentencia de la Sala Civil, se abrió la posibilidad de sancionar a los medios, al establecer que los diarios deben pagar eventuales daños morales que puedan derivarse de las opiniones de los periodistas.

En el informe sobre Venezuela, presentado durante la 62 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa a finales del año pasado, se hace una clara alusión al marco legal y la situación restrictiva para el ejercicio del periodismo y a lo sistemáticamente vulnerado por el gobierno que se encuentra el derecho ciudadano a expresarse libremente sin ser molestado a causa de sus opiniones, recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio de expresión, proclamado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizado en los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana.