Identificar intereses, necesario para
 no validar candorosas teorías

 Cuauhtémoc Arista

Es dura la visión de México que expone Javier Esteinou; si su autoridad académica influyera un poco en las instancias correspondientes, ya habría sustentado los modelos de comunicación y promoción cultural de participación ciudadana que sugiere.

Foto: Mario Aldana Pimentel

Si partimos de los informes oficiales, esa participación ya existe: el propio investigador participa en un foro y se gesta en Gobernación el Instituto para el Acceso a la Información Pública, previa aprobación de una ley. ¿Por qué la pregunta sobre la función del Estado? Acaso por la clara resistencia del gobierno y las empresas de medios a la práctica de los primeros consensos surgidos de distintos grupos de la sociedad civil, incluidos los partidos políticos.

Personalmente, valoro que en Mexicolandia se escriba con todas sus letras: "La presencia de esta devastación cultural refleja que no asistimos a un simple reajuste cíclico o coyuntural de las estructuras económicas, políticas o culturales, sino que ahora estamos ante una profunda crisis de civilización". Sin embargo, preguntar cuál debe ser el papel del Estado mexicano exige replantear el diagnóstico, porque ningún Estado nacional puede salir solo de una crisis de civilización.

Aunque estoy de acuerdo con la postura crítica de Esteinou, y consciente de que en su extensa obra ha profundizado sus tesis sobre la construcción de lo público desde los medios, considero que la "mano del mercado" y "la garra de los intereses" no son invisibles. Es necesario identificar esos intereses porque de otra manera validamos una candorosa teoría del Estado como regulador anónimo de una vida social encauzada en instituciones solventes.

La transición al Estado democrático no parece haber comenzado en nuestro país; se mantienen las prerrogativas del gobierno para favorecer a los grupos de poder que lo arropan y los proyectos de rediseño institucional topan con un afán de mantener la estructura autoritaria para beneficio de otros políticos, representantes de los mismos grupos. Si no bastara la continuidad de sus efectos en la calidad de la educación, el entretenimiento y el consumo de mercancías (productos de las llamadas industrias culturales), su rúbrica se nota en las decisiones gubernamentales, las estrategias corporativas, la programación confluente y reiterativa de los medios, la construcción de consensos económicos internacionales en torno de las opciones políticas y las iniciativas de legislación nacionales, pero más reveladora es la evidente manipulación informativa de estos acontecimientos por los gobiernos y empresas de comunicación.

Tampoco un modelo alterno de Estado bastaría para formular una opción a la crisis de civilización que detecta Esteinou. Quizá tendríamos que releer a Ignacio Ramonet en esta misma revista ("Revolución digital y globalización", etcétera, julio de 2002) y a Joaquín Estefanía ("La enfermedad moral del capitalismo", El País, 28 de julio de 2002). Las anomalías de la vida mental (cultura y comunicación) en Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos no son menores, y es justo ahí donde se revelan los nexos íntimos entre la dinámica del poder y las estrategias mediáticas. La falsificación contable de los gigantes de la telecomunicación con sede en EU, el lastre que constituyen las "telecos" en la bolsa española, la participación de los reguladores en los fraudes (calificadoras, corredurías, auditores) y los vínculos de la cabeza del Estado con los conglomerados transgresores de sus propias reglas (Bush, Cheney) tienen repercusiones en México. No sólo ambientales o "de confianza"; algunas de las principales empresas de telecomunicaciones son filiales de conglomerados internacionales y, al igual que en EU, las "innovaciones" de gestión o "reformas modernizadoras" de los conservadores funcionan porque su contradicción conceptual es la moneda de cambio de la economía especulativa.

En el mismo número de El País, Bill Black y James Galbraith relatan cómo la SEC (Comisión Nacional del Mercado de Valores de EU) fue bloqueada por el abogado de los contables, Harvey Pitt, para impedir que prosperaran iniciativas de Clinton para sanear la profesión, después de que el organismo federal trató de investigar operaciones fraudulentas de George W. Bush y sus amigos empresarios. Al llegar al poder, Bush designó al frente de la SEC a Harvey Pitt, quien redujo el personal y suprimió las iniciativas del organismo para limpiar el sector. Después de eso, Bush puede anunciar su nueva ley regulatoria para sancionar a ejecutivos y directivos deshonestos, bajo la suposición de que fallan los hombres, no el sistema. El gobierno de Bush abunda en cuadros de perfil empresarial, los más importantes involucrados en anomalías financieras iniciadas cuando se impulsó a ultranza la visión cortoplacista del neoliberalismo: el gobierno de Bush padre. Se gobierna acotando al gobierno en nombre de la eficiencia, y cuando los beneficiarios hacen estallar la economía como una burbuja de champaña se promete una regulación estricta, justo cuando ni gobierno ni Estado tienen ya la capacidad de aplicar dicha regulación, de realizar investigaciones oportunas ni de promover mecanismos precautorios. ¿Nos es familiar la situación? Sucedió aquí con los bancos y, como esto pinta, puede ocurrir con las telecomunicaciones.

Dice Ramonet que ya no es muy clara la división entre el desarrollo de la economía y el de la comunicación. Estefanía descree de la autorregulación ­mecanismo "natural" de regulación, según los mercadólogos oficiales­ y la llama "la enfermedad infantil del capitalismo"; es una ley de la selva, pues lo "natural" es que los grandes se coman a los chicos, los dueños pidan más y más rendimiento, los ejecutivos mientan para percibir premios, los directores conviertan los medios en supermercados, los jefes con una maestría en mercadotecnia dicten la nota a los periodistas, éstos privilegien datos de la vida privada de los famosos (que no sean los dueños de los medios) y oculten, al menos en sus propios medios, los intereses de los que habla Esteinou. ¿Nos es familiar la situación en el terreno de la comunicación?

Sugerir que la participación ciudadana organizada puede corregir la deriva de nuestros ámbitos cultural y comunicacional con una serie de cambios en el marco jurídico, pero dentro del modelo de Estado actual, me parece optimista. Yo no creo, como los columnistas políticos, que haya una ausencia de proyecto de Estado en el gobierno. Lo que pasa es que no les interesa un proyecto de administración pública, pero sí responden a un diseño de Estado que los grupos de poder experimentan en el mundo. La destrucción de los parámetros ideológicos ­el nacionalismo etiquetado de priista y retrógrado en México, pero admirado como natural y civilizatorio en la venganza estadounidense contra el terrorismo "malo", la banalización de las identidades y todos los procedimientos para vaciar al cuerpo de sus signos individuales para integrarlo al hipermercado, así como el fomento de la "autorregulación"­, es parte de una tendencia global. Pero "global" no significa irremediable o necesario. El tema de los medios y su ingente producción de miasma anticrítico, igual que el de la lucha por el poder, está inserto en la trama principal de la lucha mundial por el mercado.

Así, la "tendencia global" se traduciría en este país como la lucha de los grupos de poder por abrir el país a las dinámicas mundiales, donde hallarían las condiciones idóneas para mejorar su rendimiento. ¿Qué grupos locales de poder económico y político, en un orden mundial "unipolar", neo neo colonialista, competiría en el mercado local con los gigantes que inventaron la globalización como fase extrema del capital transnacional? Unicamente los que estén vinculados a esos gigantes. Carlos Slim ha manifestado que el gobierno mexicano no debería ser un representante (country manager) del grupo estadounidense en el poder, pues esto determina límites muy estrechos para el desarrollo de las empresas nacionales. Preguntar qué papel debe asumir el Estado carece de importancia, ya que la multitud de respuestas posibles no cambiará el papel que el Estado actual cumple, bajo la rectoría del gobierno formal y los grupos que lo sustentan con su poder real. El papel del Estado sustentado por esas élites económicas, más las "tendencias globales" dictadas por los centros de decisión internacionales, está más que claro: está en marcha. Si no "debe" ser ese, hay que postular otro modelo de Estado.

Con todo lo inédito que suene para nuestro país, la Ley de Acceso a la Información Pública tiene como destino la omisión que padece la legalidad bajo esta estructura de gobierno, que pretende fortalecer sus bases autoritarias para mejor avanzar a la democracia; esa es la esencia de la reforma conservadora neoliberal. Al tiempo que la Subsecretaría de Comunicación Social trata de encauzar la demanda de acceso a la información, cambia su nombre: ¡una Subsecretaría para la Normatividad en Medios! Esquizofrenia ya observada por los periodistas: en cuanto comunicación social, se promueve un foro; en cuanto normatividad, se neutralizan los efectos de las demandas surgidas de ese foro con las habituales fórmulas burocráticas, como sucede en EU o Reino Unido cuando un investigador universitario quiere hacer efectiva la ley correspondiente para un trabajo que requiera información sobre presidentes y familiares, altos funcionarios, ex presidentes, empresarios ligados al presidente, la CIA o el Servicio Secreto.

Actualmente, Normatividad en Medios podría ser una jefatura de departamento en la SHCP o la SCT. Mientras el gobierno renuncia a promover valores, contenidos y discusiones relevantes para la sociedad, se asume como patrocinador de medios de entretenimiento comercial ­porque circulan "más"­ e instancia encargada de sellar los registros de la actividad empresarial. Si Big Brother no es un concurso, entonces Chabelo sí es un niño y alguien lo está explotando. ¿Exageraciones? En el número de agosto de esta revista el director de RTC afirma que la participación ciudadana ya empezó a cumplirse: hay jóvenes haciendo el servicio social en esas oficinas. A quien conozca las tareas que se les encomienda a los estudiantes, no será necesario explicarles lo buena que es la broma.

Si lo que se desea es declarar la autonomía de la cosa pública respecto de la cosa mediática, la pregunta tendría que encauzarse hacia un nuevo proyecto de Estado, porque implica la creación de un espacio público equilibrado de manera que la ciudadanía sea un protagonista efectivo en la toma de decisiones. Es una propuesta ideológica, partidista (aunque el partido antivirtual carezca de subsidio), no un plan de asesoría para los funcionarios de Normatividad en Medios. Estos son bien intencionados en teoría, y en realidad desinformados pero no por ello menos eficaces en su tarea de destruir los instrumentos del gobierno (se supone que son los instrumentos de la sociedad) para cambiar la desolación que describe Esteinou.

En consecuencia, me ubico entre los pesimistas. Dentro del proyecto que se trata de improvisar en México desde 2000, las garantías a la información contribuirán a mejorar la relación entre periodistas y funcionarios, quizá la "ciudadanía" quede representada en alguna instancia por académicos, activistas o periodistas que pronto se integren al juego político y mediático, la prensa continuará detonando escándalos que aireen el panorama político y después la información seguirá su curso por los canales trivializadores. En caso de conflicto, resurgirán la razón de Estado, los resquicios legales ("la ley no prohibe que un senador"), léxicos temporales y hasta la ya refinada corrupción para contener cualquier exigencia ciudadana de acceso a la información. Las reformas legales constituyen un alivio, pero no conducen hacia el Estado cristal. Quizá lo más valioso sea su origen, el diálogo entre usuarios de la información que originó que las protestas aisladas se convirtieran en una demanda con un objetivo primordial, aunque inmediato. La rectoría que se pide al Estado actual deberá asumirla ­con carácter de urgencia, como lo exige la crisis­ un colectivo diverso de usuarios de información que mantengan una actitud crítica y se planteen más objetivos ambiciosos, como parte de un programa impulsor de la transición hacia la democracia, desde los campos que le corresponden. Eso permitirá que organizaciones, academias, periodistas y empresas que tengan la visión suficiente para hacer negocios no sujetos a la coyuntura política, dejen de oscilar en el péndulo del optimismo-pesimismo con cada declaración de las autoridades en turno.

Cuauhtémoc Arista ha sido analista de medios para distintas instituciones gubernamentales.