Periodistas opinan sobre la Ley de Imprenta
Se deben actualizar las penas
Yalín Cacho López
Reportera de El Financiero
La Ley de Imprenta tiene varios aspectos no muy claros como el ataque a la moral o no determina cuándo
se considera vida privada o vida pública. Esas lagunas permiten la penalización para los periodistas pero, a su vez,
éstos se aprovechan de dicha situación para escribir con alevosía y ventaja en muchos casos. Cuando se refiere a
las sanciones a los ataques a la vida privada no es muy específico; ¿qué es eso? Las penas se deben actualizar,
los conceptos sobre todo.
La publicación de noticias falsas, perturbar la paz del país, no está muy claro; a qué se refiere la Ley de
Imprenta con noticias adulteradas, cómo perturbas la paz y la estabilidad del país, no lo entiendo. No se debe confundir
que en pro de hacer una vigilancia en el cumplimiento de las leyes se coarte la libertad de expresión. En ese sentido,
los periodistas también deben tener cuidado y responsabilidad con lo que publican, pues la seriedad radica en
cruzar la información. No hay vigilancia objetiva para cumplir la ley, de ahí se agarran autoridades y periodistas.
En la Ley de Imprenta se debe garantizar la ley de información pero sin poner mordazas.
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Periodistas y lectores tienen derechos
Jaime Contreras
Presidente del Consejo de Administración de
Excélsior
La Ley de Imprenta establece los derechos y obligaciones de quienes publican y editan información, pero es
una teoría avejentada, habría que actualizarla con nuevos criterios, más precisos. Por ejemplo, el concepto de
difamación, que finca las responsabilidades de los editores, es muy ambiguo. Uno de los conceptos nodales de la Ley
de Imprenta es el derecho de réplica, que obliga a un medio a publicar la inconformidad de una persona, si no está
de acuerdo con la información dada, en el mismo lugar donde apareció publicada.
Toda la ley debe cambiar. Se necesita una legislación acorde con el nuevo México, que se tome en cuenta
el derecho de las mayorías, que en este país se consideran minorías, para expresarse sin tantos trámites
legales. También se deben reformar las sanciones que ya no operan, por ejemplo, cuándo un juez puede determinar si
hubo daño por calumnia. Además, no hay reglamentación, pues en ese tipo de situaciones se sanciona al libre
albedrío. Junto con todo esto se debe considerar que los periodistas y lectores tienen derechos.
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Sin una reforma, transición incompleta
Alvaro Delgado
Jefe de información política de
Proceso
Aunque es una ley vigente no tiene ninguna correspondencia con la realidad actual. Es una ley que nadie
respeta, que nadie observa, a nadie sirve. Contempla penas carcelarias que deben ser derogadas y sustituidas por penas
de carácter civil.
Es hora de deliberar para que esa ley sea sustituida, para transformar todo el marco legal relacionado con
los medios; es decir, que incluya no sólo la Ley de Imprenta sino también la Ley Federal de Radio y Televisión,
la incorporación de las nuevas tecnologías. Un marco legal que garantice la libertad de expresión, el derecho a
la información, el derecho de los ciudadanos a la réplica sin que esto implique, de ninguna manera, una
impunidad a los periodistas.
Se requiere de una legislación que respete el derecho constitucional a la libertad de expresión pero que
también bloquee los espacios de impunidad que en el periodismo todavía existen. Los medios que han hablado de una
"ley mordaza" se han autoimpuesto una mordaza sin necesidad de ley durante décadas, viviendo de los favores
gubernamentales que hoy no han sido desterrados.
Sin una reforma al marco legal sobre los medios de comunicación no hay transición democrática.
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Delimitar la frontera entre
lo público y lo privado
Julio Derbez
Director de Vértigo
Constituye un instrumento que si bien en su tiempo fue de avanzada hoy ha quedado superado. De entrada,
las adecuaciones deben ir en función de lo obsoleto, de su anacronismo en términos tecnológicos; la ley no
contemplaba esos aspectos sencillamente porque no existían.
Sin embargo, se trata de una adecuación menor, pues la cuestión fundamental de la discusión debe ser la
frontera entre lo público y lo privado (un ejemplo:
Big Brother). Es una discusión que ha quedado pendiente, la práctica tiende a borrar esa frontera; es indispensable que ésta exista, es parte de la civilidad.
El quid de una reforma es dónde lo privado se vuelve público; es decir, algo en la vida personal de un
hombre público que afecta la visión que de él se tenga. Un ejemplo: la relación amorosa de Menem con Cecilia Bolocco.
De la delimitación clara de la frontera entre lo público y lo privado se deben derivar todas las demás
adecuaciones que se puedan hacer a dicha legislación.
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Con reformar el Código Penal basta
José Fonseca Pérez
Subdirector de El Heraldo de México
La Ley de Imprenta está totalmente fuera de tiempo. Incluso su constitucionalidad está en duda, pues fue
expedida antes de promulgarse la Constitución, que derogó todas las leyes anteriores. En síntesis, está
completamente desfasada.
Creo que no se necesita ninguna Ley de Imprenta, sino un reforzamiento de los códigos Civil y Penal para
hacer a los periodistas sujetos de la ley en caso de que éstos incurran en calumnias o difamación. Si esto se logra, no
se requiere normar el trabajo periodístico.
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Se necesita una nueva ley de medios
Lourdes Galaz
Columnista de La Jornada
La Ley de Imprenta se creó durante el periodo de Venustiano Carranza, nació por un Estado de excepción,
por esa misma razón ya no puede ser vigente. Un ejemplo concreto, un párrafo de la ley establece que la autoridad
tiene facultades para quitarle la imprenta a un medio, ahora esto ya no se hace. Las penas que impone la Ley de
Imprenta son inoperantes, establece sanciones como el cobro de un peso, es absurdo.
Pienso que no debe reformarse la Ley de Imprenta sino derogarse; no debe existir. Lo que procede es
elaborar una nueva ley de medios, eso sí. El país vive otras condiciones, son otros tiempos, aunque hay que precisar que
la Ley de Imprenta nada tiene que ver con la ley de información, es otra cosa muy diferente. Ya pasaron cien años
desde la promulgación de esa ley como para que siga operando, se debe crear una nueva ley de medios. Insisto: que
la Ley de Imprenta la derogen y elaboren una nueva.
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Por un IFE de los medios
Héctor de Mauleón
Reportero de Cambio
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En 1917 Venustiano Carranza expidió una Ley de Imprenta para acotar "los excesos de una prensa que
contribuyó al desprestigio y caída del gobierno democrático". De este modo culpaba a la prensa, y no al golpe militar
de Victoriano Huerta, del asesinato de Madero. Casi un siglo después, y con ligeras modificaciones, la misma ley
intenta regular la relación de los medios con el Estado y la sociedad. Para ilustrar su caducidad, basta con extraer la
siguiente perla: al imponer sus castigos, la Ley Carranza no hace referencia a reporteros o a periodistas sino "a los
autores y sus cómplices". Otro problema es que en 2002 el Estado está más acotado que en 1917, y que los medios,
en cambio, han multiplicado sus poderes omnímodos. ¿Qué hacer si cada que se habla de revisar la Ley de
Imprenta los paladines de la libertad de expresión o de la libertad de extorsión comienzan a quejarse de la ley
mordaza? ¿Cómo conceder un carácter más formal a la obligación de informar y exigir, al mismo tiempo, mayor rigor
al informar? Que lo diga Woldenberg: creando un IFE de los medios, un poder autónomo que escrute
simultáneamente al Estado y los medios.
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No hay interés por discutirla
Rodolfo Medina
Subdirector de unomásuno
La Ley de Imprenta que, por cierto, no es muy conocida por los propios periodistas ha dejado de ser
vigente porque no considera las siguientes características:
1. Cuál es la obligación del Estado de informar y cuál es el derecho de los medios para ofrecer información.
2. Las comunicaciones han avanzado rápidamente, por lo que dicha ley resulta claramente insuficiente.
En cuanto a si la Ley de Imprenta debe reformarse, primero debe existir una amplia discusión sobre la
pertinencia de dicha reforma, en la que estén involucrados los dueños de los medios, quienes trabajan en ellos, el gobierno
y los legisladores.
Sin embargo, esa discusión parece no interesar demasiado, pues existe una enorme apatía, sobre todo de
muchos periodistas.
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Que establezca derechos
pero también deberes
Enrique Montes
Jefe de redacción de Siempre!
Se trata de una legislación totalmente superada, no tiene hoy ningún sentido; hay que abrogarla,
suprimirla totalmente y hacer una nueva. Pero no sólo la Ley de Imprenta está superada, también la Ley Federal de Radio
y Televisión se ha quedado atrás. Las dos leyes deben ser revocadas y actualizadas a la era que estamos viviendo.
El ejercicio periodístico debe tener una norma jurídica, clara y precisa, que establezca derechos, pero
también deberes de los periodistas, pero no sólo de los medios escritos sino también de los electrónicos. Los medios
nos hemos preocupado mucho por exigir nuestros derechos y no nos hemos fijado en nuestros deberes.
Se habla mucho de que los poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) deben tener un equilibrio; de que el
Legislativo haga contrapeso al Ejecutivo; de que ninguno acabe dominando a los otros pero, ¿quién va a equilibrar al
llamado cuarto poder? Sólo una legislación. Es indispensable que los medios estén sujetos a la ley pese a la resistencia
de los concesionarios de radio y TV y muchos medios impresos, pues nos preocupamos mucho porque todo
cambie (los poderes, la sociedad) pero nunca nos hemos preocupado por cambiar nosotros. Un poder sin controles
ni contrapesos termina siendo una dictadura.
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Los conceptos deben ser claros
Mauricio Pérez
Reportero de Milenio Diario
Lo único que recuerdo es la pena por calumnia, que ha quedado al libre albedrío, es una especie de valor
entendido de cada quien, tanto para la persona que se siente afectada como para quien sanciona.
Debe haber planteamientos claros de qué se entiende por conceptos como calumnia o difamación; vida
pública o vida privada; calumnia, esto es muy ambiguo. Por ejemplo, hasta dónde un político es un personaje público
o privado. Todas éstas son situaciones poco precisas. Para adecuar la Ley de Imprenta a nuestros tiempos se debe
partir de los conceptos mismos para tener un contexto valorativo más claro si no se presta a interpretaciones.
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Su sentido esencial es correcto
Alejandro Ramos
Director de El Financiero
Es una ley promulgada en tiempos de Venustiano Carranza y, obviamente, algunos puntos están rebasados,
pero tiene aspectos muy saludables que garantizan la libertad de expresión y el derecho de réplica. Respecto del
concepto de calumnia siempre será muy subjetivo, no es impreciso sino que se presta a una amplia consideración de
quien sanciona.
Pienso que su sentido esencial es correcto, sólo hay que adaptarla a las características de los medios actuales.
La Ley de Imprenta se refiere a medios impresos, no considera a los medios electrónicos, para lograr que sea
una garantía para el ejercicio de los medios de comunicación y la profesionalización de los periodistas.
