etcétera

Acuatro años de la refundación de etcétera como ventana abierta a los medios y del cambio en México a un sistema político de competencia electoral plena y de alternancia en todos los cargos de elección, no hay lugar para intentar una serie de historias ejemplares en el campo de la comunicación pública mexicana.

De 40 años que he pasado profesionalmente en el campo de la comunicación pública, sólo cuatro de ellos han transcurrido en el México del nuevo sistema de elecciones justas y plena alternancia. Y no es que reivindique el improbable mérito de la longevidad profesional, pero esta perspectiva me permite apartarme lo mismo de la satanización del pasado que de la idealización del presente. Ésta es, pues, una versión del antes y el después del cambio democrático en México, más desde el ángulo de alguien que ha ejercido el periodismo y la comunicación institucional dentro de las limitaciones y los excesos, pero también dentro de las aperturas y las modernizaciones, que se dieron en el México autoritario. Y de alguien que hoy ejerce el periodismo sin limitaciones, como es común en el México democrático de ahora, pero también con los amagos autoritarios y las tendencias hacia viejos y renovados autoritarismos que igualmente asoman en el México de la democracia.

La inmensa mayoría de los comunicadores profesionales del México de hoy podríamos aplicarnos el título, sólo el título, de aquella memorable película de Fred Zinneman, de 1966, sobre la vida y el sacrificio de Tomás Moro: A man for all seasons: un hombre para todos los tiempos (o estaciones). (En español se le cambió a Un hombre de dos mundos.) Y es que hay una notable continuidad de los periodistas y los comunicadores públicos mexicanos, de una a otra estación, de uno a otro mundo. Los mismos periodistas e informadores antes y después del cambio de 2000. Los mismos en la estación autoritaria y en la democrática. Un gremio, en efecto, para todas las estaciones: A guild for all seasons, o Un gremio de dos mundos.

Así, en la transición mexicana, en el campo de la comunicación pública, pesan más algunas continuidades que los cambios, que los hay, y muy importantes.

Entre las principales continuidades,

1) El México autoritario y el México democrático comparten el mismo sistema legal, sin modificación alguna, al lado de un arraigado desapego al Estado de derecho. El cambio de condiciones para el ejercicio de las libertades informativas no ha requerido la menor actualización en el orden legal, por la sencilla razón de que los condicionamientos a las libertades informativas se realizaban en el pasado al margen de las leyes vigentes que, en teoría, protegían esas libertades. De la misma manera, esas libertades se ejercen hoy sin restricciones, al margen del menor cambio en las leyes vigentes que, igual, limitan teóricamente esas libertades, entre otros aspectos, en favor de los derechos de terceros, por ejemplo a la privacidad y a la propia imagen, que tampoco se cumplían antes ni se cumplen ahora.

2) El México autoritario y el México democrático comparten las mismas condiciones de opacidad, de falta de transparencia en la situación de los medios de comunicación. La circulación de los medios impresos y el tamaño de las audiencias de los electrónicos eran en 2000 y todavía son algunos de los secretos mejor guardados por las empresas del ramo. Pero el secreto mayor es el de las relaciones de los medios con los más poderosos definidores primarios de la agenda pública, las principales fuentes de información, que con frecuencia son también importantes fuentes de ingreso de los medios y sus operadores en los campos de la información y la opinión.

3) El México autoritario y el México democrático comparten las mismas insuficiencias en la calidad y el rigor profesional del ejercicio informativo. La democracia no ha traído un periodismo más profesional ni periodistas con más claros compromisos, que sean realmente exigibles por lectores y audiencias, respecto de normas legales y éticas en el desempeño de las empresas informativas y de los informadores. Y,

4) El México autoritario y el México democrático comparten, básicamente como apuntaba antes sin cambios significativos de calidad, las mismas empresas, los mismos empresarios, o el mismo tipo de empresarios de la información, y los mismos informadores. Con pocas variantes, algunos enroques y reciclamientos, son los mismos columnistas, articulistas, conductores de radio y televisión e incluso, en gran medida, los mismos reporteros o el mismo tipo de reporteros con las mismas rutinas informativas y con los mismos métodos de trabajo, los que regían la información en el México autoritario y los que la dominan en el México democrático.

En suma, nuestras leyes en materia informativa son también para todas las estaciones, igual que las condiciones de falta de transparencia, rigor profesional y ausencia de normas de conducta exigibles, que, como vemos, están funcionando lo mismo para el mundo autoritario que para el mundo democrático en el campo de la comunicación pública.

Es cierto que estas continuidades no son exclusivas del ámbito de la información, sino que, en general, el país conserva, en su actual estación democrática, el mismo sistema jurídico. No estrenamos Constitución, como en España y la mayor parte de los países que vivieron transiciones dignas de ese nombre. Y salvo el Presidente y parte de su gabinete, se mantiene en sus puestos buena parte del personal político y administrativo, en las mismas instituciones del Estado. Y entre otras continuidades contamos con los mismos líderes sindicales, empresariales, religiosos e intelectuales. Y con los mismos partidos y los mismos dirigentes partidistas o el mismo tipo de dirigentes y ninguno de ellos ha variado significativamente sus métodos ni sus rutinas ni sus reflejos en el tránsito del mundo autoritario al mundo democrático.

Y hay una paradoja más: la mayor parte de los cambios que han encauzado la transición mexicana, con excepción de uno tan importante para este campo como la ley y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), se realizaron antes del tránsito del sistema político de partido dominante al sistema de plena competencia electoral y de alternancia en todos los cargos de elección.

Desde un compás más amplio de evolución, sí hemos transitado, por ejemplo, desde los años 20 del siglo pasado hasta nuestros días, de un modelo de subordinación de los medios al poder público a un modelo de colusión de los medios con los poderes público y privado, pero bajo la rectoría del poder político, hasta los 80. Y, desde finales de los 80 a 2000 o 2002, México logró combinar el modelo de colusión de intereses con crecientes márgenes de libertad de los medios, lo cual configuró un esquema más próximo a los modelos de Fourth Estate (cuarto poder o contra poder) y watch-dog (la función de vigilancia sobre el funcionamiento de los poderes) en los términos propuestos para los medios en las democracias con mayor arraigo.

Pero de 2002 en adelante el modelo de colusión pasa a situarse bajo la rectoría del poder privado de control de los medios, en un esquema que Raúl Trejo Delarbre ha sugerido llamarlo de "subordinación al revés" pues parecería un regreso al punto de partida de los 20, sólo que con la relación invertida: la tendencia a imponer, ahora, la subordinación del poder público y del mundo de la política, a los grandes medios controlados por el poder del capital privado promonopólico. Un esquema, en todo caso, de elevación de los medios al estatus de First Estate.

O de "Poder Cero", como desde la tradición hispana lo ha llamado Alfonso Nieto, fundador de la Facultad de Comunicación Pública de la Universidad de Navarra: "En época no lejana se calificó a la prensa de cuarto poder; actualmente el poder de comunicar es poder cero. En ocasiones, ese poder domina sobre los que dominan, decide sobre los que deciden, juzga a los que juzgan, crea modas y las destruye; de hecho, está en la raíz de los otros poderes".

En México, este tránsito en sentido contrario hacia una influencia determinante del poder de los medios en el gobierno ha quedado simbolizado en el decreto presidencial del 10 de octubre de 2002, por el cual el nuevo régimen le aportó elementos regresivos clave a la transición en el campo de la democratización y de la transparencia en la relación entre medios y poderes.

Al avalar este cambio en la correlación de fuerzas dentro del modelo histórico de colusión entre los medios y el poder público, el gobierno cedió la rectoría del modelo de colusión en favor del componente empresarial del complejo político empresarial de control de los medios. En los hechos, esta rectoría pasó del poder presidencial que lo monopolizó en otros tiempos, al poder de quienes encabezan las dos grandes empresas de televisión y un puñado de cadenas de radio. Al subordinar al poder público y al espectro político general el poder fortalecido de los medios se impuso un aplazamiento indefinido a las reformas pendientes en el campo de la comunicación y, con ellos, al curso de la transición democrática.

El mes pasado pareció resurgir en México la expectativa de que el mundo de la política, a través del Poder Legislativo, pudiera volver sobre sus fueros para marcar una nueva etapa: la hora de la desmonopolización y la efectiva pluralidad de la televisión, así como de la actualización de su normatividad. La expectativa resurgió del hecho de que algunos de quienes ahora propugnan ese paso antes combatieron incluso su planteamiento.

Ello podría abrir, en efecto, la posibilidad de neutralizar en el plano más pragmático una de las armas que imponían la resistencia al cambio. La coerción ejercida hasta hoy por un poder cohesionado para inhibir toda iniciativa regulatoria por parte de los actores políticos, podría ser ejercida, a partir de esta iniciativa, sobre esos mismos actores políticos por algunos de quienes integran ese poder pero propugnan ahora desmonopolizarlo, pluralizarlo y regularlo como vía para acceder a mayores porciones del mismo poder.

En otras palabras, estas iniciativas para colocar el asunto en la agenda pública no han surgido tanto de la sociedad, sino de otros propietarios de medios que reclaman una mayor parte de ese gran negocio y de ese gran poder.

En estas condiciones, los actores del poder político, diluido ante el poder de los medios, podrán apostarle al cambio, sea por convicción, sea por comprar la protección que ofrece el poder real de coerción que tienen los medios hoy favorables al cambio; o ir por la inmovilidad y acceder a la visibilidad que ofrece el poder de premiar y castigar que tienen los medios que se mantienen opuestos al cambio. Una salida negociada, diluida, modesta o una franca simulación de cambio podrían estar también en el horizonte del actual anteproyecto en trámite en el Congreso mexicano.

Con todo, la transición mexicana registra cambios que han permitido vislumbrar comportamientos de medios cada vez más apegados a los principios de la sociedad democrática de mercado en los términos propuestos por Michael Schudson sobre las condiciones en que se dio el descubrimiento de las noticias por el público en la historia social de los medios en Estados Unidos (Discovering the News: a Social History of American Newspapers, 1978, Basic Books).

Las reformas liberales o neoliberales, según el estereotipo de los 80 y los 90, especialmente las privatizaciones y las aperturas al exterior, eliminaron algunos de los principales instrumentos de subordinación de los medios al poder público. En función de esas reformas, el gobierno dejó de ser el principal transmisor de recursos a los medios a través de la publicidad oficial, al deshacerse de las centenares de empresas que lo habían convertido en el primer inversionista publicitario en los espacios mediáticos.

Pero estos avances se ven amenazados por nuevos poderes monopólicos, del capital privado, que han sustituido al gobierno en la concentración de los instrumentos de control de los medios, como la inversión publicitaria y accionaria en las empresas mediáticas.

Como consecuencia del balance de estos cuatro años de etcétera y del fin del sistema de partido dominante, profundizar en las reformas liberales, esta vez contra las tendencias monopólicas del capital privado, tendría que ser un punto irrenunciable de la agenda de la transición en las relaciones de la democracia y los medios.

Estos nuevos poderes incursionan aceleradamente en el asalto al poder político, ya sea manteniendo bajo su control a los gobernantes y a los actores de la vida pública, incluyendo a grupos parlamentarios y a exponentes del poder judicial, o eliminando de la escena política por la vía del ataque o del vacío a los insumisos, o construyendo las próximas opciones electorales bajo su control, lo mismo para el Poder Ejecutivo que para el Legislativo, un paso previo al seguido por Berlusconi en Italia antes de acceder directamente al poder político.

Finalmente, entre otros retos, la independencia de los medios, como producto de la transición democrática, no ha generado la transparencia de sus estructuras y formas de operación. En el actual momento de la transición, una vez asegurada la independencia de los medios, al grado incluso de subordinar al espectro político, la demanda es hoy por la transparencia de las relaciones entre ellos y de ellos con los demás poderes, por mecanismos eficaces de rendición de cuentas (como los que ya se aplican a los demás poderes) con miras a asegurar los desatendidos derechos informativos de la sociedad y los derechos olvidados de las personas públicas y privadas, afectadas por los procesos informativos de los medios.

En este mismo sentido, una de las principales contrahechuras de la transición se encuentra en los efectos de la prolongación en el nuevo régimen de la cultura de la colusión. Si en el "antiguo régimen" se aseguraba el virtual monopolio del Ejecutivo federal en la definición primaria de la agenda pública, con el monopolio del poder de colusión con los medios, en el nuevo régimen no sólo no han desaparecido las prácticas y las culturas de la colusión, sino que se han extendido. La competencia por definir la agenda del debate público se reduce cada vez más a la competencia por transferir recursos, vía convenios de inversión publicitaria, a los grandes medios.

La publicidad de la vida y la obra de los gobernantes, pagada a los medios con recursos públicos, con miras a sus proyectos políticos futuros, es así otra muestra de falta de alineamiento de la política y la comunicación mexicanas a las normas y prácticas propias de las democracias con mayor arraigo y tradición. Y conspira contra los principios de la transparencia y la equidad en el manejo de recursos en la lucha por conservar o ganar el poder, que fueron clave en la legislación electoral para la transición.

Los gobiernos en funciones, el federal y los locales, ejercen el poder discrecional de la inversión publicitaria en los medios y los medios encuentran en esta fuente de ingresos una más de las vías para acrecentar su propio poder. Sólo el gobierno federal ejerce este poder por alrededor del equivalente de 300 millones de dólares al tipo de cambio de 2000, mientras los gobiernos locales, el del DF a la cabeza, hacen lo mismo a una escala de varias decenas de millones de dólares, en el caso del GDF con la ventaja de que siguen rehuyendo las normas de transparencia y acceso a la información gubernamental.

Parecería increíble. Hace 40 años, en los primeros, fundacionales 60 de la Facultad de Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, el profesor Alfonso Nieto se propuso y logró develar con base en investigaciones académicas, con recursos artesanales uno de los secretos mejor guardados por el corporativismo franquista que controlaba a los medios: los tirajes de los diarios durante la dictadura. Cuatro décadas después, ya concluida en México la época del presidencialismo priista, la falta de transparencia en los montos de los recursos que transfieren los poderes públicos a los medios obliga a la academia y a publicaciones especializadas a retomar aquel ejemplo.

Ése es el sentido de la investigación en proceso que realiza el Programa Comunicación, Derecho, Democracia en la Universidad Iberoamericana, en colaboración con la revista etcétera, la única especializada en medios en nuestro país, sobre el desproporcionado gasto del gobierno del Distrito Federal en los medios y los efectos probables de ese gasto en la enorme visibilidad informativa y en los giros favorables de esa visibilidad que recibió a cambio los espacios de noticias.

La publicación, en esta edición de aniversario de etcétera, de un anticipo del resultado de la investigación, habla del compromiso adquirido con el nuevo reto de la transparencia en la relación de los poderes y los medios y en los medios.

En términos de la relación de los medios y el desarrollo democrático, la combinación de la publicidad gubernamental y los sesgos informativos a que da lugar conduce a otras varias distorsiones, por ejemplo, en los resultados de las encuestas sobre expectativas electorales. Así, el mandatario capitalino logró, con los recursos transferidos a los medios en los tres meses anteriores, detener la caída en cerca de diez puntos perdidos hasta julio a partir de los videoescándalos que exhibieron la corrupción en su gobierno. En otras palabras, los contribuyentes estamos financiando la recuperación electoral del jugador más aventajado en la carrera presidencial para 2006.

Otra forma de cerrar este balance de cuatro años de etcétera y del tránsito al nuevo sistema de competencia electoral y alternancia plenas es reafirmando que los grandes medios han sido los beneficiarios de la transición a cambio de un modesto y frecuentemente contradictorio papel jugado en el desarrollo de la democracia mexicana.