Otto Granados Roldán
Los escándalos político-mediáticos ocurridos en México en lo que va del año desde las revelaciones
del Financial Times sobre los abusos de Marta Sahagún y Vamos México hasta los videos de la presunta
corrupción de Jorge Emilio González, René Bejarano, Carlos Ímaz, Carlos Ahumada y otros más en el gobierno de
López Obrador han producido numerosas reacciones emocionales, políticas y psicológicas, pero pocas en el
terreno jurídico y, hasta ahora, ninguna voluntad de los actores involucrados para corregir las cosas y tomar
las decisiones que permitan evitar que estos hechos se sucedan. Ello merece, por lo tanto, un análisis que
ponga en perspectiva las consecuencias de esta temporada turbulenta.
Aunque las buenas conciencias clasemedieras han puesto el grito en el cielo para clamar que estos
hechos denigran la vida pública, en realidad el tema de fondo no es la divulgación de éstos sino que tales pillerías
hayan sido cometidas. En el tránsito hacia una normalidad democrática la difusión de esos sucesos ayuda a elevar
los niveles de transparencia y escrutinio, a que la opinión pública conozca lo que hacen algunos actores
políticos y a que, eventualmente, haya consecuencias legales y políticas y mecanismos preventivos. En ese sentido,
es saludable que los medios con todo y los excesos del
star system en que la chabacanería ha convertido a
payasos y locutores hagan lo que deben hacer investigar, cotejar, confirmar, comprobar, checar, confrontar,
documentar, verificar y publicar para que la sociedad tenga una visión razonablemente amplia, informada
y objetiva de la conducta de sus gobernantes.
Pero, al mismo tiempo, los escándalos plantean un dilema que puede formularse de la siguiente manera:
si bien la difusión de hechos de corrupción contribuye a mejorar la transparencia necesaria en un
régimen democrático, ¿puede también erosionar más aún la desconfianza y el desencanto de la sociedad con
gobiernos, políticos y partidos, e inducir al electorado a escoger a líderes mesiánicos, populistas e ineficientes como
última alternativa? Los estudios recientes indican que sí.
Según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de
2003, sólo 23% se dijo satisfecho con la democracia mexicana; 50% afirmó que prefiere un gobierno que actúe cuando se necesita aunque
no consulte antes de tomar decisiones; 60% piensa que unos "cuantos líderes decididos harían más por el
país que todas las leyes y promesas"; 57% cree que los ciudadanos prácticamente no tienen ninguna influencia
en las decisiones del gobierno, y sólo 14% considera que los intereses de la población son tomados en cuenta
al elaborar las leyes. Estos datos ayudan a explicar la alta valoración que, hasta antes de los escándalos, tenía
López Obrador, o son el sedimento que facilita la llegada de dirigentes populistas como Hugo Chávez en
Venezuela o Lucio Gutiérrez en Ecuador. Dicho de otra forma: divulgar es bueno para la democracia y la
transparencia, pero, si no hay correctivos rápidos, mina la confianza y la credibilidad ciudadana en sus instituciones
políticas. ¿Cómo romper este círculo vicioso?
La tercera consecuencia de los escándalos es que deterioran la estructura de valores comunes y
compartidos en que, teóricamente, se funda la convivencia de una sociedad y su apego al Estado de derecho. Es decir, si
la conducta de los gobernantes debe afianzar, por la vía del ejemplo, un determinado comportamiento moral
en los gobernados, una mala conducta puede orillar, por ende, a que el respeto de los ciudadanos por ese
marco legal y valoral se diluya o simplemente no exista. Si en el caso de los mexicanos su aprecio por la ley o la
confianza interpersonal son bajos, la corrupción de los funcionarios públicos dificulta cualquier mejoría en tales
comportamientos. Los datos son reveladores al respecto.
Sólo 25% de los ciudadanos afirma que debe cumplirse la ley, con independencia de la opinión que se
tenga sobre ella; 54% declara que las leyes en México se usan para defender a la gente que tiene poder o
como pretexto para cometer arbitrariedades; 48% aprueba que un funcionario se aproveche ilegalmente de su
cargo "siempre y cuando haga cosas buenas", y 59% declara que son los ciudadanos quienes permiten que
haya corrupción. No es una casualidad que México aparezca como el país donde, en América Latina, es más alto
el porcentaje de sus ciudadanos que declaran que es plenamente "justificable" evadir impuestos.
Por lo tanto, ¿cómo lograr que los ciudadanos se detengan ante el rojo del semáforo, paguen
impuestos, cubran sus deudas, no invadan la propiedad ajena o cumplan sus compromisos, si sus políticos son los
primeros, a todo color y en horario prime
time, que violan la ley? Intentemos algunas conclusiones posibles.
1. La difusión de los escándalos será útil para la democracia siempre y cuando de ella se produzcan
acciones legales, políticas y administrativas que sancionen las conductas delictivas. Si los involucrados en los
hechos recientes siguen insistiendo en que todo es una "conspiración" de sus adversarios y no hay medidas
punitivas y correctivas, la opinión pública sufrirá una mayor desilusión con los asuntos públicos y los próximos
escándalos no harán sino perpetuar el círculo vicioso: "ellos no respetan la ley, yo tampoco". La corrupción tenderá
a reproducirse a sí misma de manera más acentuada.
Como dice Susan Rose Ackerman: "Si los dirigentes políticos están comprometidos con las reformas
estructurales, la utilización inteligente de los escándalos puede generar un apoyo público en pro de cambios costosos y actuaciones del gobierno que, de otro modo, serían impopulares Los reformadores deben resistirse
a aquellos que utilizan la cruzada anticorrupción para limitar a la oposición política. Los esfuerzos nominales
de reforma que se convierten en una venganza personal contra los adversarios políticos perderán credibilidad.
En una atmósfera altamente politizada, los procesos individualizados no producirán una reforma real".
2. Todos los agentes de socialización iglesias, ONGs, escuelas debieran hacer un esfuerzo innovador
y muy serio para inducir una nueva pedagogía democrática que, entre otras cosas, le permita a la
ciudadanía encontrar incentivos al seguir una conducta apegada a la ley. Si un ciudadano paga sus impuestos y éstos
le son retribuidos bajo la forma de resultados concretos obras, seguridad, buena educación, etcétera
entonces encontrará una respuesta tangible y medible por parte de la autoridad a la que confía sus impuestos. Al
mismo tiempo, esa pedagogía debiera sembrar la convicción de que una sociedad medianamente decente México
no lo es aún no puede aceptar que quienes han sido condenados por la autoridad por hechos vinculados a
la corrupción, puedan paladinamente reinsertarse a esa sociedad como si nada hubiera pasado. Ver por
ejemplo a Luis Echeverría, a Ángel Rodríguez, a Carlos Cabal, a René Bejarano y a otros mexicanos
notoriamente corruptos pasearse alegremente es una pésima señal. El rechazo social es, o debe ser, un elemento de
condena explícita.
3. Los medios tiene que desempeñar su papel con mayor rigor y profesionalismo, pero una partida
de locutores o payasos no puede convertirse en el nuevo Sanedrín. Ni es su tarea ni, muchos de ellos, tienen
la autoridad moral para denunciar la corrupción pública o privada. Una buena parte de los comunicadores
de moda que se muestran tan preocupados por los escándalos, son los mismos que, en el viejo régimen,
protagonizaron en distintas épocas, modalidades y montos, muchos de los hechos que ahora denuncian. Por
lo tanto, si de verdad los medios van a cumplir un papel activo en este asunto, tienen también que empezar a
ganar autoridad moral y hacer su propia transición: divulgar sus estados financieros y sus ingresos reales,
informar quienes son sus propietarios verdaderos, aislar las políticas editoriales de otros negocios que tengan
los dueños, integrar un registro público de la propiedad mediática, poner parte de sus acciones en manos
del público inversionista para que exista un cierto control social, entre otras cosas. Sólo así los medios
serán verdaderamente creíbles e independientes.
4. En la gente del poder la corrupción es casi una tentación natural, y ni los discursos moralistas o
mesiánicos tipo López Obrador ni los análisis profundos sobre sus causas psicológicas, históricas o culturales, ni los
meros videoescándalos, serán suficientes para disminuir el nivel del problema. Hace falta emprender una
política pública seria y profesional que atienda los ingredientes económicos, administrativos y regulatorios de los
focos más frecuentes de corrupción.
El lugar común (los periodistas) dice que metiendo a la cárcel a los corruptos (Bejaranos, Ahumadas,
etcétera) o sustituyendo a los malos (el resto del mundo) por los buenos (únicamente AMLO) se acaba el problema.
Las cosas, sin embargo, son infinitamente más enredadas que remover las "manzanas podridas". Los incentivos
a la corrupción son muchos y de muy variada naturaleza. Tienen que ver con los excesos regulatorios, con
un funcionamiento monopólico en áreas estratégicas de la economía, con la falta de un servicio civil de carrera
y con las ineficiencias burocráticas, entre otras cosas.
Un estudio de la Secodam, por ejemplo, reportaba que, sólo a nivel federal, existían seis mil 800
regulaciones, circulares o decretos contenidos en cinco mil 500 páginas para normar adquisiciones, ejercicios
presupuestales, licitación de obras públicas y un gran etcétera. Otro del Banco Mundial indicaba que los tiempos promedio
para abrir un negocio en las entidades federativas variaba de 42 a casi 200 días, y uno más citaba el laberinto
de reglamentos municipales y estatales que inciden sobre una marcha eficiente y transparente de la
economía. ¿No son éstos incentivos claros para violar la ley? Ante tal panorama, siempre hay una mano dispuesta a
dar y otra a recibir con tal de lubricar una gestión ineficiente, y en este caso lo que los gobiernos deben hacer
es ir mucho más rápido en la desregulación, en la incorporación de las nuevas tecnologías en la relación
autoridad-ciudadano, en plantear reglas claras para situaciones donde hay conflicto de interés y en crear un
auténtico servicio civil.
Las fuerzas del mercado, por otro lado, han demostrado ser más efectivas que los instrumentos legales
o judiciales en la lucha contra la corrupción. En la medida en que el Estado conserva el poder de la última
firma en muchos asuntos económicos (permisos, licitaciones, contratos) o controla monopolios que debían
estar sujetos a mecanismos económicos competencia, opciones, escrutinio de los accionistas, información
rigurosa, las posibilidades de sobornos o de apropiación privada de bienes públicos, se incrementa.
La corrupción en numerosas empresas públicas ha sido legendaria, entre otras razones porque son
monopolios que no están sujetos a la supervisión pública, porque sus directorios son nombrados
discrecionalmente, porque su información contable y financiera no es verificable públicamente y porque no le rinden cuentas
a nadie más que a las altas burocracias. Ésta es una de las razones clave además de las financieras o de
eficaciaque debieran llevar a abrir y/o privatizar los grandes monopolios estatales.
Si México no desea ver más extravagancias como las de estas últimas semanas, tiene que cambiar el
enfoque de sus políticas de transparencia.
En suma, los videoescándalos sólo podrán arrojar saldos positivos en la medida en que, más que
sangre, escarnio o conspiraciones, haya acciones preventivas sistémicas en favor de la transparencia y, con ella, de
la consolidación de una democracia incipiente.
