Requerimos medios regidos por los principios de
 transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad

 Gustavo Hirales

Libertad de expresión y derechos humanos tienen un vínculo histórico, ético y filosófico inseparable. Desde mucho antes de que se pusiera de moda el concepto "derechos humanos", la libertad de expresión fue reclamada como una de las libertades básicas del ser humano, es decir, de aquellas sin las cuales no se puede vivir dignamente, humanamente.

En los orígenes de la modernidad, frente a los derechos estamentarios, los fueros y privilegios de nobles, militares y clérigos, la soberanía de supuesto origen divino, etcétera, se levantó a fines del siglo XVIII un vasto reclamo por la igualdad y los derechos del hombre y del ciudadano, por la soberanía del pueblo, plasmado en los principios de la revolución francesa y en los que animaron la independencia de las colonias estadounidenses. Entre los derechos reclamados y conquistados, la libertad de pensamiento y expresión fue uno de los principales, tal como quedó plasmado por el clásico: "Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".

Conquistar el principio en los países más avanzados fue una cosa, convertir el principio en derecho universal fue causa de una lucha que se prolonga hasta nuestros días. En nuestro país está acreditado que una de las causas de la revolución mexicana fue precisamente la represión que el porfirismo ejerció en contra de las libertades de expresión y de manifestación y, en particular, contra la libertad de prensa. Lograr que las libertades de expresión y de manifestación fueran algo más que buenos deseos expresados en el texto constitucional, costó en México sangre, vidas, cárcel, persecuciones y hostigamientos que hoy nos parecen inadmisibles, pero que desgraciadamente ocurrieron.

Para decirlo suavemente: otros valores distintos a los de la democracia política y a la vigencia de los derechos cívicos fueron privilegiados en la construcción del Estado surgido de la revolución mexicana (derechos sociales, estabilidad y control políticos, creación de la infraestructura nacional y desarrollo económico, inversión extranjera, etcétera).

Sólo mediante grandes luchas cívicas (y otras no tanto, recuérdese la guerrilla de los 70) y populares, como las de 1968, o las luchas locales por el respeto al sufragio popular (navismo, Chihuahua, 1986); como las organizaciones que en diversas entidades federativas surgieron para exigir el respeto a la ley y el cese a la impunidad, como las luchas cívico-electorales de 1988, y hasta la insurrección del EZLN en 1994 (más, hay que decirlo, la prudencia y contención de personajes y sectores decisivos en los grupos gobernantes, vgr. Jesús Reyes Heroles), fue que se logró lo que hoy tenemos: una democracia en proceso de depuración y consolidación, con alternancia en el gobierno federal (y en múltiples gobiernos estatales y municipales) con gran pluralidad política en el Legislativo federal y en los legislativos de los estados que, en definitiva, despeja las dudas sobre la legitimidad de los actos y mecanismos que originan el poder político en México.

En particular, contamos con instituciones nacionales y estatales autónomas cuya misión es la defensa y protección de los derechos humanos frente a los abusos del poder; instituciones que, espoleadas por la sociedad y la opinión pública, no sin titubeos, cada vez acreditan mejor las razones de su existencia.

Mención aparte merece el importante papel jugado por los medios de comunicación, en particular aquellos que nunca bajaron sus banderas críticas, como Proceso y otros de más reciente creación, a nivel nacional y local. Con sus excesos y hasta inconsecuencias, sus filias y sus fobias, los medios fueron un elemento central en el surgimiento y animación de una opinión pública que cada vez fue pesando más en el ánimo de los gobernantes y de la propia ciudadanía. Cierto, no todo lo publicado se convertía en voz o sentir de la opinión pública, pero entre las élites y los interesados nadie se llamaba a engaño: todos sabían lo que pesaba y lo que no pesaba (prueba de ello ­entre muchas­ fue la masacre de Acteal: no había ningún dato que vinculara al entonces secretario de Gobernación con los que perpetraron la matanza en un perdido rincón de Los Altos de Chiapas. Sin embargo, la opinión pública cargó sobre él una parte de la responsabilidad, al menos por omisión, e irremediablemente tuvo que renunciar).

La CNDH surge en un momento histórico signado por la creciente indignación de la opinión pública por los excesos y abusos de las fuerzas policiacas, en violación de las garantías individuales, y en contra de la libertad de expresión. Surge ante la necesidad social y estatal de contar con un referente institucional creíble de justicia ante el descrédito enorme de las instituciones de procuración de justicia. El antecedente inmediato es el asesinato de Manuel Buendía, y el hecho escandaloso de que las autoridades encargadas (Dirección Federal de Seguridad) por el Presidente de la República para llevar a cabo las investigaciones del crimen, primero, no tuvieran facultades legales para hacerlo (ni el Presidente para designarlos a este efecto) y, segundo, estas autoridades resultaron ser, en una investigación posterior, enjuiciados y encontrados culpables del complot para asesinar al periodista.

El detonador del surgimiento de la CNDH es el asesinato en Sinaloa de la defensora de los derechos humanos, Norma Corona. El entorno lo da la penetración del narco en las diversas corporaciones policiacas, en particular en la Policía Judicial Federal. Así, uno de los derechos humanos prioritarios a defender es el de la libertad de expresión, amenazado desde los sótanos del Estado. Posteriormente, en la CNDH se crea un programa específico para proteger a periodistas agraviados.

Existe, sin duda, una relación dialéctica entre democracia y derechos humanos, y entre democracia y libertad de expresión. Nuestra historia reciente acredita que la mayor libertad de expresión genera o induce avances democráticos que, a su vez, redundan en una mayor o más acabada libertad de expresión.