Debe haber transparencia en los medios

etcétera/Ernesto Villanueva

La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental es un paso importante, sin embargo el debate en torno a una reforma integral de los medios sigue pendiente. etcétera platicó con Ernesto Villanueva con el objetivo de plantear rutas para esa discusión

Hace varios meses, desde etcétera, Raúl Trejo Delarbre invitó a un debate a quienes, como tú, nos llamaron maximalistas por afirmar que el derecho al acceso a la información podría ser una cortina de humo para cancelar las reformas a la ley de imprenta y de radio y televisión. Ustedes no respondieron a la invitación y por ello queremos retomar el asunto. Vayamos por partes, entonces, primero con una pregunta obligada: ¿cuál es el aporte de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental?

Esa ley viene a construir un nuevo paradigma en un régimen donde toda la información que debía ser pública era secreta y donde toda la información que se conocía era la que discrecionalmente y a juicio del gobernante, y muchas veces por cuestiones de ventaja política, se hacía del conocimiento de la sociedad. Cambia ese modelo a uno totalmente contrario, para que toda la información en manos de las entidades públicas sea eso, pública, salvo aquella que por excepción taxativa prevista en la ley se considera como reservada o confidencial.

También tendrá un impacto sobre el periodismo. Este tiene como referente la declaración y sólo el periodismo de investigación es el complemento o la excepción. Con una ley de acceso habrá un reto para el periodismo, que es precisamente cambiar esas coordenadas de trabajo, donde el periodismo de investigación sea la regla y el de declaración el complemento. Esto también va finalmente a impactar en la calidad de información que tengamos los ciudadanos, en el derecho a saber de las cosas públicas.

¿El llamado Grupo Oaxaca se alió con el gobierno para impulsar la ley de transparencia? Justo cuando Marta Sahagún, entonces directora de Comunicación Social de la Presidencia, afirma que el gobierno impulsaría una ley en tal sentido, surge el Grupo Oaxaca y retoma la idea. La pregunta tiene sentido para saber si ustedes irán más allá de la ley de transparencia.

No fue así, el Grupo Oaxaca surge como un acercamiento entre actores en un nuevo régimen ­actores que tradicionalmente buscábamos crear nuevas instituciones democráticas en materia de derecho a la información­ y editores, periodistas, fue un primer acercamiento y, de pronto, hay una coyuntura propiciatoria de esto, que es la filtración que se hace de un anteproyecto de ley de acceso a la información pública elaborado por la Secodam. A partir de ahí analizamos que era una ley muy restrictiva, que en lugar de garantizar el derecho y el acceso a la información buscaba legalizar la secrecía.

Foto: Martha Ghigliazza

Se crea el Grupo Oaxaca, surge a contrapelo de la iniciativa del gobierno, las críticas al proyecto de Secodam hacen que esta dependencia en poco tiempo deje de tener la propuesta de la elaboración del anteproyecto de ley de acceso a la información pública. La propia Marta Sahagún deslinda al gobierno, dice que ése no es el proyecto del gobierno sino de Secodam y decide tomar por instrucciones del Presidente ella misma el proyecto. Cuando ella está ahí hay un diálogo para hacer una buena ley y ahí se empiezan a abrir canales de comunicación. Posteriormente Marta Sahagún se casa con el Presidente y esto llega a la Secretaría de Gobernación, básicamente al área de José Luis Durán Reveles, por un lado, y, por otro, un área técnica la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias. La creación del Grupo Oaxaca obligó al gobierno a levantar los niveles de calidad de la ley; nosotros hicimos primero tres declaraciones básicas, la primera que se creara el Grupo Oaxaca, y se integrara una comisión técnica de operación, una segunda donde se establecía un decálogo de cuáles eran los elementos mínimos que debía tener una ley de acceso y fuimos más allá; dijimos: vamos a elaborar una propuesta ciudadana alternativa, que a juicio nuestro podría contribuir al debate.

Insisto en el asunto de la operación política, porque en relación con la interlocución que se establece con el gobierno y el interés por la transparencia informativa que empieza a concitar el Grupo Oaxaca, ésta se da con los empresarios de los medios. Ahora que detallas el primer paquete, nada tenía que ver con sus propias responsabilidades como propietarios de medios. Esta alianza fue posible, me parece, en virtud de que los grandes empresarios de los medios fungen como actores políticos, no se puede pensar en la propuesta que ustedes desarrollaron sin el apoyo que concitaron de algunos medios, que empero sólo subrayan la responsabilidad que recae en el Ejecutivo, pero no hay un planteamiento, ni siquiera general, de parte de ellos que diga éste es un primer paso y queremos una reforma integral de los medios.

En México, el 30 de diciembre de 1977, se reglamenta el derecho a la información, en el último párrafo del artículo 6, que dice todo y dice nada: "El derecho a la información será garantizado por el Estado", eso ha sido interpretado de múltiples maneras a través de la Suprema Corte de Justicia. De manera que el derecho a la información es la prerrogativa que tiene toda persona para buscar, investigar, difundir y recibir hechos y opiniones de interés público a través de cualquier materia, es un concepto matriz donde cabe o se pueden colgar diversas normas, una ley de radio y TV, una ley de protección del derecho de los periodistas, una ley de responsabilidades, una ley de telecomunicaciones y la Ley de Imprenta que tiene algunas características, por ejemplo en materia de responsabilidades, ¿deben ser los periodistas responsables? Por supuesto que sí, nadie puede solicitar derechos sin obligaciones.

El problema de la Ley de Imprenta en cuanto a responsabilidades es lo que constituye la figura de los delitos de prensa, es decir, aquellos que sólo pueden ser cometidos por el periodista, lo cual es contradictorio con el artículo primero de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley, tampoco se trata de darle privilegios a los periodistas pero sí sujetarlos a las responsabilidades que tenemos todos. Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Imprenta son muy parecidos a los delitos de difamación y calumnias contemplados en el Código Penal, de modo que tendría que eliminarse esa parte de la Ley de Imprenta, y que toda la responsabilidad se dé por el Código Penal para todos.

¿Cuáles serían las directrices de reforma de la Ley de Imprenta?

La Ley de Imprenta tiene muchos elementos negativos como los delitos de prensa, y algunos positivos como los previstos en el artículo octavo sobre el derecho de crítica a los servidores públicos, el de réplica; habría que rescatar algunos elementos de ahí pero habría que hacer una nueva ley, moderna, democrática.

Con la ley de acceso a la información hubo muchos sectores de los medios que se negaban a eso, incluso la Sociedad Interamericana de Prensa decía que la mejor ley de prensa es la que no existe, había resistencias iniciales, posteriormente la misma Asociación aceptó esto y apoyó que hubiera leyes de acceso a la información.

Pero sigue en la misma postura, no está de acuerdo con la ley de prensa pero sí con la de acceso a la información.

Es importante señalar que ellos no estaban de acuerdo en nada que toque información, comunicación y derecho, estaba vedado.

Por supuesto, pero mientras le significara al gobierno una obligación, y esto representara para los ciudadanos un derecho, están de acuerdo. Pero no lo están cuando se habla de las obligaciones y la transparencia a la que debieran estar sujetos los medios, y que es también un derecho de los ciudadanos. En ese sentido, el maximalista fue el Grupo Oaxaca que, en materia de regulación de medios, apostó por la nada. ¿En qué quedamos? ¿No era un primer paso la ley de transparencia informativa gubernamental?

Independientemente de la estrategia decidida por ustedes, el resultado en torno a este aspecto nodal, es la nada. Sus aliados de ahora, El Universal y Reforma, por ejemplo, decían en 1998 que era una ley mordaza la que ustedes proponían como marco regulatorio de los medios. En el entorno democrático, la ley de transparencia es un avance, pero eso no significa lo que ustedes decían, un primer paso para normar en serio el derecho a la información.

Es importante señalar que independientemente de que estén de acuerdo o no los medios, tenemos el artículo 1910 y 1910 bis del Código Civil que establece la figura del daño moral, el artículo 352 del Código Penal establece la difamación y la calumnia, nuestras leyes fijanresponsabilidades para todos, incluidos los periodistas, hacer una nueva ley es aplicarles responsabilidades adicionales a los periodistas.

Pero hay una ley que establece que si un médico se equivoca puede perder la licencia, o si a un ingeniero se le cae una casa difícilmente obtiene una licencia, pero si un periodista injuria, y argumenta que lo está haciendo en ejercicio de su libertad de expresión, generalmente acusa al gobierno o a instancias judiciales si son requeridas por parte del demandante como alguien que está pretendiendo ir en menoscabo de su libertad de expresión. Nos parece que, por un lado, es necesaria una normatividad que implique claramente la función de los periodistas cuando éstos transgreden la propia ley y, por otro, tú lo decías cuando hablabas del artículo 6 que garantiza el derecho a la información, y requería una normatividad muy puntual, ¿crees que los medios pudieran ahora, como no lo han hecho durante 25 o 30 años, coincidir de pronto con que aparte de la transparencia informativa también les implique a ellos una transparencia para informar su tiraje, verificar los puntos de rating que dan a conocer, el régimen de concesiones, en fin, ¿crees que los medios que acompañaron a esta iniciativa pudieran coincidir con una propuesta como ésta?

Es un tema que no se ha discutido. El Grupo Oaxaca se formó exclusivamente con el propósito de una ley de acceso a la información pública y de establecer leyes complementarias como una ley de archivos públicos, una ley de reuniones abiertas. Pero volviendo a la pregunta, ¿habría medios que estuvieran dispuestos a hacerlo? Creo que sí. En este caso hay una postura dividida: en febrero de 2001, el presidente de la Asociación de Editores de los Estados, Carlos Alvarez del Castillo, propuso cuatro temas: el segundo tema era una ley de transparencia y equidad publicitaria, que implica por su propia naturaleza establecer criterios para otorgar la publicidad y estos criterios conforme a los estándares democráticos internacionales implican certificación de tirajes, transparencia, establecer cuotas para publicaciones especializadas que fomentan la masa crítica de medios; de modo que un sector de la prensa no estaría de acuerdo, pero voy a decir quiénes sí estarían de acuerdo: la Asociación de Editores de los Estados y la Asociación Mexicana de Editores, que comprende más de 90 medios impresos del país. No sé si, por ejemplo, La Jornada y Reforma estuvieran de acuerdo.

Sí, pero cuando se piensa en la reforma se piensa en el gobierno, en la asignación presupuestal del gobierno para la publicidad, lo cual nadie cuestiona, nos parece que es un avance. Pero el ejemplo que das vuelve a demostrar que la preocupación de buena parte de los medios está en función de mayor acceso a la información en relación con las actividades del gobierno, reglamentar el gasto del gobierno en materia de publicidad...

Pero también a ellos los implica, reglamentar la publicidad...

¿Tú crees que ellos estén de acuerdo con informar el tiraje?

Creo que sí. Tendría que ser un reto. Los medios han ido cambiando, y eso lo vemos hoy con muchos periódicos, con muchos medios.

Respecto del Grupo Oaxaca, ya está la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿qué sigue? ¿Convocarán a radiodifusores, dueños de televisoras, para discutir la Ley de Radio y Televisión o se van a abocar exclusivamente a prensa?

Hasta este momento no se ha discutido el tema, creo que el Grupo Oaxaca va a sobrevivir, pero con una agenda acotada a los temas vinculados al derecho de acceso a la información pública, cuál sería la agenda concreta: leyes complementarias a nivel federal, leyes en los estados e impulsar la ley federal de acceso a la información pública. No creo que haya otro interés. Esa es mi opinión, no se ha discutido.

¿Por qué? Decías al principio de esta charla que la ley de acceso era un punto de partida para lo demás. Entonces, ¿cuál es el punto de llegada?

Una cosa es el Grupo Oaxaca y otra es Ernesto Villanueva. Qué pienso, primero, no estaría de acuerdo con que en la Ley de Imprenta se establecieran responsabilidades adicionales previstas en nuestra normativa penal y civil; sí en una nueva ley que introdujera el secreto profesional, la cláusula de conciencia. Uno de los grandes problemas que hay en este país es la falta de oportunidades de capacitación y superación del periodismo, que afecta finalmente el derecho a la información y no hay fondos públicos transparentes, abiertos, legítimos que hagan eso, cada quien los tiene que hacer. Los medios tampoco han cumplido con eso. Tendría que haber una ley que lo contemple. Si tenemos periodistas mejor capacitados vamos a tener mejor calidad de información y evidentemente periodistas mejor pagados.

Por supuesto que a los periodistas les hace falta mejores condiciones de trabajo. Pero quiero llamar la atención sobre algo que no es precisamente música para los oídos de los periodistas, no sólo en términos éticos o incluso profesionales, porque hablar de la cuestión profesional implica reconocer sus enormes insuficiencias. Pero, ¿el parámetro legal?, es decir, lo que no suena bonito ni a los dueños ni a los periodistas son las concesiones.

En los medios por supuesto que debe haber transparencia; eso va a determinar evaluar a quién se le otorga publicidad y a quién no. Respecto de la radio y la televisión, debe ser un órgano autónomo, de carácter colegiado, el que otorgue las concesiones para evitar la discrecionalidad. Tiene además que establecer criterios. En muchos casos éstos son básicamente un plan de negocios, rentabilidad y punto; creo que debería haber más cosas: oferta programática, garantías de cobertura para los sectores minoritarios de la sociedad, un elemento adicional debería ser promover la producción nacional.

Que las concesiones sean públicas.

Evidentemente.

Bernardo Gómez se enojó porque SCT nos dio información al respecto. Decía él en una carta que se abrió "la caja fuerte".

Hay que revisar nuestra ley actual de radio y televisión, nuestro reglamento establece un registro público de concesionarios. Cuando hablamos de esto estamos hablando de un registro que puede ser accesible. Incluso, como consecuencia de la Ley Federal de Transparencia va a ser una cuestión que la tengas por ahí; es decir, eso va a ser una parte, independientemente que la Ley de Radio y Televisión lo tenga, lo tienes ganado por acá.

Acerca de la programación, aquí a veces se entiende que hay o que debe haber censura. Por supuesto que no. Lo que debe hacerse para no caer en este tipo de cuestiones es establecer franjas horarias, que la propia ley lo establece pero el problema es que como México no es un Estado de derecho pleno sino un Estado de derecho en desarrollo lo que haces es negociar la aplicación de la ley. Otra cosa, la ley establece la creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión que no se ha creado en flagrante violación a lo previsto en el artículo 89 fracción I de la Constitución. Es decir, el Presidente tiene la obligación jurídica de hacerlo cumplir y no lo ha hecho por distintas circunstancias, por acuerdos, por lo que sea, pero ha violado la ley; eso es innegable. Basta leer la Constitución.

En materia de radio y televisión se tendría que hacer ese cambio y creo que valdría la pena considerar una vinculación entre la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Radio y Televisión. Prácticamente en la experiencia comparada la Ley de Radio y Televisión es un capítulo en la de telecomunicaciones. ¿Por qué en México no se hizo una ley así? Porque en 95 cuando se pretendió hacerlo, el gobierno dijo: bueno, pues con los medios electrónicos yo ya tengo un acuerdo y mejor hago una nueva ley de telecomunicaciones bajo subastas públicas, bajo criterios de mayor transparencia, bajo modelos incipientes internacionales (los mínimos estándares internacionales), creo un organismo, Cofetel, donde todos los comisionados son nombrados y removidos libremente por el Presidente y duplica funciones con la SCT.

Otro tema controvertido es el de los tiempos oficiales, los cuales los tenemos en dos vías: una por la Ley de Radio y Televisión y por el decreto de 1969 donde son tiempos más generosos, de 12.5%, que se le llama un pago en especie o un derecho. En ese punto revisé cuáles eran los estándares democráticos internacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, si a ti te entregan una concesión de radio y televisión ­que además allá es una atribución de los estados, no de la Federación, por medio de una comisión de carácter colegiada­ no hay ningún impuesto en especie a la televisión abierta, salvo la televisión que es pagada, esa sí paga un canon anual. En el caso de Europa el impuesto fluctúa, pero en efectivo, entre 1 y 3%.

En México estamos hablando de 12.5%. Aquí hay varias posturas: algunos creen o sugieren que deben utilizarse esos tiempos para enviarlos al Congreso, a la sociedad civil, etcétera. Mi postura es que deberíamos adoptar los criterios internacionales, porque la estructura de los tiempos oficiales es más perjudicial que benéfica por la propia configuración jurídica. Quienes integran la Comisión de Radiodifusión son puros funcionarios del gobierno y ahí siempre hay márgenes de maniobra para negociar frente a las presiones. Y además, las condiciones como está ese impuesto son buenísimas para el concesionario; basta y sobra con que ellos lo pongan a disposición para que se entienda como cumplido, si lo acepta o no la autoridad es otra cosa. En este caso, creo que la mejor opción es establecer ese impuesto de entre 1 y 3%, 1.5% para ponernos en la media, y destinarlo a los medios públicos para ya no tenerlos agonizantes. Si canalizamos ese 1.5% no gastamos más dinero, rompemos los vicios de discrecionalidad y se ofrece mayor calidad.

En cuanto a las sanciones. Ha habido acusaciones muy frecuentes de que la Secretaría de Gobernación y RTC no aplican la ley en materia de sanciones, de concursos, de talk shows porque el artículo 73 y 83 establecen de manera clara la prohibición de utilizar palabras altisonantes, de doble lenguaje, de baja comicidad, etcétera, con una pena o sanción que va de 50 a 500 viejos pesos. Aceptando sin conceder que fueran 500 pesos, si yo tengo un talk show que me deja, por decir una cifra conservadora, un millón de pesos, y la sanción son 500 pesos, pues saco la chequera y te digo ten 20 mil pesos y cóbrate las de todo el año. Debemos tener sanciones que sean efectivamente disuasivas. Primero una amonestación, segundo un porcentaje de tus ingresos totales en día, te cobro 10% de todo lo que recibiste, esto genera un disuasivo.

De estos últimos temas no se encargará el Grupo Oaxaca. Hablemos entonces de las expectativas de Ernesto Villanueva. Por ejemplo, una consecuencia de la ley de transparencia es la creación de un órgano autónomo que se integrará con cinco comisionados encargados de vigilar el cumplimiento de esa ley. ¿Tú quieres ser comisionado?

Es importante destacar que esta posibilidad es a título estrictamente personal. El Grupo Oaxaca en su sesión de consejo técnico del 16 de abril pasado ratificó su convicción de no proponer candidatura alguna a cualquier cargo público y que descalificaría a quien de manera explícita o implícita se presentara en su nombre. Esta decisión es muy importante porque ratifica el objetivo del grupo de proponer instituciones jurídicas en materia de acceso a la información y temas relevante, pero negar de manera tajante convertirse en un grupo de interés para satisfacer intereses personales de promoción política, lo cual desnaturalizaría su propia esencia. En mi caso, mi trabajo en este rubro, mucho o poco, es mi único aval en el hipotético caso de que esta posibilidad pudiera concretarse.