Adolfo Pastrán Arancibia
En Nicaragua, en 1990 con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro, se abolió la Ley de Medios de Comunicación Social, que sometía a éstos a la censura del gobierno.
Desde entonces el país goza de una amplia e irrestricta libertad de prensa, garantizada en la Constitución Política, matizada por altos y bajos, en los diferentes gobiernos de los últimos 17 años.
Hace unos meses, la Asamblea Nacional aprobó, después de cinco años de debates, la Ley de Acceso Ciudadano a la Información Pública, pero el actual gobierno del presidente Daniel Ortega ha retrasado la promulgación de su reglamentación, lo que ha impedido que pueda ser aplicada.
Esta ley obliga a los funcionarios públicos de todos los niveles a entregar a los medios, mediante un procedimiento administrativo, la información pertinente sobre el desempeño del Estado, aunque se reserva alguna información calificada de secreto de Estado o muy confidencial, como las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos, que no puede ser revelada sino es por voluntad personal.
A partir de 1990, con el establecimiento de la democracia, pasamos de dos canales de televisión oficiales, a un proceso de apertura del espectro radioeléctrico. De acuerdo con información oficial del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos hoy día se cuenta con cinco canales de TV privados en VHF, diez canales privados en UHF, y uno estatal, que fue declarado en quiebra financiera en 2002 y desde entonces está fuera del aire, pero muy pronto volverá a emitir su señal como una repetidora de Telesur, gracias a un convenio de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
Pasamos de una treintena de emisoras en 1990, en su mayoría controladas por el gobierno, a tener 52 emisoras de radio en AM y 228 en FM. Además, 25 empresas operadoras de Internet; 70 entre grandes, medianas y pequeñas operadoras de TV por suscripción en todo el país; 27 infraestructuras satelitales; siete servidores portadores; 27 empresas de transmisión de datos; una de telefonía básica; dos de telefonía celular.
Contamos con tres diarios nacionales, La Prensa, el decano; El Nuevo Diario y el Diario de Hoy; dos
boletines impresos ejecutivos de circulación diaria; dos semanarios destacados, Confidencial y 7 Días; más de 25
revistas impresas; más de 100 radioperiódicos y portales noticiosos en Internet, como Informe Pastrán.
Los medios gozan de exoneraciones fiscales. El papel y la tinta gozan de excepciones en esta materia, lo mismo que refacciones e importaciones de equipos para los medios electrónicos.
El gobierno cuenta solamente con un canal de televisión, actualmente fuera del aire y una emisora oficial. Sin embargo, la administración sandinista controla una cantidad importante de emisoras de radio y es accionista del Canal 4, lo que le permite tener presencia informativa importante.
Fue en el gobierno del liberal Arnoldo Alemán (1997-2001) que los medios fueron acosados por la Dirección General de Ingresos, por denunciar actos y escándalos de corrupción. El Partido Liberal Constitucionalista, entonces en el poder, creó su propio periódico, una emisora de radio y una agencia publicitaria, para utilizar la publicidad como premio y castigo.
En el gobierno del también liberal Enrique Bolaños (2002-2006), los medios resintieron la reducción de la inversión publicitaria estatal y el cierre de la emisora La Poderosa, crítica del gobierno. Bolaños fue señalado de concentrar la publicidad en medios afines.
En el gobierno del sandinista Daniel Ortega, la inversión publicitaria fue reducida a su mínima expresión, provocando el cierre de varios espacios informativos radiales. ésta se ha concentrado en rótulos de carrera mediante el cual se exalta la figura del Presidente de la República. La poca publicidad beneficia solamente a emisoras de radio propiedad del FSLN y algunos medios no críticos.
El gobierno ha aplicado una política de presión hacia los diarios nacionales para el pago de impuestos a la importación y limita seriamente la cobertura informativa en los actos del mandatario, obligándolos a escuchar solamente los medios oficiales, lo que ha provocado la protesta de los periodistas nacionales y las agencias internacionales de noticias, por una política de secretividad y exclusión, que prefiere a los medios afines al gobierno.
