Entre la espada del poder y la pared de intereses
Javier Corral Jurado
Una y otra vez, en nuestro país se elogia y pondera el avance de la libertad de expresión. Realidad indiscutible
de nuestros días, tiene sin embargo diferentes niveles de realización.
Por lo regular, cuando se afirma la plenitud con la que ahora se ejerce tal garantía, el enfoque se reduce a quienes
llevan a cabo tareas informativas, asociando tal derecho como exclusivo de los comunicadores, y peor aún de los dueños
de medios, cuando en realidad somos todos los ciudadanos los titulares de esa conquista social.
Para la clase política, el avance de las libertades de expresión y de información, tiene relación directa con los
medios, su manejo y relación. Se anuncia que ahora existe porque en los distintos niveles de gobierno se abandonan
prácticas de control, chantaje, corrupción o intimidación (sin ser del todo cierto). Pocas veces se piensa en los instrumentos
políticos y legales de que disponen los ciudadanos y los periodistas para hacer uso de este derecho, incluso frente a los
propios medios.
Para que florezca la libertad de expresión, y pueda ejercerse a plenitud la libertad de información, se requiere de
normas jurídicas que den certidumbre a esos derechos fundamentales de los ciudadanos y consustanciales al Estado
democrático moderno.
La libertad de los propietarios de los medios cuenta en nuestro país con avances innegables; de hecho, hacia
los concesionarios de los medios electrónicos se han desplazado algunas facultades que corresponderían al Estado, y se
les conceden prerrogativas y privilegios que no se registran en otros sectores. Los derechos de los propietarios de
medios escritos se mantienen en el equilibrio, aun cuando sigue siendo el contrato de publicidad oficial en todos los niveles
y cada vez más creciente en influencia y seducción los contratos de publicidad privada, los definidores de una
buena parte de la agenda de los medios.
Los derechos de los periodistas no caminan por el mismo sendero; incluso en muchas regiones del país el estado
de Chihuahua, por ejemplo tienen rutas verdaderamente regresivas. Sólo baste consultar el informe de Reporteros
sin Fronteras sobre las dificultades y presiones que sufren los trabajadores de la información, donde México ocupa el
lugar 75, de un total de 139 países.
En medio de todos los intereses, pues el periodismo está llamado a escrutarlo todo, los periodistas viven ahora
entre la espada del poder y la pared de intereses de sus patrones. Por eso se las tienen que arreglar, y llegan a escribir
entre líneas lo que han escuchado y visto con toda claridad. Tienen muy pocos derechos reconocidos por la ley frente a
su empresa periodística y frente al Estado en el ámbito de su misión y de su papel fundamental en la sociedad.
Cuando esos periodistas quieren ser dueños de sí mismos, entonces intentan ser propietarios del periódico o la
revista en que les gustaría escribir. Realizar ese anhelo en radio y televisión es una verdadera utopía en México. Y como lo
utópico es lo imposible, pues a eliminar a quien lo intente no vaya a ser que nos cambien toda la realidad de nuestra
cosmovisión. Para ¡el buen uso del espectro radioeléctrico! No sirven los comunicadores, ahí más bien quedan los zapateros,
transportistas, hoteleros, comerciantes, ganaderos, agricultores, políticos (desde diputados hasta gobernadores) y policías.
No hay reglas claras, equitativas y transparentes para la asignación de frecuencias que permita, entre otros, a
los comunicadores comprometidos con un verdadero proyecto de información y difusión cultural tener acceso al uso
y explotación directa del espectro. Pero lo más lamentable es que a estas alturas de nuestro proceso de cambio
tampoco cuenten con los más elementales derechos de protección a su labor, independientemente del medio; me refiero
a garantías que los periodistas han conquistado dentro del mundo democrático más allá de su relación laboral y
económica, pues tiene que ver con el ejercicio de una tarea social indispensable para el desarrollo democrático.
A muchos periodistas se les imponen criterios ajenos y contrarios al enfoque de sus investigaciones y notas, se
les cercenan sus textos o se les añaden datos que no han salido de sus libretas de apuntes; a otros se les pide
confeccionar informaciones falsas y dedicadas al desprestigio de personas e instituciones, sin asidero que las soporten, y a quienes
se niegan a una u otra cosa sencillamente se les despide.
Algunos de los empresarios de ese tipo de medios señalan que eso nada tiene que ver con la libertad de
expresión, que tales intromisiones y atropellos a la conciencia del periodista se ubica en otra libertad, la de empresa.
También tenemos en el país otra forma de intimidación a periodistas. Con frecuencia están siendo citados a
comparecer ante el Ministerio Público en calidad de testigos o como auténticos coadyuvantes de la autoridad para ampliar datos
sobre su trabajo, que coincide con la investigación de determinados delitos y en ello se les pide revelar sus fuentes de información.
Es cierto que en nuestro país no está reglamentada esta derivación del secreto profesional, que es la posibilidad
de que el periodista reserve el origen o "la fuente" de su información, pero México ha suscrito una serie de
tratados internacionales debidamente ratificados por el Senado en los que se contiene una amplia definición de todo lo
que constituye la libertad de expresión y el derecho a la información. A diferencia de otros secretos profesionales, como
el del abogado o el médico en los que la protección se refiere al asunto o el diagnóstico, el de los periodistas protege
al sujeto emisor de la información para que pueda florecer la expresión y la publicidad de ciertos temas que, de otra
manera, pondrían en riesgo la vida misma de quienes los descubren.
El periodismo ha de denunciar los atropellos; pero el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlos.
El periodismo debe estar al lado de la justicia, pero no de los procesos judiciales. Dice con razón don Julio Scherer
García que "no hay abrigo para la mentira, tarde o temprano manos hábiles la desnudan". Puestos a la luz pública los
saqueos, los crímenes, las complicidades, debe haber también policías eficaces para llevar a la cárcel a sus responsables.
Tal y como acontece con algunos de los derechos de los trabajadores de los medios que incomodan a los
empresarios de éstos, el del secreto de las fuentes informativas encuentra incomprensión por parte de un amplio sector de
la burocracia política que lo traduce en patente de impunidad.
En países donde este derecho es realidad y no sueño inacabado (España, por ejemplo), la secrecía de las
fuentes informativas no puede ser opuesto por un reportero en un proceso judicial que se haya instaurado en su contra por
delitos de difamación o calumnia, no puede escudarse en él; tampoco lo puede invocar como defensa cuando la
información sea producto de la comisión de un delito. Pero eso es otra cosa, porque el reportero es el acusado. Lo que se
pretende hacer con las comparecencias es que los reporteros auxilien de manera directa a la policía, delatando a sus fuentes.
En las últimas semanas, reporteros de
La Jornada han sido citados a declarar por la PGR en torno a dos asuntos
que de manera consistente han venido trabajando y ahondando: el Pemexgate y el caso Raúl Salinas de Gortari.
En ambos casos, los reporteros de
La Jornada han sido manos hábiles, ojos y oídos atentos a informaciones
precisas y abundantes. Eso no los convierte en coadyuvantes ni testigos de la PGR. No prestigia a la dependencia una acción
de esa naturaleza. Es contraria al avance democrático del país, fuera de cualquier idea de transición política, y lejos
de impulsar la libertad de expresión que tanto ponderamos. Para que haya voces de denuncia, necesitamos secreto
de fuentes informativas.
Igual que este tema, otros derechos de los periodistas podrían estar contenidos en una ley de garantías a la
libertad de expresión que salvaguarde la profesión de presiones constantes. Normas jurídicas y códigos de ética tienen un
carácter complementario, nunca sustitutivo. A ese conjunto de normas debemos llevar pronto el respeto a la integridad
del trabajo periodístico, la cláusula de conciencia, el salario profesional y la secrecía de las fuentes informativas.
Derechos de los periodistas
