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Los riesgos de una democracia vacía


Luis Salazar Carrión



Desde hace tres semanas, los tele y radio adictos mexicanos han debido padecer una verdadera avalancha de escándalos vinculados a unos videos donde se expone la corrupción desvergonzada de cuatro tristes personajes de nuestra vida pública.

El llamado Niño Verde, primero; tres conspicuos miembros del gobiernos del Distrito Federal, después, y dos importantes miembros del PRD, por último, han sido hasta ahora las "víctimas" de una serie de escándalos generados por videograbaciones transmitidas por unos medios convertidos así en Tribunal Supremo para la opinión pública. Y seguramente, los escándalos no han terminado.

Hasta aquí, y por lo menos para los que tenemos alguna información sobre el pasado "revolucionario" y "político" de todos estos personajes ­desde el Niño Verde hasta Ímaz y Robles­ lo único realmente sorprendente fueron no lo actos, sino que éstos hayan sido grabados. Por supuesto, el impacto de las imágenes es muy superior al de las denuncias y los rumores, aunque también, habría que reconocerlo, mucho más fugaz. Pero ¿alguien ignoraba acaso que el PVEM ha sido desde siempre una empresa familiar? ¿Alguien desconocía los pingües negocios realizados por Bejarano y su señora con supuestas agrupaciones de colonos? ¿Alguien, que no fuera Elenita Poniatowska, se podía hacer ilusiones sobre la calidad moral de la señora Robles y de Ímaz? En realidad, lo único que podía asombrar ­aunque me temo que esa capacidad de asombro la hemos perdido ya hace rato­ es que esos y otros bribones como ellos, con esa trayectoria, siguieran gozando no sólo de absoluta impunidad legal e incluso mediática, sino de un éxito "político" tan notable. Lo asombroso es que tengamos una "clase política" tan proclive al abuso, al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito, a la apropiación privada de los recursos públicos, y sobre todo tan ajena a cualesquiera principios éticos o políticos, sin que todo ello suscite, hasta ahora, ninguna reacción de verdadera indignación cívica en la mayor parte de la población.

Quizá más interesante ha sido la forma en la que la dirigencia del PRD y el gobierno de la ciudad han reaccionado frente a estos escándalos. Las tribus perredistas han aprovechado para ajustar cuentas, forzando la renuncia de algunos militantes incómodos. Y Andrés Manuel, en cambio, para presentarse como el "mesías" víctima de una vasta conspiración internacional de "la derecha", sin asumir la menor responsabilidad por la manifiesta corrupción de sus colaboradores más inmediatos. Y sin siquiera mostrar la menor preocupación por la misma. Pero la reacción (o falta de ella) de los demás partidos y del gobierno federal no deja de ser también sintomática. Con algunas excepciones, los priistas han preferido nadar de muertito: sobra decir que el de la corrupción no es un tema con el que puedan sentirse cómodos, dada la inmensa red de complicidades que ha sido y sigue siendo ese partido. Algunos panistas, en cambio, como el enloquecido y soberbio Diego Fernández de Cevallos, han tenido un carácter protagónico en los escándalos, mientras otros han aprovechado para expresar su descontento por la oscura participación de los primeros en la cuestión de los videos. Finalmente, más allá de los acostumbrados disparates del Presidente ­que siempre quiere presentar los sucesos, aun los más negativos, como "éxitos" de su gestión­ acerca de "la transparencia" que caracteriza a su gobierno, el secretario de Gobernación se ha limitado a desmentir, una y otra vez, las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador en contra del gobierno federal. Sin que, y esto es notable, ninguno se atreva a mencionar, no digamos a criticar, el papel ese sí protagónico y determinante, de los medios electrónicos en toda esa vergonzosa farsa.

En diversos artículos y ensayos, José Carreño Carlón y Raúl Trejo nos han explicado cómo el papel de arbitraje y decisión última dejó de tenerlo el titular del Poder Ejecutivo para pasar a manos de una coalición de intereses mediáticos y empresariales que cuenta con el poder absoluto de predeterminar el éxito o el fracaso ­la visibilidad o invisibilidad, pero también el prestigio o el desprestigio­ de partidos y de personajes políticos. Difícilmente puede dudarse de que esta serie de escándalos está ligada a estrategias de poder que, aunque no puedan utilizarse como coartada para justificar la abierta corrupción existente en el gobierno del DF, obviamente tiende a reforzar la hegemonía de dicha coalición. Muchas pueden haber sido las causas desencadenantes de esta campaña: desplazar la atención de los oscuros enredos financieros de la Fundación Vamos México, disciplinar a algunos personajes del gobierno del DF, apaciguar las veleidades del Niño Verde, desprestigiar (todavía más) a los partidos políticos, etcétera. Lo cierto, en todo caso, es que una vez más esa coalición ha mostrado su capacidad de determinar al conjunto de la vida política mexicana, sin que nadie ni nada pueda contestar o limitar su poder.

Pero el asunto también vuelve a mostrar si no la crisis sí al menos la inmensa debilidad de nuestro sistema de partidos y, correlativamente, la debilidad y bajísima calidad de nuestra incipiente democracia. Se trata, en efecto, de un sistema democráticamente anómalo, que se desarrolló como consecuencia de la lenta descomposición y desgaste del viejo Estado revolucionario (autoritario) de partido prácticamente único, y que se formó, entonces, bajo una conflictividad política que tenía como eje esencial la oposición entre oficialismo (o gobiernismo) y antioficialismo (o antigobiernismo). Aunque ese antigobiernismo tuvo, por razones históricas, dos lecturas opuestas ­la panista, de derecha, y la perredista, supuestamente de izquierda­ lo cierto es en ambos casos se nutrió, casi exclusivamente, del desgaste y del desprestigio del PRI gobierno, que se convirtió, por ello mismo, en el factor cohesionador e identificador primario tanto de Acción Nacional como del PRD. Por su parte, el PRI fue siempre cohesionado e identificado por el gobierno y el Presidente en turno, a pesar del creciente divorcio generado por las políticas de las tres últimas administraciones, divorcio que a su vez permitió la emigración de muchos de sus cuadros hacia la oposición.

En todo caso, lo anterior permite entender que la alternancia tuviera como consecuencia inevitable una crisis o si se quiere un debilitamiento radical de la identidad y de la cohesión de estos partidos. El PRI se transformó en un "lumpenproletariado sin cabeza", lo que explica sus dificultades crecientes para mantener unidas a sus diversas facciones en pugna por los restos del botín; el PAN, igualmente, no sólo perdería su acostumbrado papel de oposición civil, sino que sufriría el asalto de las figuras organizadas en torno a Vicente Fox, lo que hasta ahora lo mantiene en una situación de parálisis y desorden interno. En cuanto al PRD, la tercera derrota consecutiva de su candidato casi único, pero sobre todo el triunfo de Fox, también supusieron golpes difíciles de asimilar: cohesionados hasta ese entonces por un proyecto meramente oposicionista, la alternancia sólo podía abrir un periodo de ajustes de cuentas internas, en el que los presuntos herederos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas intentarían quedarse con los restos del naufragio, imponiendo para ello una determinada candidatura de cara al 2006.

En los tres casos tenemos por ende organizaciones carentes no sólo de un perfil ideológico y programático claro, sino de mecanismos de dirección y regulación interna capaces de otorgarles la cohesión suficiente para negociar, acordar o deliberar como actores relativamente unitarios. Atravesados por fuertes conflictos internos, en cada uno de ellos aparecerán facciones con posiciones divergentes tanto estratégica como tácticamente, que establecerán por ello alianzas y acuerdos mafiosos, más o menos opacos, tanto con fuerzas y corrientes de otros partidos como con poderes fácticos extrapartidarios. La lógica que se impondrá entonces en el Congreso, heredera de la gastada lógica transitocrática, será ya no oponerse a cualquier acuerdo con el PRI gobierno, sino la de evitar que cualquier acuerdo permita la consolidación de algún cuadillo o presunto candidato con posibilidades para los comicios presidenciales de 2006. De esta forma, la lucha transversal por el poder presidencial parece haberse convertido en el factor que impide a todos y a cada uno de los partidos "grandes" actuar como fuerzas capaces de proponer, discutir y acordar cualquier cosa que no sea la consolidación legal de su propio oligopolio electoral. El conflicto entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo en el PRI (por no hablar de los gobernadores), el conflicto entre Martita y Fernández de Cevallos, el conflicto entre López Obrador y Cárdenas en el PRD, son todos expresión de antagonismos entre fuerzas políticas tanto intra como extra y transpartidarias, que consideran a los respectivos partidos como meros instrumentos incómodos de sus ambiciones e intereses oligárquicos. Empresas pobres, empresarios ricos, se decía antiguamente. Partidos débiles y desprestigiados, políticos fuertes, se tendría que decir ahora. Y también, lo que es más grave e iluminador: gobiernos institucionalmente precarios, gobernantes protagónicos y supuestamente carismáticos.

Lo que nos lleva a la cuestión de la naturaleza de la representación política que padecemos en México. La propia existencia y fuerza del PRI y del PRD nos hablan de que la vieja representación corporativa o clientelar sigue teniendo un enorme peso electoral, al menos en ciertas regiones del país y sobre todo a nivel estatal y local. Se trata, como es obvio, de una representación autoritaria, basada en las necesidades y en la indefensión de amplios sectores de la población que de alguna manera siguen dependiendo de caciques, hombres fuertes, líderes impresentables y vividores de todo tipo, que reproduce los viejos mecanismos clientelares del Estado revolucionario en condiciones pluralistas y, hasta cierto punto, salvajemente competitivas. Y, por su propia naturaleza, este tipo de representación requiere de amplias dosis de corrupción, tráfico de influencias y uso patrimonialista de los recursos públicos. Este es el tipo de representación que sustenta la "popularidad" de López Obrador.

Pero junto a ella ha surgido otro tipo de representación: la mediática, la que se sustenta básicamente en la imagen y en la propaganda comunicativa de los grandes medios de difusión electrónicos. Este es el tipo de representación que puede explicar el triunfo de Fox y sus amigos en las elecciones de 2000, y para la que los partidos políticos son más bien un estorbo costoso y problemático, que obliga a todos los presuntos candidatos a tomar "sana distancia" simbólica o real de sus organizaciones partidarias, y a buscar, en cambio, el apoyo o por lo menos la aquiescencia de los propietarios de los grandes medios de comunicación. Lo que permite entender no sólo la obsecuencia de la inmensa mayoría de la clase política hacia los medios ­por no llamarla simple y llana sumisión­ sino también su correlativo desdén por las formaciones partidarias. Se trata de una representación sólo en apariencia menos autoritaria, basada ya no en la pequeña corrupción clientelar, sino en la gran corrupción que involucra enormes intereses financieros y empresariales en verdaderas coaliciones opacas e impunes, capaces de secuestrar y manipular a la débil y vacía democracia mexicana.

Ambos tipos de representación, como es evidente, vacían de sentido propiamente democrático, propiamente político, a la competencia electoral. Una porque reduce a los ciudadanos a clientelas sumisas, dependientes de liderazgos autoritarios y corruptos como los de Bejarano, Padierna y tantos otros conspicuos priistas vividores de la política. La otra porque los reduce a meros consumidores pasivos de un espectáculo frívolo que impide cualquier deliberación, cualquier debate serio sobre los asuntos públicos. En ambos casos, los partidos tienden a aparecer más como lastres y estorbos desprestigiados, como pasivos, que como vías organizadas con plataformas precisas para acceder a cargos públicos. Sólo el financiamiento público, junto con el derecho exclusivo para presentar candidatos, les otorgan algún tipo de cohesión como espacios en los que, a querer que no, las más diversas y opacas facciones y personajes intentan imponer su hegemonía.

Paradójicamente el desprestigio y la desconfianza hacia los partidos no parece generar en la sociedad ningún interés por configurar nuevos referentes partidarios; por el contrario, ese desprestigio y esa desconfianza si acaso promueven tan sólo escepticismo y distanciamiento en relación con una actividad, la política, convertida en sinónimo de corrupción y agandalle, lo que obviamente favorece la personalización de la política, el fortalecimiento de la antipolítica como forma de hacer política. En este sentido vale la pena citar para terminar, el diagnóstico realizado, en su último libro, por Arturo Warman.1

"Probablemente es en el terreno de la democracia electoral en el que hemos avanzado a mayor velocidad. Tenemos libertades, elecciones vigiladas, partidos políticos competitivos, instituciones electorales respetadas. Pero estamos lejos de la meta democrática. En sociedades extremadamente desiguales como la mexicana, la representación política se concentra, como otros recursos, en pocas manos. La clase política es reducida y está encumbrada y protegida por relaciones de poder. Se trata más de grupos dirigentes con redes de soporte y control que de representaciones desde la base; en todas partes la representación política y su organización en partidos se gestan en las alturas y descienden en busca de clientelas, pero en nuestro caso la estrechez de la clase política, lo mismo por su tamaño que por sus posiciones, está muy acentuada.

"Los partidos actuales se comportan como las empresas electorales de una vieja clase política que sirven como arenas para el reparto del poder y gestión de intereses particulares. Postulan los atributos personales de los candidatos, no sus posiciones ni programas. La competencia se rige por las reglas de la mercadotecnia, los candidatos se venden como productos no como portadores de proyectos. La elevada inversión en las campañas publicitarias es requisito ineludible y factor de peso en los resultados electorales. La demagogia y la propaganda son moneda corriente, impunes hasta el momento. Los liderazgos personales cercanos al caudillismo son muy prolongados. Los partidos son organizaciones verticales, corporativas, burocráticas, que no rinden cuentas a sus militantes ni a la sociedad. En más de un sentido ­concluía Warman­, esos partidos constituyen uno de los mayores obstáculos para el desarrollo democrático."



Nota

1 Arturo Warman, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp. 292-293.


Luis Salazar Carrión es profesor titular en la UAM Iztapalapa.

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