etcétera

Concesionarios presionan para que desaparezcan

Aleida Calleja

El 21 de mayo pasado, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sostuvo una reunión con las organizaciones que llevan la agenda de los derechos humanos en el país. Ahí reconoció la imperante necesidad de encontrar cauces de solución y reconocimiento legal a la radio comunitaria en México, y se comprometió a encontrar las vías para su regularización.

A finales de marzo de este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de Gobernación, tenía todo preparado para iniciar un operativo y cerrar todas las radios "clandestinas", extraño adjetivo para emisoras que operan de cara a la sociedad y a las comunidades donde prestan sus servicios y que son espacios donde la gente común ejerce su derecho a la libertad de expresión, donde opina y expresa lo que quiere y aspira como sujeto social.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) de México hizo del conocimiento público este inminente operativo; obtuvo una amplia respuesta social donde diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, alertaron a las autoridades y especialmente a la Secretaría de Gobernación del grave error en el que incurrirían al atacar medios que cumplen con un servicio social que no han podido prestar otros. Cerrar medios operados por grupos de la sociedad civil que hacen un ejercicio responsable de su libertad de expresión implica un grave atraso en el proceso de democratización, máxime cuando teníamos conocimiento de que era el Ejército el que estaba denunciando a este tipo de emisoras por no contar con los permisos respectivos para transmitir. La inclusión del Ejército en temas que atañen al ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos era una muy grave señal para la aspiración democrática del país.

Con documentos demostramos a la Segob que si estas emisoras operan sin permiso no es por vocación de ilegalidad, sino por la sistemática negación de los permisos por parte de la SCT. Algunas como Radio Huayacocotla, que opera desde 1978 en la sierra veracruzana, trata de obtener un permiso de señal abierta sin que hasta el momento haya tenido una respuesta positiva, y así podemos ejemplificar cada uno de los casos de las radios comunitarias que operan sin permiso. Del total de emisoras que integran nuestra red y que son operadas por grupos ciudadanos (23 radios, la mayor parte indígenas y campesinas), sólo a una le han dado la autorización, hace más de 20 años; las demás, pese a todos sus esfuerzos, no han logrado que se les otorgue el permiso correspondiente. Incluso Radio Universidad de Guerrero, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, solicita desde 1982 su permiso sin que hasta el momento lo haya obtenido. El resto de las emisoras por pertenecer a instituciones del Estado (21), cuentan con su respectivo permiso.

En el fondo están las presiones de los grupos más duros de los concesionarios de radio y televisión que se resisten a la participación ciudadana en los medios, pero también es el profundo desconocimiento que se tiene de este tercer sector de la comunicación. Aprovechando este vacío de conocimiento es que han querido meter a todas las estaciones en un mismo saco calificándonos de clandestinas, subversivas y proguerrilleras. Las generalizaciones son peligrosas; y más que nadie las autoridades y las instituciones encargadas de implementar las políticas públicastienen la responsabilidad de no caer en este juego perverso de las generalizaciones.

Amarc ha insistido ante las autoridades de la necesidad de que conozcan a estas emisoras, que las escuchen y vean dónde trabajan y cómo desarrollan sus proyectos; que las conozcan por sí mismos, y no a través de las versiones de quienes insisten en descalificarnos.

El interés de la ciudadanía para impulsar espacios de radiodifusión comunitaria habla de un real avance democrático en nuestro país, de un entendimiento acerca de la importancia del desarrollo social integral, equitativo y justo, y de una promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, donde la sociedad participa, opina y genera propuestas corresponsables. Por lo que insistimos en que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento del tema, en atender por la vía del diálogo y encontrar soluciones a este fenómeno de participación y expresión ciudadana, y no quedarnos con la solución simplista de utilizar el criterio de tabla rasa de que todas son ilegales y están transgrediendo la ley, aplicando una normatividad que tiene más de 40 años y que no responde a la realidad de nuestro país.

Que quede claro, no pedimos un estado de excepción para los medios comunitarios, pedimos una revisión de la facultad discrecional de la autoridad para determinar quién puede o no obtener un permiso. Demandamos que estas emisoras sean reconocidas legalmente, hace más de 15 años estamos insistiendo en el reconocimiento legal de estas radios, que se nos dé la oportunidad de acceder, en condiciones equitativas, a los permisos necesarios para transmitir.

Hemos encontrado en algunas autoridades posibilidad de interlocución, y les hemos demostrado el beneficio social que da este tipo de radio. Sin embargo, también dentro del gobierno encontramos sectores más duros que siguen con la idea de cerrarlas como la única vía de solución, con el pretexto de que son subversivas y que de no atenderse de inmediato el fenómeno se va a desbordar. Sería bueno saber qué criterios tienen para calificar si algo es subversivo. Por otro lado, pretender controlar este fenómeno por la vía de los cierres de estas emisoras, es tener una respuesta represiva por parte de la autoridad, y ahí sí que se puede desbordar el problema. Nuestra propuesta es atender esta situación de una manera responsable y democrática, el mejor camino para regular el ejercicio de la libertad de expresión es reconociéndolo, poniendo claros derechos y obligaciones.

Seguir entendiendo la regulación de la radio y la televisión sólo como un asunto de desarrollo empresarial va contra los estándares internacionales para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de cualquier sociedad, la inclusión sólo de criterios económicos y técnicos para normar el quehacer de los medios, ocasiona no solamente exclusión de la sociedad para acceder a las frecuencias, sino que es limitativo y violatorio al ejercicio de estos derechos humanos. La radio y la televisión tienen una veta empresarial que es necesaria, pero no es la única, también existe la faceta de los derechos humanos y ahí estamos incluidos todos los ciudadanos.

Así como ahora consideraríamos inadmisible el cierre de algún periódico de algún grupopara reivindicar su agenda social, por ser un atentado a la libertad de prensa, lo mismo sucede con una radio, pues con este instrumento los grupos sociales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión, sólo que en lugar de la prensa utilizan un soporte técnico distinto. De acuerdo con que el espectro radioeléctrico es finito y corresponde al Estado su administración (y precisamente por eso debe ser administrado considerando los intereses de todos los mexicanos y no sólo de algunos), pero también lo cierto es que esta administración ha sido totalmente desventajosa para los grupos sociales que pretendemos hacer uso de él y en 40 años de legislación vigente, sólo a una radio comunitaria le han otorgado el permiso (Radio Teocelo en Veracruz). Eso, sin lugar a dudas, se llama inequidad y exclusión.

Pese a que hemos demostrado que las radios comunitarias generan un gran beneficio social, un grupo de concesionarios sigue presionando para que sean cerradas y desaparezcan de una vez por todas, aduciendo que somos ilegales, que somos competencia desleal porque comercializamos espacios, que interferimos sus frecuencias. No dudamos que puedan existir grupos que lo hagan, pero de eso a decir que todas somos iguales hay una gran diferencia. No podemos hablar por todas las radios, pero en lo que atañe a las de nuestra red, por estatutos y convicción creemos en la legalidad, en medios no lucrativos y en la vía del diálogo para dirimir nuestras diferencias y llegar a los acuerdos.

Así como cada movimiento social tiene una gran diversidad de sectores, posturas y acciones, lo mismo sucede con este movimiento social que pone su apuesta en los medios comunitarios, así que cuidado con las calificaciones a priori, iniciar una cacería de brujas es contrario al Estado de derecho. No hay que olvidar que una buena parte de las emisoras comunitarias están en zonas indígenas y campesinas, con aquellos sectores menos favorecidos por el desarrollo, así que ir en contra de ellas, es ir contra estos sectores marginados históricamente, y que están generando una propuesta responsable de comunicación.

Esperamos que la Secretaría de Gobernación pueda tener la capacidad de tender los puentes de diálogo y solución a la demanda de regularizar las radios comunitarias, de que pueda conciliar las posturas de los sectores más duros y evitar el conflicto si la SCT intenta cerrar a estas emisoras, que aunque muchas de ellas no están necesariamente en una red articulada, sí cuentan con una legitimidad social que les han dado las comunidades a las que dan servicio. No está resultando fácil, pues mientras estamos en un proceso de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la SCT está girando órdenes para el cierre de emisoras en Michoacán (una de ellas "visitada" por el Ejército a principios de este año, en la comunidad de San Juan Nuevo, apoyada por el municipio y la Asamblea Comunitaria), situación que comprueba nuevamente que en este gobierno cada instancia hace lo que quiere respondiendo a sus propios intereses.

Así como los empresarios necesitan certeza jurídica para sus inversiones en los medios, así como los medios públicos necesitan fortalecerse como una instancia del Estado, también los medios comunitarios y ciudadanos necesitan la certeza jurídica que los reconozca como expresiones ciudadanas que tienen una propuesta y una respuesta a las necesidades informativas de las comunidades a las que atienden.

Más allá de que logremos concretar la regularización de las radios que en este momento cumplen un servicio comunitario, seguiremos con el problema de fondo en nuestro país: si no existe una legislación que la reconozca y la garantice como un ejercicio del derecho a la comunicación de los ciudadanos. El Congreso tiene la posibilidad histórica de poner fin a la persecución y a la inequidad con que se regula actualmente la actividad mediática, tiene en estos momentos en sus manos la responsabilidad y la obligación de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de los mexicanos, de responder a los intereses de la sociedad y no solamente a los de unos cuantos grupos, en pocas palabras tiene la posibilidad de democratizar a los medios. Esperemos que las presiones no sean más fuertes que su deber.