De 1993 a la fecha han pasado 14 años y no sólo no ganamos como televidentes, sino que hasta la "competencia" quedó reducida a una mediocre batalla por el rating que ha generado ya ni siquiera la mejora en la calidad de las producciones, sino la piratería y la duplicidad en las mismas, de tal forma que en algunas ocasiones una televisora lanza un nuevo programa que inmediatamente es copiado por la otra y viceversa. En efecto hoy ya no nada más Televisa es la que rige el espectro televisivo, también está TV Azteca, pero lo cierto es que el único cambio es que en lugar de un monopolio tenemos un duopolio igualmente pobre en oferta y muy enriquecido.

Problema ¿público?

Cuando no existe una libre competencia entre quienes proveen un servicio, se propicia una innegable concentración de dinero y poder que daña al mercado, pues limita sus propias posibilidades de desarrollo.

Este problema es en cierta medida constante en una economía de libre mercado, pero en materia de televisión el asunto merece una atención particular debido a que aquello con los que comercian los empresarios es un bien público, considerado en el artículo 42 de la Constitución como territorio nacional.

La existencia de un duopolio televisivo en México, obliga a considerar como unas de las principales consecuencias la no competencia, el manejo en los contenidos, así como la definición que ellos hacen a la agenda pública.

Evidentemente no se trata de todas las consecuencias, sin embargo la delimitación de estos tres aspectos permite concentrar el análisis, proponiendo como posibles alternativas: la apertura a la competencia, la autorregulación y la construcción de una agenda participativa.

Respecto de la competencia se debe señalar que las condiciones en que se encuentra la industria no brindan un panaroma halagador, sobre todo ante la aprobación de la denominada Ley Televisa que aporta una serie de ventajas a ese corporativo y en general a los grandes grupos de medios, por encima de canales y radiodifusoras locales que son los que en todo caso han hecho propuestas alternativas de contenidos.

Esta ley que fuera tan ampliamente cuestionada, se aprobó al vapor, en un año electoral, en el que la administración federal ­que durante todo el sexenio se caracterizó por su abierto énfasis hacia la exposición pública­ capitalizó sus negociaciones con las televisoras, luego de una campaña altamente mediática y que a la hora del gobierno, pasó su factura con un muy elevado precio.

A este respecto valga aportar un dato que evidencia esta relación. En su edición de noviembre de 2006, etcétera da a conocer un informe denominado "La prioridad, Televisa" donde especifica la inversión que el gobierno federal realizó en medios durante todo su sexenio (2000-2006) mil 711 millones 409 mil 966 pesos en dicha televisora.

Esta estratosférica cantidad puede ser contrastada con los 916 millones 642 mil 884 pesos invertidos en TV Azteca que es el siguiente grupo de medios al que se destinaron mayores recursos, mientras que al Imer y a Radio Educación, Canal 11 y Canal 22 (medios públicos) se les destinó tan sólo 286 millones 360 mil 956.34 pesos, lo que evidencia "discrecionalidad y concentración de recursos".

En ese sentido, es necesario referir un acontecimiento ocurrido en los últimos meses de 2006 y que se ha convertido en práctica común entre Televisa y TV Azteca. Ambos unieron esfuerzos para bombardear con notas periodísticas sembradas y presuntos reportajes de investigación sobre el monopolio ejercido por Grupo Casa Saba, la culpable de que el precio de los medicamentos sea tan caro y por lo cual Doña Lupita no puede comprar sus medicinas para la presión.

Esta estrategia que inició con ciertas sutilezas y que en poco tiempo se convirtió en una repetición absurda en cuanta emisión noticiosa tienen ambas televisoras, pretendió generar un efecto de desprestigio con un afán nada humanitario, pues la finalidad de Azteca y Televisa era atacar a un grupo empresarial que manifestó ante las autoridades su interés por obtener una concesión para operar una televisora y así, ampliar la competencia que hoy cómodamente aparentan compartir dos, y que no están dispuestos a dividir sus ganancias entre tres.

Esta estrategia mediática no es nueva. Ya la han utilizado antes. Hace menos de dos años, cuando los propietarios de CNI Canal 40 buscaron capital para rescatar su televisora, la empresa General Electric se mostró interesada, ante lo cual los lazos políticos de los Azcárraga movilizaron sus influencias, apelando a la imposibilidad de que capital extranjero operara medios nacionales, olvidando que en Televisa ciertas acciones del grupo empresarial son de capital extranjero.

De la misma manera que los empresarios se han unido para evitar una competencia auténtica (la suya no es competencia, cuando ambos hacen lo mismo), también lo han hecho para impedir modificaciones legales que les perjudiquen en su cuantioso negocio.

La segunda alternativa propuesta se refiere a la autorregulación, que debería ser una posibilidad para limitar la voracidad de los dueños de los medios, que no están dispuestos a elevar el nivel de los contenidos de su programación, pues ­recordando la frase pronunciada por el extinto Emilio Azcárraga Milmo­ "hacemos televisión para jodidos".