etcétera

Con la colusión de los medios

José Carreño Carlón

El modelo de comunicación pública sigue siendo la gran asignatura pendiente de la transición.

Cumplidos, este mes, dos de los seis años la tercera parte del primer gobierno del nuevo régimen político mexicano de alternancia plena en los puestos de elección popular, el saldo en este campo resulta desolador.

El malestar generalizado en este ámbito acusó una complicación adicional: la inconformidad del Presidente con el tratamiento de los medios críticos de su desempeño se extendió a la desautorización de su propio equipo de comunicación presidencial.

Ello, después de que fue más o menos asumido el fiasco del decreto del 10 de octubre pasado, que dejó descontentos lo mismo a quienes encontraron en él una línea de continuidad con el modelo histórico de colusión de intereses entre el gobierno y quienes controlan los grandes medios, que a quienes incluso advirtieron regresiones, ya fueran proempresariales o progobiernistas.

De la inconsistencia de las cifras de pobreza, a las desconsideradas referencias a los miembros del Poder Legislativo, a las, al menos, inoportunas referencias a su propia sucesión en favor de una mujer, al affaire sobre la supuesta falla en la traducción de su arrepentimiento sobre las inalcanzables expectativas económicas generadas en su campaña, el Presidente padeció en las semanas más recientes, una vez más, los efectos de la ausencia de un sistema de control de calidad de sus mensajes frente a los medios.

A falta de ese sistema de control de calidad, sin embargo, el Presidente mostró nuevamente que cuenta con un poderoso aparato de marketing que ha terminado por funcionar como mecanismo de control de daños de los desaciertos de sus mensajes en el orden informativo.

Gracias a la prolongación del modelo de colusión con los grandes medios electrónicos, la eficacia de las campañas de saturación mercadotécnica en televisión y radio mantiene su imagen en niveles de aprobación satisfactorios e incluso sobresalientes, en la medida en que estos grandes medios, además, suelen desviar la atención de las pifias presidenciales o minimizar y ocultar abiertamente los tropiezos declarativos del Presidente.

Vicente Fox
Foto: Contraluz

Es cierto que no siempre resultan bien las operaciones de control de daños a través de entrevistas a modo en los shows televisivos de mayor rating. En particular cuando el Presidente no deja ir la oportunidad de soltar un nuevo mensaje controvertido y la televisora tiene que organizar con la oficina presidencial una nueva operación de control de daños. Y así, hasta el fin del sexenio.

Lo más grave de la situación no radica tanto en el anecdotario de mensajes fallidos del nuevo régimen, o en sus efectos, por perniciosos que resulten, o en las anacrónicas salvaguardas heredadas del viejo régimen para controlar los daños autoinfligidos desde la Presidencia. Este tipo de problemas enfrentados por el nuevo régimen y los remedios aplicados pertenecen a la misma clasificación de los que enfrentaban los presidentes del pasado con las herramientas del pasado: sólo que eso ocurría en las condiciones del pasado.

Por ello resulta más trascendente atender al catálogo de problemas ni siquiera contemplados por el nuevo régimen al cambiar las condiciones para el ejercicio del gobierno. Estos problemas se acumulan en el orden de la construcción de un nuevo marco democrático que a la vez responda a la exigencia y al reto de hacer que la democracia funcione en la solución de los problemas de la gente y en el cumplimiento, así sea gradual, de las expectativas generadas en la población.

Una de esas condiciones, acaso de las que agregan mayores grados de dificultad para atender a esa exigencia y responder a ese reto, radica en desarrollar las potencialidades de la comunicación pública para construir coaliciones y acuerdos funcionales en situaciones como la actual, de "gobierno dividido" en que el titular del Ejecutivo pertenece a un partido y la mayoría del Congreso a otro o a otros y de "gobierno sin mayoría" en que ningún partido controla por sí solo la mitad más uno de los asientos de las cámaras o de alguna de las cámaras del Poder Legislativo.

Desde que en las elecciones de 1997 el entonces partido dominante perdió la mayoría absoluta, esto es, perdió el control de la Cámara de Diputados, desde los rasgos particulares del régimen que dominó durante la mayor parte del siglo XX mexicano, el gran perdedor no fue propiamente ese partido, por dominante que fuera, sino el poder presidencial que a su vez controlaba y dominaba al partido dominante y con él, las decisiones del Congreso.

La situación resultante de la elección de 1997 era desconocida para las generaciones políticas mexicanas de varias décadas y traería consigo otras situaciones inéditas que no se habían vivido tampoco en varias generaciones.

Muy caro pagó el presidente Ernesto Zedillo, su partido y todo el país la pretensión de que la pérdida de esa mayoría parlamentaria apenas importaba si mantenía el control de los grandes medios, particularmente el de la televisión. Aparte de que el control de la televisión no le permitió lograr los acuerdos para profundizar las reformas por las que ahora apremia a los gobernadores de su partido, Zedillo pretendió también enfrentarse a la primera Cámara de Diputados no controlada por el poder presidencial con los mismos reflejos con los que se enfrentaba al Congreso controlado por el Ejecutivo.

Con el manejo del caso Fobaproa, Zedillo provocó el colapso político más oneroso de esos años para el propio partido del Presidente a partir de una estrategia de comunicación no orie ntada a informarles ni a explicarles a los legisladores ni a los electores de los costos del rescate bancario, sino a ocultárselos como si para ello todavía hubiera contado con el apoyo de la mayoría y con los mecanismos de subordinación y silenciamiento del Congreso que tuvo hasta esa elección.

Un axioma de la comunicación institucional, formulado por un profesor español, plantea que en una época de mayorías relativas y de creciente pluralidad en los medios, la única forma que tienen las instituciones de controlar la información es la de darla a conocer. Porque si no la da a conocer la institución, a partir de su iniciativa, de su estrategia, de acuerdo con sus tiempos y desde su interpretación, lo harán sus competidores o antagonistas: con su propia estrategia en sus propios tiempos y con su propia interpretación. Desde esta perspectiva, también se afirma que por más perjudicial que pueda resultar dar a conocer la información más negativa para una institución, siempre será más perjudicial no darla, en sus tiempos y con su propia estrategia.

Lo único que se logró con el ocultamiento presidencial de la información sobre los costos acumulados del rescate bancario al pretender pasarlos de contrabando, confundidos entre otras propuestas de disposiciones fiscales, a la aprobación de una cámara ya no controlada por el Ejecutivo es que la mayoría opositora, al descubrir esa información, la diera a conocer en un marco de cuestionamientos y sospechas que hasta el momento no se han podido disipar.

Y no hubo control de medios que evitara esta saga demoledora.

Estas y otras reflexiones aplicables al campo de la comunicación y sus visiones estratégicas, provoca, desde el sesgo de la comunicación pública, la lectura del libro coordinado por María Amparo Casar e Ignacio Marván Laborde, Gobernar sin mayoría: México 1867-1997.

Como se hizo semanas atrás en la Universidad Iberoamericana durante la presentación del trabajo por los propios coordinadores, de la parte histórica del libro hay que subrayar, entre otros méritos, el acierto de enfrentar la falsa creencia de que sólo hasta ahora se vive en plenitud el régimen de separación de poderes o de que siempre hubo en México un Congreso débil y subordinado al Ejecutivo.

Y habría que agregar que incluso en las épocas de mayor control del Ejecutivo sobre el Legislativo, durante el porfiriato y a partir de la segunda parte del sexenio de Lázaro Cárdenas hasta la primera del de Ernesto Zedillo, el control no se daba en términos automáticos, sino que los avales parlamentarios a los programas y las gestiones del Ejecutivo frecuentemente eran producto también de intensas negociaciones.

Ante los textos reunidos en el volumen habría también que formular algunas preguntas clave, no por reivindicar épocas autoritarias, sino por comprender y a partir de esa comprensión encontrar las salidas actuales a las relaciones entre los diversos poderes del Estado. Por ejemplo, habría que preguntarse, de cara al enfrentamiento de hoy del Presidente y los gobernadores con el telón de fondo de los desencuentros con los legisladores por el poder de la bolsa si el alivio de estas tensiones no tendrá que pasar por el tejido de una red de comunicación política y alianzas regionales, a la manera de las que urdió y mantuvo al día el porfiriato, obviamente con las pautas de un Estado democrático moderno.

Detrás de la pax porfiriana no sólo había tropas, paredones y calabozos, sino esa red de alianzas regionales tejida y mantenida al día por la práctica de una constante, intensa y meticulosa negociación, sin desdeñar las herramientas de la comunicación política de la época; una época en la que, por lo demás, encuentra sus raíces el modelo postrevolucionario de relaciones de subordinación y colusión de los medios que no se acaba de extinguir después de más de un siglo y de al menos dos cambios de régimen político.

También desde perspectivas y metodologías autoritarias, el régimen postrevolucionario de partido dominante contó con un vasto inventario de espacios institucionales de negociación y comunicación política que además servían de correas de transmisión de los acuerdos y decisiones, ciertamente cupulares. Así como un espacio representativo de las alianzas regionales en el Congreso, estaba el órgano de la Gran Comisión en cada una de las cámaras, con un legislador por cada uno de los estados de la República. Este era un vértice en el que confluía la posición de cada gobernador a través del representante del Estado en ese órgano, con las comunicaciones del Presidente de la República, transmitidas a través del presidente de la Gran Comisión.

A la llegada del pluralismo parlamentario, obviamente un órgano así resultó inoperante por su verticalismo y su corte autoritario. Pero tampoco se han creado los nuevos mecanismos capaces de incentivar los acuerdos parlamentarios a la vista del peso que tienen los gobernadores y que parecen dispuestos a hacer valer sobre los legisladores federales provenientes de sus estados.

Acaso distorsionada desde este margen de la comunicación pública y pasando sobre la exclusión deliberada, resuelta por los coordinadores, del análisis de los actores no institucionales involucrados en la problemática de los gobiernos divididos, una lectura actual del libro, traída hasta el presente régimen, parecería sugerir que nos podemos estar acercando al peor de los mundos:

Malo para la transición democrática y los derechos de los particulares por la prolongación del modelo de colusión de intereses entre el poder presidencial y los grandes medios; colusión que aviva, más que aminorar, las tensiones entre los poderes constitucionales.

Malo para la eficacia del poder presidencial en el nuevo régimen, porque el poder de los medios con él coludidos no alcanza a suplir las condiciones y los mecanismos tradicionales de control o de consenso del viejo régimen y tampoco le aportan los espacios, las capacidades, las experiencias y la cultura de la negociación que desarrollaron muchos de los exponentes de aquel régimen.

Malo para los otros poderes de la República en un régimen federal: legisladores, jueces y gobernantes locales a quienes los medios al servicio del Ejecutivo tienden a desacreditar por la vía de señalarlos sistemáticamente como los culpables de la llamada "parálisis institucional".

La falta de acuerdos entre los poderes de la República y los de la Federación los poderes de la república federal sobre los diversos temas de la agenda nacional significa precisamente eso: que las decisiones deben esperar a que esos poderes alcancen aquellos acuerdos, como expresión de la teoría clásica de los pesos y contrapesos deseables en el régimen de separación de poderes funcionales en el orden nacional y de poderes regionales en el orden federal.

Aquí, el decreto presidencial del 10 de octubre nos puede estar aproximando a otra regresión: la que parecería emparentar el recurso de los presidentes mexicanos del siglo antepasado y de la primera parte del siglo pasado quienes solían legislar por encima del Congreso invocando las facultades extraordinarias para evitar la "parálisis institucional" con el recurso del actual Presidente quien invoca el uso, en realidad el abuso o el exceso de la facultad reglamentaria del Ejecutivo para legislar sobre el Congreso en materia de radio y televisión, con la justificación reiterada por los medios coludidos de que había que romper el estancamiento en la construcción de los acuerdos y de que había que vencer la "parálisis institucional"