Ma. Amparo Casar

Reflexionar sobre el tema de la responsabilidad social de los medios es una tarea difícil no sólo por su complejidad, sino porque en nuestra sociedad el problema de la irresponsabilidad y la ausencia de rendición de cuentas parece ser la regla y no la excepción.

Más que abordar las responsabilidades concretas de los medios, quiero plantear dos aspectos que me parecen de la mayor importancia para comenzar a tender puentes de entendimiento. Pero sobre todo para ver si, de una buena vez, nos animamos atransitar por esos puentes, porque los puentes están ahí, los problemas principales están identificados y las alternativas de solución están suficientemente discutidos.

Esos dos aspectos son, por una parte los alcances de la responsabilidad de los medios y, por la otra, las condiciones que debemos generar para poder exigir esa responsabilidad.

Desde un punto de vista filosófico un contrato social no es más que el acuerdo de convivencia con base en un conjunto de derechos y obligaciones, de prerrogativas y responsabilidades. En ese contrato social, todos los ciudadanos somos formalmente iguales ante la ley y, por el mero hecho de serlo, adquirimos derechos y obligaciones básicos, fundamentales. Pero ahí termina la igualdad.

Pasado el umbral de los derechos fundamentales, en ese contrato, las partes -sean entidades públicas, empresas privadas, instituciones sociales u organizaciones políticas- adquieren distintos derechos y asumen diferentes responsabilidades.

La base de una convivencia exitosa está en dos claves. Primero en que esos derechos y obligaciones estén bien estipulados. Dicho de otra manera, que las partes sepan a qué atenerse. Segundo en que tanto los derechos como las obligaciones sean exigibles, esto es que existan los mecanismos para que se cumplan. Dos factores de éxito: claridad y exigibilidad.

El alcance de la responsabilidad social

Los medios de comunicación electrónica adquirieron el derecho a usufructuar un bien público. Lo hicieron porque, en principio, cumplieron con un conjunto de requisitos que la ley exige. Pero al adquirir ese derecho, también adquirieron la obligación de operar un servicio de interés público que, según la ley, debe informar, orientar, educar y entretener.

El primer problema es que ni los derechos que adquirieron ni la responsabilidad que asumieron están, en realidad, bien definidos. Ambos deben ser revisados. No hay cosa más perniciosa que la falta de claridad en la definición de los derechos y obligaciones de las personas, de las empresas, de las entidades públicas o, para el caso, de cualquier forma de organización. Si no sabemos cuáles son nuestros derechos no podremos ejercerlos. Si no sabemos cuáles son las responsabilidades no podemos cumplirlas ni tampoco exigirlas.

Del lado de los derechos, los propietarios de los medios se quejan, con razón, de la incertidumbre jurídica en la que viven. "¿Cuándo me quitarán la concesión?". Pero ese limbo jurídico en el que están tiene su contraparte en la falta de claridad de su responsabilidad y esa falta de claridad es, en muchas ocasiones, explotada a conveniencia.

Urge entonces avanzar en la definición de ambos: los derechos y las responsabilidades.

Hay un mínimo de responsabilidad social que toda entidad pública o privada debe cumplir. Parte de esa responsabilidad está establecida en el orden jurídico y parte es, digámoslo así, voluntaria.

Los alcances de la responsabilidad de las diferentes organizaciones son distintos porque sus potencialidades son, también, distintas. Porque los medios al alcance de cada empresa, industria, organización social o entidad pública son desiguales en términos de lo que pueden ofrecer.

Así como no se puede exigir la misma responsabilidad social a una gran empresa que a una pequeña, tampoco se puede exigir el mismo tipo de responsabilidad a una empresa en posición de llegar a toda la población que una que no tiene esa posibilidad.

Lo mismo ocurre en la tarea de gobierno. En términos de sanidad pública, no exigimos lo mismo a una autoridad local que a una nacional, porque no tienen los mismos instrumentos ni los mismos recursos, porque sus acciones no impactan ni en el mismo grado ni de la misma manera.

En política las cosas son parecidas. No se pude exigir lo mismo a un partido político pequeño con una fracción parlamentaria minúscula que a uno grande, porque mientras que un partido con 15 diputados no tiene el poder de hacer que las cosas ocurran, uno que tiene la mayoría o que se acerca a ella sí tiene ese poder.

Los ejemplos pueden multiplicarse. No se puede exigir a un juez de distrito lo mismo que a un magistrado de la SCJN porque ni sus atribuciones ni el alcance de sus fallos y resoluciones son de la misma envergadura. A mayor poder mayor responsabilidad.

En las empresas privadas pasa lo mismo. Los medios de comunicación, en particular los electrónicos, tienen una responsabilidad social mayor por muchos motivos.

El primero de ellos, al que siempre se alude, es el de que usufructúan un bien público. El segundo, relacionado con el anterior, es que, tal y como lo define la ley, la radio y la televisión son concesiones para operar un servicio de interés público.

Ilustración: Milan Tvrdon

Pero hay muchas otras razones. Porque esa actividad es de alto impacto para potencialmente toda la población. Porque es la principal vía a través de la que la gente se informa. Porque su influencia en la formación de la opinión pública es determinante. Porque no son sólo la arena en la que la pluralidad de opiniones se manifiesta sino que son actores ellos mismos. Porque además de expresar la diversidad política, tienen un instrumento privilegiado para hacer política. Porque tienen la capacidad para fijar la agenda pública y para enmarcar el debate. Porque pueden revelar tanto como esconder, porque pueden construir tanto como destruir, porque como diría Sartori, son la ventana por la que el ciudadano se asoma al mundo de la política (y no sólo de la política). Y, no menos importante, porque son destinatarios de los recursos públicos dedicados a las campañas políticas y a la comunicación social.

No creo que debamos negar a los medios su derecho a hacer muchas de estas cosas. Lo que sí creo es que en consonancia con el enorme poder que han ido adquiriendo debemos exigirles sus responsabilidades. Y no sólo eso, también debemos revisar y regular esas capacidades.

Lo anterior plantea: cuál es la manera de hacer exigible esa responsabilidad.