etcétera

Jacqueline Peschard

No cabe duda que los medios de comunicación jugaron un papel protagónico en el tema de los videoescándalos. Quizá sin la difusión masiva que la televisión hizo de los videos que involucraron a funcionarios públicos y a dirigentes de partidos políticos en actos de corrupción, éstos no habrían tenido las consecuencias políticas inmediatas, que de hecho tuvieron.

La rapidez con la que se presentaron las solicitudes de licencia a los cargos de representación, y con la que actuó la cúpula nacional del PRD para castigar, con la expulsión, a los presuntos responsables de los ilícitos, da cuenta de que presentar las denuncias en los medios resultó eficaz para darle contundencia y credibilidad a las acusaciones y para identificar culpables.

De no haber trascendido la documentación en los medios, quizá ni siquiera se hubiesen presentado las denuncias ni abierto los procedimientos de investigación correspondientes. El gran alcance y penetración que hoy tiene, sobre todo la televisión, hacen que la exhibición mediática tenga un impacto social inigualable.

Una de las formas más socorridas para que las autoridades conozcan posibles irregularidades, cometidas por cuadros directivos de los partidos políticos, es por la vía de denuncias o quejas de adversarios, o de disidentes internos, y darlos a conocer en los medios les da un enorme relieve. De hecho, así se abrieron las investigaciones sobre los casos Amigos de Fox, Pemexgate o el del Partido Sociedad Nacionalista. En este sentido, los medios pueden jugar un papel de ojos vigilantes de la sociedad.

Sin embargo, en esta ocasión, los medios fueron más allá de difundir masivamente, rebasando su función de informar y ejercer la crítica, para pretender erigirse directamente en la autoridad encargada de procurar, e incluso de administrar la justicia.

Con el pretexto de averiguar la verdad para difundirla, algunos conductores de noticiarios de radio y televisión se asumieron como auténticos ministerios públicos, sometiendo a los inculpados a interrogatorios unilaterales, exigiendo que en la televisión se desahogaran pruebas, se confrontaran los implicados, en fin, que se ofrecieran explicaciones de las conductas.

Mientras que los exponentes de los medios guardaban celosamente la identidad de sus fuentes, invocando el secreto profesional, exigían de los políticos no sólo la revelación de todos sus datos, sino la declaración abierta de su culpabilidad.

Más aún, los medios electrónicos, a través de sus comunicadores, se convirtieron en verdaderos jueces, al sostener que sus interpretaciones eran las únicas legítimas, y, a partir de ahí, al exculpar en algunos casos, o dictar sentencias condenatorias, arropadas con la arrogancia de quienes han querido no sólo tomar el lugar de las autoridades públicas, sino constituirse en la conciencia moral del país.

Los procedimientos que se siguen a manera de juicio tienen una reglamentación rigurosa que establece las fases que deben recorrerse, la tipificación de las faltas o delitos, las sanciones a que pueden hacerse acreedores quienes violen las disposiciones legales y, desde luego, las garantías de defensa del inculpado. En el caso de los medios, se trata de procedimientos informales, no regulados, sin protección para los indiciados y que, por lo tanto, se parecen más a juicios sumarios.

Los procesos ante la corte de la opinión publicada son arbitrarios, justamente porque no están reglamentados, porque no establecen los alcances y límites de la acción de los jueces. Sin embargo, dan la sensación de que se hace justicia rápidamente, porque la fabricación de culpables es casi instantánea, gracias a la fuerza de las imágenes.

De otra parte, la estridencia mediática que acompañó a los videoescándalos, lejos de servir para enriquecer la información relevante sobre los hechos, fue una suerte de cortina de humo que impidió justamente que se plantearan las interrogantes pertinentes. La atención estuvo en las personas, sus dichos y reacciones, y en la capacidad de los noticiarios para convocarlos e interpelarlos, dejando de lado asuntos medulares tales como ubicar las cantidades efectivamente recibidas por Bejarano e Ímaz, así como los rubros precisos en los que fueron utilizadas. Más allá de que el código electoral responsabilice a los partidos por las conductas de sus dirigentes y militantes, no es lo mismo un acto de corrupción personal, responsabilidad de uno o varios individuos, que uno en el que haya habido desviaciones hacia o de alguna entidad de interés público como son los partidos, o de instituciones como las dependencias del gobierno del Distrito Federal.

La prepotencia desplegada por los medios se explica, en buena medida, por la ineptitud tradicional del Ministerio Público para desahogar las denuncias de corrupción y para sancionar a los culpables. En razón de ello, los medios se han colocado por encima de las instituciones y los propios políticos han aceptado esta circunstancia, ajustándose a los dictados de los medios, aceptando dirimir ahí sus conflictos, presentar ahí sus pruebas y alegatos, en una palabra, reconociendo el prestigio social del foro mediático. Y es que mientras que la valoración social de los partidos políticos está en los niveles más bajos, la de los medios de comunicación se equipara con la de los maestros que es un sector en el que los mexicanos siguen confiando.¹

No cabe duda que la relación entre los medios y el poder ha cambiado sensiblemente. Durante la larga época de la hegemonía del PRI, los gobiernos tuvieron el control político de los medios electrónicos y se sirvieron de ellos para manipular la información sobre la realidad mexicana. A partir de los años 90, con la extensión de la pluralidad política, los medios se abrieron a la competencia electoral y fueron dejando atrás su rol de aliados incondicionales del poder, que recibían favores económicos a cambio de lealtades políticas.

Los medios se han convertido no solamente en interlocutores privilegiados del poder, que determinan los temas relevantes de la agenda política, sino en auténticos actores políticos, que toman decisiones sobre asuntos públicos, aunque sin responsabilidad política alguna.

El affaire de los videoescándalos nuevamente vuelve a poner sobre la mesa del debate público la necesidad de revisar la relación entre medios y poder como condición indispensable para pensar la profundización de nuestra democracia.