etcétera

Una historia de represión y
defensa de la libertad de expresión

Carlos Gómez Valero

Asediadas por la SCT, los empresarios de la radio y la televisión concesionadas y ocasionalmente por el Ejército Mexicano y los cuerpos de policía, las radiodifusoras comunitarias operan en México al menos desde 1965 en diversas regiones y cubren necesidades de información y difusión que las estaciones comerciales ignoran porque no les significan ingresos.

Sin recursos económicos suficientes, personal escasamente calificado, equipo y tecnología de corto alcance, estas estaciones se originaron como alternativas al monopolio que ejercen en algunas regiones las estaciones comerciales o a su nula presencia en otras. Ante el descrédito de los medios tradicionales, su afán de lucro y su falta de disposición para atender necesidades de algunos sectores de la población, las estaciones comunitarias surgieron inicialmente como iniciativa de los propios interesados y algunas de ellas han sobrevivido con el respaldo de organizaciones no gubernamentales, universidades, estudiantes y especialistas interesados en el desarrollo de estos medios.

Muchas han surgido al calor de iniciativas espontáneas que pronto desaparecieron, otras en el contexto de los movimientos sociales en contra del régimen priista y unas más como proyectos de comunicación definidos para atender requerimientos específicos de algunos grupos y regiones. Estas últimas lograron consolidarse, con mucho esfuerzo, pero con ricas experiencias e importantes aportaciones.

Hay las que operan en poblaciones apartadas, otras en recintos universitarios y unas más en zonas densamente habitadas como la ciudad de México. Sus objetivos son distintos, muchas sirven a regiones indígenas y rurales, otras actúan en defensa de la mujer, varias informan a las comunidades estudiantiles, algunas operan en apoyo a programas de protección civil, pero la mayoría comparten una característica: operan sin el permiso de la SCT.

Durante años, esa dependencia se ha negado sistemáticamente a otorgar la autorización paraoperar a estas estaciones con el argumento de que no cumplen con los requisitos técnicos que establece la ley. Satisfacer estos trámites significaría, para cada uno de estos proyectos, erogar cerca de un millón de pesos.

En el fondo, la negativa de las autoridades responde a las presiones de los concesionarios de radio y TV que en algunas regiones del país poseen monopolios que no están dispuestos a la competencia. Argumentan que las estaciones comunitarias representan una competencia desleal porque no erogan los mismos recursos que ellos para operar, no pagan impuestos y venden publicidad a menor costo.

Sin embargo, ha quedado demostrado que este argumento es falaz porque las estaciones comunitarias no tienen la misma cobertura, sus objetivos son distintos y atienden sectores de la población y regiones donde las estaciones comerciales no llegan.

¿Qué es una radio comunitaria?

La Unesco define la radio comunitaria de acuerdo con la palabra "comunidad", que "designa la unidad básica de la organización social y horizontal". Así, dicha radio "usualmente es considerada como complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo participativo de administración y producción de medios".

En su Informe Anual 2002, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, que preside el doctor Eduardo Bertoni, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que "las radios llamadas comunitarias, educativas, participativas, rurales, insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas son, en muchos casos, y cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos; se erigen como medios que canalizan la expresión donde los integrantes del sector pobre suele tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación con las posibilidades que pudieran tener en los medios tradicionales".

Las radios comunitarias, dice el informe, "responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil. La necesidad creciente de información de las mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo".

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) establece que "la radio comunitaria hace referencia a un perfil y objetivos específicos, mostrando la diversidad y la de los diferentes sectores y movimientos sociales, su objetivo es buscar y defender la legalidad democrática, propiciando la focalización de problemáticas específicas, fungen como verdaderas tribunas abiertas a la sociedad, por ello se dirigen a perfiles y sectores concretos de la población... su principal sello es la rentabilidad sociocultural y de servicio que le den a su auditorio a través de la participación sistemática en la toma de decisiones, producción y transmisión de mensajes propios en medios, el auditorio es algo más que rating, cartas de complacencias y opiniones al vuelo...".¹

Radiografía actual de las estaciones comunitarias en México

Amarc-México promueve la democratización de las comunicaciones para favorecer la libertad de expresión y contribuir al desarrollo equitativo y sostenible de los pueblos, tiene afiliadas 33 radios comunitarias y organizaciones que promueven la comunicación alternativa, incluido el Instituto Nacional Indigenista que por sí solo opera cerca de 30 estaciones (ver cuadro). No están todas las que operan en el país, pero sí al menos las más representativas.

Cuatro estaciones comunitarias que operan actualmente podrían representar el proyecto de comunicación alternativa que han construido, los problemas económicos con que lidian todas, la represión histórica a que se han enfrentado por parte de los gobiernos federal y estatales, la oposición de los concesionarios y el esfuerzo colectivo que las mantiene en operación.

Radio Huayacocotla, con sede en la población del mismo nombre, del estado de Veracruz, salió al aire el 12 de octubre de 1965, bajo el modelo de Escuela Radiofónica en la frecuencia 2390 khz de onda corta. Con el apoyo de la Universidad Iberoamericana, se iniciaron programas de alfabetización y educación básica a distancia. En numerosas comunidades indígenas y mestizas de la sierra de Veracruz, Puebla e Hidalgo, los monitores capacitados por el personal de la radio se encargaron de organizar los grupos y asumieron la tarea de impartir cursos, bajo la guía de los maestros que desde la radio elaboraban los materiales y conducían las lecciones.

Con el transcurso de los años, la programación de Radio Huaya creció con el Noticiero del campo, música regional, información agrícola, programas de salud y apoyos a proyectos productivos y sociales, entre otros. En virtud de su crecimiento, los operadores solicitaron el permiso para transmitir en onda media entre los 500 y los 1,600 khz. Con ese objetivo se hicieron los trámites ante la SCT desde 1978, a pesar de que se cubrieron los requisitos técnicos, tanto esa dependencia como la Secretaría de Gobernación, le negaron el permiso para transmitir en esta frecuencia.

Con la aparición de organizaciones indígenas, campesinas y sociales que promueven el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos indios en la región, Radio Huaya abrió sus micrófonos a estas expresiones, lo que dio el pretexto esperado por la SCT para suspender sus transmisiones en abril de 1995, con el argumento de que no cumplía los requisitos técnicos establecidos por la ley. Previamente, funcionarios del gobierno federal y estatal habían insinuado que la estación transmitía "mensajes cifrados" y "promovía la violencia". Los mensajes cifrados no eran otra cosa que transmisiones en lengua nahua, otomí y tepehua. Tres meses después y luego de una serie de protestas que incluyó un desplegado con la firma de tres mil indígenas de la región, Radio Huaya fue reabierta. Hoy opera con el mismo entusiasmo, pero también con los mismo problemas económicos.

Radio Teocelo también inició operaciones en 1965, transmite desde Teocelo, Veracruz, sirve a una población de alrededor de 300 mil habitantes aglutinados en 12 municipios con fuerte presencia indígena y campesina. La SCT la cerró en 1998 con el argumento de que no contaba con el permiso correspondiente. La clausura generó el descontento de diversas ONGs tanto de México como extranjeras que obligaron a las partes a negociar. Finalmente, ese mismo año SCT le otorgó el permiso.

Radio Bemba opera desde las instalaciones de la Universidad de Sonora, sin la aprobación de las autoridades universitarias; pretende crear un espacio para la sociedad civil y fortalecer la defensa de los derechos humanos, la información de salud, el rescate del medio ambiente, la equidad de género y la identidad. La estación es operada por los propios estudiantes, quienes reciben amenazas constantes de cierre por parte de la SCT y presiones de los concesionarios locales.

La Voladora Radio, ubicada en Amecameca, Estado de México, surgió recientemente como un alternativa para los pueblos cercanos al Popocatépetl, en virtud de la información poco objetiva de los medios electrónicos e impresos sobre las constantes erupciones del volcán. Es operada por los habitantes de la zona y, entre otras actividades, respalda las campañas de protección civil de las autoridades. Tampoco cuenta con el permiso de la SCT. Otros proyectos quedaron en el camino, como Tele Verdad, Radio Interferencia, Radio Sublevarte y Ke Huelga, unas salieron del aire al cumplir sus objetivos, otros por limitaciones técnicas, financieras y operativas y la última cuando el gobierno recuperó las instalaciones de la UNAM, que había sido secuestrada.

Las radios comunitarias y la legislación de medios electrónicos

El derecho a transmitir de estas estaciones está avalado en diversas declaraciones y tratados internacionales, algunos de ellos firmados por el gobierno mexicano y por tanto son parte de su normatividad interna, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la ONU en 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del mismo año e impulsada por la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 y el llamado Pacto de Costa Rica.

En México, están amparadas en el artículo 6 constitucional que garantiza la libertad de expresión y en las recientes reformas al artículo 2, a partir de la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que incluyó un apartado relativo al acceso a la información gubernamental y al derecho y manejo de los medios por parte de los pueblos indios. Y el 4 relativo al derecho de los mexicanos a un medio ambiente saludable, a la alimentación, a la salud, a la cultura, a la educación y a un sano esparcimiento para su desarrollo integral.

La Ley Federal de Radio y Televisión establece que las estaciones podrán ser comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de otra índole. Las comerciales son concesionadas y las otras requieren permiso, pero, como ya se ha dicho, los trámites y los costos establecidos son simplemente inaccesibles para la mayoría de las estaciones comunitarias.

Desde la LVII Legislatura, en el Congreso se han discutido varias iniciativas de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que entre otros objetivos busca reglamentar la operación de las radios comunitarias y permitirles generar ingresos sin que ello signifique competencia para las concesionarias. Actualmente, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado analiza la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley Federal de Radio y Televisión, con el objeto de dictaminarla. Ésta define con precisión a las diversas estaciones no concesionadas, propone su regulación legal y establece mecanismos claros de operación, producción y financiamiento (iniciativa en: www.etcetera.com.mx).

La presión del gobierno y de la CIRT

Con el argumento de que no cuentan con el permiso para operar, la SCT y Gobernación amenazan permanentemente con clausurar esas estaciones. En marzo de este año, Gobernación anunció un inminente operativo para cerrar 16 estaciones de radio comunitarias, la mayoría ubicadas en regiones indígenas. Previamente, elementos del Ejército habían intimidado al personal de la estación Nuevo San Juan, ubicada en Michoacán. Esto también responde a las acusaciones no comprobadas de la CIRT de que dichas estaciones respaldan movimientos radicales y guerrilleros.

Ante las presiones, Aleida Calleja, representante de Amarc en México, inició una campaña junto con diversas ONGs y acordó con Gobernación establecer un diálogo permanente para explicar el funcionamiento de la operación de las radios comunitarias y buscar su regularización. Sin embargo, la SCT se ha negado a participar en los encuentros.

Las recomendaciones de la CIDH

Diversas ONGs han acudido reiteradamente a la CIDH para que le exija al gobierno mexicano el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la actualización del marco jurídico que reglamenta a los medios de electrónicos. Estas reformas implicarían la regulación del funcionamiento de los medios comunitarios.

En febrero de este año, 18 organizaciones entregaron a la CIDH un informe que da cuenta del panorama de la comunicación en México, de las violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos de los periodistas, de las presiones en contra de las estaciones de radio comunitarias y de la exigencia por reformar la ley en la materia.

A partir de estas denuncias, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, visitará en agosto nuestro país para reunirse con legisladores, representantes de las dependencias federales del sector, ONGs, periodistas y académicos. Tentativamente, el 23 de agosto, Bertoni se reunirá en la ciudad de México con los responsables de las radio comunitarias de diversos estados.