Marco Levario Turcott
Entre la medianoche del miércoles y la madrugada del jueves 10 de octubre, el gobierno y los
concesionarios apuraban los acuerdos y afinaban la redacción de lo que sería el decreto presidencial que cancela el 12.5%
del pago de impuestos en especie de parte de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y
televisión, así como las modificaciones al reglamento que regula aquel sector.
Intercambios telefónicos, llamados de conciliación, bostezos atemperados, riesgos de quiebra y
abogados apurados, entre ellos el representante legal de Televisa y abogado de la CIRT, Javier Tejado Dondé. Con
una rapidez poco usual, la resolución estaría circulando horas después en el
Diario Oficial de la Federación. La
prisa, dijo el señor Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y entonces presidente de la CIRT, fue porque
"lo bonito para la industria era que se anunciara en la semana de la radio y la televisión". Así festejó su año
en el cargo y además como padre de una nueva versión histórica, que coloca a la pantalla, particularmente
a Televisa, como el adalid de la libertad de expresión durante 1968.
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Fotos: Gustavo Benítez/Notimex |
Los cuestionamientos vendrían de inmediato, sin que mediara un conciliábulo como aquel, gestado en
las sombras de la noche y por eso a espaldas de la sociedad. 1) El gobierno dio al traste con su propio
discurso; 2) entregó bienes del Estado a manos de particulares y, 3) participó de una operación política que constata
la proclividad del Presidente por actuar junto con y a través de los medios electrónicos (tomando como base
las próximas elecciones federales).
El 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación publicó en la prensa un desplegado donde intenta
aclarar: 1) que no se elimina el impuesto que dio origen al 12.5%, lo que "se abrogó fue el acuerdo presidencial
que hacía posible el pago de este impuesto en especie"; 2) que los tiempos del Estado en radio y televisión son
los mismos pero mejor distribuidos y, 3) que la emisión del decreto y el reglamento no interrumpe los trabajos
de la mesa para la revisión integral de la legislación de medios electrónicos.
El saldo preliminar y las expectativas que arroja la equívoca resolución ahora están donde siempre
debieron, en el Congreso de la Unión.
Señales
Algo pasó, y no sabemos qué, durante aquellas horas entre el miércoles y el jueves 10 de octubre. Aun
cuando ocho días después el gobierno atemperó su postura "lo hecho, hecho está", dijo Vicente Fox en esa
ocasión el gobierno dio marcha atrás o no refrendó su pretendido intento de una reforma integral de la Ley Federal
de Radio y Televisión. En cambio, cedió a todas las exigencias de los concesionarios de ese sector.
Durante el primer día de trabajos de la 44 Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión de
la CIRT, el titular de Gobernación urgió a la reforma
integral.1 Mientras, en Reforma Bernardo Gómez
consideró que la actualización de la ley "ya no es tan necesaria, porque se han eliminado por completo los
trámites burocráticos y las condiciones políticas y de censura a cambio de la entrega o refrendo de concesiones".
Todo parecía indicar un choque de trenes porque, en la ocasión aludida, Santiago Creel afirmó que la ley
y el reglamento de medios debían revisarse atendiendo "las necesidades de los medios y también de las
autoridades, del público y los anunciantes, de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto". "Nuestra intención
dijo Santiago Creel semanas antes, el 10 de julio es conciliar intereses y alcanzar el consenso de los partidos y
de quienes trabajan en esas industrias. Tenemos que evitar, a toda costa, que esa reforma, que necesita tanto
el país, se quede 'enlatada' como las películas de antaño". Semanas después, el 23 de septiembre, el director
de RTC, Manuel Gómez Morín, aseguró convencido: "Las conclusiones serán presentadas este mismo año
al Congreso de la Unión como un anteproyecto de reforma".
Ojalá que las palabras de Creel no se queden enlatadas como las películas de antaño. Hasta el momento,
el saldo de aquella madrugada y de los días siguientes es que la reforma integral está pospuesta, sujeta a
las tensiones y/o colusiones entre el gobierno y los permisionarios y, sobre todo frente a esos vaivenes,
está supeditada al Congreso. Al respecto, el 15 de octubre, la Comisión de la Reforma del Estado de la Cámara
de Diputados se comprometió a presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Pero qué necesidad
Más allá o junto con sus inconsistencias de fondo, de las que se ocupa
etcétera en otras páginas, el desplegado de la Secretaría de Gobernación no deja claro por qué el decreto y las modificaciones al
reglamento no fueron materia de discusión para la reforma integral impulsada desde la propia mesa que organizó para
tal efecto. No dice por qué la prisa, pregunta importante incluso aunque nos quedemos con la única versión
oficial, proveniente de la CIRT, en relación con lo bonito que es festejar en favor de los concesionarios porque, al
menos en ese conciliábulo, entre otras cosas permaneció intocado el régimen de concesiones. Por cierto, habrá que ver qué dicen los concesionarios cuando se aborde, entre otros asuntos como el derecho de réplica para
que se legisle en serio, el tema de las concesiones, que es fundamental. Al respecto, en la multicitada sesión de
la CIRT, Santiago Creel dijo que "es indispensable dar claridad al proceso de otorgamiento y refrendo de
concesiones y permisos, así como hacer pública la información al respecto. En una sociedad abierta como la que
hemos construido es indispensable transparentar y difundir la situación que guardan los medios electrónicos
de comunicación". Habrá que ver la consistencia del gobierno en los próximos días.
(Como se recordará, el 3 de abril pasado, la SCT entregó a
etcétera la relación completa de las 73
concesiones de radio y televisión refrendadas por el gobierno a fines del año pasado. Ante esto, Bernardo Gómez le
reprochó a Jorge Alvarez Hoth, subsecretario de la SCT, su "extraño comportamiento" al abrir la "caja fuerte"
donde guarda los nombres de los concesionarios. Dijo el señor Gómez que no hay obligación legal para dar a
conocer la lista de las concesiones refrendadas. Sin embargo, pasó por alto que, en todo caso, no hay ley que lo
prohíba; también desestimó que, tratándose de un bien público que los dueños de los medios usufructúan, siempre
es mejor que se sepa quiénes son los beneficiarios de las concesiones.)
Tiempos modernos
La noche del miércoles de aquel día de octubre, Joaquín López-Dóriga dijo frente a las cámaras: "Me da
la impresión de que esta noche podríamos estar en la víspera de una decisión importante en relación a lo
planteado en este primer día de trabajos de la semana de la industria de la radio y la televisión". Y al día siguiente,
El Universal cerró la pinza de esa decisión importante:
Cambian reglas para radio y TV, publicó en
ocho columnas. En el subtítulo desplegó: "Los minutos asignados al gobierno se darían en horarios con
'rating'; podría el Presidente ceder espacio al Congreso, el Poder Judicial y el IFE".
Entre el desplante premonitorio de López-Dóriga y lo publicado por
El Universal rodó la perinola en la noche y a los concesionarios les tocó el "toma todo", ya incluida la renovación de todas las concesiones más de mil que, el gobierno había dicho, no se refrendarían sino hasta tener una reforma integral que contemplara la nueva normatividad al respecto. Y comenzaron a operar los dos elementos de persuasión empleados en el subtítulo de las ocho columnas de El Universal.
Ahora, en efecto, y aun a costa de múltiples contradicciones, el gobierno ha puesto a rodar otra vez la perinola. Ojalá caiga en el "Todos ponen".
Diciembre 2008
¿Toma todo o todos ponen?
