En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión“por medios indirectos”. También, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos dela hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. Finalmente, laDeclaración de Chapultepec, adoptada en marzo de 1994 por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, estatuye que la “concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

Álvarez Ugarte destacó, en diálogo con etcétera que “no hay un criterio claro” para el reparto de la pauta oficial, “ni siquiera hay un estudio de mercado” que avale una determinada distribución de esos fondos. “El desorden de planificación es la regla y no la excepción”, apuntó.

La arbitrariedad es la ley

Según la información entregada por la Secretaría de Medios de la nación, en 2007, el gobierno nacional orientó la mayor parte de su presupuesto publicitario al rubro gráfica, donde invirtió 36% del total gastado, seguido por TV, con 19%, y radio, con 17%.

Al mismo tiempo, la distribución de la pauta por rubro fue arbitraria y favoreció a los grandes medios en detrimento de los más pequeños, en casi todos los casos. Por ejemplo, según datos del mes de septiembre de 2007 a los que accedió etcétera, dentro del rubro gráfica, el diario Clarín, el de mayor circulación, recibió ese mes en concepto de publicidad oficial alrededor de dos millones 421 mil pesos, mientras La Nación, el segundo diario, concentró casi un millón 370 mil pesos. Página12, en cambio, un diario con menos lectores que La Nación, recibió una pauta mayor, que rondó sólo en septiembre de 2007 casi un millón 800 mil pesos. Los diarios más pequeños recibieron entre 200 mil y 500 mil pesos mensuales. Ver cuadro

“Son criterios discriminatorios y de amiguismo”, denunció álvarez Ugarte al ser consultado sobre los motivos por los cuáles el gobierno decide invertir más en un rubro queen otro e, incluso, otorgarle más publicidad a un medio que a otro. En algunos casos, como el de la Editorial Perfil, que publica quincerevistas y un matutino de circulación nacional los fines de semana, el gobierno federal decidió retirarle la pauta oficial. “Lo que recibe cada medio no se relaciona con un parámetro objetivo”, describió el analista para sintetizar la “subjetividad” que impera a la hora del reparto.

En junio de 2006, la Editorial Perfil presentó un amparo para que el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner dejara de excluirla en el reparto de publicidad oficial y para que los periodistas de sus medios tuvieran acceso a información que, denunciaron, tienen aún vedada. Sin embargo, como en Argentina no existe una ley que regule la distribución de esos fondos,la justicia no puede decirle al gobierno en qué medios pautar. Desde entonces, periodistas argentinos reconocidos como Jorge Lanata, Nelson Castro, Pepe Eliaschev, Mónica Gutiérrez y Joaquín Morales Solá, entre otros, respaldaron la presen-tación judicial, avalada además por ADC. “Es en defensa de todos”, sin-tetizó Lanata, creador de dos diarios argentinos, Página12, del que se apartó años atrás y del flamante Crítica de la Argentina, lanzado al mercado en marzo pasado.

En el amparo, Perfil le pidió al Ejecutivo que cese “de modo inmediato con su política discriminatoria con relación a la exclusión ex profeso de la pauta publicitaria oficial a la Revista Noticias, a la Revista Fortuna y al Diario Perfil.”

Sin ahorrar críticas al gobierno, todos los periodistas que apoyaron la presentación de Editorial Perfil coincidieron en el reclamo “por el manejo arbitrario” de la pauta oficial y en la restricción para acceder a la información que padecen algunos periodistas. “Pareciera que vamos a una semidictadura”, graficó el filósofo Juan José Sebrelli, mientras el periodista de La Nación Héctor D’Amico consideró que lo que hace el gobierno al no darpublicidad es “domesticar a los medios”. Ver cuadro

En ese marco, el director de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, denunció que “los gobiernos provinciales tienen los mismos vicios”, loque calificó de “más grave”, ya que en algunos lugares la publicidad oficial es de 75%. “No reclamamos dinero, es una cuestión principista”, dijo el editor al aclarar por qué decidió presentar el amparo.

Un caso que puede sentar jurisprudencia a favor de Perfil, según los juristas, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor del diario Río Negro, que denunció al gobierno de la provincia de Neuquén “por criterios discriminatorios” al pautar en los medios de comunicación. La Corte determinó que no se puede prohibir la publicidad oficial en los medios cuando difundan noticias contrarias a la política gubernamental, como lo hizo –según la denuncia– el ex gobernador neuquino Jorge Sobisch. Tras ese fallo, la justicia obligó al gobierno neuquino a distribuir la publicidad oficial “sin manipularla” y “sin usarla como un modo indirecto de afectar la libertad”.

Proyectos en suspenso

Actualmente, seis proyectos de ley de regulación de la publicidad oficial están vigentes en el Congreso Nacional, pendientes de avances en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde en las últimas semanas las labores se incrementaron porque elgobierno impulsa la creación de un Observatorio de Medios y una modificación de la Ley de Radiodifusión vigente en el país desde la dictadura (1976-1983).