El gobierno argentino invirtió 317 millones 85 mil 94 pesos (unos 100 millones de dólares) en publicidad oficial durante 2007, 51% más que en 2006. Además, se excedió en 56% en el presupuesto previsto para ese rubro el año pasado, que era de 202 millones 792 mil pesos (casi 64 mdd). Toda esta inversión se realizó sin controles y en ausencia de una ley que regule la distribución de los fondos de manera ecuánime entre los medios nacionales y provinciales.

El incremento del gasto en publicidad oficial “es una tendencia que se refleja desde hace años y que las autoridades justifican aludiendo a la inflación”, explicó Ramiro álvarez Ugarte, integrante delárea de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG no partidaria que desde 1995 se dedica a la defensa de los derechos civiles y humanos.

Para ratificar la tendencia basta observar las cifras plasmadas en las planillas de inversión que suministra la Secretaría de Medios del Estado, a través de Télam SE, organismo que se encarga de la colocación de la pauta oficial. Son miles de páginas repletas de números que reflejan la tendencia al alza que tuvo el gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras que en 2003 se gastaron 46 millones 267 mil 906 pesos, en 2004 el gasto se duplicó a 99 millones 815 mil 380 pesos, en 2005 fue de 127 millones 462 mil 75 pesos y en 2006 superó los 200 mdp.

Del análisis de los datos surge que en los primeros diez meses de 2007, el Poder Ejecutivo ya llevaba gastado un 29% más del total invertido en 2006 y estaba excedido un 33% del presupuesto original pautado. Además, el mes de octubre demandó la mayor inversión de todo 2007, fundamentalmente por la campaña “Padrones Electorales”, impulsada en ocasión de laselecciones generales celebradas ese mes, que demandó 11 millones 238 mil 41 pesos.

En ese contexto, un informe deADC sobre los gastos subraya que en el periodo previo a las elecciones“subsistieron algunas campañas del Poder Ejecutivo que cabe cuestionar por destacar, sin justificación aparente, la figura de funcionarios públicos u organismos departamentales”. En octubre de 2007 fue elegida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hasta entonces primera dama. Ver cuadro

Otra de las características verificadas en 2007 es que la inversión publicitaria directa, es decir la invertida directamente en medios específicos, sin pasar por intermediarios como productoras o agencias de publicidad, en el rubro diarios, revistas, radios y canales deTV tendió a concentrarse en medios de la ciudad de Buenos Aires y de distribución nacional. Las provincias que recibieron más pauta del gobierno nacional en forma directa, además de Buenos Aires, fueron Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz, en orden decreciente.

Censura sutil

Aunque los datos de la inversión publicitaria que realiza el Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados estatales son de acceso público, las planillas con las cifras no están disponibles en ningún sitio oficial. Sin embargo, por ley, deben ser entregadas a todo aquel ciudadano o entidad que las solicite.

Hace varios años organismos y ONGs independientes que investigan la gestión estatal solicitan esos datos, los analizan e insisten en la necesidad de crear un marco legal para transparentar la distribución de esos fondos públicos, como sucede en otros países. Por ejemplo, Perú y España, que sancionaron recientemente leyes para garantizar la racionalidad en la distribución de publicidad oficial. También el gobierno de Uruguay reunió en 2006 a representantes de medios, ONGs y funcionarios para comenzar a discutir un marco legal; mientras la Cámara de Diputados de Chile creó una comisión especial para investigar los criterios y mecanismos que utiliza el gobierno para pautar en los medios de comunicación.

“La falta de reglas promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política”, dice el documento “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”, una serie de enunciados generales a partir de los cuales se invita a pensar modelos concretos de regulación de la pauta oficial enArgentina. El documento, elaborado por ADC con la colaboración de periodistas reconocidos y especialistas en derecho, ya fue discutido en talleres realizados en varias provincias argentinas, entre ellas Córdoba, Neuquen, Río Negro y la más austral, Tierra del Fuego, con la participación de cooperativas y asociaciones locales. Ver cuadro

El documento subraya la “existencia de presiones a medios de comunicación y periodistas ejercidas mediante la asignación o el retiro de pauta publicitaria estatal” y califica ese mecanismo como “censura indirecta”, un asunto que es eje de debate en todo el mundo y en especial en América Latina. “Eso refleja una realidad en la que los métodos más frontales y directos de presión gubernamental –como el cierre de medios, los ataques físicos y asesinatos, o los procesos judiciales contra periodistas– han declinado en pos de mecanismos más sofisticados, más complejos ymenos visibles para silenciar las voces críticas”, subraya el texto.

Esas prácticas de “censura sutil” consisten, según detalla el documento, en asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos y condicionar, de ese modo, el contenido de sus expresiones.