De los Acuerdos de San Andrés
 a la apropiación mediática del EZLN

 Javier Esteinou Madrid

El origen

Como respuesta radical a la profunda desigualdad histórica que han sufrido los pueblos indios en México en todos los niveles de sus vidas desde hace cinco siglos, el 1 de enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declarando la guerra al gobierno mexicano y exigiendo la reivindicación urgente de los derechos indígenas.

Frente a la situación de bárbara injusticia histórica sobre las comunidades indígenas, el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después de varios años de negociaciones entre sí, firmaron el 16 de febrero de 1996 los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que en esencia plantearon la construcción de otro pacto social, integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Por otra parte, con el fin de reanudar el diálogo con el EZLN, el 5 de diciembre el presidente Fox envió al Congreso de la Unión la nueva Iniciativa de Reforma sobre Derechos y Cultura Indígenas y el 7 de diciembre al Senado de la República.¹

Foto: Antonio Oropeza

Dentro de este contexto histórico, el espíritu de autonomía y dignidad del México profundo expresado a través del movimiento insurgente del EZLN planteó como horizonte a lo largo de siete años que las comunidades autóctonas ven "con esperanza la palabra que se ha alzado de los diferentes pueblos indígenas y que grita un ¡Ya basta! Los pueblos indígenas de México hemos abierto un camino hacia la paz, la justicia, la dignidad, la verdad, ahora sólo nos queda mantener nuestro paso firme y unirnos más como comunidad para lograr nuestra meta: Más medios de comunicación en favor del pueblo".²

Es por esto que, en síntesis, en materia de cultura y acceso a los canales de información los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la Iniciativa de Ley de Reforma sobre Derechos y Cultura Indígenas, en esencia, formularon, en el punto 9 y 7, respectivamente, que el Estado mexicano reconoce que "los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y a la autonomía, como parte del Estado mexicano (...) para adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación".³

Este acuerdo se reforzó políticamente cuando Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, le solicita al presidente Fox Quesada que "las comunidades indígenas necesitamos tener más espacios en los medios de comunicación para informar a nuestra gente, para desaparecer ese temor que existe en nuestros pueblos".⁴ Ante esta demanda, el presidente Fox se comprometió públicamente en la televisión regional de Chiapas a "hablar con el secretario de Comunicaciones y Transportes y con el secretario de Gobernación para ver esa posibilidad. Yo no veo que haya mucho problema de que nos extendamos en tener más participación de radiodifusoras para las comunidades indígenas, y lo mismo en televisión. Eso se puede hacer y me parece muy interesante y vamos a apoyarla".⁵

Con estos elementos jurídico-políticos quedaron asentadas las bases para negociar entre el EZLN y el Congreso el pacto social existente entre pueblos indios, Estado y acceso a los medios de comunicación.

Un acuerdo engañoso

Sin embargo, no obstante el transcurrir de muchos años de presión y negociación entre la guerrilla y el Estado es asombroso lo limitado y engañoso de este acuerdo consensado entre gobierno y EZLN, por las siguientes cinco razones:

1. El reconocimiento del Estado mexicano de que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y a la autonomía, para adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación, no implica ningún avance nuevo en la lucha de las comunidades autóctonas para contar con medios de expresión propios, pues son derechos abstractos básicos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Radio y Televisión ya reconocen a todos los ciudadanos mexicanos con mucha anterioridad al surgimiento del movimiento zapatista el 1 de enero de 1994. Así, en primer término, el artículo 6 de la Constitución mexicana señala que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado".⁶ El artículo 7 de la Constitución consagra que "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública...".⁷

En segundo término, la Ley Federal de Radio y Televisión acepta en el artículo 58 que "el derecho de información, de expresión, y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes".⁸

Foto: Araceli Herrera

En tercer término, el artículo 30 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por el Senado de la República de México en 1989, señala en sus incisos 2 y 3 que "los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. Para tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos".⁹

Por este motivo, dicho acuerdo sólo repite un derecho que ya es propio de cualquier mexicano y no agrega ninguna garantía, derecho, facultad o mecanismo nuevo para que los pueblos indios puedan tener sus propios medios de comunicación colectivos y, por consiguiente, todo sigue igual.

2. En caso de que se amplíe políticamente la propuesta y se apruebe la existencia autónoma de medios de comunicación indígenas, la iniciativa introduciría una grave contradicción de carácter técnico jurídico, pues el planteamiento establecería un régimen normativo de excepción para los pueblos indios, al aceptar la autorregulación total de éstos, que entraría en oposición con el conjunto de otras leyes, al proponer que gocen de un derecho extraconstitucional, por encima del régimen actual de concesiones y permisos que formula la Ley Federal de Radio y Televisión, al que deben de sujetarse obligatoriamente el resto de los mexicanos.¹⁰

En consecuencia, la formulación actual de este punto "deja en la incertidumbre tanto la dotación como la promulgación de una nueva ley que dote a los pueblos indios de medios de comunicación y garantice su uso y operación, como estaba establecido en los Acuerdos de San Andrés. La propuesta de la Cocopa tampoco dice nada en concreto para lograr que los pueblos indios tengan sus propios medios de comunicación".¹¹ Por lo tanto, la propuesta es contradictoria e inviable, a menos que se modifique la actual Ley de Radio y Televisión, lo cual implica una transformación constitucional de mayor profundidad que rebasaría el marco actual de la negociación indígena.

3. La propuesta actual reduce su planteamiento a un derecho ya obtenido por los mexicanos y desconoce todos los elementos restantes que ha planteado el movimiento zapatista a lo largo de más de siete años para progresar en la creación de un nuevo pacto profundo de relación comunicativa entre Estado, comunidades indígenas y sociedad global. De esta forma, el acuerdo desconoce elementos como la elaboración de una nueva ley de comunicación social que incluya los derechos de los ciudadanos, el reconocimiento del derecho a la comunicación, la reglamentación del derecho a la información, la creación del derecho de réplica, la eliminación de los monopolios informativos, la no privatización de los espacios públicos, la creación de la figura del ombudsman de la comunicación, el uso del 12.5% del tiempo oficial para la participación de los grupos indios, la modificación de la política de otorgamiento de concesiones de radio y televisión, el fortalecimiento del modelo de medios de servicio público, terminar con la relación de contubernio existente entre medios y Estado, la reducción del comercialismo en los medios, tipificar como delito la manipulación y la desinformación de la opinión pública, suprimir las expresiones sexistas y racistas del lenguaje, mayor autonomía de participación de las comunidades indígenas en las radiodifusoras indígenas, etcétera.

4. La iniciativa de ley tampoco considera un mecanismo financiero elemental para que los pueblos indios puedan adquirir sus propios medios de comunicación o la compra de espacios de expresión dentro de éstos, sino que deja el ejercicio de ese derecho dependiendo de la capacidad económica de las comunidades indias. Esto significa que dicha garantía constitucional será casi imposible aplicarla a los sectores indígenas, pues la casi totalidad de las comunidades autóctonas viven en la miseria, la marginación y el hambre, sin contar con recursos para destinarlos a este fin, que exige grandes inversiones económicas para poder instalar medios de información propios.

Foto: Yuri Valecillo

5. Finalmente, la propuesta tampoco incluye ningún procedimiento concreto u operativo para permitir la integración de los indígenas dentro de la actual estructura de canales de información nacionales. Sigue dejando fuera o en el vacío la participación de los pueblos indios en los medios de comunicación.

Al parecer, a principios del siglo XXI y del nuevo gobierno de transición democrática, en el terreno de la comunicación se sigue sin contar con la suficiente voluntad política por parte del Poder Ejecutivo para encontrarle la cuadratura al círculo y permitir que la sociedad mexicana cuente con los derechos universales básicos en materia de derecho a la información.

Lo más asombroso de esta situación es que la casi totalidad de la opinión pública nacional, incluyendo a la inteligencia y al periodismo crítico, centró su atención en los aspectos frívolos y secundarios del proceso y la marcha zapatista y no en la discusión o enriquecimiento profundo de las propuestas presidenciales enviadas al Congreso de la Unión para ser negociadas con el EZLN en materia de comunicación social. Así, la atención giró alrededor de si los zapatistas vienen a negociar con máscara o sin máscara, cómo se comportó Marcos en la entrevista con el comediante Ponchito, el estreno del presidente Fox como conductor radiofónico en el programa Fox en vivo, Fox contigo para entrevistar a los representantes indígenas,¹² las características que tuvo el Concierto por la paz o Chiapatón que organizó Televisa y Televisión Azteca, los comerciales televisivos que la cadena de tiendas Viana realizó para vender productos electrodomésticos con imágenes de Marcos, el comandante Tacho y el EZLN;¹³ y no en el análisis del punto 9 de los Acuerdos de San Andrés o 7 de la Iniciativa de Ley de Reforma sobre Derechos y Cultura Indígenas para la reivindicación histórica de esas comunidades.

Algo sumamente grave y profundo sucedió en la conciencia nacional, pues ante un hecho histórico tan trascendental en materia de derecho a la información (quizá el más importante en los últimos 30 años) ni el periodismo crítico ni los partidos políticos ni las organizaciones no gubernamentales ni las escuelas de comunicación, etcétera, asimilaron dicha situación desde un ángulo crítico y analítico, y también quedaron hipnotizados por el gran glamour y poder mediático regenerador de los medios de difusión que creó un ambiente de paz virtual en technicolor. Cuando más, sólo algunos analistas políticos criticaron tangencialmente la realización del Concierto por la paz¹⁴ o la entrevista concedida por el presidente Fox a Ponchivisión, la difusión espectacular de la Caravana de la dignidad o la manipulación de algunas imágenes de la marcha zapatista, pero no reflexionaron sobre lo fundamental: ¿cómo lograr que las comunidades indígenas accedan a los medios de información colectivos para transmitir su otra versión de la vida y de la historia?

Foto: Jerónimo Arteaga

Con la realización del Concierto por la paz y la manipulación de algunas transmisiones, por parte de Televisa y Televisión Azteca, se creó en la opinión pública nacional un clima de presión social para que el zapatismo quedara políticamente acorralado para firmar los Acuerdos de San Andrés tal y como están, sin poder negociar nuevas condiciones favorables para los indígenas. La estrategia informativa de los monopolios de la comunicación preparó a la opinión pública para acusar de intolerante, infantil, caprichoso, payaso, narcisista, etcétera, al subcomandante Marcos y al EZLN, en caso de no aceptar las condiciones de la paz.

Así, podemos decir que gradualmente el poder de los medios de información se apoderó de la fuerza simbólica del EZLN, lo convirtió en espectáculo, lo descontextualizó, lo canalizó hacia sus intereses, hipnotizó una vez más a la sociedad y abortó la reflexión y discusión sobre el acceso de los pueblos indios a los medios de comunicación. En una idea, convirtió al movimiento indígena insurgente del EZLN en una mercancía informativa más del consumo cultural masivo postmoderno, que fue desechada cuando ya no registró rating y fue cambiada por otros hechos coyunturales mercadológicamente más rentables.

Esta realidad es una prueba más de cómo la cultura idiota, a partir de la agenda setting que generan los medios de comunicación, nos ha hecho olvidar lo principal, para que nuestra conciencia gire alrededor de lo secundario, lo anecdótico, lo frívolo, lo descontextualizado o lo terciario. Es la reproducción ampliada del alzheimer cultural a nivel nacional y el avance de la cultura light en los medios de información social.

Con el apoderamiento del mito y la simbología del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por los medios de información colectivos, en unas semanas, ese movimiento pasó de ser noticia en éstos, para convertirse en una mercancía más del consumo cultural de masas.

Foto: Jorge Claro/Contraluz

Toda esta asombrosa realidad contradictoria representa en México, por una parte, que la cultura colectiva generada por los medios de información seguirá siendo unidimensional y occidentalizada, y no multi y pluricultural, pues los 62 pueblos indígenas, con sus 62 lenguas diferentes y sus 30 variantes (en total 92 lenguas distintas),¹⁵ seguirán sin participar y aportar su cosmovisión dentro del especto de la cultura de masas. Con esto, continuará fortaleciéndose en el modelo de comunicación-mercado que hoy domina en la comunicación colectiva, los parámetros de la cultura idiota que tanto han erosionado mental y espiritualmente a nuestro país y no el modelo de servicio público que le urge a nuestro horizonte cultural nacional para sobrevivir.

Por otra, que el resto de los acuerdos logrados por el EZLN frente al Estado en materia de autonomía, derechos humanos, sustentabilidad, libre determinación, plurietnias, autogobierno, especificidades culturales, participación y representación política, protección a migrantes étnicos, formas de organización, uso y disfrute de los recursos naturales, preservación de sus lenguas, impulso a sus culturas, satisfacción de necesidades básicas, etcétera, de los pueblos indígenas se encuentran en condiciones muy frágiles de consolidación, pues para garantizarlos, a mediano y largo plazo, se requiere contar con una sólida base de poder para defenderlos. Hoy día, al inicio del siglo XXI en México, ingresar al primer poder se deriva del acceso a los medios de comunicación colectivos. Si no se cuenta con acceso a la estructura de información difícilmente se pueden defender otras conquistas sociales ya obtenidas.

Por esta razón, en cuanto a la realización del derecho a la información de los indígenas, ahora resulta indispensable y urgente que el EZLN y la sociedad civil abran los ojos y elaboren nuevas propuestas políticas, jurídicas, económicas y culturales, a nivel conceptual y operativo para pactar e implementar, de manera real y no retórica, la implementación avanzada de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la nueva Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas en México. En este sentido, es fundamental retomar el espíritu de dignidad y autonomía planteado por las comunidades autóctonas en el III Congreso Nacional Indígena que en cuanto al acceso indio en los medios de difusión planteó "la apropiación y acceso constitucional de los pueblos indios a los medios de comunicación (...) para difundir nuestra cultura, tradiciones y hacer escuchar nuestra palabra...".¹⁶

En consecuencia, en materia de comunicación colectiva es necesario romper la cuadratura del círculo que tradicionalmente ha argumentado el gobierno federal para evitar democratizar el sistema de comunicación nacional. De lo contrario, en el campo de la comunicación social, de muy poco habrá servido el levantamiento armado, el monumental sacrificio indio y el derramamiento de sangre que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha realizado durante más de siete años, pues todo continuará igual: contrariamente al lema del levantamiento zapatista "¡nunca más un México sin nosotros!", los indígenas seguirán sin voz y el proyecto de globalización mundial seguirá creando un México postmoderno, sin la presencia de los indígenas.