Francisco Báez Rodríguez

La televisión mexicana ha iniciado 2003 de una manera bastante traqueteada. El conflicto entre Televisión Azteca y CNI Canal 40, así como las intervenciones y omisiones del gobierno dan tema para debatir. En particular, son un duro recordatorio de la necesidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, que a cada rato confirma su obsolescencia.

A lo largo del mes que va del 27 de diciembre al 27 de enero se sucedieron hechos inéditos: la toma de las instalaciones de Canal 40 en el cerro del Chiquihuite por parte de enviados de Televisión Azteca; un periodo en el que Azteca "recuperó" a la fuerza la señal del 40; otro, en el que las autoridades sentaron a negociar, infructuosamente, a Ricardo Salinas Pliego y Javier Moreno Valle; otro más, en el que se aseguraron las instalaciones del Chiquihuite, la pantalla del 40 pasó a negros y se turnó el asunto al Poder Judicial; otro, en el que una orden judicial de levantar el aseguramiento, en favor de CNI, quedó en el limbo; otro, finalmente, en el que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvieron que acatar la resolución de la judicatura, convenientemente aclarada.

En el ínterin hubo campañas mediáticas, encuestas de distinto tipo, diferencias dentro del gobierno, panistas felices porque volvían a ser oposición, donaciones de bicicletas, efímera creación de mártires de la libertad de prensa y cualquier cantidad de bilis y de paja. También hubo, en ese periodo, una notabilísima disparidad respecto al tema entre la opinión pública (incluso, la opinión pública informada) y la opinión publicada, el llamado "círculo rojo".

Como ya ha corrido mucha tinta respecto del asunto, me limitaré a los comentarios que considero más pertinentes:

1. Televisión Azteca cometió un error político mayúsculo con la toma del Chiquihuite. El único punto en el que coincidieron la opinión pública y la publicada fue en la condena a ese acto. Aun en la encuesta de Televisión Azteca, cuyo orden y fraseo de preguntas es un ejemplo de cómo buscar resultados amañados, fue notable el pronunciamiento mayoritario en contra del propósito de Azteca de "hacerse justicia" por propia mano. La empresa del Ajusco se vio como el grande que aplasta al pequeño, como el gran consorcio que no respeta la ley. Perdió mucha credibilidad en un solo día. Sus posteriores campañas informativas sobre el tema sólo sirvieron para ahondar la percepción negativa.

2. El tamaño de ese error tapó, ante una parte importante de la opinión publicada, los cometidos por Javier Moreno Valle a lo largo de mucho tiempo. Una mala administración endémica; un convenio en el que cedía una parte sustancial de su programación a un tiburón de las finanzas, interesado exclusivamente en programas comerciales, rentables; la reticencia a pagar su deuda y el diferencial entre su tren de vida y la de los trabajadores de su casi quebrada empresa. De repente, Moreno Valle pasó a ser un paladín de la libertad de expresión: el representante de los intereses populares.

3. La lentitud en la reacción del gobierno dio pie a interpretaciones suspicaces. Hubo funcionarios que insistieron, de manera pertinaz, en que no se trataba de un asunto político y que podía resolverse con una fácil pinza entre lo técnico y lo legal. Sólo hasta que lo político inundó el panorama, y hasta que lo jurídico se puso totalmente en blanco y negro, se pudo encontrar la salida a un túnel por el que se transitaba de manera transversal.

4. Mientras la sospecha de parcialidad encuentra algunos asideros (la prudencia excesiva en la interpretación de fallos legales, alguna aparición poco oportuna en las pantallas de Azteca), se levantaron críticas a un supuesto intento de frenar la libertad de expresión, que carecen de todo fundamento. A la justa preocupación por la posible pérdida de pluralidad en la pantalla, no siguió un análisis de hechos ­que, por ejemplo, recordara que esa pérdida potencial no nació del gobierno, sino de un convenio en el que se cedían derechos de programación y de una falta de pago y de cumplimiento a un compromiso mercantil­, sino el ataque facilón.

5. Un subproducto positivo del conflicto es que creó conciencia entre partidos y legisladores acerca de la necesidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Casos no previstos por la legislación, como el del convenio de 1998 entre Azteca y CNI, son comunes en los medios electrónicos, y dejan a las autoridades con pocos apoyos legales para actuar, o, peor, abren la puerta al mundo de la discrecionalidad. Hay muchas iniciativas durmiendo el sueño de los justos. Es hora de llegar a acuerdos.

6. Algunos han sonreido, y mucho, durante el desarrollo de este dramasainete, en el que todavía no se dice la última palabra. Son los de Televisa.

Francisco Báez Rodríguez es periodista.