Para que los indígenas tengan acceso a los medios

 Javier Esteinou Madrid

"Hacia una reforma agraria del aire",
Diálogo de Sacam Ch´en de los Pobres.¹

La transformación del sistema político mexicano que se dio, después de siete décadas, con las elecciones del 6 de julio de 2000 y el inicio a la transición a la democracia que se derivó de este proceso requiere, para su consolidación, no sólo la modificación de las estructuras económicas, políticas, culturales, financieras, redistributivas, electorales, burocráticas, participativas, etcétera, del Estado y de la sociedad; además, exige la modificación del actual sistema cerrado, vertical y autoritario de comunicación nacional.

Foto: Irma Villalobos

Esto es, la construcción de la democracia no se puede alcanzar sin la profunda democratización de los medios de información: democracia social es sinónimo de apertura y pluralidad de los canales de información. No puede existir democracia si no existen sistemas de comunicación democráticos.

Por ello, para reformar al Estado en materia de comunicación, ciudadanizar los medios de información en México y dar algunas salidas de participación a los grandes grupos sociales, especialmente a los indígenas, a través de éstos, es indispensable modificar el viejo pacto social de comunicación unilateral, hermético, obsoleto, discrecional y patriarcal existente entre el Estado mexicano y los concesionarios de los medios de comunicación, que sirvió de base para consolidar durante 70 años al decadente régimen político anterior. Ahora, es necesario construir, mediante la reforma del Estado, una nueva relación trilateral (Estado, concesionarios y sociedad) de naturaleza democrática, plural, equilibrada, incluyente y abierta que permita que los ciudadanos participen colectivamente, vía éstos, para construir y enriquecer el espectro político-cultural de nuestra nación y crear una nueva cultura civilizatoria superior que nos permita sobrevivir pacíficamente en nuestro país.

Por este motivo, "la reforma del Estado en materia de comunicación no es una reforma jurídica más para modernizar al Estado mexicano; sino que por su naturaleza vertebral que cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria y cotidiana, es la reforma más importante de la sociedad mexicana de principios del siglo XXI, pues será a partir de esta renovación como se determinarán las vías que modificarán o no los procesos para construir la conciencia colectiva nacional. De esto dependerá si se crean las bases político-sociales para generar una conciencia para el avance de la República o para su retroceso mental, social y civilizatorio en el nuevo milenio".²

Hay que considerar que para ejercer el derecho a "ser ciudadano se requiere la existencia de un sistema democrático que permita la libre difusión informativa y de opiniones cuya sustancia brinde elementos para decidir sus destinos personales y sociales. La condición de ciudadanía sólo puede ejercerse auténticamente si se garantiza, promueve y respeta el derecho a la información, pues en la naturaleza de éste subyace el prerrequisito de toda democracia: la transparencia del ejercicio público, el debate e intercambio de ideas e informaciones, la rendición de cuentas, la asunción de reglas claras en todos los terrenos de la vida social y política...".³ En pocas palabras, sólo con la aplicación del derecho a la información se puede ser ciudadano; sin la aplicación de éste, sólo se es súbdito del poder.

Por consiguiente, un Estado moderno, por una parte, tiene que crear las condiciones para que la sociedad esté permanente y ampliamente informada sobre sus problemas fundamentales y no sobre las simples frivolidades modernizantes que crea el ciclo de la moda occidental, los oportunismos políticos coyunturales o las curvas del rating. Por otra, debe asegurar la existencia de condiciones para que los grandes grupos sociales puedan acceder como emisores de mensajes a los medios de información colectivos.

En este marco, es necesario tener presente que la transformación de la estructura de comunicación nacional es un proceso muy complejo que requiere la participación no sólo del Estado, sino de todos los sectores organizados de la sociedad en diversos planos de acción. Por ello, para avanzar en la reforma del Estado mexicano en materia de comunicación y construir una Nueva Política Nacional de Comunicación, particularmente para la participación de los pueblos indios, se deberán contemplar y realizar, entre otras, las siguientes acciones de transformación de la estructura informativa en el plano político, legislativo, civil y académico:

En el plano político

1. El Estado debe rescatar su función rectora en el campo de la comunicación frente a la dinámica salvaje que han alcanzado las fuerzas del mercado en este terreno para construir un nuevo proyecto de comunicación nacional basado en la participación de la sociedad, especialmente de las comunidades indígenas, que históricamente han sido marginadas de los medios.

Para ello, es necesario que se replanteen las bases del desequilibrado pacto social existente entre el Estado, los medios de información y la sociedad civil, para ahora orientarlo hacia un nuevo acuerdo democrático tripartita de participación colectiva con incidencia privilegiada de la sociedad civil para equilibrar el actual funcionamiento desigual entre estos sectores. En la conformación de este nuevo pacto social debe ocupar un lugar destacado la presencia de los grupos indígenas.

2. Para avanzar en la consolidación de este nuevo pacto comunicativo, entre otros, es imperativo que el Estado fortalezca y amplíe el esquema de medios de comunicación de servicio público a través de las siguientes dos vías:

a) El aumento directo de financiamiento por parte del Estado a sus medios públicos para ampliar su infraestructura técnica, material, informativa y salarial. Dentro de esta nueva recapitalización, deberán tener preferencia el apoyo a los proyectos de participación comunicativa de la sociedad civil, preferencialmente de las etnias indígenas.

b) El uso intensivo del 12.5% del tiempo oficial que legalmente ya le corresponde al Estado mexicano en los espacios de programación de los medios privados, para ciudadanizar los procesos de comunicación colectiva. Para alcanzar esto, se propone aprovechar una porción de dicho tiempo en todos los medios comerciales privados para formar una amplia franja de información de Estado de servicio público que permita la participación de los sectores sociales, especialmente grupos indígenas organizados. Esto significaría contar dentro de la propia estructura de los medios comercial-privados con un gran frente de medios de servicio público con alta penetración y con un mínimo de inversión del Estado y de la sociedad.

3. Con el fin de ejercer su función de rector nacional y equilibrar el funcionamiento del modelo desigual de comunicación de mercado que tantas alteraciones mentales ha producido en la cultura nacional, se requiere terminar con la distribución discrecional de los tiempos oficiales, legales, fiscales y electorales del Estado en radio y televisión y exigir su uso transparente y equitativo que permita, a través de éstos, la participación de los principales grupos sociales, particularmente indígenas.⁴ Para ello, se proponen, entre otros, los siguientes mecanismos:

Foto: Antonio Oropeza

a) Que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura junto con representantes de la sociedad civil organizada, incluyendo privilegiadamente a los indígenas, vigilen sistemática y rigurosamente el otorgamiento de dichos espacios.

b) Que el actual Consejo Nacional de Radio y Televisión reconocido por el artículo 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión y que tiene la responsabilidad de "elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones"⁵ añada entre sus miembros a dos representantes de los grupos indígenas en la República, dos representantes del sector académico y dos representantes de la sociedad civil organizada, para supervisar, con base en la legislación existente, el correcto funcionamiento de los medios de información en México.

4. El Estado debe abrir la participación de la sociedad civil organizada, particularmente indígenas, en los tiempos oficiales, pues son espacios nacionales que se otorgan en las concesiones que la sociedad en su conjunto le delega al Estado para que éste los administre con base en el bien común. En este sentido, es muy importante puntualizar que en la medida en que los grupos y organizaciones sociales cuenten con tiempos en los medios de comunicación electrónicos, se evitará la presencia de tantas manifestaciones callejeras que todos los días suceden en las principales ciudades del país, generando considerables pérdidas económicas, cierre provisional de empresas y comercios, destrucción de bienes, caos vial, ingobernabilidad, anarquía urbana, irritación ciudadana, aumento del estrés y pérdida de la calidad de vida en la población. La sociedad toma permanentemente las calles del país por no tener espacios de expresión en los medios de difusión colectivos.

Para ello, se propone destinar en todos los medios de servicio público del Estado (Canal 22, Canal 11, Imer, Radio Educación, sistemas estatales de radio y televisión, radios universitarias, etcétera) un espacio cotidiano de programación radiofónica y televisiva plural donde los grupos indígenas del país difundan sus intereses, necesidades y aportaciones culturales. Con esto se podrán conocer las necesidades y demandas de los pueblos indígenas de nuestra nación, y rescatar y preservar la cultura y la memoria histórica de éstos como parte del derecho a la información consagrado en la Constitución mexicana.

5. De manera específica, para incrementar la participación local de los pueblos indios, a través de los medios de comunicación, el Estado deberá seguir las siguientes estrategias:

a) Es necesario que en cada una de las 21 radiodifusoras indígenas que existen en el país se formen Consejos Civiles Plurales de dirección, con amplia representación indígena, para que vinculen orgánicamente la operación cultural e informativa de éstas con las necesidades de crecimiento integral de las comunidades indias.⁶ Una de sus funciones deberá ser definir las políticas de contenidos e información de las estaciones. Con ello, se contribuirá a rescatar y ampliar los pocos espacios que se han dedicado a la difusión y construcción de valores plurales y cívicos vía los medios de comunicación de masas, y proponer alternativas para impulsar la edificación de una cultura cívico-democrática más madura en nuestro país.

b) Siendo que actualmente en el país existe una población de más de diez millones de indígenas, "con 62 tipos étnicos diferentes y con 62 lenguas diferentes con 30 variantes (estamos hablando de 92 lenguas diferentes)",⁷ se deberá aumentar significativamente la existencia del número de radiodifusoras indígenas dependientes del Instituto Nacional Indigenista en todo el territorio nacional.⁸

c) Apoyar sustancialmente en todos los niveles a las radiodifusoras indígenas ya existentes para que puedan consolidar sus proyectos de apoyo al desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas.

d) Otorgar mayor autonomía de funcionamiento a las radiodifusoras indígenas para que se vinculen libremente con sus comunidades y representen con más fidelidad la dinámica de sus vidas y no sólo los intereses de la política centralista del poder federal o local.

e) Apoyar la consolidación de las escuelas radiofónicas reconocidas en el capítulo VI de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que contribuyan al desarrollo social de las comunidades indígenas.

6. Es necesario promover la creación de Consejos Plurales de Supervisión de los medios de comunicación de Estado públicos y privados, con participación de la sociedad civil, para vigilar la aplicación de la normatividad integral relativa a radio y televisión.⁹ Dichos consejos deben estar integrados por destacados miembros de la sociedad civil, dentro de los cuales, deberán existir, por lo menos, dos representantes de los grupos indígenas de la República.

En el plano legislativo

1. Es imperativo elevar a rango constitucional el acceso a la información y a la comunicación reconocidas en el artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana, como un bien y un derecho público al cual han de acceder y ejercer todos los mexicanos, particularmente los grupos indígenas. Para garantizar ese derecho social se debe reglamentar jurídicamente.

2. Es indispensable que se actualice el contexto jurídico amplio de las leyes sobre comunicación social para adaptarla a los desafíos de la sociedad nacional del siglo XXI. Para ello, es muy conveniente que el actual Congreso de la Unión retome el espíritu del proyecto de Ley Federal de Comunicación Social y el Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6 y 7 Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información preparado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LVII Legislatura del Congreso, para discutirlo, perfeccionarlo y proponer una nueva iniciativa de ley de comunicación social.

En este proyecto deberá existir un apartado especial que garantice la participación de los pueblos indios con todos sus derechos en los medios de comunicación.

3. Es indispensable que se discutan en el Congreso de la Unión los criterios de renovación y evaluación de las concesiones de radio próximas a vencer, para proponer el otorgamiento de una de ellas a los diversos grupos indígenas organizados que existen en el país.

Algunas de las concesiones de televisión que están próximas a vencer son las siguientes:

4. Se necesita garantizar jurídicamente el derecho de réplica en todos los medios de comunicación, públicos y privados, como una garantía constitucional elemental,¹⁰ especialmente de las comunidades indígenas que no cuentan con ningún medio propio para expresarse.

Para ello, se debe dotar a las comunidades indígenas de espacios de participación periódica en los canales de difusión.

5. Es necesario crear una legislación específica sobre radios y televisiones comunitarias que permita la participación directa de los indígenas. La legislación sobre radios comunitarias debe contemplar, por lo menos, las siguientes características:

a) Debe crearse la figura jurídica de radio comunitaria por una ley federal, de manera separada de la Ley Federal de Radio y Televisión, debido a razones de viabilidad legislativa. En caso de que esto no sea posible, habrá de incorporarse la figura de radio comunitaria en este último ordenamiento legal.

b) Dicha ley debe crearse bajo la figura de permiso, dotado de características especiales, de tal suerte que asegure un servicio social irrestricto que propicie en su función el desarrollo de toda la sociedad.

c) El permiso debe ser otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por acuerdo del Consejo Nacional para la Radio Comunitaria, que funcionará a efecto de garantizar imparcialidad, neutralidad y eficiencia en los procesos de asignación de frecuencias. Este Consejo deberá estar compuesto en forma tripartita por representantes de las organizaciones sociales y civiles dedicadas fundamentalmente al ámbito de la comunicación y los derechos humanos, por organizaciones académicas, y por la Secretaría de Educación Pública, como representante de la parte gubernamental.

d) Los titulares de los permisos de radio comunitaria deben ser personas morales integradas por representantes designados por la comunidad en forma plural y democrática. Serán causales de exclusión para pertenecer a una sociedad permisionaria: desempeñarse como servidor público o ser miembro de cualquier jerarquía eclesiástica; ser o haber sido en los últimos cinco años personal directivo de una empresa privada de radio y/o televisión, y ser representante oficial de algún partido político.

e) Debe establecerse un sistema tripartito de financiamiento para las radios comunitarias, integrado de la siguiente forma: una dotación municipal, estatal y federal; ingresos por patrocinios; e ingresos por donativos nacionales e internacionales exentos de impuestos.

Foto: José Hernández-Claire

f) Toda empresa permisionaria como radio comunitaria debe contar con un estatuto que establezca: declaración de principios de quienes laboran en la radio comunitaria, y declaración de derechos y obligaciones de los usuarios, los comunicadores, los directivos y los patrocinadores de la radio comunitaria.

g) La banda de operación, la frecuencia y la potencia de transmisión se determinarán atendiendo a las características geográficas de cada zona, garantizándose en todo caso que éstas asegurarán la cobertura de la radio comunitaria en la zona establecida.

h) Deben garantizarse fórmulas concretas de acceso ciudadano a la programación de la información, las cuales deberán ser plurales, diversas y tolerantes, y de ninguna manera restrictivas.

i) Deben establecerse mecanismos concretos para el debido respeto de los derechos de la personalidad y del derecho de réplica, de tal manera que se garantice que en las radios comunitarias todo aquel ciudadano que se sienta afectado por una información cuente con un espacio asegurado, con las mismas características y tiempo que aquel en que se le increpó.

j) La radio comunitaria debe estar exenta del pago de los derechos correspondientes a los tiempos del Estado, por su naturaleza especial y debido a que su programación es de servicio social y cultural.

k) Las radios comunitarias estarán en libertad de organizarse corporativamente como mejor les convenga para el total cumplimiento de sus funciones.

l) El Estado debe garantizar a las radios comunitarias su acceso individual y corporativo a sistemas de difusión satelital, público o privado, y a cualquier nueva tecnología, para establecer cadenas regionales, estatales, nacionales e internacionales para alcanzar mejor el cumplimiento de sus funciones.

m) La programación de las radios comunitarias debe ser congruente con sus fines.

n) Los requerimientos técnicos y de infraestructura por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar el permiso de funcionamiento de una radio comunitaria no debe ser restrictivos, considerando su potencial económico y social.¹¹

En el plano de la sociedad civil

1. Se debe formar un frente cívico nacional de naturaleza plural y amplia que concentre a las principales organizaciones, movimientos e instituciones que han trabajado en los últimos años por la transformación del sistema de comunicación nacional, con el fin de que presionen políticamente para que se logre la aplicación del derecho a la información y la democratización de los medios de difusión en nuestro país. La primera acción de dicho frente deberá ser la organización de un congreso nacional de la sociedad civil para discutir con el Estado y el Poder Legislativo la renovación del vencimiento de las próximas concesiones de televisión y la distribución del nuevo espacio radioeléctrico en el país.

En este evento se deberán considerar, con especial atención, las propuestas de los grupos indígenas sobre los medios de comunicación y cultura presentadas en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para incorporarlas al proyecto global.

2. Las comunidades indígenas deben exigir permanentemente a sus legisladores ­representantes en el Congreso de la Unión­ que presionen legislativamente para ser incluidos dentro de la legislación del derecho a la información.

3. Los sectores indígenas debe exigir a los partidos políticos que incluyan en sus plataformas ideológicas acciones concretas para la democratización de los medios de difusión, con el fin de que estos sectores puedan participar colectivamente a través de estas tecnologías.

4. La sociedad civil organizada debe exigirle al Estado mexicano que cumpla internamente con los contenidos de los acuerdos que ha firmado a nivel internacional en el campo de la comunicación y la cultura, especialmente para permitir la expresión pluricultural de las comunidades indígenas. Esta realidad ofrece de ipso facto un enorme respaldo jurídico para avanzar en el proceso de pluralidad de las estructuras de comunicación y en el reconocimiento de derechos sociales informativos pues, ética y jurídicamente, no se pueden adquirir compromisos legales internacionales y no aplicarlos nacionalmente.

Foto: Federico Gama

5. Basándose en que los medios de difusión se otorgan por concesiones, la sociedad civil debe exigir al nuevo gobierno que el Estado mexicano otorgue a la sociedad civil organizada una de las tres frecuencias reservadas al Estado y nuevos espacios en la ampliación del espectro electromagnético, para construir medios y franjas de información ciudadanas. Dentro de esta frecuencia los pueblos indios deben tener un espacio de participación privilegiado.

6. Las comunidades indígenas deben presentar sistemáticamente a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y Senadores las conclusiones que se deriven de cada foro local, regional o nacional sobre la democratización de la comunicación y la aplicación del derecho a la información en su favor y solicitar que éstas se tomen en cuenta en la formación de las políticas nacionales de gobierno.

En el plano académico

1. Los gobiernos municipales del país, especialmente del estado de Chiapas, deberán establecer con las escuelas de información regionales convenios de capacitación en comunicación para que los grupos indígenas produzcan sus propios mensajes radiofónicos con base en sus necesidades de desarrollo.

2. Se deberá apoyar ampliamente a las escuelas radiofónicas, a todos sus niveles, para que éstas capaciten a los grupos indígenas en la generación de sus propios mensajes desde los intereses y necesidades de crecimiento y superación de sus comunidades.

Sintetizando, podemos decir que para que se consolide la reforma del Estado mexicano y se fortalezca el proceso de transición a la democracia, es necesario crear las condiciones jurídicas constitucionales para que la sociedad civil acceda a los medios de información nacionales, con el fin de diseñar las políticas de comunicación desde la perspectiva de reconocer y resolver los principales conflictos que obstaculizan el crecimiento de los grupos fundamentales del país, particularmente, de las comunidades indígenas. De lo contrario, se volverá a vivir la profunda contradicción existente entre la cultura, la comunicación y el proyecto de desarrollo global del país. Cada uno se disparará por senderos distintos, la cabeza social avanzará por un lado y el cuerpo por otro, aumentando rápidamente, con ello, la descomposición de la nación.

No podemos olvidar que la construcción de la nueva sociedad que demanda el México profundo del siglo XXI, que ya se ha manifestado radicalmente a través de los levantamientos populares, requiere la producción de un nuevo eje comunicativo-cultural, y éste en nuestro país, creemos, deberá girar alrededor de la renovación sustancial de los medios de comunicación nacionales, especialmente de la radio y televisión.

Notas

1 Democracia y medios de comunicación, Grupo de Trabajo núm. 6, Documento Síntesis del Cuerpo de Asesores e Invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Diálogo de Sacam Ch´en de los Pobres, Mesa de Trabajo núm. 2 (primera fase), San Cristóbal de las Casas, Chiapas y San Andrés Sacam Ch´en de los Pobres, Chiapas, México, 21 al 25 de marzo de 1996, p. 16.

2 Javier Esteinou Madrid, "Diagnóstico y propuestas para la democratización de los medios de comunicación en México", ponencia presentada en el seminario "La Propiedad de los Medios y el Acceso Ciudadano en América Latina", Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC), Observatorio Ciudadano de los Medios de Comunicación, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, Comunicadores por la Democracia, Consejo de Educación de Adultos para América Latina, México, DF, 8 al 10 de noviembre del 2000.

3 Omar Raúl Martínez, "Comunicación, democracia y derecho a la información. Un desafío de gobierno, medios y sociedad", en Revista Mexicana de Comunicación, núm. 68, año 13, Fundación Manuel Buendía, México, DF, marzo-abril de 2001, p. 4.

4 "Diagnóstico y propuestas para la comunicación social del 2000", en Medios de comunicación y procesos electorales: un compromiso para el futuro, Tercera Conferencia Internacional, Cámara de Diputados, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, XLII Legislatura, Fundación Konrad Adenauer, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) y Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), México, DF, julio de 2000, p. 300.

5 Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, artículo 90, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, México, DF, junio de 2000, pp. 36 y 37.

6 "La situación indígena. Conclusiones y propuestas de la mesa de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el equipo de transición en las áreas social y política del gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada", Equipo de Transición del Nuevo Gobierno, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. y Fundación Ford, México, DF, diciembre de 2000, pp. 163 a 165.

7 Palabras de Xóchitl Gálvez Ruiz en el programa Fox en vivo, Fox contigo, 20 de enero de 2001.

En 1995 se registraron en el país dos mil 428 municipios y la tercera parte de ellos, 809, se caracterizaron por contar con 30% y más de la población indígena y en éstos habitan diez millones 40 mil 401 personas consideradas indígenas. Estos datos nos permiten señalar que 33.4% de los municipios del país son indígenas. "La situación indígena...", op cit, p. 162.

8 Estatuto orgánico del Instituto Nacional Indigenista, México, DF, 11 de diciembre de 2000, documento en Internet.

9 Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Objetivos Centrales, Documento Base, Asociación Mexicana del Derecho a la Información, México, DF, enero de 2000, pp. 5 y 6.

10 Ibid.

11 La base de esta propuesta fue elaborada por el grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y presentada al equipo de transición del presidente Fox en las áreas de política y cultura en diciembre del año 2000. "Propuestas para garantizar el acceso de la sociedad civil a la información y la comunicación", Mesa de diálogo de las organizaciones de la sociedad civil con el equipo de transición del presidente electo Fox en las áreas social y política, "Definición y propuestas para garantizar el acceso de la sociedad civil a los medios de comunicación", "Elaboración de políticas públicas de comunicación" (primera versión), Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), México, DF, septiembre-noviembre de 2000, pp. 7 a 9.

Javier Esteinou Madrid, doctor en Sociología, es investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. En abril pasado etcétera publicó su ensayo "Los indios, aún lejos de los medios".