etcétera

Difícil eludir la realidad impuesta
por el desarrollo del mercado

Patricia Ortega Ramírez

Los procesos de la globalización económica y cultural en el mundo han tenido como principal promotor y sostén a los modernos medios de comunicación. La televisión, principalmente, ha jugado un papel importante en la apertura cultural de las fronteras entre los países y en la multiplicación de ofertas de mensajes y de productos culturales.

La liberalización de los mercados, el intercambio y el consumo internacional de una gran diversidad de bienes son algunos hechos que definen la realidad actual de muchas de nuestras naciones en las que la reconstrucción de nuevas relaciones entre Estado, sociedad y mercado es hoy un tema de reflexión.

En este marco de relaciones globales la influencia de otros actores sociales, como la global business class,¹ ha generado nuevas formas de organización económica y de influencia política.

Las grandes corporaciones transnacionales no sólo se han constituido como instituciones esenciales para la expansión mundial del capital, sino que también se han convertido en referentes de identidad cultural y de organización económica y social. Cada vez es más evidente que: "La globalización tiene como actores centrales no a los pueblos, ni a los gobiernos, sino a las compañías capaces de transponer fronteras con sus productos, servicios y/o mensajes".²

En la legitimidad de estas transformaciones tendientes a la globalización y en la creación misma del contexto que los ha hecho posibles, los modernos medios de comunicación y las tecnologías de la información han alcanzado una influencia determinante. La expansión mundial de cadenas de medios y la competencia de los mercados internacionales están modificando en muchos aspectos las formas tradicionales de relación entre Estado, sociedad y medios de comunicación.

En este marco de negocios y de competencia internacional, las empresas privadas y los grandes grupos de televisoras comerciales se relacionan y se desenvuelven muy bien pero no así las televisoras públicas que más bien han tenido un papel marginal en la expansión del mercado audiovisual. En la mayoría de los casos, las funciones de la televisión pública han estado dirigidas básicamente al desarrollo cultural de la vida regional o nacional de su país. Al respecto, Santiago Muñoz explica que las televisoras públicas nacionales, casi por definición, han tenido "un marco territorial de operaciones estrictamente delimitado y constreñido al servicio de la formación de la opinión pública y la cultura en el interior de cada Estado".³

Junto a estos procesos de globalización es claro advertir la cada vez mayor disminución de la rectoría del poder público de los Estados nacionales en áreas estratégicas de la cultura y la información, mientras que el predominio de los valores del mercado sobre otros ámbitos de la vida social como el político y el cultural es cada vez mayor. En la construcción de la nueva realidad económica, el concepto de servicio público, entendido como una función fundamentalmente asociada al Estado parece, en ocasiones, agonizar.

La tendencia mundial de privatización y desregulación ha trascendido a los medios de difusión masiva. Desde los años 80, se ha venido experimentado, con mayor intensidad, una decisiva expansión mundial del sector de la televisión privada y de los servicios de canales especializados. Este hecho ha generado, sobre todo en los países de Europa Occidental, una intensa discusión acerca de cuál es el modelo televisivo que mejor satisface el interés público.

En este debate se han expresado diversas posiciones entre las que sobresale la opinión de los partidarios de la que Dave Atkinson⁴ ha señalado como escuela mercantil. Sus seguidores conciben la superioridad del mercado sobre la intervención y control estatal en el desarrollo de los servicios que la televisión privada ofrece para satisfacer las necesidades de los telespectadores. Sobre este punto, son reveladoras las afirmaciones de Ray B. Gallagher, uno de los principales defensores del libre mercado: "Cada vez se reconoce más que el criterio del interés público carece de sentido fuera del mecanismo normal del mercado, donde la competitiva iniciativa empresarial suele percibir y atender mejor los verdaderos intereses y necesidades de los telespectadores. Varios decenios de experiencia confirman que los esfuerzos reguladores, por lo general, han coartado el crecimiento de la televisión, el servicio al público y los beneficios económicos, mientras que la liberación de las fuerzas del mercado ha fomentado la innovación, la expansión de los servicios y las posibilidades de elección del consumidor".⁵

Este tipo de posiciones tienen como fundamento los principios tradicionales del liberalismo económico, entre los cuales, explica Atkinson, se exalta "la libertad de elección del consumidor, la libertad de expresión del productor, el rechazo de que una tercera persona, y aún más un grupo o una institución, decida en lugar del individuo lo que a éste le conviene".⁶ Se trata, dicen los seguidores del liberalismo de mercado, de la "soberanía del consumidor". En el caso de la comunicación, esto significa que es el telespectador o el radioescucha quien debe decidir sobre lo que le interesa en los medios y es el único que puede elegir entre las distintas opciones que la libre competencia genera.

Entre los partidarios del liberalismo económico existen también posiciones menos radicales como la de quienes reconocen que una competencia sin reglas tampoco es favorable para el desarrollo del mercado y aceptan como necesaria cierta intervención del Estado para impulsar el crecimiento del mercado y para mantener el sistema económico y social que lo sustente.

Escena de Casablanca

Por su parte los críticos del mercado han cuestionado estos argumentos pues, lejos de la teoría, en realidad el mercado ha demostrado tener serias fallas. Los mercados de la comunicación, afirma John Keane, "no están a la altura de sus propias normas". La competencia ilimitada no siempre ha significado el libre acceso de empresarios, productores o creadores al mercado, sino por el contrario, ha llevado a la expansión de prácticas monopólicas y a la concentración de los medios en manos de los empresarios económicamente más fuertes. Pero además, esa gran variedad de opciones que según los defensores del mercado proporcionan la radio y la televisión privada es en realidad una oferta restringida. Para Keane, la competencia ilimitada de mercado resulta, en la práctica, contraria a las posibilidades de elección de los ciudadanos, sobre todo para lo que él denomina las minorías y las mayorías flotantes. "Las empresas de radio y televisión, por ejemplo, saben que cuando compiten el mejor modo de conseguir una audiencia máxima es atender los gustos más elementales, ofreciendo programas de carácter popular. Esto conduce a una insuficiente diversidad de programación y a una duplicación antieconómica de los tipos de programas. La oferta global de programación se hace más reducida, más repetitiva y más previsible".⁷

En realidad, se ha visto que el mercado de la televisión sólo se interesa por las diferencias sociales y culturales cuando éstas le representan alguna ganancia. En este sentido, Jesús Martín Barbero considera que en la actualidad la tendencia de la producción cultural en los medios es "la fragmentación y la especialización de las ofertas y los consumos". Se trata, dice el autor, de "una fragmentación de la oferta que funcionaliza las diferencias socioculturales a los intereses comerciales, esto es, tiende a construir solamente diferencias vendibles".⁸

Un ejemplo de esto lo tenemos en la promoción que en los últimos años ha tenido la televisión de señal restringida con sus modalidades de pago por evento y de canales especializados. En ellos se ofrece una programación distinta a la que usualmente difunde la televisión de señal abierta y el telespectador puede eligir, mediante el pago de los servicios, los canales o los programas que más le interesen. Esa tendencia a individualizar el consumo de la televisión resulta ser contraria a la idea de la televisión de interés general que por definición debería garantizar a la sociedad entera el libre acceso a la información, al entretenimiento, a la cultura y a la discusión de los eventos que inciden en la vida pública.

Frente a las prácticas excluyentes de la televisión restringida y ante los excesos del mercado audiovisual, algunos estudiosos de la comunicación opinan que la televisión pública debe fortalecerce y constituirse en una verdadera alternativa cultural, de información y de entretenimiento para la sociedad.

Sin embargo, en las últimas décadas la situación no ha sido fácil para muchas de las empresas de televisión pública en el mundo, muchas de ellas han tenido que ir modificando sus formas de financiamiento, sus contenidos, su organización y su estructura no sólo para poder subsistir en un ámbito donde impera la competencia comercial, sino también para mantener una presencia social significativa en un mundo que política, económica y tecnológicamente ha ido cambiando de manera acelerada. Algunas de ellas han buscado ampliar sus recursos insertándose en el mercado publicitario y han modificado el perfil de su programación imitando el modelo comercial buscando con ello ganar más audiencia.

Esta situación ha provocado serios cuestionamientos para las televisoras públicas, pues si éstas se vuelven cada día más comerciales y se distorsiona en ella su esencia de servicio público, pierden también su razón de ser. Por un lado, para la sociedad no tiene sentido el hecho de que exista una televisión pública que no aporta una programación sustancialmente diferente a la programación que ofrece la televisión comercial. Por otro, tampoco son vistas con buenos ojos las televisoras públicas orientadas a las minorías con contenidos considerados como elitistas.

El problema de competencia para las emisoras públicas será mayor con el crecimiento de la oferta de canales especializados en las cadenas de la televisión privada, pues una buena parte de su programación ofrecerá los contenidos que antes eran considerados como exclusivos de la televisión pública. Al respecto, el investigador Valerio Fuenzalida afirma que la competencia ya no será sólo por la audiencia sino por los géneros.⁹

En ambos casos, la legitimidad de la televisión pública ha sido fuertemente rebatida por distintos sectores de la sociedad que cuestionan el hecho de tener que financiar con fondos públicos una televisión que no ofrece una alternativa frente a la comercial.

Para algunos investigadores, como Wolton y el mismo Atkinson, el problema fundamental de la televisión pública es que ha perdido su función exclusiva de servicio público. Lo que sucede es que el concepto de servicio público se ha ido modificando en un entorno donde el mercado de la televisión ha impuesto su modelo en la producción de mensajes y de productos culturales orillando a la televisión pública a una difícil situación de competencia.

Por un lado, a la televisión pública le ha resultado difícil eludir la realidad impuesta por el desarrollo del mercado, muchas de las tareas que para su operación realiza están condicionadas por la oferta y la demanda que genera el propio mercado: la cotización de los recursos técnicos y de los equipos de producción, los costos en la compra-venta de programas y productos culturales, las condiciones salariales de los trabajadores, el valor de los elementos creativos, etcétera.

Por otro lado, los principios y las funciones que tradicionalmente identificaban a la televisión pública como había sido su papel en la construcción de la identidad y la cultura nacional, su función de coadyuvar en la educación y en el desarrollo social están siendo replanteadas en el nuevo contexto económico y cultural.

Hay también quienes piensan que la actividad comercial de los medios y la función de servicio público no son, necesariamente, incompatibles. En opinión de Barnet y Doccherty, el servicio público no debe limitarse a las corporaciones estatales, sino que a través de diferentes marcos jurídicos y reglamentarios éste debe trascender a las emisoras de propiedad privada pues consideran que la integración de este sector es fundamental para que exista un espíritu de servicio público en los medios.¹⁰

En efecto, en algunos países se ha considerado que las emisoras privadas pueden y deben participar de la obligación de desarrollar funciones de servicio público o que basta con una reglamentación adecuada para inducirlas a desempeñar dichas funciones. Sin embargo, esta no siempre ha sido una práctica realista, pues la responsabilidad de servicio no se exige con la misma intensidad a los medios privados que a los medios públicos, Esto se debe, en buena medida, a que desde el punto de vista de los empresarios y de algunos funcionarios del gobierno, las responsabilidades del servicio público imponen restricciones a la rentabilidad de las empresas. De lo contrario, aclara Atkinson, "las cadenas privadas las cumplirían con gusto y no sería necesario obligarlas".¹¹ En Alemania, por ejemplo, la Constitución establece la función de servicio público como una condición general para toda la televisión, pero al mismo tiempo esta ley reconoce que las estaciones comerciales tienen menos obligación de llevarla a cabo.

Por otra parte, hay quienes opinan que en un régimen de economía mixta, el sector privado tiene derecho a buscar la rentabilidad de sus empresas. En el caso de la televisión española, Muñoz señala que es necesario respetar también el derecho de la iniciativa privada, pues si bien la estructura y la función que es propia de las empresas privadas de comunicación debe compatibilizarse con los intereses generales de la sociedad, esta obligación no debe ser exigida del mismo modo que a las empresas públicas de comunicación: "el sacrificio que ha de imponerse a la autonomía de las empresas privadas en beneficio del interés general tiene, por fuerza, que ser menos intenso que en el caso de los canales públicos. Si el legislador regulara el sector del audiovisual siguiendo un criterio diferente, que negara la rentabilildad de las inversiones, estaría, sencillamente bloqueando el desarrollo de los canales privados y, por tanto, también suprimiendo el derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución".¹²

Wolton insiste en la necesidad de distingir claramente la especificidad de las funciones que cada sector debe desarrollar en un contexto competitivo. El ideal de servicio público, dice Wolton, no puede quedar al arbitrio de las fuerzas del mercado. De acuerdo con este autor, no se trata de discutir sobre la pertinencia de un régimen competitivo, sino de definir las responsabilidades para ambos sectores. Es decir, para él es fundamental establecer con claridad las tareas que deben asignarse a la televisión de servicio público, y las directrices mínimas que deben imponerse a la televisión privada. En este sentido, Wolton cuestiona: "... ¿qué proporción debe establecerse entre ambos sectores de la televisión y qué directrices generales deben formularse para los regímenes audiovisuales mixtos?"¹³

Lo cierto es que cuando no hay claridad respecto de las reglas de competencia y prevalece la ambigüedad sobre las responsabilidades que deben llevar a cabo cada uno de los sectores de la televisión, la situación se vuelve desafortunada sobre todo para los medios audivisuales de carácter público porque, ante el vacío de la ley, el mercado tiende a imponer sus propias reglas sobre los modos de producción y de operación de los medios en general. Es claro también que conforme aumenta la competencia, las cadenas privadas suelen salirse del control de los Estados y tienden a eludir las responsabilidades de servicio, o bien las asumen como una forma de negociación con el gobierno. Suele entonces suceder que cuando a los empresarios de la televisión comercial les conviene afirman que sus medios cumplen importantes funciones de servicio público y cuando se les cuestiona su quehacer argumentan que éstas no son sus obligaciones y acusan a los gobiernos de querer limitar la rentabilidad de sus empresas.

En este sentido, el ideal de la radio y la televisión de servicio público podría quedar definido en las palabras de Murdock, quien sostiene: "La esencia de la radio y la televisión de servicio público es proporcionar a todos los ciudadanos, en iguales condiciones y como condición que potencia esa ciudadanía, un lugar de expresión cultural e intercambio gracias al cual se forman las identidades sociales, y de acceso a la información y a los debates en los que se debe basar la política democrática. Para desempeñar esta función, ese lugar debe estar, en la medida de lo posible, libre de los efectos distorsionadores del ejercicio del poder económico o estatal".¹⁴

Escena de Gilda

Concebidos así, los medios públicos deben diferenciarse claramente de otros modelos de comunicación. La esencia de los medios públicos es el servicio público. De tal manera ni los medios de gobierno ni tampoco los de Estado y menos aún los comerciales pueden ser sinónimo de medios públicos. Aquellos pueden llevar a cabo ciertas funciones de servicio público ya sea por razones coyunturales, o porque la ley les exija realizar ciertas labores de servicio, o tal vez, en el caso de los medios comerciales porque les convenga cumplir con alguna de estas funciones o les resulten de alguna manera redituables.

Para la Unesco, "la radiodifusión de servicio público (la cual es cualquier cosa excepto 'Estado', 'gobierno' o 'radiodifusión oficial') es hecha para el público, financiada por el público y controlada por el público".¹⁵

En México, sin embargo, esta discusión no ha sido tan intensa como en Europa. En los últimos años ha aumentado la preocupación en ciertos grupos de la sociedad por la expansión que ha alcanzado el poder de los medios audiovisuales de propiedad privada y por el desinterés que han mostrado nuestros gobiernos para crear las condiciones jurídicas y políticas que sustenten el tan necesario desarrollo de medios públicos.

En nuestro país se ha privilegiado el uso comercial de la radio y la televisión sobre su uso social y de servicio público. Durante años no ha habido, por parte del gobierno federal, una actitud constante en la orientación cultural y educativa ni en la supervisión legal respecto de los medios de difusión, pero menos aún la ha habido en lo que se refiere a la función de servicio que éstos debieran cumplir. Los medios de propiedad del Estado por lo general han funcionado como medios de gobierno.

El término medios públicos frecuentemente ha sido usado para denominar a un conjunto de emisoras, sin fines de lucro, financiadas con fondos del Estado y que generalmente han desarrollado funciones culturales, educativas y oficiales. Muchos de esos medios han funcionado de acuerdo con las modalidades que han impuesto los intereses de los gobiernos federales, locales o regionales.

A pesar de que el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó en 1993 las principales cadenas nacionales de la televisión estatal agrupadas en lo que fue el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), todavía existen medios electrónicos que pertenecen al sector estatal.

Aquí podríamos considerar no sólo a los espacios de propiedad gubernamental sino también a diversas televisoras y radiodifusoras universitarias o de otras instancias del Estado. Entre estos se encuentran: Canal Once, Canal 22 y el Canal del Congreso que sólo se transmite por la señal de la televisión restringida. Existen además 27 sistemas estatales de medios audiovisuales, éstos han sido definidos como organismos públicos sin fines de lucro y tienen formas diversas de organización, de estructura y de funcionamiento de acuerdo con las condiciones que les dieron origen en cada uno de los estados a los que pertenecen.¹⁶

De acuerdo con los datos de la Red de Televisoras y Radiodifusoras Culturales, organismo al cual están asociados la mayoría de estos medios regionales, existen 19 estados con radiodifusoras y televisoras propiedad de los gobiernos locales. Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En otros cuatro estados (Colima, Campeche, San Luis Potosí y Yucatán) sólo existen televisoras estatales. En cuatro más sólo se han desarrollado radiodifusoras: Coahuila, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas.¹⁷

Otras instituciones son las estaciones de radio de propiedad federal entre las que se encuentran 20 emisoras que pertenecen al Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y 24 emisoras que dependen del Instituto Nacional Indigenista (INI). En este recuento se pueden incluir también a las radiodifusoras que pertenecen a instituciones educativas como Radio Universidad que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública y Radio Universidad de Guadalajara.

Sin embargo, la sola existencia de toda esta infraestructura de medios del sector estatal no es suficiente para que podamos hablar de medios públicos en México.

A muchos de esos medios, o a todos, con frecuencia se les considera "públicos". Sin embargo la ausencia de políticas públicas en materia de comunicación social que orienten el quehacer de esos medios del Estado y que definan su responsabilidad y compromiso social por encima de intereses políticos y presiones financieras, así como la falta de apoyo económico, jurídico y administrativo, impiden que los podamos reconocer como auténticos medios públicos.