Francisco Báez Rodríguez
El final del invierno ha dejado cierto sabor a podrido. Hemos tenido la videofiesta: el
Niño Verde negociando un soborno, Gustavo Ponce apostando en Las Vegas, René Bejarano llenándose maletín y bolsillos, Carlos
Ímaz metiéndole mano, muy sonriente, a unas bolsitas llenas de billetes, Diego Fernández de Cevallos
asumiéndose como improbable paladín de la honestidad y Andrés Manuel López Obrador haciéndose el occiso sobre
lo esencial y llamando a las masas a defenderlo y de lo que se acumule esta semana.
Una vergüenza nacional, que también ha puesto en la mesa de discusión el ambiguo papel de los
medios en la democracia, una democracia que quisiéramos menos precaria.
Una parte de la sociedad felicita a los medios por mostrar lo que antes se escondía. Otra, los critica por
erigirse en ministerios públicos, pasando por alto las instituciones y por engolosinarse con el
scoop, sin tomar en cuenta que, como vehículos de difusión, pueden ser usados por francotiradores políticos.
Sería sencillo condenar a los medios si el sistema de procuración de justicia de nuestro país fuera
expedito y no estuviera tan politizado. Es fácil decir: "en vez de utilizar los medios masivos para dar un garrotazo,
utilicen las vías legales para que se castigue a los culpables". Lo difícil es utilizar esas vías sin temor de que las
soluciones penales se pospongan hasta las calendas griegas y sin temor a que la denuncia se revierta, en caso de
resultar políticamente inconveniente.
En otras palabras, la fuerza de los medios en estos asuntos y su aspiración de convertirse en sustitutos
del tercer poder es inversamente proporcional a la confianza que generan las instituciones existentes, y
en particular el Poder Judicial. Algunos han visto prepotencia en los medios. Hay prepotencia donde hay poder real.
Que los medios sustituyan a las instituciones no es bueno. Pero el problema central está más en
instituciones que no funcionan como deberían, que en quienes aprovechan el vacío. Si somos honestos, la otra opción
la que dicta el Estado de derecho se hubiera traducido en procesos larguísimos, truncos, manejados
políticamente (y si alguien duda de ello, note por favor que 15 días después de estallado el escándalo, Carlos Ímaz
grabado con las manos en la masa de billetes era un mero testigo para la PGJDF, al igual que Federico Döring, el
culpable de entregar los videos a Televisa).
Por eso, es importante tomar en cuenta que, tanto o más urgente que la reforma de la legislación de
medios, es la reforma a las instituciones.
Finalmente, queda el asunto de las fuentes. Si bien debe quedar claro que el secreto profesional no
puede ser utilizado como patente de corso (es decir, citar la fuente hace transparente el papel del periodista:
no protagónico, sino mero intermediario), también hay ocasiones excepcionales en las que guardarse la
fuente permite proteger al informante y dar a conocer asuntos relevantes que, de otra manera, permanecerían ocultos.
El problema en casos como los de la videocorrupción es que existe siempre el peligro de que la intención
del anonimato de la fuente no sea la de protegerse, sino la de obtener algún beneficio político o personal.
En ese filo han debido moverse los periodistas mexicanos.
Este asunto desgraciadamente no terminará con los escarceos de principios de marzo. Como señalé en
otro lugar, son impresionantes las similitudes con la
Tangentópolis, que terminó con el sistema político italiano
de la segunda postguerra.
Aquellos escándalos tuvieron como vitrina privilegiada a la TV. Que era común casi una calca del affaire Bejarano ver a un destacado político hacer profesión de honradez ante las cámaras segundos antes de toparse con pruebas incriminatorias. Que el desfile mediático de pruebas de corrupción duró muchosmeses. Casi dos años. Que ningún partido salió sin mancha. Que la operación limpió, efectivamente, un sistema político cuyo nivel de corrupción no correspondía al de la sociedad. Y que, al final, el principal ganador fue Silvio Berlusconi, el magnate de la tele.
Diciembre 2008
