Este modelo se asemeja al de las 22 emisoras del otrora Instituto Nacional Indigenista (hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) de México, instaladas en comunidades indígenas por el gobierno del PRI con el objeto de promover la lengua y las costumbres locales. Posteriormente, algunas lograron cierta autonomía para operar sin las directivas del poder central. Esperemos que eso pueda suceder en Bolivia con las radios originarias cuando pasen algunos años y la presión política sobre ellas no sea tan directa. Mientras hay emisoras comunitarias e indígenas que esperan que la Dirección de Telecomunicaciones les otorgue una licencia para funcionar y una frecuencia para emitir, las radios originarias no han pasado por ningún proceso reglamentario: simplemente se las ha favorecido con el peso del Poder Ejecutivo, y sin aplicar las disposiciones existentes.
En el plano de la legislación, paradójicamente el gobierno del MAS no ha aprobado una ley de protección y estímulo a las radios comunitarias de Bolivia. Lo más próximo es un decreto dictado por Carlos Mesa en el que se reconoce y regula el funcionamiento de las radios comunitarias. El gobierno del MAS tiene una deuda pendiente todavía en este campo.
La Constitución Política del Estado aprobada por los asambleístas del MAS, recogió las inquietudes de los comunicadores y especialistas de la comunicación, e incluye en el Artículo 108 de la "versión oficial", un acápite que dice textualmente: "El Estado apoyará la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades". Si bien la frase es confusa, indica un compromiso de parte del Estado con las radios comunitarias.
Derecho a la comunicación
Consagrado en foros internacionales, el derecho a la comunicación es una conquista que supera los límites de la libertad de expresión, aprovechada hasta ahora sobre todo por los propietarios de medios masivos de difusión como argumento para impedir que los Estados regulen su actividad. Cada vez que algún gobierno pretende establecer parámetros para que las empresas de información y difusión funcionen en un marco legal de responsabilidad social, éstas lanzan el grito al cielo, se rasgan las vestimentas y acusan a los gobiernos de autoritarios y de querer instaurar la censura de prensa. Como resultado, uno de los sectores menos regulados en América Latina y en Bolivia en particular, es el de los medios de información, que hacen lo que les viene en gana.
Lo triste es que se hacen coro muchos periodistas, que en nombre de la libertad de expresión defienden a los propietarios de los medios, a las empresas en las que trabajan y a los negocios que éstas representan, en lugar de defender el derecho a la comunicación. Nada menos y nada más que el Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz ha llegado al extremo de afirmar que "el derecho a la comunicación es un peligro"...
Cuando hace 27 años la UNESCO lideró la batalla en favor de la libertad de expresión, el mundo vivía una situación diferente. El informe realizado bajo la supervisión de Sean MacBride, Premio Nobel de la Paz, destacó que existía un desequilibrio dramático en el flujo de informaciones a nivel mundial. Un puñado de agencias de noticias de Estados Unidos (AP y UPI) controlaban el 95% del caudal de información en el mundo. Las regiones en vías de desarrollo no tenían ninguna incidencia en la producción y distribución de información.
A raíz del informe MacBride, se crearon agencias regionales de información que en una pequeña medida contrarrestaban con sus informaciones y reportajes el caudal avasallador de noticias distribuidas por los grandes monopolios de la información. Sin embargo, estas agencias no sobrevivieron, salvo IPS, agencia independiente que sobrevive en buena parte con los aportes de las agencias de Naciones Unidas. Como respuesta a ese análisis crítico de la UNESCO y a las acciones por medio de las cuales se trataba de corregir el desequilibrio, tanto Estados Unidos como Inglaterra abandonaron la UNESCO y organizaron durante años una gran campaña mediática con esa agencia especializada de las Naciones Unidas.
Sin embargo, foros recientes como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra 2003 y Túnez 2005), o el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (Roma 2006), han establecido claramente que el derecho a la comunicación de los pueblos es un derecho fundamental que no puede ser conculcado.
